Paraje La Aguada: Quedaron imputados por golpear a patadas a una familiar

Ambos imputados son padrastro y hermano de la mujer que recibió los golpes y por lo que tuvo que ser derivada al Hospital San Bernardo.

El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de lesiones graves a un hombre de 52 años y a un menor de 17.

Según denunció la damnificada, hijastra del hombre mayor de edad y hermana del menor, el pasado 2 de agosto, a las 22, aproximadamente, en un domicilio de Paraje La Aguada, donde se encontraba celebrando la Pachamama, los acusados, en aparente estado de ebriedad, la habrían empujado y, ya en el suelo, le habrían propinado patadas en el cuerpo.

El hecho, según manifestó la mujer, se produjo en el momento en que iba a despedirse para retirarse a su casa, junto a su hijo. Fue en esa circunstancia que su hermano y su padrastro procedieron a hostigarla fisicamente. Fue entonces que su hijo les pidió que no continúen con las agresiones y salió en busca de ayuda, dándose ambos agresores a la fuga.

Al ser trasladada al hospital local, la médica que asistió a la mujer agredida refirió en el certificado médico, que presentaba fractura de radio y cúbito, siendo derivada al Hospital San Bernardo.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, padrastro del menor, dio su versión de los hechos, en tanto el menor se abstuvo y ambos quedaron detenidos.

Por su parte, el fiscal Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías 4 el mantenimiento de detención del imputado mayor de edad y se comunique al Defensor Oficial Penal Juvenil y al Juez de Detenidos.

Desbaratan una banda dedicada a robar cobre de transformadores de loteos privados

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Marcos Antonio Fernández, Zacarías David Quipildor, Miguel Alejandro Fernández y José Alfredo Ruiz, acusados del delito de robo en despoblado y en banda. Todos participaron en por lo menos, siete hechos cometidos en distintos Loteos del Valle de Lerma. En algunos casos, los denunciantes estimaron perjuicios económicos millonarios.

Las actuaciones de la fiscalía penal UNICROH, que iniciaron hace aproximadamente un año e incluyeron distintas tareas investigativas y múltiples allanamientos, con el trabajo conjunto de la División Delitos Contra la Propiedad a cargo del Comisario Inspector Oscar Chocobar, permitieron probar la participación de los acusados en siete hechos, todos ocurridos en 2020. Así, surgió que los imputados, mediante un mismo modus operandi, se apoderaron ilegítimamente del cobre de transformadores ubicados en diferentes loteos del área metropolitana.

Para eso, emplearon fuerza sobre los elementos y aprovecharon la ausencia de personas, para luego vender el material robado, tal como ocurrió en la mañana del 18 de octubre pasado. Ese día, el grupo se apoderó del cobre de transformadores de El Carril, intentó venderlo en la sucursal de Metalnor, pero no pudo por la intervención policial.

El primer hecho fue denunciado por el titular de la empresa Eduardo Cabrera Bienes Raíces, contratado para desarrollar el loteo “La Guillermina”, sobre ruta nacional 24, en Cerrillos. Sostuvo que el 30 de junio, asistió al loteo con el propietario de Constructora Norte y se dieron con la novedad de que habían sustraído uno de los tres transformadores instalados. También encontró la base del transformador tirada, sin el núcleo de cobre, de aproximadamente 300 kilos.

Al día siguiente, el denunciante recibió el llamado del propietario de la empresa J.P. Pastrana, encargada de realizar la implantación, quien le informó que también habían sustraído el cobre de los otros dos transformadores. Es decir, el nuevo robo había ocurrido hacía pocas horas. Estimó el valor de cada transformador en USD 10 mil.

El segundo hecho fue denunciado el 19 de octubre, por una vecina de El Carril, cercana al loteo Padre Neldo Sermasi, donde abrieron los trasformadores y les sustrajeron el cobre. El loteo no estaba habilitado, pero la mujer aportó que vecina escuchó una explosión, a la que restó importancia.

El tercer hecho fue denunciado el 30 de julio por una persona en representación de Dinarco SA, propietaria del loteo Ciudad Oeste, ubicado en el ingreso a La Aguada. Relató que desconocidos violentaron el centro de transformación, colocado a una altura de cinco metros en columnas de hormigón y se llevaron cerca de 400 kilos de cobre.

Un cuarto hecho fue denunciado por la misma persona el 6 de octubre, tras recibir el llamado telefónico de empleado, quien le informó que habían forzado las cerraduras. En la obra confirmó el robo de 150 metros de cable de cobre de 50 mm2, valuado en $250.000.

El quinto hecho fue denunciado el 9 de abril, por el jefe de obra de ROFER SRL, encargado del desarrollo del loteo “Las Victorias”, ubicado en ruta provincial 24, en Cerrillos. El sereno le informó sobre el robo del transformador del loteo, donde constató la falta del núcleo de cobre, con un peso aproximado de 300 kilos.

El 12 de agosto fue denunciado el sexto hecho, por el propietario de un loteo en la Hacienda de las Nubes, de Rosario de Lerma, luego de percatarse de que en la avenida principal, estaba tirado un transformador, totalmente destruido.

