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Avanza un diagnóstico en fiscalías para optimizar el servicio de justicia

Los consejeros aportaron este viernes información sobre el estado de las fiscalías de la Provincia, para avanzar en un diagnostico que permitirá conocer fehacientemente el estado de cada dependencia. Con información concreta, se avanzará en los ajustes estructurales necesarios para avanzar en la optimización de la gestión.

El funcionamiento y la disponibilidad de recursos materiales y humanos en Unidades Fiscales fue uno de los ejes de análisis de la reunión del Consejo de Asesores Fiscales celebrada este viernes. Los consejeros aportaron información sobre las necesidades y fortalezas de cada unidad fiscal, al margen de que la recientemente creada “Unidad de Control de Gestión Interno del Ministerio Público Fiscal”, lleva adelante visitas periódicas, y a cuyo relevamiento se sumarán los informes de los jefes de dependencias.

“El diagnóstico permitirá realizar ajustes estructurales en la organización de la Procuración General, y obtener un desempeño eficiente y eficaz de las funciones que se cumplen en el organismo”, afirmó el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al tiempo que destacó la posibilidad de que esos ajustes optimicen la gestión pública y se asegure el adecuado funcionamiento de cada unidad, con mayor fluidez y celeridad en sus actuaciones. Cornejo no desconoció las carencias de las fiscalías, las que serán contempladas al momento de definir cambios y proyectar el Presupuesto 2020.

La Unidad de Control verifica, evalúa y fiscaliza el cumplimiento de las políticas, instrucciones, resoluciones y procedimientos determinados por la Procuración General en materia de unidad de actuación funcional; y por supuesto, informa al Procurador las observaciones y recomendaciones que permitan implementar mejoras de los procedimientos.

Hasta fin de mes están programadas las visitas a la Unidad Fiscal Contravencional, las seis fiscalías penales, las dos de Menores; cuatro de Violencia Familiar y de Género; cuatro de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, las tres de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, la Fiscalía de Derechos Humanos; las tres Fiscalías de Impugnación, las dos Fiscalías Civiles, Comerciales y Laborales; la de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral; la Unidad de Delitos Económicos y Complejos; la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y las fiscalías de Cerrillos, Rosario de Lerma, Cafayate y General Güemes.

Este viernes, participaron en la reunión del Consejo Asesor que preside Abel Cornejo y coordina Ana Cecilia Carraro, las fiscales Gabriela Buabse, Josefina David de Herrera, Carolina Hernández, Claudia Geria y María Luján Sodero Calvet, además de los Federico Obeid, Pablo Rivero, Gabriel Portal y Gustavo Vilar Rey.

CIF: El Procurador celebra el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar instituciones y luchar contra la impunidad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, explicó este miércoles ante legisladores de la Cámara de Diputados de Salta, las razones por las cuales decidió emprender cambios de organización en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. También se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, de creación de tres fiscalías: una para Cachi, otra para Rosario de la Frontera y la tercera, especializada en Ciberdelitos.

Cornejo celebró el contacto cercano con legisladores porque de esa forma todas las dudas pueden aclararse con amplitud y detalle; junto a representantes de distintas bancadas y de ambas cámaras. El Procurador estuvo con senadores provinciales antes de que se aprobara en esa Cámara, el 19 de septiembre pasado. “El diálogo siempre es positivo, porque se pueden acordar mejoras importantes en instituciones y especialmente, en contra de la impunidad”, opinó el Procurador. Destacó la posibilidad de intercambiar opiniones y análisis desde el punto de vista constitucional, jurídico y operativo.

En ese marco y luego de precisar sobre el proyecto que propone la modificación de un artículo de la Ley Orgánica del CIF para que la dirección se encuentre a cargo de un fiscal penal y sobre la creación de tres fiscalías (una en Cachi, otra en Rosario de la Frontera, y la tercera, de Ciberdelitos), Cornejo recordó algunas situaciones en particular que empujaron la decisión de cambios internos en el CIF. El 31 de agosto pasado, por orden del Procurador, fue exhumado el cuerpo de Cristian Gallardo y se realizó una segunda autopsia con junta médica, después de que el funcionario considerara que fue “escandaloso y absolutamente inaceptable” que el informe de autopsia no determinara la causa de muerte.

