La Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de las fiscales Mónica Poma y María Eugenia Guzmán, lleva adelante la investigación de reiteradas denuncias por hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores bajo la modalidad del cuento del tío, la que inicia con un contacto telefónico con sus víctimas, alegando una depreciación monetaria, para así lograr la entrega de bienes de valor que son retirados personalmente de sus domicilios.
En el marco de esa investigación, y luego de diversas diligencias investigativas en curso en la ciudad de Salta y en varias provincias del país, se pudo establecer la identidad y domicilios de varios imputados, por lo que se requirió al Juzgado de Garantías Nº 4, la detención de los mismos, orden que fue inserta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, el secuestro de automóviles oficiando a los organismos pertinentes, y autorización para llevar adelante numerosos allanamientos en las Provincias de Jujuy y Tucumán.
Tales procedimientos, que demandaron 48 horas, fueron realizados con la colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, bajo la Supervisión de Comandante Mayor Pablo Gigena, la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, a cargo de la Comisario. María Lobo, que desde hace cuatro años trabaja mancomunadamente con la Unidad de Delitos Económicos; y las respectivas Divisiones de Investigaciones de las policiales locales, que fueron convocados a participar de la medida por los magistrados de esas jurisdicciones.
Hasta el momento, se encuentran detenidas dos personas pertenecientes a la comunidad gitana y se han secuestrado elementos relevantes para continuar con la pesquisa, tales como un rodado utilizado en la perpetración de algunos hechos, documentación de vehículos, y numerosos teléfonos celulares, que serían los utilizados para concretar las llamadas, los cuales son objeto de pericias.
Con el resultado de las medidas ejecutadas y las demás dispuestas, así como el análisis informático de los elementos secuestrados, la Unidad Fiscal continua con la labor investigativa para el esclarecimiento de otros hechos.
Un hombre fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional y al cumplimiento de reglas de conducta tras haber sido denunciado por la madre de una menor a la que sometió a tocamientos aprovechando que ésta se encontraba de visita en su domicilio con motivo del festejo de Navidad. Llegó a ofrecerle dinero a cambio de su silencio.
La fiscal penal Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado del delito de abuso sexual simple y corrupción de menores en concurso real en perjuicio de una sobrina.
La denuncia fue radicada por la madre de la menor de 15 años que, con motivo del festejo de Navidad, se había quedado a dormir en casa de sus familiares.
Según relata la menor, mientras dormía, su tío ingresó al dormitorio y en forma insistente la tocaba para despertarla. Luego la tomó del brazo y la llevó a otra habitación y allí la sometió a tocamientos en sus partes íntimas.
Ante la resistencia de la menor, le ofreció dinero para que le permitiera continuar con los tocamientos y al ver que ésta se oponía a sus propósitos, le tapó la boca y le ofreció más dinero para que no dijera nada.
Pudo escapar del lugar y encendió su computadora para enviarle un mensaje vía Messenger a su madre pidiéndolo que la buscara del lugar.
La jueza María Gabriela González, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos que se le imputan, lo condenó a la pena de 3 años de prisión condicional y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta la prohibición de acercamiento a la víctima y su familia y que se someta a tratamiento psicológico bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena impuesta.
Un hombre de 31 años es juzgado por el homicidio culposo de un adulto mayor que falleció en abril de 2017 en avenida San Martín, cuando intentaba abordar la unidad de transporte. Tras un cuarto intermedio, se reanudará el martes 20.
El hecho ocurrió el 11 de abril de 2017 sobre avenida San Martín, cuando la víctima esperaba abordar una unidad de transporte del Corredor 4 A. El colectivo era guiado por Carrasco, que detuvo su marcha en un sector alejado de la parada establecida por la presencia de otro colectivo.
El chofer pese a no estar ubicado en la parada, abrió las puertas y cuando subió el ultimo pasajero, emprendió la marcha. Es allí que Maidana corre desde la parada hacia la calle con la intención de abordar el colectivo y se toma del barral pero pierde el equilibrio, cae sobre la cinta asfáltica y sufrió aplastamiento.
El adulto mayor fue internado y falleció 2 días después por trombo embolismo pulmonar.
La jueza María Gabriela González dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 20 para recibir los últimos testimonios y está previsto que el miércoles 21 se lleven a cabo los alegatos de las partes.
