Se trata de un grupo de jóvenes con antecedentes delictivos y que usando elementos contundentes, dañaron una cámara de Seguridad Pública que había sido instalada horas antes y luego apedrearon al personal policial que tomó intervención. Se realizaron numerosos allanamientos y se detuvo a 13 personas, entre mayores y menores.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, investiga un hecho ocurrido el pasado 13 de abril en la intersección de avenida Requena y Cuba de la localidad de San Lorenzo, donde personas desconocidas, vandalizaron una cámara de Seguridad Pública (monitoreo del Sistema de Emergencias 911) que había sido instalada ese mismo día. Luego, arrojaron elementos contundentes a los efectivos policiales que tomaron intervención y huyeron.
De
las tareas desplegadas por el Grupo de Investigaciones Sector 1 A, que
consistieron en relevamiento de testigos y análisis de la cámara de seguridad,
previo a su destrucción total, se pudo individualizar a los sospechosos y se
pudo comprobar que poseen antecedentes delictivos.
Se
pudo determinar que estas personas conforman una organización delictiva, donde
participan personas mayores y menores y posee una distribución de roles en la
comisión de los delitos de abigeato y venta de estupefacientes en la
jurisdicción del barrio Islas Malvinas. Concluyendo que el daño a la Cámara Domo
ubicada en avenida Padre Requena, entre calle Mariano Moreno y Cuba, no fue un
hecho aislado o circunstancial, sino que obedece a una planificación previa por
parte del grupo con el fin de contrarrestar todo tipo de medidas preventivas
que el Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Salta implementa en
ese barrio, y así lograr
total impunidad para desplegar sus actividades ilícitas.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento para los domicilios de los investigados.
Participaron más de 200 efectivos policiales y se procedió a la detención de 13 personas, entre mayores y menores, y al secuestro de elementos de interés para la causa. Los sospechosos serán imputados en las próximas horas.
El fiscal penal Ramos Ossorio explicó que en el marco de la investigación que lleva adelante, se finalizó con las pericias de rigor y que espera los resultados para conocer el origen del siniestro. Cumplidas estas tareas, el edificio ya no se encuentra inhabilitado por parte de la Fiscalía.
Sofocado el foco ígneo, por directivas del fiscal Ramos Ossorio, se realizaron diversas pericias que permitirán conocer el origen del siniestro y esclarecer el hecho, por lo que el edificio se encontraba inhabilitado.
Una vez terminados todos los relevamientos y levantamientos
dispuestos, Ramos Ossorio informó que el edificio ya no se encuentra a
disposición de la Fiscalía ni con custodia.
Conoce que resta que se practique una pericia de carácter privado,
a cargo de una compañía aseguradora.
Desde la Fiscalía se esperan los resultados de las distintas medidas
dispuestas para lograr esclarecer lo sucedido en el centro de compras.
El hombre de 41 años fue condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente y por la guarda en perjuicio de una hija (menor al momento de los hechos) de quien fuera su pareja.
La jueza Gabriela González, vocal 1 de la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, dio a conocer este jueves el veredicto en el juicio seguido contra un hombre de 41 años, donde le impone la pena de 8 años de prisión efectiva, bajo la modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.
En el mismo fallo dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Representó al Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien durante los alegatos, sostuvo la acusación y solicitó una pena de 9 años de prisión efectiva.
Este mediodía se conocerá el veredicto en el juicio que se sigue contra un cantante de música tropical acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor. Al reanudarse la audiencia este jueves, dijo sus últimas palabras y el Tribunal pasó a deliberar.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un hombre de 41 años, acusado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente y por la guarda en perjuicio de una hija (menor al momento de los hechos) de quien fuera su pareja.
La jueza Gabriela González preside la audiencia y tras escuchar las últimas palabras del acusado, donde negó su participación en los hechos endilgados, pasó a deliberar. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
Cabe recordar que el fiscal penal Ramos Ossorio solicitó en sus alegatos que se lo condene a una pena de 9 años de prisión efectiva.
Los hechos ocurrieron reiteradamente entre el lunes y martes en zona de calle Deán Funes, y también en Zuviría. Solicitarán evaluación médica.
El fiscal penal 2 Ramiro Ramos Ossorio solicitó la detención de un hombre mayor de edad, que en el día de ayer produjo daños materiales a tres vehículos en el centro de la ciudad. El hecho fue denunciado por un testigo que circulaba por la zona y que reportó lo sucedido a las autoridades policiales.
