El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo recibió a Mariel Gallardo este lunes, con el fin de actualizar información vinculada con la causa iniciada a partir de la muerte de Cristian Gallardo, ocurrida en agosto pasado.
Durante el encuentro, Mariel Gallardo volvió a plantear la disconformidad de la familia por el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a los policías Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, imputados por homicidio culposo por la muerte de su hermano.
Cornejo explicó que esa decisión fue apelada y que la definición al respecto, es de la jueza de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Virginia Solórzano. A la prisión domiciliaria la otorgó el 20 de septiembre pasado, la jueza de Garantías 7. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ese mismo día.
Posteriormente, Mariel Gallardo fue recibida por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados, Gustavo Torres Rubelt, quien le dio precisiones sobre las pericias solicitadas y que sumará en el curso de la investigación.
La segunda autopsia del cuerpo de Gallardo (realizada después de la exhumación, el sábado 31 de agosto), determinó que la causa de muerte fue una “isquemia aguda de miocardio” y que padeció un “shock”.
El lunes 2 de septiembre, el Procurador dispuso la reestructuración del CIF. Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado.
El Ciclo de Seminarios sobre Medicina Legal empezó este jueves con la conferencia sobre “Psiquismo y Delito: desde la estructura y caracteres de la personalidad a la ausencia de capacidad de culpabilidad penal”, en la que el exrepresentante argentino ante la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Forense, Roberto Luis María Godoy, puntualizó ante un auditorio completo sobre las fortalezas y debilidades de las pericias psicológicas.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, abrió el Seminario de Actualización en Medicina Forense e invitó a los presentes a aprovechar el conocimiento de “uno de los grandes maestros de la Medicina Legal argentina”, al referirse al reconocido experto Roberto Luis María Godoy. Cornejo destacó que el disertante fue el primer decano del Cuerpo Médico Forenses de la Corte de Justicia elegido por sus pares, a la vez que ponderó la figura de quien fuera jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, al reivindicarla como “ejemplo de magistrada argentina y jueza ejemplar en todos los órdenes de su vida”. Es que Argibay impulsó reformas que comprendieron la tarea de los peritos y los alentó a “trabajar y fomentar el desarrollo con el convencimiento de quiénes son los destinarios, hacia quiénes se está trabajando y no por acopio de antecedentes o narcisismo intelectual”, dijo Godoy.
También señaló que para obtener resultados veraces, se necesitan “idoneidad, capacitación, esfuerzo, energía, voluntad, sacrificio y mucho trabajo”.
En ese marco, Godoy citó al psiquiatra y referente de la Medicina Legal, Nerio Rojas, quien sostenía que “el mejor experto puede ser el peor perito”, porque el médico legista debe además ser siempre verídico dada la importancia de su palabra en el juicio. “La sinceridad, la veracidad, deben ser un culto en él, no sólo para escapar de las sanciones penales por falso testimonio, sino para cumplir con el imperativo moral que condiciona su función ante la justicia”, decía Nerio.
Durante su primera conferencia, Godoy invitó a dejar de lado los sesgos doctrinarios, porque las consecuencias de trabajar de esa forma son “la exclusión de otros conocimientos, la limitación de métodos y la propuesta de soluciones condicionadas por el paradigma personal”. Entonces, instó a poner siempre en duda los paradigmas y no mantener conocimientos estancos, porque la rigidez no permite abordar nuevas vías de investigación ni llegar a niveles de certeza absolutos.
En el mismo sentido, Godoy aseguró que el paradigma médico no es una prueba exacta, que el razonamiento es opinable y que debe someterse a procedimientos de crisis en forma permanente, para generar nuevas hipótesis y vías de investigación. En ese sentido, también reconoció que en el ámbito de la medicina, a la salud mental en su conjunto (la psiquiatría, psicología y sus especialidades) se la excluye o minimiza, “porque la psique, a diferencia de otras pruebas, es inmaterial”. Sin embargo, destacó la necesidad de formación científica permanente y de valorar que los estados o hechos psíquicos “deben ser probados porque producen hechos jurídicos”. Y pidió no caer en falacias argumentales.