El séptimo hecho fue denunciado el 29 de agosto por el apoderado de Suco SRL, a cargo de la urbanización y comercialización del loteo Parque El Lago. Allí, dos transformadores fueron dañados. Según el denunciante, estaban valuados en $1.500.000.

Ocho imputados por un conflicto de tierras en Cachi

Siete hombres y una mujer que refieren pertenecer a una comunidad originaria, serán imputados hoy por diversos delitos cometidos en el marco del reclamo que sostienen por la propiedad ancestral de una finca en Cachi. Fracasaron dos instancias de resolución alternativa al conflicto y hoy se formalizará la acusación en su contra.

La Fiscalía Penal 6, delegación Cachi, a cargo de Ana Inés Salinas, imputará hoy a Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro y Nemesio Fabián por el delito de usurpación por alteración de los limites en perjuicio del propietario de una finca, donde el 14 de Enero de este año, colocaron postes y alambraron la propiedad con la clara intención de modificar los términos del inmueble impidiendo con esta acción el ingreso a la finca y obstaculizando el trabajo habitual en el lugar.

También se les imputa el delito de Usurpación por despojo, habiéndose acreditado que el 5 de Febrero de este año, los  imputados ingresaron en banda, portando palos, piedras y boleadoras a la propiedad con claras intenciones de despojar (por invasión) al denunciante e impedir que los mismos continúen realizando actos propios de su posesión.

Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Ángel Plaza Ulises Yanez y Dora Siarez serán imputados por el delito de usurpación por despojo por el hecho del 5 de Febrero, cuando irrumpieron en la propiedad del denunciante.

A Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro, Nemesio Fabián, Amalio Fabián, Miguel Ángel Plaza, Dora Siarez, Walter David Fabián y Ulises Yanez se les imputa además el delito de daño agravado toda vez que quedó acreditado que los imputados provocaron daños al móvil policial y a otros elementos que portaban los efectivos participantes. Se los acusa además del delito de impedimento de normal funcionamiento de transporte por tierra por cuanto los imputados colocaron obstáculos en el camino de la Aguada el 5 de Febrero e impidieron de este modo el normal funcionamiento de transporte por dicho camino y también se les endilga el delito de resistencia a la autoridad.

Finalmente, a Norberto Martín Humana se le imputa el delito de lesiones leves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas y en contra de un miembro de las fuerzas policiales  por las lesiones provocadas a una efectivo policial.

La intervención de la Fiscalía inició en el mes de Enero, cuando Javier Montero Alessanco, propietario de la finca en cuestión, denunció que un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, reclamaba propiedad ancestral sobre un sector de su inmueble.

Desde la Fiscalía, se sometió el caso al proceso de mediación en el mes de Enero, donde no pudo alcanzarse una solución al conflicto. Y el día 5 de Febrero, un nutrido grupo se presentó en el predio con intenciones de asentarse.

El personal policial que se encontraba custodiando el predio, intentó impedir el ingreso de al menos 30 personas y se suscitaron hechos de violencia donde dos efectivos resultaron lesionados y se produjeron daños en móviles policiales.

Desde el Juzgado de Garantías 1, que interviene en la causa, también se instó a una solución alternativa al conflicto, la que no pudo alcanzarse.

La Fiscalía interviene en un conflicto de tierras en Cachi

La denuncia fue radicada en Enero por el propietario del predio contra un grupo de personas que refieren pertenecer a una comunidad aborigen y reclaman propiedad ancestral de un sector de la finca. La situación se encontraba sometida al proceso de mediación desde el 16 de Enero hasta ayer que se produjo el ingreso de estas personas con intención de asentarse. Hubo 6 personas demoradas.

La Fiscalía Penal 6, delegación Cachi, a cargo de Ana Inés Salinas, tomó intervención en la situación en el mes de Enero, cuando Javier Montero Alessanco, propietario de la finca, denunció que un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, reclamaba propiedad ancestral sobre un sector de su inmueble.

Desde la Fiscalía, se sometió el caso al proceso de mediación en el mes de Enero, donde las partes trabajaban en alcanzar una solución al conflicto. Durante las primeras horas de ayer, uno de los representantes de la Comunidad, comunicó que dejaban sin efecto el acuerdo alcanzado con el método alternativo de resolución y un nutrido grupo se presentó en el predio con intenciones de asentarse.

El personal policial que se encontraba custodiando el predio, intentó impedir el ingreso de al menos 30 personas y se suscitaron hechos de violencia donde dos efectivos resultaron lesionados y se produjeron daños en móviles policiales. Por el hecho resultaron 6 personas demoradas.

Al dejar sin efecto los alcances del acuerdo de mediación alcanzado, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, una medida cautelar de no innovar para ambas partes y una audiencia de reintegro de inmueble.

La auxiliar fiscal a cargo de la delegación, María Juárez Mattar, se constituyó en el lugar junto a la mediadora para dialogar con los miembros de la comunidad, los notificaron de la medida cautelar que prohíbe el ingreso al predio y se logró la liberación del camino que se encontraban cortando.

En tanto, Javier Montero Alessanco presentó en sede fiscal documentación que acredita la propiedad de la tierra en cuestión.