Un hombre fue condenado a 12 años de prisión efectiva por actos de abuso sexual en perjuicio de su hija entre julio de 2017 y enero de 2018. La denuncia la realizó la madre de la menor. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrin, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de debate contra un hombre acusado del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia reiterados bajo una misma unidad de acción en concurso real en perjuicio de su hija.
La denuncia la realizó la madre de la menor al tomar conocimiento de que su marido sometió sexualmente a su hija menor de edad, entre julio de 2017 y enero de 2018 en la vivienda familiar, aprovechando su ausencia por razones laborales.
El Tribunal compuesto por los jueces Edgardo Laurencia, Raúl López y Héctor Fayos, lo condenó a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, ordenó que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Beatriz Amanda Guaymás fue condenada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de su hijo menor de edad. Cumplirá la pena en la Unidad Carcelaria 1, deberá someterse a tratamiento psicológico y será registrada en el Banco de Datos Genéticos.
Durante los alegatos, el fiscal penal Pablo Rivero solicitó que se le aplique la pena de 18 años de prisión, mientras que el abogado defensor de Guaymás solicitó que sea absuelta por el beneficio de la duda.
Pasado el mediodía, el Tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Troyano, Norma Vera y Roberto Lezcano, dio a conocer el veredicto, donde condenan a Beatriz Amanda Guaymás a la pena de 14 años de prisión efectiva y realizar tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos.
En el mismo fallo, se ordenó que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El gobernador Juan Manuel Urtubey y el procurador general, Abel Cornejo, firmaron ambos proyectos de ley que serán remitidos a la Legislatura. Una de las iniciativas propone la modificación del artículo 5 de la Ley N° 7665, que establece los requisitos y misiones del Director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La segunda propone la creación de tres fiscalías, una de ellas especializada en Ciberdelitos.
Es que el Procurador asumió este lunes la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en forma provisoria, aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo. En ese marco, pidió al Poder Ejecutivo Provincial, expresamente, que mediante la cartera ministerial que corresponda remita a la Legislatura provincial un Proyecto de reforma del artículo 5 de la ley 7665, con carácter de urgente, a los fines de que sea una o un fiscal penal quien dirija el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Tras el encuentro con el Gobernador, el procurador general, Abel Cornejo, celebró “la celeridad de respuesta del Ejecutivo, que ante el pedido de modificación de la Ley, analizó de inmediato la necesidad de que un fiscal penal sea el responsable de dirigir el organismo”.
En el Ministerio Público Fiscal, el Gobernador y El Procurador también firmaron el proyecto de ley que ingresará este miércoles al Senado provincial y que propone la creación de una Fiscalía Penal en Cachi, otra para Rosario de la Frontera y una tercera especializada en Ciberdelitos, con competencia en toda la provincia.
El rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Hugo Claros y el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, firmaron un protocolo de colaboración para llevar adelante el Seminario sobre “Introducción a las Ciencias Forenses, Criminalística e Investigación Criminal”, que empezó este martes, y para organizar el Congreso Mundial Forense, previsto para octubre de 2020. Ambas actividades se canalizan a través de la Facultad de Ingeniería, cuyo decano es Héctor Casado.
La firma de ambos convenios se llevó a cabo este martes, en el marco de la apertura del Seminario sobre “Introducción a las Ciencias Forenses, Criminalística e Investigación Criminal”, donde el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se comprometió a colaborar en la organización, programación y difusión del Seminario Inicial y sus actividades conexas; y a colaborar en la organización, programación y difusión del Congreso Mundial. Dicho Congreso abarcará las áreas de las Ciencias Forenses, la Criminalística y la Investigación Criminal.
En ese marco, Cornejo y Claros celebraron la posibilidad de unir esfuerzos y recursos de ambas instituciones para perfeccionar a los profesionales interesados en abordar los hechos criminales que requieren de herramientas forenses para su resolución. En ese sentido, el Rector dijo que la Facultad de Ingeniería da un ejemplo en la vocación de proyectar la Universidad a la comunidad a través de acciones concretas.