Sobre la tarea de los especialistas, Godoy recalcó la necesidad de interdisciplinariedad de los actos periciales y su abordaje, a pesar de que en los laboratorios argentinos actualmente se observa que solo se trabaja en multidisciplinariedad.
Finalmente, advirtió sobre la disparidad de recursos materiales y humanos en el país, porque aunque “sobre capacitación y formación, sin elementos de trabajo suficientes y adecuados no se puede investigar y llegar a niveles de certeza”.
Este viernes, Godoy dictará la conferencia “Droga y Delito. El efecto tóxico y la etio(pato)génesis conductual. Interpretación de estadísticas”, en el Salón Ábaco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de 15 a 18.
La presidenta de la fundación PAPIS (Proyecto de Asistencia Para una Infancia Segura), Lucrecia Miller, se reunió junto a su equipo con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, con quien habló sobre la paralización del proyecto de creación de la figura del Defensor del Niño. La fundación trabaja, además, en un proyecto de ley que otorgue rango especial a la víctima infantil de abuso sexual.
“Hablamos sobre la necesidad de plantear políticas públicas y de Estado en protección de la infancia, porque es un rango de la población vulnerable, invisibilizado y desconocido”, explicó Miller e inmediatamente citó la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que estipula la designación del Defensor del Niño a nivel federal y “fundamentalmente en todas las provincias que aún no lo tienen, entre ellas Salta”. Aquí “a pesar de las gestiones realizadas, la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados, acompañado por 20 mil firmas de toda la provincia y el clamor de la comunidad para que exista el Defensor del Niño, no hemos logrado el objetivo”, precisó la especialista.
También criticó que la media sanción otorgada por la cámara baja provincial, “no sea positiva para el espíritu del defensor, porque se pierde la autonomía de la figura, que es de contralor y que debe ser absolutamente independiente de todo poder del Estado”. Es que la media sanción otorgada “sacrificó” ese punto, porque la designación sería a través de la Secretaría de la Niñez y en consecuencia, el gobierno provincial sería su propio control. “Eso no es positivo”, insistió la presidenta de la fundación.
Por otra parte, Miller cuestionó que sea requisito que un abogado desempeñe ese rol, porque dadas las características de la función no es necesario que así sea. También pidió que para la designación, se adopte el modelo de Buenos Aires: a través de una comisión bicameral y por concurso público, con participación activa de la comunidad y con la posibilidad de impugnar a los candidatos, porque ello daría transparencia al proceso.
“Hemos encontrado en el Procurador un fanático defensor del Defensor del Niño y viendo que comprendió la envergadura de esta función, podremos trabajar juntos para lograrlo”, aseguró Miller.
En otro sentido, la fundación elabora un proyecto de ley para otorgar el rango que corresponde a la víctima infantil de abuso sexual, para lo cual se crearían áreas especializadas destinadas a la atención de niñas, niños y adolescentes. Según la especialista, aún no se tomó el peso de la victimización de un niño por abuso sexual.
“La reunión con el Procurador fue excelente, hemos encontrado en él una coincidencia con todos los objetivos que lleva adelante la Fundación PAPIS, lo que nos hace irnos contentos, agradecidos y con un trabajo conjunto a futuro, porque hemos encontrado un lugar donde somos escuchados y se comprende la importancia de nuestra lucha que es por todos nuestros niños” dijo Miller. Agregó que “si una sociedad no comprende que debe asistir a los niños y ayudarlos para que su desarrollo sea sin vulneraciones, injurias o distracciones, no tendrá futuro”.
Ambos temas serán fundamentales en el próximo encuentro interprovincial que bajo el nombre de “Revictimización de la Infancia, Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual Infantil”, reunirá a distintas organizaciones del NOA, el 6 de diciembre próximo, con la organización de la fundación PAPIS.
Con la psicóloga Lucrecia Miller, asistieron la secretaria de la ONG, Mercedes Párraga y el asesor legal, Marcelo Nieto.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al diputado Arturo Borelli y su asesor técnico, Luis Segovia, para conocer detalles del proyecto de Ley que propone modificar distintos artículos del Código Procesal Penal y agregar uno, con el objetivo de ampliar derechos de las víctimas de homicidios, femicidios o causas ambientales en los procesos investigativos. Cornejo remitió su adhesión al proyecto a la Cámara de Diputados de Salta.