Un día después, el 1 de septiembre, apareció muerta la docente Sandra Palomo. La autopsia llevó al menos cuatro horas y media. Ante los diputados, el Procurador recordó que “en cualquier caso, quien estaba a cargo del CIF en ese momento, no estuvo ni durante la realización de las autopsias ni en los desplazamientos y operativos que ordenaron y realizaron los fiscales”. Entonces, decidió desplazar a la exdirectora, quien fuera designada por concurso interno de la Procuración y sin llamado a concurso público.

El lunes 2, Cornejo reestructuró el CIF y pidió al Poder Ejecutivo cambiar la ley para que lo dirija un fiscal penal. Asumió la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en forma provisoria, aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo. El martes 3, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de tres fiscalías y la modificación orgánica del CIF. La iniciativa obtuvo media sanción en el senado el 19 de septiembre pasado.

Cambios en el CIF

Entre otros cambios producidos para mejorar el funcionamiento del Cuerpo, Cornejo, quien asumió en el cargo hace cinco meses, dispuso que se aplique el Protocolo de Minnesota, que indica que no puede iniciarse una autopsia después de las dos horas de hallado el cuerpo. Además, las autopsias empiezan en el lugar de los hechos o donde se halla a la víctima. “Eso sucedió con el caso Palomo, lo que permitió encontrar más rastros e información y desactivar versiones periodísticas sobre las circunstancias de muerte de la docente”, recordó el Procurador.

Informó que hoy el CIF cuenta con cuatro médicos legales y una especialista anatomopatóloga, faltan genetistas y que la dotación mínima de médicos debería ser de doce personas. Para cubrir esos cargos, se está llamando a concurso nacional. En tanto, en el interior, hay un solo médico para el Distrito Judicial Sur y en el del Norte, también uno, quien además es ginecólogo. Desde la primera semana de septiembre se realizan reuniones semanales entre el Procurador, los directores de departamentos y todo el equipo del CIF. Otro paso importante fue el de conformar unidades fiscales de investigación para lograr mayor eficiencia en la resolución de los casos y despersonalizar las investigaciones. Además, se modificó el esquema de turnos de forenses y afectación de especialistas al interior. “El CIF debe proveer la mayor cantidad de datos científicos posibles para investigar un delito de la mejor y más rápida forma posible”, finalizó el Procurador, quien destacó la posibilidad de que un fiscal penal, que conoce las pruebas y elementos científicos que requieren las investigaciones, dirija el CIF y se aboque especialmente a esa tarea.

En la reunión encabezada por el procurador general, Abel Cornejo, participaron la defensora general, María Inés Diez; la asesora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el presidente de la Cámara Baja Provincial, Manuel Santiago Godoy; los diputados por Capital, Arturo Borelli, Héctor Chibán, Claudio del Plá, Javier Diez Villa, Guillermo Martinelli, Mario Moreno, Silvia Varg y Humberto Vázquez, junto los diputados Mario Ábalos (Cerrillos), Antonio Otero (Metán), Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera), Marcelo Oller Zamar (Cachi), Sergio Cisneros (Cafayate) y los diputados por Orán Sebastián Domínguez y Baltasar Lara Gros.

Caso Lamas: allanaron el Arzobispado de Salta

En el marco de la causa en la que se encuentra imputado el sacerdote Emilio Raimundo Lamas, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, fue allanada la sede del Arzobispado de Salta. Intervino el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid.

En el procedimiento, que contó con la participación del fiscal Sergio Federico Obeid, la jueza del Tribunal de Juicio, Mónica Faber, peritos del CIF y agentes de la Policía de la Provincia, se obtuvo el expediente eclesiástico del proceso canónico que debió afrontar Emilio Raimundo Lamas en el seno de la Iglesia por abuso sexual. El allanamiento se produjo el jueves 3 de octubre pasado, el mismo día que la jueza interviniente dispuso la reserva de actuaciones, a fin de efectivizar dicho allanamiento. En ese marco, se accedió al expediente eclesiástico, dividido en dos cuerpos.

