El hombre ya había sido notificado respecto a medidas de protección previas hacia la víctima. Durante la audiencia de imputación llevada adelante por la fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, el acusado se negó a declarar y quedó detenido.
La fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, imputó provisionalmente a un hombre de 46 años por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves, agravadas por la relación de pareja previa y por constituir violencia de género, amenazas agravadas por el uso de armas y desobediencia judicial.
Tras ello, el imputado habría proferido amenazas, diciéndole que iba a matar a sus dos hijos y luego se iba a suicidar, mientras sostenía en sus manos una tijera. La víctima, finalmente, logró escapar.
Conforme surge de las actuaciones, el acusado ya habría sido notificado de medidas de protección previas hacia la víctima, en diciembre de 2019, habiendo sido legal y debidamente notificado.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y permanece detenido.
La fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, investiga la agresión sufrida por una mujer durante las primeras horas de este lunes en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Por el hecho se detuvo a su expareja como principal sospechoso.
La mujer resultó lesionada en la zona del cuello con un arma blanca, por lo que debió ser trasladada al hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado.
De las primeras tareas investigativas desplegadas, se solicitó la detención de quien fuera su esposo como principal sospechoso y desde la Fiscalía se adelantó que será imputado en las próximas horas.
Un joven de 18 años fue detenido y será imputado por un hecho ocurrido en la zona Sudeste de la ciudad. Allí, tras una disputa con otro hombre, lo lesionó con un cuchillo en la zona del tórax, poniendo en riesgo su vida.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, imputará hoy a Joaquín Alan Velarde por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Cristian Fernando Olivarri de 20 años.
El hecho ocurrió el fin de semana en barrio Democracia, cuando el acusado mantuvo una discusión con la víctima y lo lesionó con un cuchillo en la zona del tórax.
La víctima fue asistida por la lesión en la zona vital y quedó en observación, mientras que el acusado fue detenido en forma posterior y será imputado en las próximas horas.
El conductor de una unidad de transporte del Corredor 7 C que protagonizó un siniestro vial el miércoles pasado con un motociclista que falleció ayer, fue imputado por el homicidio culposo. En su declaración dijo que la moto circulaba sin luces.Read more
El joven hombre se ausentó la noche del pasado domingo para ir a bailar, según le había manifestado a su madre.
La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre identificado como Gustavo Daniel Gonzales, de 22 años.
El hombre, quien reside en una vivienda de barrio Democracia, fue visto por última vez por su madre, con quien convive, la noche del pasado 1 de octubre, cuando se retiraba del domicilio para ir a bailar.
La denuncia fue radicada este martes 3 de octubre por la madre del joven, quien dio a conocer que su hijo es adicto a sustancias estupefacientes, que no posee teléfono celular y desconoce si llevaba dinero.
Apenas tomó conocimiento de la novedad, la fiscal Adet Figueroa dispuso una serie de medidas para dar con el paradero del hombre de 22 años, entre las que se cuentan relevamiento de cámaras públicas y privadas, se dé intervención al Grupo Investigativo GIUR10, se consulte a diferentes dependencias, como así también exploración de redes sociales y consulta a la empresa de transporte público SAETA.
Gustavo Daniel Gonzales mide 1.75 mts., tiene tez morena, es de contextura robusta y cabello corto negro. Al momento de ausentarse del domicilio, vestía remera blanca con detalles en negro, bermuda de jeans color gris, zapatillas beige y campera rompeviento negra.
Se solicita a la comunidad que quien pudiera aportar datos ciertos sobre su paradero, se dirija a la dependencia policial más próxima o se comunique al Sistema de Emergencias 911, o a los teléfonos 4351548/4350219 de Comisaría 2da, de barrio Santa Cecilia.
Fue imputado por distintos delitos en perjuicio de doce niñas y adolescentes, que fueron abordadas por el acusado en su motocicleta. Varios de los ataques se produjeron en cercanías a establecimientos escolares.
El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, imputó a un hombre por los delitos de abuso sexual simple (5 hechos); abuso sexual con acceso carnal (2 hechos); exhibiciones obscenas agravadas por ser cometida en perjuicio de una menor de 18 años de edad (5 hechos); rapto en grado de tentativa; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años (dos hechos); rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años en grado de tentativa; todo en concurso real, en perjuicio de 12 menores de edad.
