Un hombre falleció tras recibir el disparo de un arma de fuego en la cabeza en un paraje conocido como El Campamento, ubicado a 20 kilómetros de Coronel Juan Solá. Hay un detenido y se secuestró un arma, que sería la empleada en el hecho.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga un hecho ocurrido este jueves por la tarde en un paraje conocido como El Campamento, ubicado a 20 kilómetros de Coronel Juan Solá, donde un hombre falleció tras recibir el disparo de un arma de fuego en la cabeza.
Al llegar el personal policial al lugar, se pudo verificar que había tendido en el piso un hombre sin vida, que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.
Se pudo entrevistar a las personas presentes en el lugar, se procedió a la demora de un hombre señalado como el autor del hecho y al secuestro de un arma de fuego, que sería la empleada para realizar el disparo.
La audiencia de imputación se concretará en las próximas horas en la sede fiscal.
Las fiscales penales Claudia Carreras y Mónica Viazzi presentaron recurso de casación parcial ante el Tribunal de Impugnación respecto a la sentencia, cuyo veredicto se dio a conocer el pasado 4 de julio, para los acusados Norberto Roque Mendoza, Enzo Javier Quiroga y Matías Francisco Sarmiento. Solicitaron que se les imponga a los tres la pena de 20 años de prisión efectiva en calidad de coautores, como pidieron en los alegatos.
El veredicto del Tribunal de la Sala II de Juicio de Orán, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, impuso a los imputados Norberto Roque Mendoza y Enzo Javier Quiroga la pena de 19 años de prisión efectiva y el pago de una multa como coautores del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo y a Matías Francisco Sarmiento le impuso la pena de 15 años de prisión efectiva y el pago de una multa como partícipe necesario del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.
Conocidos los fundamentos de la sentencia, las fiscales penales Claudia Carreras y Mónica Viazzi, como representantes del Ministerio Público, interpusieron Recurso de Casación Parcial ante el Tribunal de Impugnación respecto a la condena impuesta a los acusados Mendoza, Quiroga y Sarmiento.
En sus fundamentos, las fiscales consideran en el caso de Sarmiento, que ha quedado acreditada su calidad de coautor del delito tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo, a través de diferentes pruebas presentadas en el debate, entre ellas, el análisis exhaustivo que se ha realizado de los audios que surgen de las distintas escuchas telefónicas ordenadas judicialmente, donde Sarmiento se comunica con Quiroga y se evidencia que conoce lo que iba a ocurrir con el arma que entregó.
Plantean que no se muestra acertado lo considerado por el Tribunal, que en la condena considera a Sarmiento partícipe necesario, porque hay división de la tarea delictiva. El aporte de armas y municiones que hizo el acusado, es de naturaleza tal que, conforme al plan concreto, sin ese aporte, el hecho no se podría haber realizado como se hizo. Él tuvo en sus manos la posibilidad de interrumpir el curso del suceso, teniendo presente que Sarmiento no se encontraba detenido como lo estaban sus consortes de causa, Rojas y Quiroga, y que su intervención fue el nexo en la “calle”. No sólo para conseguir las armas que Quiroga le requería insistentemente por encargo del “Patrón Rojas”, sino también dinero y remedios, llegando incluso a pedir hasta un teléfono celular.
En consecuencia, solicitan que se condene al imputado Matías Francisco Sarmiento a la pena de 20 años de prisión efectiva más costas y multa como coautor material y penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas agravado por la utilización de arma de fuego.
Respecto de Mendoza y Quiroga, solicitan que se les imponga la pena de 20 años de prisión efectiva, como habían solicitado durante los alegatos.
Un hombre de 25 años fue detenido e imputado por agredir y amenazar a su esposa. Llegó en estado de ebriedad a la casa y tras una discusión por celos, la golpeó, la amenazó si lo denunciaba y la expulsó de la casa con sus dos hijos menores de edad.
La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, imputó a Samuel David Ruiz como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas y amenazas en perjuicio de su esposa.