La conducta del hombre, se reiteró en el día de hoy, con el siniestro de parabrisas de otros dos automóviles, por lo que tras ser identificado, se procedió a su detención por daños reiterados.
Ramos Ossorio solicitó también una evaluación médico – psiquiátrica para mañana miércoles, a fin de conocer si el hombre se encuentra en condiciones de declarar.
Así lo aseguró el procurador General, Pedro García Castiella, durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana. Señaló que la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada implicaría que el sistema era nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita. La fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas.
El procurador General, Pedro García Castiella, brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.
Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigación, García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que existan más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó, para luego puntualizar que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.
“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella en clara alusión al lavado de activos de origen ilícito que será materia de análisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.
Ademas afirmó que «se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas».
Además, el Procurador General señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.
“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.
Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.
Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.
Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
Por último, la fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas de esta financiera.
En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.
El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.
El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.
En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.
Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.
Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.
Dos hombres mayores de edad fueron detenidos durante allanamientos realizados durante este lunes en el marco de la causa que investiga la sustracción del teléfono celular del vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco. Serán imputados en las próximas horas por el delito de hurto simple. Interviene el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio.
La intervención del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio se produjo tras la denuncia radicada por el Vicegobernador de la Provincia, en la que indicó que cerca de las 22.30 del pasado martes 15 de febrero, cuando compartía una cena con amigos en un local gastronómico ubicado sobre avenida Reyes Católicos al 1500, en el barrio de Tres Cerritos de la ciudad de Salta, un hombre arrebató el celular y luego corrió hacia una moto en la que un cómplice lo esperaba para escapar.
En el marco de la investigación, fueron allanados dos domicilios ubicados en Villa María Ester, en la zona este de la ciudad, donde se logró la detención de ambos acusados, el secuestro de una moto, prendas de vestir y diversos teléfonos celulares.
Los detenidos serán imputados en las próximas horas por el delito de hurto simple.
El Juzgado de Garantías 5 en feria hizo lugar al requerimiento de detención formulado por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, luego de que la menor de 4 años ingresara al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta con lesiones graves.
Del requerimiento de detención formulado por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, surgió que la menor debió ser internada en terapia intensiva del mencionado hospital con lesiones graves, entre ellas, fractura de duodeno.
La menor ya había ingresado al hospital de Tartagal en diciembre pasado por una fractura de clavícula y desplazamiento de codo. Con posterioridad a ese hecho tuvo un segundo ingreso en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta.
La denuncia fue radicada por una médica que la atendió en la última internación, luego de que la menor pudiera contarle sobre lo sucedido cuando se encontraba apartada de su madre.
La niña fue entrevistada por una psicóloga y un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes constataron el cuadro de salud de la menor que estuvo en riesgo de vida, por lo que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, entendió que se configura la posibilidad de un maltrato infantil severo.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público a través de los medios de comunicación, luego de que dos mujeres se atrincheraran el pasado martes en las oficinas de la Cámara de Diputados, ubicadas en calle Rivadavia 747 de la ciudad de Salta.
Se trata de la exjefa del Área
Jurídica de la Cámara de Diputados y de una colaboradora, quienes habrían
impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a dos mujeres por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, ya que habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector, a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
Durante la audiencia de
imputación celebrada este miércoles, ambas mujeres, asistidas por sus
respectivas defensas, optaron por declarar y dieron su versión de los hechos.
La intervención del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se produjo luego de que las autoridades del organismo legislativo convocaran a personal policial. El fiscal precisó que en la mañana del martes, la primera de las acusadas fue citada por la Presidencia de la Cámara de Diputados y se negó a asistir.
Durante el atrincheramiento, inicialmente la mujer dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2, quien asistió al lugar a tomarle denuncia por supuestas irregularidades, porque así lo había pedido la ahora imputada, quien luego dijo que “no denunciaría nada porque no confiaba en la justicia”, por lo que no fue radicada una denuncia formal antes, durante, ni después del hecho investigado.
También dialogó con la mujer un mediador y se aproximó el Secretario Legislativo de la Cámara para realizar un inventario, a quien no le permitió el ingreso.
Momentos después, fueron advertidos intentos de pasar colchones y otros elementos por el balcón de la oficina, algunos de ellos susceptibles de producir fuego, por lo que al no producirse avances en el diálogo, fue solicitada la detención de ambas mujeres, medida que fue posteriormente ordenada por el Juzgado de Garantías 2.
Previamente, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal
precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino
removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta
permanente y seguirá afectada al servicio.