Un hombre de 27 años fue detenido e imputado tras la denuncia del padre de una menor de edad de la que abusó sexualmente bajo la amenaza de distribuir sus fotografías íntimas e incluso publicarlas en una página pornográfica. Era conocido de la familia.
La fiscal penal Verónica Simesen imputó a César Manuel Martínez de 27 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (2 hechos), tentativa de abuso sexual con acceso carnal, facilitación, divulgación y distribución de pornografía infantil y grooming en concurso real.
La denuncia fue realizada por el padre de la adolescente al tomar conocimiento por otra de sus hijas de que a la menor, luego de que le robaran el celular, empezaron a llegarle mensajes a sus redes sociales de una persona desconocida que aducía tener fotos íntimas de ella y que las haría públicas si no accedía a encontrarse con él.
En el primer encuentro, la víctima descubrió que se trataba de una persona conocida de la familia y éste bajo amenazas la sometió sexualmente. Hubo otros dos encuentros forzados y ante las reticencias de la menor, le dijo que publicaría las fotos en una página pornográfica.
La adolescente decidió contar lo sucedido a una hermana mayor al descubrir que el acusado había publicado efectivamente las fotos en una página con contenido pornográfico y con su número de celular, por lo que comenzó a recibir mensajes de extraños.
Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva del acusado, mientras se completan las diversas medidas solicitadas.
Así lo expresó el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al inaugurar el Primer Encuentro Provincial de Fiscales, Auxiliares Fiscales y Secretarios, que contó con 120 participantes. Los presentes trabajaron en cuatro ejes temáticos, cuyas conclusiones se compartieron al final. Cornejo anunció un próximo encuentro con actores del Poder Judicial de Salta y Federal, así como del Ministerio Publico de la Nación.
Durante la apertura, la vicepresidenta del Consejo Asesor de Fiscales, Gabriela Buabse, repasó la tarea llevada adelante por dicho cuerpo desde su creación, el 21 de mayo pasado, que permitió no solamente la evaluación de la gestión, sino la generación de proyectos y mejoras efectivas en las fiscalías a partir de la definición de políticas de trabajo.
En tanto, la fiscal ante la Corte, Patricia Di Paolo, apuntó al interés constante en potenciar la calidad, eficiencia y eficacia de la labor de los fiscales y sus equipos, para defender la legalidad e intereses generales de la sociedad y los ciudadanos. “El trabajo debe ser comprometido y en equipo para lograr el acceso a una justicia informada, eficiente y transparente”, afirmó Di Paolo y destacó que a pesar de los avances tecnológicos, “el progreso no depende de algoritmos, sí del esfuerzo y compromiso humano” de los actores del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, el Procurador celebró la realización del Primer Encuentro, porque las coincidencias surgen de los disensos y discusiones, pero especialmente del ánimo de construir. Dijo que en Argentina “estamos en un momento crucial de la historia, en el que debemos privilegiar el fortalecimiento institucional por sobre todas las cosas y consolidar el principio de la verdad real, tan caro al derecho procesal penal”. Por ello, insistió Cornejo, se debe dar “un combate de frente, con voluntad y con todo el sacrifico que ello demande, al delito y todas las nuevas formas de criminalidad que azotan y flagelan a nuestra sociedad”.
Cornejo agradeció especialmente la presencia de los fiscales del interior, quienes a pesar de las escaseces, limitaciones y dificultades edilicias, trabajan con “voluntad inquebrantable”. Y consideró que el momento crucial del país “no es solo por un turno electoral ni de elegir, sino de tener fe en nuestras instituciones”. Celebró la continuidad de políticas efectivas, como la Reforma Procesal Penal, recientemente implementada en la Justicia Federal de Salta y aseguró que “de la sinergia de los poderes del estado, es de donde salen las verdaderas políticas públicas”. En ese marco, anunció un futuro encuentro entre actores de la justicia provincial y federal y del Ministerio Público Federal, “para formular políticas criminales a la altura de las circunstancias y de lo que la ciudadanía espera”.
Al recordar que será habilitado un posgrado de Ciencias Forenses dentro del Curso de Especialización de Investigadores, Cornejo dijo que se buscará “la excelencia en la investigación para dejar de lado definitivamente el cinismo y la hipocresía, y dar respuestas a los ciudadanos”. Destacó que tuvo la oportunidad de recibir a muchos familiares de víctimas que claman justicia todos los días y que esa no debe ser una actitud demagógica. “Muchas veces estamos en falta porque no se ve esa labor silenciosa e ingrata que tienen tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y cuyos integrantes ponen todo de sí para llevar adelante las investigaciones”.