En octubre de 2018, Lamas fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser sacerdote y por la guarda en concurso real con los delitos de abuso sexual simple agravado por ser el hecho cometido por sacerdote (tres hechos) en perjuicio de un exmonaguillo y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda de otra víctima.

En diciembre de 2018 y reunidos los elementos probatorios necesarios, el fiscal penal Sergio Federico Obeid, requirió el juicio para Emilio Raimundo Lamas por las denuncias de abuso sexual que habría cometido siendo sacerdote, ante el Juzgado de Garantías 8.

En su requerimiento Obeid detalló las denuncias radicadas por las víctimas y adjuntó el contenido de sus declaraciones filmadas, donde relatan de forma pormenorizada los abusos de los que fueron víctimas y de los que responsabilizan al exsacerdote.

También se consignaron los numerosos testimonios recogidos durante la investigación y la abundante documentación solicitada.

Caso Palomo: nuevas pericias complican al principal acusado

En el marco de la investigación por el homicidio de Sandra Silvia Palomo, que lleva adelante la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, se produjeron nuevas pericias que comprometen la situación del joven de 15 años, imputado como autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Los dos menores de 17 años y los dos mayores de 18 y 19 imputados como partícipes necesarios continúan detenidos.

Un análisis de perfil genético reveló la presencia de rastros del joven de 15 años en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, en la camioneta y en la ropa de la víctima.

En tanto, un estudio de cámaras de video vigilancia y de cámaras particulares permitió contar con el importante aporte de imágenes que también comprometen la situación de menor señalado como el autor del delito.

Sandra Palomo, de 53 años, fue reportada como desaparecida el sábado 31 de agosto por sus familiares. Su cuerpo, que presentaba heridas de arma blanca y golpes, fue hallado el domingo 1 de septiembre en inmediaciones del río Arenales. La autopsia duró más de cuatro horas y reveló que el deceso se produjo por shock hipovolémico. Se descartó el abuso sexual.

Mejor diálogo entre abogados y científicos, más interdisciplina y protocolos federales contra la impunidad

Los disertantes del ciclo de conferencias “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo” coincidieron en la necesidad de fortalecer los equipos de investigación a través de la multidisciplinariedad científica, porque ninguna especialidad puede llegar a la verdad por sí sola. También fue eje el objetivo de mejorar el diálogo entre científicos y abogados, -fiscales o jueces-, y generar protocolos federales para mejorar investigaciones. Sostienen la importancia que tiene que la Procuración de la Provincia cuente con un laboratorio científico para evitar la impunidad.

El ciclo de conferencias organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina, que contó con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal, fue inaugurado por el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien destacó la trayectoria de los especialistas e instó a los presentes a aprovechar su conocimiento, porque es no habitual que disertantes de esa talla se reúnan en un mismo espacio. Entre los más de 130 asistentes (entre funcionarios del MPF, fiscales, médicos, psicólogos, antropólogos y otros científicos), estuvieron los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.

El presidente de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, contó que esa red nació en Estados Unidos en 1992, con la misión de liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena capital por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas. Y que la aplicación de las ciencias forenses (a través de pruebas genéticas, por ejemplo), permitió revocar un 44% de condenas que ya estaban firmes. También apuntó a otras causas de condenas injustas, tales como el desconocimiento o prejuicios de los operadores de justicia, los límites éticos de los testigos, la falta de herramientas de control en juicios, las confesiones falsas y las irregularidades policiales o fiscales. Garrido reconoció que “dar vuelta una condena es una tarea titánica” y recomendó que los científicos forenses argentinos cuenten con autonomía, protocolos sólidos y estándares de calidad.

Por su parte, el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider apuntó a la necesidad de mejorar el diálogo entre abogados y científicos, porque una tarea depende de otra para lograr una investigación exitosa. “La ciencia es importante, pero tiene limitaciones”, afirmó Fonderbrider, además de destacar la tendencia de la interdisciplinariedad en la investigación de delitos, porque se suman a diario nuevas disciplinas y herramientas. El antropólogo dijo que debe desterrarse el “aura de infalibilidad” cuando se admiten pruebas científicas en pruebas judiciales y que además del arduo trabajo, los científicos deben contar con espacios de investigación y reflexión, formar comités de revisión de métodos de pruebas y elaborar manuales de buenas prácticas forenses, además de producir protocolos únicos federales, que sean una guía en cada uno de los 24 distritos federales.