Por su parte, Cornejo destacó la impronta de estudiantes y egresados de la universidad pública, porque además de la formación académica, aprenden sobre participación democrática y conocen la génesis de formación de líderes estudiantiles. Y destacó que la universidad pública, es por sobre todas las cosas, “un enorme igualador social, porque allí se ve plasmado el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional, en una sociedad marcada por asimetrías y postergaciones”. Especialmente sobre el Seminario iniciado, remarcó la posibilidad de mejorar la calidad de las investigaciones criminales, desde el punto de vista científico.
Por ello, el Procurador invitó a los presentes “a no quedarse impávidos ni conformarse” ante los hechos criminales y especialmente, a los letrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a estar abiertos a recibir el saber de otras ciencias, “porque más allá del marco jurídico, muchas veces falta el aporte científico del mundo académico al de las leyes”, advirtió.
La formación que brinda la UNSa desde hoy, se suma a las ya presentadas por la Procuración, como el Cuerpo Especial de Investigadores, que además de brindar mayor celeridad en la investigación, aportará mayor transparencia. “Las ciencias forenses son fundamentales para descubrir la verdad, establecer cómo fueron los hechos exactamente y contribuir al proceso penal desde una visión científica”, sentenció el Procurador.
En la apertura del Seminario y firma de convenios, también participaron el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la vicedecana, María Soledad Vicente, el exdecano Pedro Romagnoli, el secretario de Vinculación y Transferencia de dicha facultad, Héctor Iván Rodríguez. Asistieron también la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán; el director del Cuerpo Especializado de Investigaciones, Omar Dávila y el fiscal penal Pablo Rivero.
Luis Eduardo Caballero fue detenido e imputado por el delito de amenazas en perjuicio de Gerardo Villalba, a quien le envió una nota profiriendo amenazas junto a un cargador de arma de fuego junto a un proyectil. Se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación y permanece detenido.
La denuncia fue radicada por Villalbaluego de recibir en su oficina un sobre que contenía un texto escrito con máquina de escribir, donde se proferían amenazas hacia su persona y la de su familia y había un cargador de arma de fuego y un proyectil.
Los investigadores del sector realizaron minuciosas tareas investigativas y se logró individualizar a Caballero como el principal sospechoso de las amenazas.
Ante esto, desde la Fiscalía se solicitó orden de allanamiento en dos domicilios vinculados al sospechoso y en uno de ellos, ubicado en el centro de la ciudad de Salta, se logró secuestrar una máquina de escribir, una caja de proyectiles con 49 unidades de las 50 que contiene, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.
Con estos elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de Caballero y lo imputó.
Asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.
Roberto Víctor Moya fue detenido e imputado por el delito de lesiones tras un hecho ocurrido en la sede comunal, donde Rita Carreras sufrió lesiones luego de que estallara una bomba de estruendo en su ventana en el marco de una protesta sindical.
El hecho ocurrió el 23 de agosto pasado en el edificio municipal de Coronel Moldes, cuando se desarrollaba una protesta sindical y los manifestantes arrojaron una bomba de estruendo en la ventana de la oficina de la intendenta Rita Carreras.
La jefa comunal sufrió una descompensación y debió ser trasladada para su atención.
El fiscal penal en turno, Federico Jovanovics dio las directivas de rigor y se solicitó la detención de quien fue identificado como el agresor, quien fue imputado por el delito de lesiones y mientras se cumplían las diligencias solicitadas, se solicitó que se mantenga su detención.
El acusado recuperó su libertad en forma posterior con el cumplimiento de medidas sustitutivas.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal de Cerrillos, a cargo de Gabriel Portal.
Hoy martes se llevarán a cabo los alegatos en el juicio contra una mujer de 32 años por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de su hijo. El hecho ocurrió en un paraje de Cachi, cuando la mujer dejó solo a su hijo de dos años en un lugar inhóspito y se fue a comprar. Al regresar no lo encontró y fue hallado días después sin vida.