Finalmente, el Procurador invitó a los presentes a coincidir en las formas de ser más eficientes e ingeniosos en el combate del delito, para ir un paso delante de quienes “no quieren el fortalecimiento institucional o la paz social, que es búsqueda del derecho, como ordenador social”.
Las conclusiones de los cuatro paneles, sobre “Promover la unidad de actuación en el Ministerio Público Fiscal”; “Gestión Institucional”; “Fortalecer los procesos investigativos del Ministerio Público Fiscal” y “Sociedad, transparencia y políticas de comunicación”, serán volcadas en el diseño del análisis del Plan Estratégico 2020.
En la apertura del Encuentro, participaron la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de la Provincia, Mirta Lapad; el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la coordinadora general de la Procuración General, Ana Cecilia Carraro y fiscales federales, entre otros invitados especiales.
Las medidas solicitadas oportunamente por la fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo, fueron restablecidas este jueves, después de que el exobispo Zanchetta se presentara ante el juzgado de 2° Nominación de Orán, a cargo de Claudio Alejandro Parisi, quien autorizó la salida del acusado de abuso sexual simple continuado calificado por la condición de ministro de culto, en perjuicio de dos personas.
La fiscalía a cargo de Filtrín Cuezzo constató la llegada del exobispo Gustavo Oscar Zanchetta a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. En ese contexto, al acusado se le retuvo documentación de viaje y la fiscal pidió que todas las constancias del acta de presentación y de la retención de documento de viaje autorizado por el Juez, se documente por escrito.
En su pedido, de más de 30 fojas y en las que se resumen los hechos denunciados, pruebas y testimonios colectados; Filtrín dijo que en las actuaciones se investigó el hecho denunciado el 6 de febrero pasado por un joven, “quien dio cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán, Gustavo Zanchetta, y que ocurrieron a partir de 2017”. Según la denuncia, tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en un domicilio particular de Los Toldos.
Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero pasado denunció haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”. Dichos acometimientos habrían ocurrido en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo. En este caso, los hechos se habrían registrado desde 2016.
En su fundamentación, la Fiscal destacó que “ponderados los elementos de convicción colectados durante la investigación a su cargo y en labor conjunta con el fiscal penal de Delitos contra la Integridad sexual Nº 1 del distrito Centro, Federico Obeid, puede extraerse con meridiana claridad que la materialidad de los hechos han tenido plena corroboración, como la vinculación del acusado en su carácter de autor material”. Y cita Filtrín que “el nombrado actuó con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos inverecundos cernidos en su cuerpo con clara significación sexual, quebrantando la voluntad de los mismos temerosos de perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso. Dichos acometimientos fueron sostenidos en el tiempo y mayor reproche penal merece la conducta adoptada por el acusado por su condición de ministro de culto religioso reconocido, calidad ésta que demanda el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común”.
En ese marco, recordó que se acreditó que al momento de acaecidos los hechos, los denunciantes revestían el carácter de aspirantes al sacerdocio y que el acusado, el de obispo. También obra documentación a través de la cual se dejó asentado el cese de sus funciones, ya que el Sumo Pontífice Francisco aceptó la renuncia de Zanchetta como Obispo de la Diócesis de Orán, el 31 de julio de 2017.
La mujer de 26 años, quien se encontraba reportada como desaparecida desde el 5 de Agosto, fue habida en la localidad de La Merced. Se encuentra en buen estado de salud y la fiscal interviniente solicitó que se le realicen una revisación médica y atención psicológica.
La fiscal ordenó que sea revisada por el médico legal para constatar su estado de salud y ante lo confuso de su relato, solicitó que reciba asistencia psicológica en el hospital Ragone.
Asimismo se dio intervención a la Asesoría de Menores en Incapaces en turno en razón de que la mujer es madre de dos menores de edad.
Cumplida las medidas solicitadas, Rojas López se revinculará con su familia.
Tras un cuarto intermedio fijado para hoy, mañana se reanudará la audiencia de debate contra Reimundo Oscar Cardozo por los delitos de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género en perjuicio de Micaela Rocío Colque y lesiones leves en perjuicio de Yanina Vanesa Cardozo.
En la Sala II del Tribunal de Juicio se lleva adelante la audiencia de debate contra Reimundo Oscar Cardozo por los delitos de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género en perjuicio de Micaela Rocío Colque y lesiones leves en perjuicio de Yanina Vanesa Cardozo.