Posteriormente, el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo describió cómo la genética modificó parámetros de las ciencias forenses. Habló sobre los problemas reales de la genética forense y la necesidad de contar con datos de genética poblacional para avanzar en investigaciones complejas. Por ejemplo, los perfiles genéticos pueden comprarse con la base de perfiles genéticos poblacionales. Es que los mapas abren la posibilidad de realizar cálculos de probabilidad estadísticos, algo muy útil para investigar crímenes complejos, delitos sexuales y juicios de filiación, entre otros.

En tanto, el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein, dijo que “la estrella” de cualquier investigación, es el trabajo en equipo, porque cuando falla una parte, lo hace la maquinaria completa. Remarcó la tarea aunada del fiscal y los científicos y consideró que debería existir un Manual Federal de Guías Practicas para las autopsias médico-legales. Antes, deberían unificarse los criterios de exploración tanatológica, consensuarse un protocolo marco de autopsia federal, implementarse estándares mínimos por patología, crearse un Foro Forense Federal y firmarse un convenio de Capacitación Tanatológica Federal.

Finalmente, la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato, describió cómo la memoria puede modificarse por distintas circunstancias y citó que según estadísticas de Estados Unidos, un 70% de las condenas erradas se originaron en reconocimientos errados de sospechosos. Forcato investigó cómo viejas memorias pueden desestabilizarse y modificarse durante la vigilia y se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Por supuesto, todos los recuerdos de víctimas y testigos, influyen en el resultado de las investigaciones.

Plan Estratégico 2020: El Procurador reunió a todo el CIF

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en la que se refirió a objetivos concretos del Plan Estratégico 2020. El Procurador estuvo acompañado por la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores, los jefes de Departamentos del CIF y los médicos legales.

En este marco, el Procurador instó a conformar “un gran equipo científico de trabajo”, tras anunciar que se llevará adelante un concurso nacional para cubrir al menos 12 cargos médicos para el CIF.

“Todo esto entra en el Plan Estratégico y el potencial es inmenso. El año que viene tendremos la oportunidad de participar del Congreso Mundial de Ciencias Forenses y será un orgullo mostrar un cuerpo de estas características”, sostuvo Cornejo.

El Procurador también se refirió al proceso de reforma del CIF e hizo hincapié en la necesidad de lograr una mayor integración de cada uno de los departamentos. “La ventaja de que un fiscal penal esté a la cabeza del CIF, es que se trata de alguien imbuido en la investigación criminal y que será el responsable a todo evento. Estamos avanzando con los futuros investigadores, para terminar de completar la parte investigativa que faltaba”, afirmó Cornejo.

Vale recordar que el proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo Provincial para que un fiscal dirija el CIF obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores de Salta el 19 de septiembre pasado. Pasó en revisión a Diputados, donde debe tratarse todavía. Además de las reformas al CIF, el proyecto establece la creación de fiscalías en Cachi y Rosario de la Frontera y una fiscalía en ciberdelincuencia.

Consejos para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio, y ESI para periodistas

El Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género comparte con estudiantes, comunicadores, periodistas y quienes se desempeñan en medios de comunicación, los consejos para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio, y ESI para periodistas, a través de las claves para informar sobre Educación Sexual Integral sin mitos ni fake news. Fueron elaborados por la Iniciativa Spotlight, que es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Comunicadores y medios de comunicación pueden mitigar la violencia de género desde la prevención y evitando, con buenas herramientas, la violencia mediática y la revictimización. Los consejos fueron elaborados por la Iniciativa Spotlight

Spot salteño sobre femicidios “Abramos los ojos”

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género comparte el spot salteño sobre femicidios “Abramos los ojos”, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Fue distinguido con la mención de plata en la duodécima edición del Festival Internacional de la Publicidad Independiente (FEPI), en Rosario de Santa Fe.