Después de recibir al diputado del bloque Planifiquemos Salta, Arturo Borelli y su asesor, Luis Segovia, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados de Salta, un documento en el que expresó su “categórico apoyo” al proyecto que propone modificar los artículos 1° inciso e), 5°, 98, 99, 106, 107, 108, 241, 242, 243, 244 (Libro Primero), 489, 492, 493, 494 y 502 (Libro Tercero) y agregar el artículo 244 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, “en virtud de que dicha reforma redundará en un claro mejoramiento del acceso a la justicia y una ampliación de los derechos de las víctimas de delitos”.
El diputado Arturo Borelli consideró que el encuentro con el Procurador fue “muy positivo” porque se discutió un proyecto de ley presentando junto a Luis Segovia, para “otorgar más derechos y participación a las víctimas en proceso penal, algo que a todas luces, hasta hoy está vedado”.
El legislador explicó que el avance permitirá que las víctimas de delitos tengan la posibilidad de presentar pedidos de investigación, realizar trámites y constituirse como querellantes en las causas. Y agregó que el Procurador consideró que se debe avanzar en ese sentido, como lo hizo el resto del país. “Es un paso adelante y aunque en la Cámara de Diputados nadie rechazó el proyecto ni lo objetó, se esperaba primero la opinión de la Procuración General de la Provincia y del Colegio de Abogados”, entre otros actores del sistema judicial.
En tanto, el abogado Segovia explicó que actualmente “la víctima tiene vedado el acceso a la justicia desde el primer momento y sólo puede participar de la investigación cuando el fiscal imputa”. En cambio, al modificarse el Código y de acuerdo a lo establecido por la iniciativa legislativa, “permitiríamos a las víctimas constituirse como querellantes desde el primer momento y que cuenten con amplias facultades” para intervenir en las causas.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, explicó este miércoles ante legisladores de la Cámara de Diputados de Salta, las razones por las cuales decidió emprender cambios de organización en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. También se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, de creación de tres fiscalías: una para Cachi, otra para Rosario de la Frontera y la tercera, especializada en Ciberdelitos.
Cornejo celebró el contacto cercano con legisladores porque de esa forma todas las dudas pueden aclararse con amplitud y detalle; junto a representantes de distintas bancadas y de ambas cámaras. El Procurador estuvo con senadores provinciales antes de que se aprobara en esa Cámara, el 19 de septiembre pasado. “El diálogo siempre es positivo, porque se pueden acordar mejoras importantes en instituciones y especialmente, en contra de la impunidad”, opinó el Procurador. Destacó la posibilidad de intercambiar opiniones y análisis desde el punto de vista constitucional, jurídico y operativo.
En ese marco y luego de precisar sobre el proyecto que propone la modificación de un artículo de la Ley Orgánica del CIF para que la dirección se encuentre a cargo de un fiscal penal y sobre la creación de tres fiscalías (una en Cachi, otra en Rosario de la Frontera, y la tercera, de Ciberdelitos), Cornejo recordó algunas situaciones en particular que empujaron la decisión de cambios internos en el CIF. El 31 de agosto pasado, por orden del Procurador, fue exhumado el cuerpo de Cristian Gallardo y se realizó una segunda autopsia con junta médica, después de que el funcionario considerara que fue “escandaloso y absolutamente inaceptable” que el informe de autopsia no determinara la causa de muerte.
Un día después, el 1 de septiembre, apareció muerta la docente Sandra Palomo. La autopsia llevó al menos cuatro horas y media. Ante los diputados, el Procurador recordó que “en cualquier caso, quien estaba a cargo del CIF en ese momento, no estuvo ni durante la realización de las autopsias ni en los desplazamientos y operativos que ordenaron y realizaron los fiscales”. Entonces, decidió desplazar a la exdirectora, quien fuera designada por concurso interno de la Procuración y sin llamado a concurso público.