En la denuncia, la mujer señala que convive con el acusado hace siete años y se encuentran casados hace tres años. Relata que días atrás, se encontraba en su vivienda de barrio Luis y Fuerza de Las Lajitas, cuando el acusado tocó la puerta y ella preguntó quién era. Esto lo ofuscó y al ingresar, comenzó a insultarla, la golpeó y cuando ella intentaba defenderse, la amenazó para que no lo denuncie.
Luego la expulsó de la casa a la mujer con sus dos hijos menores y cuando ella se dirigía a la casa de su suegra, fue interceptada nuevamente por el acusado, que continuaba amenazándola. En el camino se encontró con una camioneta de la Policía que hacía patrullaje. Les dio aviso de lo sucedido y la trasladaron al hospital local para que sea revisada y el acusado fue detenido.
La víctima relató que es la primera vez que su pareja tiene actitudes violentas con ella aunque en otras oportunidades tuvieron discusiones por celos del acusado.
Jorge Gabriel Flores será llevado a juicio por el homicidio de Alfredo César Luciano Guedilla, ocurrido en noviembre de 2019 en el pabellón E de la Unidad Carcelaria 1. La víctima recibió dos heridas punzantes en la línea media del tórax.
El hecho ocurrió el 18 de noviembre por la tarde en el pabellón E, segunda planta de la Unidad Carcelaria 1, cuando Flores y Guedilla iniciaron una gresca en un sector común y éste último resultó con dos heridas punzantes en la línea media del tórax con un arma hechiza conocida como “arpón”.
Guedilla fue trasladado al sector de Sanidad del penal y dada la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital San Bernardo, donde falleció horas más tarde.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Juan Domingo Lozano, de 27 años, por el delito de homicidio culposo cometido por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en perjuicio de Facundo Exequiel Guanuco, de 29 años.
Según consta en las actuaciones, el camión Mercedes Benz con
acoplado, cuyo conductor era el imputado, se encontraba estacionado sobre el
carril derecho de avenida Arenales, en sentido este-oeste. Sobre la misma
arteria circulaba este miércoles por la tarde la víctima, en una motocicleta
marca Gilera que quedó debajo del acoplado del camión y detrás de la rueda
trasera.
De las diligencias desplegadas, se confirmó que cuando se
produjo el hecho el pavimento se encontraba seco y había luz natural. Apenas ocurrido
el siniestro, la fiscal interviniente solicitó la detención del acusado al
Juzgado de Garantías 7, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de medidas
tales como la extracción de sangre, test de alcoholemia y otras, pero el pedido
fue denegado por la magistrada.
En las actuaciones consta también que al llegar el móvil del
Samec, la víctima ya se encontraba sin vida.
El imputado se abstuvo de declarar y anticipó que lo hará por
escrito.
Un hombre de 30 años, fue condenado este miércoles por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja. Mantenía amenazada a la menor para que no revelara lo que sucedía y cuando fue descubierto, las amenazó de muerte y expulsó de la vivienda.
La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, en la audiencia de debate contra Héctor Gabriel Orellana, imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y amenazas en concurso real.
La investigación inició a partir de la denuncia de la madre de una menor de 13 años, quien relató que vive en Finca El Algarrobal, departamento Anta y que sorprendió a su actual pareja en la cama de su hija y cuando le reclamó, la amenazó con un cuchillo y luego las expulsó de la vivienda.
Se pudo conocer que no era la primera vez que Orellana sometía a la menor y que la mantenía amenazada para que no contara a nadie lo que sucedía.
Fue fundamental en la investigación el informe que realizó el Servicio de Biología Molecular del CIF, que permitió identificar el perfil genético del acusado en distintas muestras tomadas en relación al caso.
José Gustavo Gareca será juzgado por el homicidio calificado de Antonella Mirna Eva Di Marzo en la Sala IV del Tribunal de Juicio. El ataque ocurrió en octubre de 2018 y falleció en enero de 2019 tras una larga internación. La audiencia de debate se desarrollará entre el 3 y el 12 de agosto.
