admin

 Institucional

CAF: No hay protocolo de Extinción de Dominio y faltan pulseras electrónicas para violentos

En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, los integrantes analizaron la disposición de bienes secuestrados para ser afectados en la lucha contra el microtráfico y el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género.

En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados que serán afectados para combatir el narcotráfico.

Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos narcocriminales. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.

Para ello, se creará un fondo de garantía, el que estará conformado por un porcentaje de los fondos depositados producto de incautaciones. Hasta junio pasado, el Poder Ejecutivo había estimado unos 5 millones de pesos depositados en una cuenta judicial.

Por otra parte, los consejeros analizaron el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género. La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.

Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.

En la reunión de este viernes, participaron la vicepresidenta del Órgano, la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y de General Güemes, Pablo Rivero; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

También estuvieron las fiscales penales 2 y 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández, la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera y la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. Se sumó por el interior, la fiscal penal de Orán, Mónica Viazzi. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila.

420
 Institucional

Caso Mathieu Martin: el Procurador recibió al Cónsul de Francia y el Agregado de Seguridad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el cónsul general de Francia, Julien Bouchard y el agregado de Seguridad, Joël Molera, quienes se interiorizaron sobre los avances en la causa que investiga la desaparición y muerte del turista francés Mathieu Martin. También participaron los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, y el jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila.

Los fiscales informaron sobre el pedido de agotamiento de dos muestras genéticas, tomadas de una pulsera y un trozo de tela con manchas de sangre, que pertenecerían al turista francés. Se acordó que posteriormente y mediante una videoconferencia, se dará intervención a una Fiscalía de Francia y mediante una genetista, se realizará en control de las pericias genéticas.

Tras el encuentro con el Procurador, el cónsul general Julien Bouchard, destacó el trabajo realizado por parte “de todo el equipo del Procurador”, que brindó numerosos detalles sobre la causa y la utilización de las pruebas encontradas. “Vamos a relacionarnos con nuestras autoridades en Francia para avanzar y habrá un contacto entre los peritos de Salta y de Francia para ver qué se requiere. Nuestra expectativa es que se pueda encontrar una solución satisfactoria para la familia Martin”, sostuvo Bouchard.

El 19 de diciembre 2018, el exfiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Juan Cuevas, de 39 años y a Froilán Cuevas, de 41, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin, de 32 años.

En agosto pasado, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se reunió con Francois Delbreil, amigo del turista francés, quien en representación de sus familiares, fue informado sobre las nuevas medidas dispuestas.

En septiembre, los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, informaron que dos testigos ratificaron sus dichos y comprometieron la situación de los detenidos Cuevas, al señalarlos como los autores de la muerte del turista. Uno de los testigos fue pareja de una hermana de los acusados y señaló que a través de ella, supo que “se habían mandado una macana” y que Juan Cuevas, en estado de ebriedad, atacó a traición a Martin con un arma blanca. Incluso dijo recordar que en agosto de 2018 vio fuego en la casa de los Cuevas, en Huacaloma, y cuando fue a ver, le dijeron que estaban quemando ropa vieja y que solo había cenizas.

El segundo testigo es un baqueano de la zona que colaboró en las tareas de búsqueda del turista, quien relató en su declaración que se entrevistó con Froilán Cuevas en diciembre de 2018 cuando acompañó a la Policía al paraje Huacaloma y éste le confesó que su hermano Juan apuñaló a Martin en la zona de las costillas.

593
 Institucional

El Procurador recibió a familiares de Farfán, Alfonzo, Carreras y Gallardo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a familiares de personas que fallecieron en circunstancias vinculadas con el accionar y operativos policiales. Pidieron cambios de carátula, agilización y suma de pericias e información sobre el estado de las causas. La familia Gallardo insistió en su solicitud de cárcel común para los efectivos policiales sospechados.

El Procurador recibió a familiares de Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo. Asistieron Alicia Salas y Jennifer Gallardo, quienes son la madre y hermana de Cristian Gallardo; el padre de Jorge “Guri” Farfán, Jorge Farfán; la madre, padre y hermano de Martín Carreras, Rosa Lidia Cabrera, Ramón Carreras y Facundo Carreras, y la hija de David Alfonzo Neri Ovejero, Agustina Alfonzo.