El lunes 2, Cornejo reestructuró el CIF y pidió al Poder Ejecutivo cambiar la ley para que lo dirija un fiscal penal. Asumió la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en forma provisoria, aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo. El martes 3, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de tres fiscalías y la modificación orgánica del CIF. La iniciativa obtuvo media sanción en el senado el 19 de septiembre pasado.
Cambios en el CIF
Entre otros cambios producidos para mejorar el funcionamiento del Cuerpo, Cornejo, quien asumió en el cargo hace cinco meses, dispuso que se aplique el Protocolo de Minnesota, que indica que no puede iniciarse una autopsia después de las dos horas de hallado el cuerpo. Además, las autopsias empiezan en el lugar de los hechos o donde se halla a la víctima. “Eso sucedió con el caso Palomo, lo que permitió encontrar más rastros e información y desactivar versiones periodísticas sobre las circunstancias de muerte de la docente”, recordó el Procurador.
Informó que hoy el CIF cuenta con cuatro médicos legales y una especialista anatomopatóloga, faltan genetistas y que la dotación mínima de médicos debería ser de doce personas. Para cubrir esos cargos, se está llamando a concurso nacional. En tanto, en el interior, hay un solo médico para el Distrito Judicial Sur y en el del Norte, también uno, quien además es ginecólogo. Desde la primera semana de septiembre se realizan reuniones semanales entre el Procurador, los directores de departamentos y todo el equipo del CIF. Otro paso importante fue el de conformar unidades fiscales de investigación para lograr mayor eficiencia en la resolución de los casos y despersonalizar las investigaciones. Además, se modificó el esquema de turnos de forenses y afectación de especialistas al interior. “El CIF debe proveer la mayor cantidad de datos científicos posibles para investigar un delito de la mejor y más rápida forma posible”, finalizó el Procurador, quien destacó la posibilidad de que un fiscal penal, que conoce las pruebas y elementos científicos que requieren las investigaciones, dirija el CIF y se aboque especialmente a esa tarea.
En la reunión encabezada por el procurador general, Abel Cornejo, participaron la defensora general, María Inés Diez; la asesora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el presidente de la Cámara Baja Provincial, Manuel Santiago Godoy; los diputados por Capital, Arturo Borelli, Héctor Chibán, Claudio del Plá, Javier Diez Villa, Guillermo Martinelli, Mario Moreno, Silvia Varg y Humberto Vázquez, junto los diputados Mario Ábalos (Cerrillos), Antonio Otero (Metán), Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera), Marcelo Oller Zamar (Cachi), Sergio Cisneros (Cafayate) y los diputados por Orán Sebastián Domínguez y Baltasar Lara Gros.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Villalba, autoridades de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También participó el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella. Acordaron la integración de una comisión especial que investigará la desaparición de María Cash.
Tal como fue anunciado en septiembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, la comisión será conformada por el Departamento de Investigaciones del CIF, junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cristalizó en la reunión de este martes la decisión de aportar desde la cartera nacional los nombres de los oficiales de las fuerzas nacionales, que oportunamente fueron sugeridos por la familia Cash.
Uno de ellos es el actual director Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa. En ese marco, Bullrich se comprometió personalmente este con las autoridades y la familia Cash, a autorizar la afectación del oficial a la investigación.El aporte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia será a través del jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila y su equipo. Dávila es abogado especializado en investigación criminal y su nombre también fue sugerido por la familia Cash para integrar la comisión que buscará dar con el paradero de María Cash.
Para avanzar en la constitución de la comisión investigadora, solo se requería la autorización de la cartera de Seguridad para afectar a los investigadores de Gendarmería y PSA. Por lo demás, los presentes coincidieron en que la investigación articulada con la Procuración General de la Provincia, no afectaría ni violaría jurisdicciones porque está vigente un convenio de asistencia recíproca con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que permitió que el Gobierno Nacional aportara fondos para la adquisición del equipamiento para el CIF.
La investigación es de competencia federal porque se sospecha que María Cash fue víctima de una red de trata de personas. En el caso, el juez federal Miguel Medina delegó parcialmente la investigación en el fiscal Eduardo Villalba, de acuerdo a lo establecido por el Art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
La diseñadora María Cash desapareció a los 29 años. Fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio de 2011, en el acceso a la capital provincial, donde funcionaba la estación de peaje de la empresa Aunor.