La intervención de UDIS 4 inició el 28 de junio de 2023 con la denuncia de una mujer que manifestó que ese día su hija había llevado a su hermana de 4 años a la escuela. Al regresar, fue abordada por un hombre de 1,70 m de estatura, contextura robusta, tez morena, color de ojos marrones, quien vestía jean blanco, campera con capucha roja y en su parte trasera de color beige, quien se encontraba en una motocicleta color roja de gran porte usando un casco también de color rojo.
El hombre comenzó a hablar con la menor de edad hasta ofrecerle conducirla hasta su domicilio, a lo que la adolescente accedió. Aseguró que, cerca del “Loteo Las Marías”, el denunciado detuvo la marcha, la arrojó al suelo y la sometió a tocamientos, logrando la víctima escapar.
El 16 de agosto de 2022, otra mujer denunció que su hija de 13 años había sido abordada y acorralada en inmediaciones a los departamentos de Parque La Vega por un hombre bajo idéntica descripción que la brindada en la denuncia anterior. En octubre y diciembre de 2022, también habían ingresado denuncias por tocamientos a dos menores de edad. El denunciado reunía las mismas características y también se movilizaba en motocicleta.
En tanto, el 20 de marzo de 2023, la madre de una menor de 13 años denunció que a la salida de la escuela en barrio Democracia, su hija fue abordada por un hombre, obligada a subir a su motocicleta roja y abusada sexualmente en un descampado.
Además, se presentaron denuncias de seis casos que siguieron un patrón de actuación similar.
El fiscal Rivero solicitó acceso a las cámaras de seguridad de los lugares en los que sucedieron los distintos hechos denunciados y, con el aporte de las descripciones de las víctimas, se logró identificar al agresor, que fue detenido por la Brigada de Investigaciones. Fueron secuestradas la motocicleta, el casco y las ropas, que coinciden con las descriptas por las víctimas.
El agresor se encuentra detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
Vecinos de Cerrillos denunciaron, de manera anónima, que un hombre comercializaba drogas en el barrio Nuestra Señora del Huerto. La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad realizó una investigación que culminó el sábado con la detención de dos hombres. Interviene investigó fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt.
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a dos hermanos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, a uno de ellos, además, por portación de arma de fuego de uso civil.
Al ser allanados los domicilios de los detenidos, fueron secuestrados el equivalente a casi 1500 dosis de paco, 40 cigarrillos de marihuana y $ 141.380, balanzas grameras, coladores y otros elementos relacionados al fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes. En la vivienda de uno de ellos, los agentes encontraron un arma calibre 22, nueve proyectiles y dos vainas servidas.
La investigación de UFINAR inició por el
ingreso de una denuncia a través de la web https://testmpfs.mpublico.gov.ar/ en la que se aseguraba que uno de los detenidos vendía drogas en el Barrio
Nuestra Señora del Huerto de Cerrillos.
A lo largo de los meses, investigadores documentaron la presencia de distintas personas que intercambiaban “paquetitos” por dinero, con el acusado. En distintas oportunidades, tras presenciar el intercambio, los efectivos siguieron y demoraron a compradores, secuestrándoles sustancia. Al practicar el Narcotest dieron como resultado positivo para cocaína y sus derivados.
Además, se pudo establecer que un hermano
del denunciado, con domicilio en barrio Democracia, también desarrollaba la
misma actividad.
Reunidos distintos elementos de prueba, López
Soto solicitó una orden de allanamiento en ambos domicilios, medida que se
desarrolló el sábado pasado.
Al llegar los efectivos a la vivienda del barrio Nuestra Señora del Huerto de Cerrillos, encontraron a uno de los investigados, pero no a su hermano ni su vehículo, por lo que solicitaron colaboración a los controles vehiculares. A las 21:30, el hombre fue demorado en Ruta Provincial 23 a la altura del Badén y trasladado al domicilio donde se realizaba el allanamiento.
En Cerrillos fueron secuestrados paquetes
de sustancia vegetal y blanquecina, una balanza gramera, celulares y $27.890.
Al realizar el test correspondiente arrojo positivo para marihuana y cocaína.
En el barrio Democracia, secuestraron, desde el
interior de un placard, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia
amarillenta en forma granulada tipo bocha; un envoltorio de polietileno con
sustancia amarillenta en forma compacta tipo terrón; cinco coladores metálicos,
dos cuchillos metálicos y tres cepillos de dientes, con restos de sustancia amarillenta; tres
balanzas grameras, una tijera, bolsas de polietleno color rosa, varios, recortes
de polietileno, la suma de $ 113.490, un arma calibre 22 short, nueve proyectiles calibre 22, dos vainas
servidas.