Los familiares manifestaron su preocupación ante el Procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí. En cambio, sostuvieron que el accionar policial en todos ellos, tuvo elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas. Y pidieron que todos esos elementos en común, -que coinciden desde que se producen las detenciones de las víctimas, durante los procedimientos y hasta que se imputa a los efectivos policiales-, se tomen en cuenta en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Además pidieron que se reviertan las prisiones domiciliarias de policías, decisión judicial que fue apelada por la fiscal interviniente en el caso Gallardo.

El Procurador lamentó que uno de los motores para decidir profundos cambios en la organización -del Ministerio Público Fiscal, en general, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en particular-, haya sido “la desgracia que padece cada una de las familias de las víctimas”. Relató cómo siguió cada uno de los casos y reclamos durante los cuatro meses que lleva de gestión y la forma en la que la disconformidad con los resultados de las autopsias manifestada por los familiares, entre otros puntos de las investigaciones, lo impulsó a tomar decisiones de fondo.

En otro sentido, Cornejo orientó a las familias sobre las facultades atinentes al MPF y el Poder Judicial de la Provincia, e insistió en que el otorgamiento de prisiones domiciliarias y otras medidas vinculadas con detenciones, no corresponden a este Ministerio.

Los casos

Jorge David Farfán Vera, de 24 años, falleció el 8 de febrero pasado, cuando era ser trasladado por personal policial a la Comisaría 12, en la zona sur de la ciudad. Actualmente interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien ordenó una Junta Médica para analizar el informe de autopsia efectuado por el Servicio de Medicina Legal del CIF y el informe que realizó un perito de parte. El pedido se hizo por las discordancias observadas por la familia de la víctima. La Junta confirmó que el deceso se produjo por infarto agudo de miocardio. No hay imputados.

Martín Rodrigo Carreras, de 23 años, murió el 21 de junio pasado cuando era trasladado a una dependencia policial. La autopsia reveló que falleció por asfixia restrictiva por delirio agitado. Interviene la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.

David Alfonzo Neri Ovejero, de 44 años, murió el 22 de junio pasado, cuando dos familias se disputaban la titularidad de un terreno ubicado en Villa Floresta e intervino la Policía. La víctima se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. La fiscal María Luján Sodero Calvet imputó por el delito de homicidio culposo al oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla y pidió el mantenimiento de la detención de los tres.

Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado. Actualmente interviene la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio, quien apeló el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el Juzgado de Garantías 7 a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna. Están acusados de homicidio culposo. La imputación se agravará este miércoles.

584
 Institucional

CEI: Garavano celebra la incorporación de investigadores civiles

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, celebró el inicio de la capacitación de investigadores civiles, quienes integrarán el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. La formación comenzó la semana pasada para los 65 alumnos seleccionados entre más de 1200 postulantes. Al CEI ingresarán 35 investigadores.

“Es muy importante la formación de investigadores civiles y Salta ha tenido este dinamismo. En su momento el CIF como cuerpo de investigaciones ha sido un muy buen ejemplo de trabajo en términos de investigación criminal”, destacó Garavano, quien celebró la iniciativa que fuera uno de los primeros compromisos asumidos por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo.

“Debemos mejorar cada vez más la investigación criminal, que ha sido uno de los grandes defectos del sistema judicial argentino a lo largo de décadas. Lo que se está haciendo en Salta es muy valioso porque son cosas que se ganan y nos permiten ponernos a la altura del mundo”, finalizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El funcionario participó en Salta de la inauguración del nuevo edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto al procurador general de la Nación, Eduardo Casal; y también asistió a la apertura del IV Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que culminó el sábado en esta provincia.

La capacitación de los futuros investigadores comprende aspectos jurídicos de las investigaciones; la organización del sistema judicial; del Ministerio Público Fiscal y sus órganos auxiliares. Los profesionales participantes adquirirán conocimientos sobre Teorías de la Investigaciones, contextos sociales y otros, además de sumar experiencia a través de prácticas. Aprenderán desde el análisis de casos emblemáticos de homicidios, violencia de género, abusos sexuales, delitos económicos y estafas internacionales resueltas en Salta; además de casos de flagrancia en microtráfico y nuevas manifestaciones del delito contra la propiedad, entre otros.

440
 Institucional

Declaración de los Consejos: preocupación por la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de Jujuy

Los consejos de los Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y de Política Criminal, que reúne a la totalidad de los procuradores y fiscales generales del País, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del XXIV Congreso Anual de la Asociación Internacional de Fiscales, manifiestan:

Que mantienen la preocupación previamente expresada por la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Jujuy, donde se pretende someter a juicio Político al señor Fiscal General Alejandro Ficoseco.

