Fueron detenidos tres hombres y una mujer e identificados dos reclusos involucrados en la venta de estupefacientes en el penal. Durante los allanamientos fueron secuestrados un kilo de marihuana, 800 dosis de pasta base de cocaína, 10 balanzas grameras y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, tres automóviles, un arma, celulares y 383.320 pesos.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Salta, bajo la dirección del fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, fueron allanados dos pabellones de la Unidad Carcelaria 1 y seis viviendas ubicadas en los barrios Libertad, Solidaridad, Democracia, Limache, Villa Juanita y Villa Estela.
Del operativo participaron cincuenta efectivos, entre ellos investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, personal del GOPAR y SOEN.
Como resultado del operativo fueron detenidos tres hombres de 26, 33 y 34 años y una mujer de 38 años, además de identificados dos internos del penal involucrados en la causa. Durante los allanamientos fueron secuestrados más de un kilo de marihuana, 800 dosis de pasta base de cocaína, 10 balanzas grameras y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, tres automóviles, un arma, celulares y 383.320 pesos.
Desde febrero pasado, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) lleva adelante una investigación en base a una denuncia realizada a través de la web del Ministerio Público Fiscal. A través del entrecruzamiento de información de los sospechosos, los investigadores de la Unidad de Investigación UFINAR obtuvieron elementos probatorios de actividades ilícitas en infracción a la Ley 23737.
De acuerdo a las pruebas recabadas a lo largo de los cinco meses que duró la investigación, los detenidos -que cuentan con antecedentes penales por distintos delitos- comercializaban dosis de marihuana y cocaína en distintos puntos de la ciudad. Además ingresaban sustancias estupefacientes a la Unidad Carcelaria 1, en donde dos reclusos también se encargaban de venderla.
Desde UFINAR se fijó fecha de audiencia de imputación para el lunes 14 de agosto para los cuatro detenidos y los dos reclusos.
Un conocido influencer salteño fue demorado hoy tras intentar ingresar por la fuerza al Centro Cívico Grand Bourg en el marco de una protesta.
En el día de hoy, un individuo que responde al alias “Michelo”, fue demorado por parte de la cobertura de seguridad, perteneciente a la Subcomisaría de Barrio Grand Bourg. El sujeto fue aprehendido en flagrancia tras trepar el vallado policial y arrojarse luego, para ingresar a la Casa de Gobierno incitando a la violencia a los manifestantes allí presentes y vociferando epítetos tales como “no ganaron con democracia”, “los muertos votaron”. Con posterioridad los manifestantes comenzaron a empujar la valla policial.
El móvil policial en el que debía ser trasladado, debió permanecer en el lugar hasta habilitarse su paso, debido a la presencia de manifestantes que se encontraban bloqueando el acceso.
Posteriormente, se realizó el trasladado a las dependencias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fines de realizar el correspondiente control médico, solicitándose la detención del mismo, al Juzgado de Garantías en turno y fijándose audiencia de imputación para horas de la tarde.
Interviene la Fiscalía penal N°1, a cargo interinamente del fiscal Gabriel González.
Se investiga el incidente para determinar los cargos precisos y llevar a cabo las acciones legales correspondientes.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías, 4 la elevación a juicio de la causa en la que cinco efectivos policiales fueron imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal.
Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Andrés Sebastián Quipildor, el suboficial mayor Santos Gustavo Tejerina, los sargentos Enzo Aníbal Zerpa y Miguel Alejandro Cortez y el cabo Jorge Jerónimo García, en calidad de autores.
Del requerimiento surgió que el 30 de enero de 2020, cerca de las 21, cuando el menor víctima estaba junto a cuatro amigos sentado afuera del departamento en el que reside, ubicado en el Grupo 480 de Barrio Castañares, los acusados llegaron a bordo de un móvil de infantería, del que descendieron y se abalanzaron hacia ellos sin mediar palabras, por lo que los jóvenes corrieron asustados.
Tras alcanzarlos a pocos metros, los agarraron de mala manera y el menor damnificado gritó para que su madre lo ayudara. Si bien se resistió a la detención, al subir al móvil, lo tiraron al piso, lo que le produjo lesiones en un codo.
Una vez adentro, continuaron con el maltrato, al pegarle golpes de puño en el estómago y mientras lo tenían rodillas con los brazos hacia atrás. También le dieron cachetadas con la mano abierta y le pisaron los tobillos, mientras le decían “ahora llamá a tu mamá, maricón”.
En sus fundamentos, el fiscal penal Gabriel Alejandro González, sostuvo que los acusados desempeñando un acto funcional, acometieron con un claro exceso en sus funciones y mediante el uso abusivo de la fuerza, profirieron sendos golpes en la integridad física del menor, dejándolo lesionado, como también realizaron actos humillantes.
Violencia Institucional
La Fiscalía de Derechos Humanos recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte-Orán, rechazó la oposición y el cambio de calificación instada por la defensa de los acusados y ordenó la remisión a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, fueron imputados por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos. Interviene el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán. Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Con los elementos reunidos durante la investigación llevada adelante por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, fueron imputados el oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.
El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.
Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.
El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.
Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.
Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona.
En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.
El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.
A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos. Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.