Terminada la requisa,
realizaron el Narcotest sobre la sustancia secuestrada con resultado positivo
para Cocaína.
En total, en las dos
viviendas fueron secuestrados el equivalente a 40 cigarrillos de marihuana y
casi 1500 dosis de paco. Por ello, se ordenó la
detención de los dos hombres, que fueron trasladados a la Alcaldía General de
la Provincia y luego imputados.
El fiscal penal 6, Pablo Paz, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Adrián Julián Molina, de 35 años.
El joven falta a su hogar desde el pasado 10 de marzo, donde convive con su madre, en Barrio Democracia.
El operativo está a cargo del Grupo Investigativo del Sector 6A, dirigido por la Fiscalía Penal 6, conforme al protocolo de búsqueda de personas extraviadas.
Adrián Julián Molina, quien habría salido de la vivienda con la decisión de regresar a Buenos Aires y tiene antecedentes de consumo de sustancias, responde a las siguientes características fisonómicas: contextura delgada, cabello negro hasta los hombros, tez trigueña y tiene un tatuaje en una de sus piernas y en el vientre.
Al momento de su desaparición, Adrián Molina vestía pantalón vaquero corto, de color celeste, buzo blanco y tapado verde oscuro.
Se solicita a la comunidad que quien pudiera aportar datos ciertos sobre su paradero, se dirija a la dependencia policial más próxima o se comunique al Sistema de Emergencias 911 o al Registro Provincial de Personas Extraviadas 3874150111, o a la dirección de correo electrónico: registropersonasextraviadas@salta.gov.ar.
La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a la agente Malena del Luján Erazo como imputada por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (dos hechos), todo en concurso real y en calidad de autora.
La fiscala también requirió el sobreseimiento de los efectivos Guillermo Esteban Rodríguez y Claudio Oscar López, al no haber pruebas que permitan sostener que tuvieron una activa participación en los hechos denunciados.
Del requerimiento surgió que el 23 de noviembre de 2019, cerca de las 22:30, cuando la denunciante estaba afuera de su domicilio ubicado en barrio Democracia, con la intención de defender a su hijo que era golpeado por vecinos, llegó el personal policial de la División Infantería, a bordo del móvil 1846.
Entre los tres efectivos, estaba la agente Erazo, quien desempeñó un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija de 16 años, al abalanzarse sobre la primera para golpearla con su cachiporra en distintas partes del cuerpo y tomar a la menor del pelo para tirarla contra el móvil policial.
Por lo relatado, ambas mujeres sufrieron lesiones que fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del CIF.
En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la acusada, mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas que dañaron la integridad física de la denunciante y de su hija, quienes fueron brutalmente agredidas por la imputada que excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.
Las lesiones constatadas en ambas
mujeres, permiten sostener que la conducta desplegada por Erazo, afectó su
dignidad e integridad.
Además, el sufrimiento infligido,
sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por
fin mortificarlas.
La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves, en concurso ideal.
Las imputaciones recayeron sobre el suboficial mayor Marcos Andrés Singh, el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y el agente Darío Alejandro Delgado.
Del requerimiento se desprendió que el 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los efectivos policiales patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial mayor Marcos Singh por inmediaciones de barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de la ciudad de Salta, e interceptaron a la víctima, quien estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas.
Ante tal circunstancia, los efectivos lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron al Sector 6 A de barrio Democracia, donde una vez allí, lo golpearon brutalmente y le causaron lesiones graves.
Tales actos constituyeron un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, pues al encontrarse la víctima en estado de ebriedad, sus posibilidades de defensa, sumado a la superioridad en número de los efectivos policiales que acometieron contra su integridad física, resultaron de tal magnitud que le causaron una perforación en el intestino delgado y que por dicho cuadro, corrió riesgo de vida, conforme lo sostenido en el informe médico realizado por el CIF.
Las lesiones resultaron además compatibles con las manifestaciones de la víctima y de un testigo que estaba detenido el día de los hechos, quien pudo observar como la víctima fue brutalmente golpeada por los efectivos policiales; además de otros testimonios.
En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados, en ejercicio de la función policial, propinaron golpes al denunciante, lo que resultó reprochable penalmente, ya que son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.
Además, conforme surge del reglamento policial para el uso de la fuerza pública, su uso se encuentra regido por una serie principios; entre ellos, la “racionalidad”, por lo que debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación, por lo que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la División de Seguridad Urbana, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, todo en concurso ideal y en calidad de autores.
Las imputaciones recayeron sobre los sargentos Mario Milton Balanza Chauque, de 38 años; Hugo Antonio Morato; de 41; y Fabiana Andrea Marín, de 34.