La insistencia en darle curso al proceso de juicio político, pese a haberse puesto de manifiesto su impertinencia y haberse desestimado previamente dos de las tres causales invocadas, sumado a la clara inconsistencia de la tercera, ponen de manifiesto la clara persecución política contra el mencionado magistrado y el uso espurio de la institución mencionada, que pone en crisis la independencia funcional que reclaman los pactos internacionales contra la corrupción y el crimen organizado firmados por la República Argentina y el régimen republicano de gobierno.

Corresponde destacar que cuando la Constitución provincial asegura la continuidad del Fiscal General, lo hace claramente con la finalidad de que trascienda los cambios gunernamentales y las coyunturales mayorías parlamentarias, por lo que el uso de tales mayorías sin sustento legal y constitucional, directamente afecta el sistema constitucional de Jujuy.

Por lo tanto, instan a las autoridades legislativas de la Provincia de Jujuy a cesar que el curso del referido juicio político, en tanto carece totalmente de fundamentos jurídicos y fácticamente serios.

391
 Ambientales

Frigorífico Brunetti: Un juez falló en un amparo interpuesto por la Procuración

Se trata del amparo por información pública ambiental promovido en junio pasado por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. El fallo dictado por el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, ordena a la Municipalidad de la Ciudad de Salta a cumplir íntegramente con la información que le requirió la Procuración y continuar brindándola en el trámite de control que allí se le sigue.

El fallo también precisa que la comuna tiene la obligación de dar publicidad a la información recabada en el plazo máximo de 20 días hábiles.

Durante el trámite, se celebró una instancia de conciliación en la sede de la Cámara Civil y Comercial, durante la cual las partes acordaron que la información sería brindada en un plazo que otorgó el juez, que resultó sobrepasado.

La información que puntualizó el Procurador que debe ser puesta a consideración de la sociedad salteña y las barriadas contiguas al Frigorífico Brunetti es, y en cuyo planteo coincidió el Juez, en primer lugar, informar que la Auditoría Social de la firma C.I.A.C.S.A. (a la que se comprometió formalmente la Municipalidad de la Ciudad de Salta en el dictamen del 30 de junio de 2015), nunca se llevó a cabo.

En segundo lugar, deberá comunicar que el proceso de relocalización acordado por la firma C.I.A.C.S.A. con la Municipalidad de Salta (Decreto N° 258/14) posterga el inicio del plazo de traslado previsto en la Ordenanza N° 13.328/2008 hasta la obtención de un nuevo predio por C.I.A.C.S.A. Por otra parte, el Departamento Ejecutivo Municipal no remitió el Convenio para que sea tratado ad referéndum por el Concejo Deliberante de Salta.

Finalmente, deberá publicitarse que, con posterioridad al inicio del amparo, la Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el procedimiento para la verificación del cumplimiento de la obligación de contratar un seguro ambiental en favor de la sociedad, establecida en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675. La decisión de la Municipalidad fue adoptada después de una intimación realizada el 5 de agosto pasado a la firma C.I.A.C.S.A.

Vale recordar que a partir del inicio de un trámite por parte de la fiscal Claudia Geria, en 2008, se instrumentó un amparo con la finalidad de conocer la situación de la planta firma Compañía Industrial Argentina de Carnes Sociedad Anónima o C.I.A.C.S.A (conocida con el nombre comercial Frigorífico Brunetti) establecida en la zona de las barriadas de Santa Lucía y San Rafael.

Y que sobre este caso y a partir de una multitudinaria colecta de firmas de vecinos, se expidieron el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas Municipal, el Juzgado Civil de Decima Nominación de Salta y la Corte de Justicia de Salta. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Procurador ha insistido en que la participación pública solo puede ser ejercida con el acceso a la información por parte de la comunidad, por lo cual debía modificarse la tendencia de los Tribunales de declarar abstractas las causas por acceso a los trámites ambientales gubernamentales, porque es una invitación a seguir sin atender los requerimientos ciudadanos con la expectativa de que igualmente no serán condenados más adelante.

Ahora, la decisión del juez Domínguez ha considerado que el derecho a ser informado dentro de los plazos de las leyes nacionales y la provincial N° 7070, es un derecho humano y constitucional, por lo que procede la condena solicitada si se llega a la instancia judicial sin que el Estado brinde el pedido de informe en tiempo y forma.