El hecho ocurrió en paraje La Puerta, Luracatao, cuando la mujer dejó solo a su hijo de dos años sentado bajo un árbol en un lugar inhóspito y fue al pueblo a realizar compras.Regresó aproximadamente una hora después y no encontró al menor en el lugar. Se realizaron tareas de búsqueda y fue encontrado sin vida dos días después a tres kilómetros del lugar.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal integrado por los jueces Maximiliano Troyano, Norma Beatriz Vera y Roberto Faustino Lezcano, fijo que los alegatos se lleven a cabo este martes 3 de Setiembre a partir de las 10.
Un menor de edad fue detenido este lunes, en el marco de la investigación iniciada por la muerte de la docente Sandra Silvia Palomo, de 53 años. Se dio intervención al Juzgado de Menores correspondiente y se ordenaron numerosas diligencias en torno a la investigación.
El adolescente, de 15 años, fue detenido este lunes y quedó a disposición del Juzgado de Menores interviniente. No tiene vinculación familiar con la víctima y presuntamente, habría actuado con otras personas, entre las que habría mayores de edad.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, María Luján Sodero Calvet, informó que en el marco de la investigación que se inició este domingo ante el hallazgo del cuerpo de Sandra Silvia Palomo, de 53 años y en inmediaciones del río Arenales; ordenó numerosas pericias. Entre ellas, se encuentran la revisión de las cámaras de todo el recorrido hecho por el vehículo de la mujer; las muestras tomadas del mismo vehículo; del lugar donde fue hallada la víctima y del domicilio del adolescente, además de las pericias sobre los teléfonos celulares de Palomo y el menor detenido, entre las distintas diligencias ordenadas.
Se espera el informe final de la autopsia, cuya realización demandó más de cuatro horas y de la cual surgió el informe preliminar que indicó que el deceso se habría producido por shock hipovolémico. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca, golpes y se descartó el abuso sexual.
Reimundo Oscar Cardozo prestó declaración ante el Tribunal de la Sala II que lo juzga por los delitos de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género en perjuicio de Micaela Rocío Colque y lesiones leves en perjuicio de Yanina Vanesa Cadozo. Negó haber ejercido violencia en contra de su expareja y practicar la curandería. La audiencia se reanuda este martes y allí se fijará la fecha de los alegatos.
En la Sala II del Tribunal de Juicio prosigue hoy lunes la audiencia de debate en la causa seguida contra Reimundo Oscar Cardozo por tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género en perjuicio de Micaela Rocío Colque y lesiones leves en perjuicio de Yanina Vanesa Cadozo.
La semana pasada, finalizada la ronda de testimoniales, el acusado Cardozo solicitó prestar declaración. En sus dichos, trató de aclarar algunas situaciones que se ventilaron en la audiencia respecto de una expareja y de la víctima, negando haber ejercido violencia contra ellas y desmintió las versiones que lo vinculaban a la práctica del curanderismo.
Hoy al reanudarse la audiencia, se fijará la fecha para la audiencia de alegatos de las partes.
Una mujer oriunda de la provincia de Jujuy fue detenida e imputada por un hecho ocurrido el pasado sábado en esa ciudad, cuando colisionó con su camioneta a una motocicleta donde viajaba una pareja con su pequeña hija. Tras la colisión la niña cayó a la cinta asfáltica, fue atropellada por una de las ruedas de la camioneta, sufrió aplastamiento de cráneo y falleció en forma inmediata.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, solicitó la detención de una mujer oriunda de la provincia de Jujuy tras haber protagonizado un siniestro vial en la intersección de las calles Alvear y Bolivia de esa ciudad el pasado sábado por la tarde.
Según pudo saberse, la mujer de 62 años, se encontraba en esa ciudad con motivo de las fiestas patronales y cuando transitaba por la intersección de las calles Alvear y Bolivia, realizó una maniobra para girar hacia la izquierda y colisionó a una motocicleta donde viajaba una pareja con una niña de 3 años.
La niña cayó sobre la cinta asfáltica y fue atropellada por una de las ruedas de la camioneta, sufrió aplastamiento de cráneo y falleció en forma inmediata.
Elsa Susana Ponce de León fue imputada por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y se solicitó su detención en razón de su falta de arraigo, ya que es oriunda de la ciudad de Ledesma, en la provincia de Jujuy.