Lo harán este miércoles 9, desde las 14, en el marco del ciclo de conferencias sobre “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo”; organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina. La actividad cuenta con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal. Fue declarada de interés por el Procurador General.
Especialistas reconocidos a nivel internacional dictarán conferencias hoy, a partir de las 14, en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría”, de Ciudad Judicial. Serán disertantes el presidente de Innocence Project, Manuel Garrido; el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider y el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo. Luego se sumarán las charlas que ofrecerán la abogada Natalia Lippmann Mazzaglia, de Innocence Project Argentina; el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein; y la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato.
El ciclo de conferencias fue declarado de interés por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien consideró que “resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los objetivos fijados por la nueva gestión institucional”.
Los especialistas de renombre internacional • Fonderbrider fundó en 1984 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El objetivo fue documentar científicamente las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Argentina durante la última dictadura militar. Fue consultor forense en organismos estatales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil en más de 35 países de América, África, Europa Medio Oriente y Asia. • Vullo integra el Grupo de habla Hispana y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense GHEP-ISFG y miembro de la International Society for Forensic Genetics (ISFG) desde 1998. Es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF) y especialista en Genética Forense, otorgado por la SAGF. Fundó el Laboratorio de Inmunogenética del Hospital Nacional de Clínicas, de Córdoba. Dirige el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) desde 1985 y el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Participó en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en más de 20 países • Herbstein es Director Interino de la Morgue Judicial de la Nación, además de ser docente y coautor de los libros “Investigación Medico legal de la Muerte” y “Forensic Analysis of Gunshot Residue, 3D-Printed Firearms, and Gunshot Injuries: Current Research and Future Perspectives”. • Forcato realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Tübingen, Alemania, donde se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Es Investigadora Adjunta de CONICET. • Garrido fue diputado nacional; Jefe de Investigaciones y Litigio en la Commission Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas (CICIG – ONU) y perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas; Director de Investigaciones y Jefe de la Oficina Anticorrupción y Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. • Lippmann Mazzaglia es magistrada en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Coordina las oficinas regionales de Cuyo y el NOA de Innocence Project Argentina.
Fue una de las novedades surgidas de la reunión extraordinaria del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que definió parámetros para el dictado de la capacitación obligatoria que establece la Ley Micaela. La falta de formación en perspectiva de género de los agentes del Ministerio Público Fiscal, condicionará el avance en la carrera administrativa de quienes no la cumplan.
La decisión fue analizada con los integrantes del Comité, -que preside el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo-, quienes destacaron la necesidad de que todos y cada uno de los agentes del Ministerio Público Fiscal, incorporen la perspectiva de género como una herramienta que permitirá disminuir efectivamente los índices de violencia de género en la Provincia. Es decir, que la capacitación genere sensibilización y concientización sobre la problemática. El objetivo es que una mujer que debe transitar todo el sistema, -desde que denuncia hechos de violencia y hasta que se llega a la sentencia-, no abandone su pedido de justicia debido a la revictimización que puede sufrir cuando intenta acceder a la administración de justicia. “Aspiramos a que una mujer que viene a las fiscalías a denunciar, sea recibida por personal que trabaja con perspectiva de género y que conoce todos los derechos que asisten a las víctimas”, analizaron los presentes.
El análisis también incluyó sentencias anacrónicas y sin perspectiva de género, ya que según conocieron los integrantes del Comité, este año se produjeron fallos en la Provincia en los que todavía se consideró el denominado “débito conyugal” como una forma de justificar las absoluciones de parejas o exparejas acusadas de violación por parte de las víctimas. El débito conyugal es un concepto de origen bíblico, cuya falta es establecida como pecado por el Derecho Canónico cuando no existan causas graves que impidan su prestación. Se concibe como una obligación recíproca de prestarse a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como extensión del deber de cohabitación, y para servir al fin primordial del matrimonio que es la procreación. En el ámbito jurídico no hay legislación específica sobre el tema.