Violencia Institucional
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, sostuvo que de lo recolectado durante la investigación penal preparatoria, se advierte el despliegue de una práctica de violencia institucional que corresponde erradicar mediante su sanción del sistema policial de nuestra provincia y país, tal compromiso no solo surge de la Constitución Nacional, sino de los tratados específicos de Derechos Humanos, como la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con jerarquía Constitucional, mediante su incorporación en el art. 75 inc. 22, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23652).
La Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
Por ello, se advierte que a fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que nos permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
Téngase en cuenta que la violencia institucional referida, conlleva un plus de reproche por cuanto son cometidas por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional, y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que como ya se dijo se advierte en la presente causa.
Y es pertinente traer a colación un párrafo del Considerando en la Sentencia “Bulacio Vs. Argentina” en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “De ahí la importancia de la realización de la justicia. Contra los actos de violencia violatorios de los derechos humanos se erige el orden jurídico (nacional e internacional), para asegurar la prevalencia de la justicia y, de ese modo, extender satisfacción a las víctimas (directas e indirectas)”.
En el marco del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, este jueves a las 17, el Ministerio Público Fiscal realizará un homenaje al Héroe Nacional. Se realizará en barrio El Huaico, donde será emplazado un busto en su honor y con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado. El homenaje contará con la Banda Los Infernales y desfile de 21 agrupaciones y fortines gauchos
El homenaje del Ministerio Público en conmemoración de los
200 años del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, se centrará en la
fecha conmemorativa de hoy, ya que el 6 de mayo de 1815, el Cabildo de Salta y a
petición del pueblo de la ciudad, designó a Güemes «Gobernador de la
Intendencia de Salta», que entonces, comprendía las actuales provincias de
Salta y Jujuy y la región boliviana de Tarija.
Luego de la entonación de himnos por parte de la Banda Los
Infernales, será emplazado el busto del General Martín Miguel de Güemes y se
escucharán palabras alusivas del coordinador de la Comisión Provincial del
Homenaje al Héroe Nacional, Alberto Barros; de la presidenta de la Academia
Güemesiana de Salta, María Irene Romero y del procurador general, Abel Cornejo.
Las actividades concluirán con el desfile de gauchos que
protagonizarán la subcomisión Damas Gauchas de la Agrupación Tradicionalista
Gauchos de Güemes, del Centro Tradicionalista Campo Castañares, de la Agrupación
Gaucha Juan Carlos Dávalos, del Escuadrón Calixto Gauna La Peña y los fortines Santiago
Morales, Patria y Tradición, Martina Silva de Gurruchaga, Dr. Julio Cornejo
Campo Santo, Poncho Marrupe, Agustín Pascual Urquiza, Antonio López, El Tuscal
de Velarde, Potrero de Castilla, Batalla de Suipacha, Los Yacones, Pachi
Gorriti, San Francisco de Asís, Argentino Aybar, La Calderilla, 16 de Abril y Estrella
Tercera Defensa de Salta.
Asistirán el gobernador, Gustavo Sáenz y el vicegobernador, Antonio
Marocco; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; la asesora
General de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor General de la Provincia, Pedro
García Castiella; la intendenta de la Ciudad, Bettina Romero; autoridades provinciales y municipales, legisladores
y público en general
El acto será en la plazoleta de avenida Democracia y calle
M, de barrio El Huaico, a partir de las 17.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.
Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.
Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.
En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.
El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.
Más tarde, fue llevado al Centro de
Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San
Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias.
Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.
Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.
El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a cuatro personas acusadas del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.
Se trata de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, de 36 años y José Matías Ángel, de 33, señalados como autores materiales; Braian Nicolás Liendro, de 18 años, imputado como autor intelectual y Jennifer Abigail García, también de 18, acusada de encubridora.
Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia de la víctima, una comerciante de joyas, quien indicó que el 19 de mayo la citaron en una dirección de barrio Bancario para vender oro y que mientras esperaba, tres hombres armados llegaron en una moto, la agredieron violentamente y le sustrajeron un bolso con objetos personales y la suma de $ 60.000. También le arrancaron una cadena de oro del cuello y escaparon.
Diversas tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de una banda delictiva integrada por cinco personas, tres de los cuales cumplieron una condena por delitos contra la propiedad y que recuperaron la libertad.
Tras reunir los elementos de prueba, se realizaron ocho allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Democracia, Santa Ana, Castañares, Ampliación Parque la Vega, Juan Calchaqui y Manantial Sur, de la Ciudad de Salta, que permitieron la detención de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, José Matías Ángel, Braian Nicolás Liendro y Jennifer Abigail García.
En los procedimientos se logró el secuestro del teléfono celular con el que contactaron a la víctima, vestimenta utilizada al momento del atraco y la cadena de oro sustraída que fue reconocida por la víctima en fiscalía y le fue devuelta.
En tanto, continúa la investigación para dar con otra persona que estaría vinculada.
Se trata de una serie de medidas preventivas que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó en el marco de un amparo. Las demandadas: la Provincia, Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la firma Néstor Marozzi S.A. debían ejecutar acciones para evitar el avance de las aguas sobre las viviendas ubicadas en las márgenes del río.Read more
El fiscal de Cámara, Civil, Comercial y Laboral, Ramiro Michel Cullen, solicitó que los organismos públicos imputados y la empresa Néstor A. Marozzi S.A. sean condenados a cumplir con “las obras y acciones” tendientes a resolver los problemas de “inundación, limpieza y contaminación, y reubicación de las familias asentadas en zonas de riesgo”.Read more