El abordaje de la violencia de género requiere poner en cuestión la presunta identidad femenina

A continuación, compartimos el texto de opinión firmado por la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Salud Pública por la Universidad Nacional de Salta y doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Pérez Declercq integra el Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género.

Por Ana Pérez Declercq

Son funciones del Comité de evaluación de femicidios, transfemicidios y violencia de género elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, así como establecer los criterios para un registro único de femicidios. Ambas acciones permitirán contar con información certera y oportuna para optimizar la intervención de cada uno de los organismos estatales en las distintas fases que implica el abordaje de la violencia de género: prevención, detección, asistencia y fortalecimiento.

¿Qué significa optimizar la intervención? ¿Cómo se construyen los datos que van a servir de insumos para las políticas estatales? Es prioritario poder pensar las formas de concebir la violencia de género que subyacen a estos registros y a estas prácticas vinculadas a la problemática.

El término “violencia de género” hace referencia a relaciones específicas entre las personas que ponen en evidencia desigualdades de poder entre los géneros. Por consiguiente pensar y diseñar políticas en torno a esta problemática requiere un análisis de los “procesos de generización en sus distintas dimensiones —institucional, normativo, simbólico, ideológico, relacional, identitario, corporal…— que producen Mujeres y Hombres, desde el punto de vista biológico, subjetivo, comportamental y social.” (Esteban, 2011:165). Sin embargo las acciones y las formas de registrar la problemática lejos de analizar y poner en cuestión estas formas hegemónicas siguen pensando la violencia de género como un “problema de mujeres”, centrado en la “víctima”.

El género reviste un carácter fundamental como principio de organización social que ordena y jerarquiza la sociedad en base a la diferencia sexual. La presunta identidad femenina, como oposición binaria a la identidad masculina, se asume para todas las mujeres y construye a partir de la naturalización de la diferencia sexual. Esta diferencia, a su vez, es constitutiva del sujeto mujer subordinado que necesita ser liberado (Lázaro, 2014). En este sentido se habilita la figura de la víctima como modo de subjetivación (sumisa, tutelada, débil).

La idea de una base “natural” para la identidad individual está ligada al sistema binario de normas genéricas, a partir del cual se establece “… un sistema de derechos diferencial de acuerdo al sexo y subsume un grupo de personas dentro de una categoría falsamente homogénea de “hombre” en oposición a otro grupo falsamente homogeneizado, el de ‘mujer’” (Poovey, 1992). Por otro lado, el conjunto de estructuras de dominación se reduce a la dominación basada en un orden patriarcal y sexista, desconociendo o negando otras formas de opresión basadas en la raza y la clase (Amos y Parmar, 1984).

La correlación entre las formas hegemónicas de masculinidad y feminidad y la violencia de género es expuesta por Otegui en el siguiente fragmento,

“…mantener la dicotomía de las categorías hombre/mujer, macho/hembra, masculino/femenino… significa ceder a favor de unas determinadas ideologías del poder que naturalizan y reproducen la desigualdad, pero también que hacen del sexismo un esencialismo, como lo son el racismo, el clasismo, el nacionalismo… las cuales fundamentan la diferencia en la “naturaleza” y la “biología”, y no en una construcción social arbitraria.”

(Otegui, 1999:153 en Arisó y Mérida, 2010: 54)

El problema de la violencia de género si no es entendido a partir de la desigualdad estructural entre sujetos privilegiados y sujetos desaventajados en una jerarquía social basada en el género termina reduciéndose a un problema anclado en el vínculo víctima-victimario. Esta mirada que individualiza y se centra en la víctima “mujer-niña” invisibiliza las raíces de una violencia nacida en el seno de una matriz cultural que legitima y perpetúa la desigualdad antes mencionada.

El Estado provincial considera la violencia de género como un problema a través de la declaración de la “Emergencia pública en materia social por violencia de género en la provincia de Salta” (Ley Provincial Nº 7857, 2014) y de la creación de dispositivos judiciales y gubernamentales al tiempo que sostiene un orden social absolutamente jerarquizado. La voluntad de erradicar la violencia de género debe ir acompañada de un verdadero cuestionamiento a las normas binarias y heterosexuales.