Por otra parte, cada integrante del Comité recibió copia de la sentencia contra el femicida de Jessica González. El pedido al Tribunal interviniente fue hecho por la fiscal del caso, María Luján Sodero Calvet, quien sugirió que las sentencias sean remitidas al Comité para su debate y definición sobre posibles mejoras en la investigación y abordaje de los casos de muertes violentas de mujeres.
Este jueves se sumaron al Comité la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso y la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Gabriela Rodríguez, entidad a la que la abogada representa dentro del Comité. Rodríguez también es asesora legal de la Fundación Cintia Fernández.
También participaron en la reunión extraordinaria la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione y la antropóloga Julieta Rivera, responsable del Área de Equidad de las Mujeres en la Subsecretaría de Políticas de Género. Ambas presentaron propuestas para hacer efectiva la capacitación de Ley Micaela en esta primera etapa, hasta que en breve, se incluya en el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal.
Otros temas discutidos fueron la violencia estatal ejercida en un festival desarrollado en el centro Cultural Pata Pila y la necesidad de eliminar los certámenes de belleza que según las estudiantes, “establecen estereotipos de belleza irreales” entre las adolescentes y se convierten en una práctica discriminatoria, sexista y de violencia simbólica e institucional contra las mujeres. Se sumaron discusiones sobre la escasa participación de mujeres en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales y nacionales, y la necesidad de que el Consejo de la Magistratura incluya casos teóricos y prácticos con perspectiva de género en todos sus exámenes.
Asistieron la coordinadora del Comité, Ana Cecilia Carraro, la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos, las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq y la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna.
El procurador general Abel Cornejo mantuvo una reunión con Mario Rolando Rosillo, destacado especialista en Odorología Forense a nivel internacional y tras intercambiar experiencias, se acordó que durante el próximo año, capacitará a los profesionales que se perfeccionan en el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión el pasado viernes con el médico veterinario Mario Rosillo, especialista en Odorología Forense y adiestramiento canino. Durante el encuentro, intercambiaron experiencias y acordaron que brindará capacitación a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público, como lo hiciera oportunamente con personal del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigadores Fiscales.
La Odorología Forense es una técnica científico pericial forense aplicada a la identificación y comparación de indicios moleculares de huellas odoríferas humanas que son de interés criminal, lo que permite contar con información muy precisa acerca de la identidad del individuo del cual procede el indicio.
Una vez colectada la huella odorífera y conservada en condiciones adecuadas, puede ser comparada con los diferentes sospechosos que surjan de la investigación, pues, el olor humano tiene características únicas en cada individuo y es dejado en cada objeto, locación o camino donde un sujeto ha estado en contacto.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el cónsul general de Francia, Julien Bouchard y el agregado de Seguridad, Joël Molera, quienes se interiorizaron sobre los avances en la causa que investiga la desaparición y muerte del turista francés Mathieu Martin. También participaron los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, y el jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila.
Los fiscales informaron sobre el pedido de agotamiento de dos muestras genéticas, tomadas de una pulsera y un trozo de tela con manchas de sangre, que pertenecerían al turista francés. Se acordó que posteriormente y mediante una videoconferencia, se dará intervención a una Fiscalía de Francia y mediante una genetista, se realizará en control de las pericias genéticas.
Tras el encuentro con el Procurador, el cónsul general Julien Bouchard, destacó el trabajo realizado por parte “de todo el equipo del Procurador”, que brindó numerosos detalles sobre la causa y la utilización de las pruebas encontradas. “Vamos a relacionarnos con nuestras autoridades en Francia para avanzar y habrá un contacto entre los peritos de Salta y de Francia para ver qué se requiere. Nuestra expectativa es que se pueda encontrar una solución satisfactoria para la familia Martin”, sostuvo Bouchard.
El segundo testigo es un baqueano de la zona que colaboró en las tareas de búsqueda del turista, quien relató en su declaración que se entrevistó con Froilán Cuevas en diciembre de 2018 cuando acompañó a la Policía al paraje Huacaloma y éste le confesó que su hermano Juan apuñaló a Martin en la zona de las costillas.