En el fallo, Domínguez hizo hincapié en el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2018 junto a una treintena de países del continente americano, en el que se comprometen a asegurar que los ciudadanos accedan a la máxima publicidad ambiental, que el Estado les asegure participación en las decisiones políticas y productivas que afecten el ambiente y que se le garantice el acceso a la justicia por estos casos.

El amparo interpuesto en junio por acceso a la información pública ambiental, fue contra la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, con el fin de que se contestar la omisión de respuesta a distintos oficios, a través de los cuales se requirieron los resultados de la auditoría social y el proceso de relocalización de Frigorífico Brunetti.

887
 Institucional

CAF: Nueva Unidad contra Delitos Sexuales, comisión por el Régimen Penal Juvenil y reuniones en el interior

En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, los integrantes analizaron la necesidad de crear una cuarta Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, decidieron conformar una comisión para trabajar en la Reforma del Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en 2020 y organizaron futuras reuniones del órgano en el interior provincial.

En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, hizo hincapié en la necesidad de crear una cuarta fiscalía UDIS, para resolver la superposición de audiencias y reforzar el trabajo de las tres existentes, que reciben en promedio 600 denuncias anuales cada una.

Con respecto al Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes que entrará en vigencia en septiembre de 2020, el Procurador propuso a los fiscales sumar a legisladores provinciales para que integren la comisión que trabajará en la Reforma.

El Procurador General advirtió oportunamente al Poder Ejecutivo Provincial sobre la imposibilidad fáctica, debido a las “carencias y falencias que tornarían necesario disponer con carácter de urgente la prórroga”, y que la mencionada situación demandaba la adopción de un remedio constitucional de excepción.

Por otra parte, el Procurador instó a los fiscales a realizar reuniones del órgano en el interior provincial, en sintonía con la conformación de la comisión del interior para federalizar la participación de los fiscales. Este lunes, Cornejo recorrió las fiscalías con asiento en el Distrito Judicial Sur junto a un equipo técnico.

En la reunión de este viernes, participaron la vicepresidenta del Órgano, la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y de General Güemes, Pablo Rivero; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

También estuvieron las fiscales penales 1 y 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio y María Luján Sodero Calvet; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández y la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera. Se sumó por el interior, el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila.

604
 Institucional

CEI: “Los investigadores civiles son la superación de la Policía Judicial”

Este miércoles comenzó la formación de los futuros integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. De más de 1200 postulantes, quedaron 65, de los cuales ingresarán 35 investigadores al CEI, después del cursado que se extenderá durante once meses. Cornejo instó a los profesionales a trabajar con apego a la Constitución y las leyes, para responder con verdad y transparencia al reclamo social de justicia.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dio la bienvenida a los profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas que cursan la formación para integrar el Cuerpo Especializado de Investigadores. Junto al cuerpo docente, celebró el inicio del curso, que fue uno de los proyectos iniciales de su gestión.

Recordó a los presentes la responsabilidad y desafío de convertirse en los futuros investigadores que tendrá la provincia, porque cuando se trata de investigaciones criminales, “ustedes, antes que cualquiera, son quienes tendrán que buscar la verdad y la transparencia y llevar convicción en la ciudadanía, cuando existe un reclamo generalizado de justicia”, señaló.

Y les advirtió que “no es fácil ni grata la tarea de un investigador, porque se debe renunciar a los personalismos, aportar para trabajar firmemente en equipo, renunciar a ciertos narcisismos y la egolatría, y volverse seres anónimos en pos del logro de una investigación”. También los invitó a tener como norte la vocación de hallar la verdad y felicitó a los seleccionados, porque el proceso fue muy exhaustivo. Entonces, pidió que los investigadores “no busquen atajos, y en cambio tengan un apego absoluto a la Constitución, las leyes y la primera fidelidad que debe tener un investigador, que es a la verdad”.

Cornejo aseguró que el CEI no es la Policía Judicial, “sino su superación; es la pata que faltaba para completar todas las áreas de la investigación” y aseguró que “todos queremos vivir en una sociedad mejor, más civilizada, menos hipócrita y menos declamativa; y con derechos reales y víctimas que encuentren respuesta ante la comisión de delitos”. También admitió que en Salta, develar todos los delitos, “es una asignatura pendiente, que lejos de enojarnos, debe preocuparnos para salir adelante”.