La madrugada del 21 de octubre de 2018, la mujer trans fue encontrada tendida en la vía pública por una patrulla en General Güemes. Se encontraba inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, por lo que fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de 2019, cuando falleció.
De las tareas investigativas desplegadas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y de datos obtenidos de testimonios de otras personas, se logró la identificación de Gareca, quien permanece detenido con prisión preventiva.
La fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, investiga la denuncia radicada por un hombre que fue agredido por personal policial en inmediaciones de avenida Bicentenario y Paseo Güemes. Entre otras diligencias ordenadas, la Fiscal espera respuesta al oficio que remitió a la Policía de la Provincia, a través del cual solicitó el video de las cámaras de seguridad en el que quedaron registrados los hechos denunciados.
Según consta en la denuncia radicada por la víctima, el
denunciante y su hermano circulaban en bicicleta, cuando el primero fue
impactado por un vehículo conducido por una mujer que previamente lo había
insultado y amenazado. Al caer a la calle, el hombre, quien manifestó estar
aturdido y dolorido, reaccionó cerrando la puerta del vehículo de la mujer.
Cuando intentaba levantarse, personal policial (que
se encontraba en la estación de servicio de la zona), lo empujó por la
espalda, lo redujo en el piso, le propinó golpes en la cara y le produjo
distintas lesiones. El denunciante intentó explicar que él había sido
atropellado, pero los efectivos lo esposaron y subieron a un móvil, donde
siguieron las agresiones físicas y verbales. Luego, lo incomunicaron y no
permitieron que llamara a un abogado u otra persona para avisar sobre la
detención.
Ante la consulta de la víctima y su hermano, los
uniformados también se negaron a identificarse.
El denunciante sumó elementos tales como videos tomados por
transeúntes y certificado de atención emitido por el Hospital San Bernardo,
en el que se informa la presencia de excoriaciones en hemotórax izquierdo,
múltiples hematomas (a nivel lumbar, hombro izquierdo y rodilla izquierda) y
herida cortante sobre ceja derecha y detrás de la oreja izquierda.
El octogenario ingresó al hospital con un golpe en la cabeza el pasado viernes y falleció tras dos días de internación. En principio se habría caído desde su propia altura pero al analizar las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se pudo comprobar que fue golpeado por una persona en la vía pública y producto de la agresión, cayó y se lesionó mortalmente.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga un hecho ocurrido el pasado viernes en avenida San Martín al 800 de la ciudad de Salta, donde un anciano resultó lesionado y falleció dos días después por un traumatismo encéfalo craneano.
De la primera intervención policial, se pudo conocer que el octogenario se habría caído desde su propia altura en la vía pública y se golpeó la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital San Bernardo.
Tras su fallecimiento, se profundizó la investigación y con el análisis de cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se pudo verificar que el anciano fue agredido físicamente por un hombre en la vía pública, provocando que éste caiga en la vereda y se golpee la cabeza.
Salinas Odorisio adelantó que se dispusieron todas las medidas pertinentes para identificar al agresor y lograr el esclarecimiento del hecho.
Se requirió juicio para la oficial de la Policía de la Provincia, imputada como autora de los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado en el marco de la causa que investigaba el homicidio de Cintia Fernández.
Núñez fue citada como testigo en la audiencia de debate por el homicidio de Cintia Fernández ya que el día del hecho, se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios y en función de su declaración bajo juramento de ley, quedó demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven, evidenciado por las omisiones del informe de la imputada, la omisión de cumplir con diligencias investigativas básicas, las anotaciones tendientes a vincular a otra persona en el hecho, a desprestigiar a la víctima y a su madre y las que encaminaban a desdibujar la responsabilidad de Condorí.
En el extenso requerimiento, Ramos Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la oficial de la Policía de la Provincia, afectó directamente la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiéndose con su accionar comisivo y omisivo a facilitar la impunidad de Mario Federico Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa.
Otro aspecto en el que hace énfasis el fiscal, es en la decisión de involucrar y equiparar a Raúl Puca a la condición de sospecha inicial que se erigía contra Condori. Fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima, encontrándose dicho secuestro bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez.