Durante la jornada del miércoles declararon los padres de Micaela Rocío Colque, un efectivo policial de la División Homicidios que trabajó en la investigación, una psicóloga del Poder Judicial y un testigo de un acta de secuestro.
El juez Ángel Amadeo Longarte dispuso un cuarto intermedio hasta mañana viernes, oportunidad en la que continuará con la ronda de testimoniales.
Los diferentes testigos resaltaron la situación de vulnerabilidad en la que vivía la joven mujer respecto al acusado, que era su padrino de confirmación y con el que tiene dos hijos.
Gastón Bruno Federico Gerez y Jorge Marcelo Acebal fueron imputados ayer por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Santos Inocencio Choque. Ambos declararon y negaron su participación en el hecho.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, imputó ayer a Gastón Bruno Federico Gerez de 31 años y a Jorge Marcelo Acebal de 49 años como coautores del delito de homicidio calificado criminis causa en perjuicio de Santos Inocencio Choque de 68 años.
En el decreto de imputación, Sodero Calvet sostiene que el agravante se da porque los acusados le quitaron la vida a la víctima con un arma blanca para desapoderarlo del dinero que llevaba, dándose a la fuga y dejándolo sin auxilio alguno.
Santos Inocencio Choque fue herido en el muslo izquierdo y en el tórax y según consta en el informe de autopsia, falleció por shock hipovolémico por herida de arma blanca.
De las tareas investigativas desplegadas por personal de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, se pudo conocer que la víctima había concurrido a comprar pan a un negocio ubicado sobre calle Los Infernales al 1600 y fue atacado mientras realizaba la compra.
Durante la audiencia de imputación estuvieron acompañados de un defensor oficial y en su declaraciones ambos negaron haber participado del hecho.
Desde la Fiscalía se espera el resultado de diferentes medidas requeridas y se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la prisión preventiva de ambos.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la especialista española Davinia de Ramón Felguera, quien compartió su vasta experiencia en ciudadanía digital, educación, cibercrianza, convivencia online, huella digital y riesgos y potencialidades en Internet, especialmente con adolescentes.
De Ramón Felguera destacó los cambios culturales producidos a partir de la acción concreta legislativa y judicial en España, donde la legislación de Protección de Datos Personales y de prevención y sanción de ciberdelitos hacia menores especialmente, ha avanzado de tal manera que los afectados no dudan en concurrir a la justicia para que investigue y sancione.
Precisamente, en la charla con el Procurador, la especialista comparó las situaciones que detecta entre grupos de estudiantes salteños y lo que pasa en los de alumnos españoles con los que se vincula; y dijo que en Salta, los adolescentes admiten ser víctimas de acoso virtual, e inclusive se conocen casos que terminan en abuso sexual y de otro tipo; pero ninguno reconoce al Poder Judicial como un ámbito en el que puedan investigarse o generarse sanciones para quienes hostigan o delinquen. De hecho, expresan que se limitan a “escrachar” en redes sociales a quienes los acosan y aún a riesgo de saber que pueden ser víctimas de delitos, ni ellos ni los mayores realizan una denuncia formal.
“En España no existe esa sensación de impunidad, porque las leyes tienen muchos años de vigencia, pero además, los funcionarios judiciales reciben las denuncias, investigan y ordenan medidas de acompañamiento y protección a las víctimas”, señaló la abogada y profesional de la animación sociocultural, psicopedagoga y educadora social.
En el mismo sentido, De Ramón Felguera destacó la función de los mediadores, que son profesionales especialmente capacitados para generar espacios amigables donde las víctimas se animan a compartir su experiencia y denunciar.
Davinia de Ramón Felguera asistió al encuentro con el Procurador acompañada por el representante del Gobierno de la Provincia ante el Ente Nacional de Comunicaciones y del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, Federico Dada. Juntos, participaron de la quinta edición del ciclo #ConectadoSalta; en el que se abordó el papel de la tecnología en la educación y la crianza, así como los riesgos y oportunidades que presenta Internet y las pantallas en relación a la niñez y adolescencia.
Davinia de Ramón tiene una extensa trayectoria en el campo de la educación. Es licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Educación Social por la Universidad de Valencia (España), especialista en Animación Sociocultural e Intervención Socioeducativa por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, además de una amplia experiencia en trabajo grupal, juventud, TIC y formación.