Algunos de los modos más evidentes de reificar el antagonismo varones/mujeres son la “elección de la reina de los estudiantes” en las principales localidades de la provincia y al interior de los espacios educativos o la presencia de imágenes o símbolos de la religión católica en instituciones de salud, justicia y en menor medida de educación. El evento de la elección de la reina continúa ubicando a las mujeres en lugar de objeto, cosificable y consumible, como lo señaló el Observatorio de violencia contra las Mujeres en agosto del 2018 en una nota dirigida a la Dirección de Acción Ciudadana de la Ciudad de Salta. Así mismo con este evento sostiene y reproduce los estereotipos racistas, clasistas y de género. En cuanto a la presencia de imágenes de vírgenes y crucifijos, es evidente que las premisas que sostiene la jerarquía de la Iglesia Católica son contrarias a leyes como las de Matrimonio Igualitario (Ley Nº 26.618, 2010) o de Identidad de género (Ley Nº 26.743, 2012) y reproducen un orden social patriarcal.

Las capacitaciones previstas por la Ley Nº 27.499 (2018), conocida como Ley Micaela y las acciones en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, Nº 26.150 (2006), requieren ser acompañadas de políticas que promuevan un profundo cambio en las relaciones de género. Los espacios de contención a la víctima o las investigaciones con perspectiva de género seguirán reparando los resultados de un orden jerárquico que el propio gobierno sostiene.

Agradecimientos:

Andrea Flores y Marce Butierrez por sus valiosos aportes.

Bibliografía:

  • Amos, V. y P. Parmar (1984): “Challenging Imperial Feminism”, Feminist Review, N. 17, pp. 3-19.
  • Arisó, Olga y Rafael Mérida (2010): Los géneros de la violencia. Una reflexión queer sobre la violencia de género. Barcelona: Egales.
  • Esteban, Mari Luz (2011): Crítica del pensamiento amoroso. Barcelona: Edicions Bellaterra.
  • Lázaro Castellanos, Rosa (2014): Migración Circular de Trabajadoras de México a Canadá y Estados Unidos: una Aproximación Antropológica Interseccional. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/287159. Poovey, Mary (1992): «The Abortion Question and the Death of Man.» en Butler, J. y Scott, J. (ed.): Feminists Theorize the Political, Routldge, Chapman and Hall, Inc, USA: pp. 239-56.

Detuvieron e imputaron a un peligroso delincuente prófugo desde el año pasado

El fiscal penal de la Unidad contra Robos y Hurtos, Pablo Rivero, imputó en forma provisoria a Franco Augusto Labari por considerarlo coautor del delito de robo calificado en poblado y en banda, con la participación de Carlos Héctor Enrique Aguirre, Jorge Ariel Báez y Ricardo Hércules Ríos Muñoz. Este último, sigue prófugo y tiene pedido de captura nacional e internacional.

De las tareas de investigación, que incluyeron vigilancia, análisis de filmaciones y telefonía, exploración de redes sociales y características y marcas de los vehículos, se pudo establecer que los detenidos conformaban una banda cuya prioridad era el robo de las casas de cambio, estudios jurídicos, escribanías, bares y una librería, con ubicación en el microcentro de la capital salteña.

Franco Augusto Labari tenía pedido de captura nacional e internacional desde agosto de 2018 y se le atribuyen profusos hechos delictivos cometidos en Tucumán y Santiago del Estero.

La investigación de UNICROH cuenta con numerosos informes policiales recabados, denuncias de damnificados, acta de secuestros e informes sobre filmaciones de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas.

Según consta en el legajo, el imputado aprovechó sus conocimientos en artes marciales mixtas y deportes de combate para cometer los delitos.

En distintos allanamientos efectuados, que permitieron las detenciones de Jorge Ariel Báez y Enrique Aguirre, se secuestraron cámaras fotográficas, notebooks, herramientas, protectores auditivos, cartuchos de armas de fuego, dinero en distintas monedas, teléfonos celulares, vehículos y vestimentas varias.