Y graficó: “Las democracias más justas, son las que buscan tener menores índices de criminalidad y mayores niveles de inclusión; las que apuestan a la educación y a que el Estado sea fuerte en base a la justicia y la legalidad”. Finalmente, los invitó a “construir un Estado fuerte en base a un Estado justo.

La formación de los investigadores civiles se dictará todos los martes y jueves, de 16 a 19, en la sala de Capacitación de la escuela del Ministerio Público.

1052
 Institucional

CIF: rige el nuevo protocolo de autopsias

Este miércoles se produjo una nueva reunión del Procurador con los directores de departamentos del CIF. Con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, también estuvieron los médicos legales Gabriel Kosmatos, Daniel Chirife, Mariana Lambrópulos, Marta Gómez, Daniel Apaza y Marcela Portelli; y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores y los jefes de Departamentos del CIF.

Tras la reunión, el Procurador dispuso que los peritos médicos del Servicio de Tanatología Forense del Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, deberán realizar la autopsia en el plazo de dos horas a partir del efectivo ingreso del cuerpo al gabinete y de las condiciones particulares de cada caso, salvo que el fiscal interviniente disponga lo contrario.

Además, modificó el circuito de ingreso y egreso del cuerpo con fines de autopsia e incorporó el acta de entrega de cadáver, con impedimento de cremación hasta obtener la autorización del fiscal interviniente. También se labrará un acta de no entrega del cadáver cuando el director de la investigación considere necesario ampliar las pericias para garantizar toda la prueba científica.

Por otra parte, se propuso la designación de un coordinador que será elegido entre sus pares para organizar el trabajo de los médicos legales, la conformación de una junta médica para la realización de autopsias que así lo requieran y el sistema de guardia doble, que permitirá al médico legal en turno contar con un segundo forense en caso de considerarlo necesario.

La decisión del Procurador de avanzar con cambios de organización en la estructura del CIF obedece a la necesidad de que los responsables directos de las decisiones que se adopten, ofrezcan pruebas indubitables a las causas. “La dirección del CIF a través de un fiscal permitirá que quienes conocen las necesidades de los investigadores, coordinen con certeza las herramientas de los laboratorios y pesquisas”, recordó Cornejo.

Con el Procurador, Carraro y Flores, estuvieron el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán; el jefe del Departamento de Criminalística, Washington González y el jefe del Departamento de Investigaciones, Omar Dávila.

937
 Robos y Hurtos

Una banda de punguistas y mecheras acusados de asociación ilícita

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, Pablo Rivero; el ministro de Seguridad, Carlos Oliver y el director de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Emilio Albornoz, ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles, a fin de dar detalles sobre la detención de 15 personas acusadas de pertenecer a una banda de punguistas y mecheras.

El fiscal Pablo Rivero, quien se encuentra al frente de la UNICROH, señaló que se lograron detener a 15 personas luego de una investigación de unos nueve meses donde se logró establecer la participación de 23 personas quienes, según la investigación, estarían vinculadas a diversos robos y hurtos con la modalidad de mecheras y punguistas.

A su vez se solicitó el allanamiento de 19 domicilios ubicados en los barrios Finca Independencia, Boulogne Sur Mer, Progreso, Gauchito Gil, San Benito, 26 de Marzo, Solidaridad, villa Soledad, zona centro y el mercado San Miguel. En los mismos se obtuvo el secuestro de 184 celulares de alta gama, una camioneta un automóvil y una motocicleta, $332.000 en efectivo, más de 150 vestidos con etiquetas y precios, entre otras prendas de vestir.

Por su parte el director Albornoz destacó el trabajo realizado por el personal de investigativo de la UNICROH, y remarcó que se trató de un importante operativo con más de 100 policías a fin de tener un resultado positivo.

Para finalizar el ministro Oliver remarcó la importancia de tener una fiscalía especializada en estos asuntos que generan inseguridad en la comunidad, señaló que de esta manera se logró dar un golpe a estas organizaciones criminales y a su vez se recuperó parte de las pertenencias denunciadas por las víctimas.

El fiscal informó que se continúa con la investigación y la identificación de posibles víctimas, a su vez se trabajará para definir cuál sería la participación puntual de los detenidos dentro de la organización y si existen más implicados. Respecto de la imputación realizada este martes, se trata de hurto, robo en poblado y en banda y asociación ilícita.

759