Del requerimiento surgió que el 20 de junio de 2020, cerca de las 13, la víctima estaba en la vereda de su vivienda, de barrio Solidaridad, junto a su padre, quien en un momento dado, lo insultó por tener una cerveza en la mano y llamó a un móvil policial, que estaba en la esquina.
Tras esto, los efectivos policiales llegaron hasta la vivienda, agarraron al hijo del cuello, lo tiraron al piso, lo esposaron y golpearon hasta subirlo al móvil. Una vez allí, lo acostaron en el piso del vehículo y lo pisaron en distintas partes del cuerpo.
La madre de la víctima, quien declaró como testigo, quiso intervenir y también sufrió empujones y maltratos por parte de los acusados.
El denunciante relató que luego, fue trasladado a la Comisaría de barrio Democracia, donde también lo golpearon. Indicó que otro efectivo salió con una picana y lo hizo arrodillar para picanearlo en el costado derecho del abdomen. Tras esto, le tiraron gas pimienta en la cara y le pusieron un balde en la cabeza, para golpearlo en los glúteos con un palo, mientras intentaban bajarle el pantalón.
Luego de trasladarlo al Hospital San Bernardo para la revisión médica, fue llevado al Centro de Contraventores, donde los policías hicieron que peleara con un hombre detenido y en estado de ebriedad.
En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados al legajo de investigación, de donde surgió que el damnificado fue examinado por el médico legal, quien diagnosticó que la víctima presentaba equimosis y excoriación en región frontal, inflamación e hinchazón en labio superior con excoriación en mucosa yugal, inflamación en labio inferior, equimosis varias en región torácica y excoriaciones costrosas en rodilla izquierda.
Además, la autoría de los imputados fue corroborada por la madre del testigo, quien al ver que su hijo era agredido por personal policial, se subió al móvil y les pidió que dejaran de golpearlo.
Ramón Nicolás Cansino fue condenado por el homicidio culposo de César Braulio Arias, a quien embistió con una unidad de transporte en barrio Democracia en junio de 2018. Fue inhabilitado para conducir vehículos automotores por el término de cinco años.
El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, condenó este jueves a Ramón Nicolás Cansino a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y en el mismo fallo, fue inhabilitado por el término de cinco años para la conducción de vehículos automotores.
Se le impusieron reglas de conducta y se dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Representó al Ministerio Público, la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio.
Ramón Nicolás Cansino es juzgado por el homicidio culposo de César Braulio Arias, a quien embistió con una unidad de transporte en barrio Democracia en junio de 2018. Este jueves se llevarán a cabo los alegatos de las partes.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 en la audiencia de debate contra Ramón Nicolás Cansino por el delito de homicidio culposo calificado en perjuicio de César Braulio Arias.
Finalizada la ronda de testimoniales, este jueves se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
El fiscal penal de Unicroh, Pablo Rivero, investiga el robo armado del local de Supermercado Día, ubicado sobre ruta provincial 26.
De informes policiales se desprende que el pasado lunes 13 de abril, aproximadamente a las 16.30, cuatro hombres con vestimenta oscura ingresaron al local con armas de fuego y sustrajeron mercadería y el dinero de dos cajas registradoras.
Según consta en los informes, los asaltantes además violentaron el gabinete del sistema centralizado de televisión y escaparon a bordo de dos motos de alta cilindrada, una blanca y otra negra, con dirección a barrio Democracia, en la zona sudeste de la capital.
En su declaración, el encargado del supermercado dijo desconocer el total de los elementos sustraídos y estimó un valor aproximado de $35.000.
En el caso intervienen personal del GIS 6 y de la División de Robos y Hurtos.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, amplió la imputación contra el oficial subayudante Elio Maximiliano Moya, con revista en el Sector 6 A, de barrio Democracia, por el delito de falsedad ideológica en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado.
Cristian Exequiel Gallardo
De los distintos elementos colectados durante la investigación, el fiscal Torres Rubelt pudo establecer que Elio Maximiliano Moya, de 27 años, prestaba servicios en la dependencia policial de barrio Democracia cuando Cristian Exequiel Gallardo fue llevado por el personal policial del DSU, hecho que concluyó con la muerte del joven.
Según consta en el decreto de ampliación, Moya habría insertado en el informe que daba cuenta de lo sucedido declaraciones falsas para ocultar las circunstancias certeras de tiempo, modo y lugar, por lo que alteró las pruebas y perjudicó la administración de justicia.
Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado.
La intervención de la Fiscalía se produjo a partir del inicio de las actuaciones que se originaron en esa dependencia, cuando empezó a investigar a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna, quienes intervinieron en la detención del joven. Fueron inicialmente imputados por el delito de homicidio culposo. El 23 de septiembre de 2019 el fiscal amplió la imputación por el delito de severidades agravadas en contra de los mismos policías.
Claudia Alejandra Quinteros y su hijo, Lautaro Leonel Herrera, fueron llevados a juicio junto a otras ocho personas por la comercialización de estupefacientes que hacían en barrio Democracia, en inmediaciones del playón deportivo. Otro hijo de la principal imputada, menor al momento de los hechos, fue declarado responsable penalmente.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Claudia Alejandra Quinteros, Enzo Rodrigo Flores Rossi, Jorge Nelson Bizama, Hugo David Colque, Marcelo Guillermo Colque, Ivana Inés Colque y Lautaro Leonel Herrera por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización triplemente agravado por cometerse en inmediaciones de un establecimiento deportivo, por la participación de menores de edad y por la participación organizada de tres o más personas y contra 2 menores de edad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado.
La investigación se inició a partir de numerosas denuncias web que indicaban que Claudia Alejandra Quinteros comercializaba estupefacientes en inmediaciones del playón deportivo de barrio Democracia en compañía de sus dos hijos, uno menor de edad, y que trabajaba en forma organizada con otros jóvenes en calidad de “soldaditos”.
De las tareas de investigación e
inteligencia se logró reunir los elementos de convicción necesarios y se
realizaron allanamientos y detención de 10 personas involucradas en la
actividad ilícita, entre ellas 3 menores de edad.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, quien condenó a Claudia Alejandra Quinteros a la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva y al pago de una multa y a su hijo, Lautaro Leonel Herrera a la pena de 6 años de prisión y al pago de una multa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social
Marcelo Guillermo Colque fue condenado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes y deberá cumplir reglas de conducta con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.
Jorge Nelson Bizama, Ivana Inés Colque, Hugo David Colque y Enzo Rodrigo Flores Rossi fueron absueltos por el beneficio de la duda del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social.
Y dos de los menores fueron declarados penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social. Cabe destacar que uno de los menores es el otro hijo de la principal imputada.
La madre de una menor de 17 años realizó una denuncia en el mes de Abril, donde acusa a personal policial de agredir sin motivo aparente a su hija durante un procedimiento y provocar que días después se malograra su embarazo.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, inició una investigación a partir de la denuncia radicada por una mujer en nombre de su hija de 17 años, donde da cuenta que el 17 de Abril de este año, la menor fue agredida por personal policial y que tras los golpes recibidos, días después se malogró su embarazo.
El confuso episodio se habría producido mientras el personal policial realizaba un procedimiento en barrio Democracia en procura de una persona vinculada al microtráfico de estupefacientes que intentaba huir.
Es en este marco que la joven, que cursaba el cuarto mes de embarazo habría resultado lesionada. Fue examinada en la oportunidad por un médico ginecólogo en el hospital Papa Francisco, donde le diagnosticaron que su embarazo seguía su curso normal.
La madre refiere en la denuncia que la menor tenía un embarazo de riesgo y que dos días antes del hecho había estado internada por pérdidas. Finalmente el día 4 de Mayo, tras permanecer internada en el hospital Materno Infantil, le confirmaron que la gestación se había interrumpido.
Desde la Fiscalía se recibió la declaración de la menor damnificada, fue revisada por un médico legal del CIF y se solicitó que se remita su historia clínica y los informes correspondientes al hospital Papa Francisco y al Materno Infantil a fin de ser analizadas.
Tres jóvenes fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado lunes en inmediaciones de barrio Democracia, donde arrebataron un celular a una mujer que esperaba el colectivo. Uno de ellos fue aprehendido en su vivienda y los otros dos intentando venderlo horas más tarde. Read more
Un hombre, su pareja y una hija de ésta, fueron detenidos e imputados tras tres allanamientos simultáneos en la zona Sudeste por vender estupefacientes. Uno de los puntos de expendio era un negocio mayorista y tenían droga en cajitas de caldo.Read more
Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.
El procurador general de la provincia de Salta,Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.
Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.
Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.
Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.
Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.
Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.
También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.
En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.
A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.
Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.
Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.
El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.
Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.
Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.
En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.
Pedro García Castiella
Fiscal Claudia Carreras
Gaspar Solá Usandivaras
El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.
A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.
En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.
Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.
La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.
