Caso Bernasar: piden la prisión preventiva del único detenido

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, requirió la prisión preventiva para Pedro Pablo Pardo, de 23 años, acusado del presunto femicidio de Gimena Sofía Bernasar. En su pedido, destacó el peligro de entorpecimiento latente y de fuga. Debe resolver el Juzgado de Garantías 3.

El pedido de la fiscal se fundamentó en la peligrosidad procesal que configura la posibilidad de que el imputado quede en libertad, ya que podría eludir el accionar de la justicia y desoír los llamamientos a comparecer durante la investigación. En el mismo sentido, dijo la fiscal que el imputado tiene suficientes razones para intentar evitar la aplicación de la ley penal, en base a pautas objetivas, lo que hace presumir su fuga. También merituó la gravedad del delito que se le imputa (el supuesto homicidio agravado por violencia de género en perjuicio de Bernasar) y la posible aplicación de una pena privativa de la libertad, en el supuesto de acreditarse la responsabilidad penal de Pardo.

En el pedido de prisión preventiva, Simesen de Bielke también valoró que de acuerdo a las evidencias, Pardo fue la última persona que se contactó con la víctima, a quien avisó que iría a verla al inquilinato de zona norte. Según presumen los investigadores, Pardo habría terminado con la vida de la víctima y luego, montó una escena para hacer presumir que se quitó la vida. “Se evidenció una conducta desinteresada en el resultado de su accionar y su actitud evasiva”, sostiene el pedido de preventiva.

Además, mencionó la falta de arraigo del imputado, lo que podría hacer que abandonara el país y evitará el accionar de la justicia, porque inclusive sus familiares desconocen su lugar de residencia. El hombre “se movería en un ambiente delictivo relacionado al consumo de estupefacientes” y por ello habría dejado su domicilio familiar, consta en la investigación.

Finalmente, Simesen de Bielke advirtió que en estado de libertad, el acusado podría intimar o influir en los testigos para obstaculizar la investigación.

Gimena Sofia Bernasar, de 24 años fue encontrada muerta el sábado 22 de junio pasado, en el interior de una habitación en la que vivía, en barrio Leopoldo Lugones, en la zona Norte de la ciudad de Salta.

Una fiscal pide a la justicia federal que investigue al religioso Rosa Torino

La Fiscal Penal 3, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, advirtió al fiscal penal federal en turno sobre la posible comisión de los delitos de lavado de activos y narcotráfico por parte del religioso Rubén Agustín Rosa Torino. Lo hizo a partir de la publicación del lunes 29 de julio, del sitio web Todo Noticias, que tituló “La Virgen de Guadalupe, el nexo entre El Chapo Guzmán y un cura argentino acusado por abuso”.

De acuerdo a la publicación del sitio, y cuya investigación lleva la firma de la periodista Miriam Lewin, “Exreligiosos confirmaron que el cura Agustín Rosa los obligaba a transportar dólares desde México a la Argentina. El capo narco iba a pagar la reparación del techo de un convento”.

El lunes pasado, la fiscal Simesen solicitó a la fiscalía penal federal en turno, que inicie una investigación preliminar de oficio, tal como lo establece el artículo 214 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho artículo establece que “si el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables”.

La fiscal basó su pedido al fiscal federal, tomando como notitia criminis la publicación mencionada, que sostiene, entre otros aspectos, que “consultado sobre el tema, un exreligioso integrante de la congregación, que vivió en México, donde el Instituto tiene varias sedes, confirmó que grupos de narcotraficantes del cartel de Sinaloa les pedían a Rosa y a los miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes y que un famoso jefe narco estuvo a punto de pagar la reparación del techo de un convento justo antes de ser arrestado en el 2014”.

El mismo informante sostuvo ante la periodista Lewin que “un señor estuvo a punto de hacernos el techo del convento que se vino abajo por una lluvia. Lo que nos iba a regalar era una locura, la reparación entera salía como U$S50.000. Un día nos iba a entregar la plata y el anterior lo detuvieron. Y ahí me enteré de que el señor, que tenía visto porque venía a la iglesia y las monjitas lo conocían, era nada menos que el Chapo Guzmán”. Y contó que «Yo viajé a la Argentina llevando U$S30.000, y juré que nunca más lo iba a hacer. Otros hermanos llevaban dinero escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe, en los bolsillos, en la ropa interior. Siempre estaban trayendo plata».

Simesen y la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Cecilia Flores Toranzos, reformularon el 11 de julio pasado el pedido de elevación a juicio en la causa que involucra al suspendido sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino. Contaron con el aval del procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó con su firma los argumentos esgrimidos por las integrantes del Ministerio Público Fiscal. Rosa Torino está acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser el autor ministro de culto reconocido», en perjuicio de dos exnovicios de su congregación y de «abuso sexual simple», en perjuicio una mujer. La imputación por esos delitos fue confirmada por la jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino. Las fiscales reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio pasado, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nula la elevación a juicio. Simesen de Bielke y Flores Toranzos dejaron constancia que no comparten los fundamentos de Figueroa y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa, las declaraciones de las víctimas, de testigos y las razones por las cuales se atribuyó Rosa Torino la comisión de los delitos que le imputan.

En el requerimiento, las fiscales expresan que, según consta en un informe del Arzobispado de Salta, Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado (incorporado) allí hasta 2009 cuando se aprobó la creación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Rosa Torino creó varias sedes del instituto en el interior de Salta, en otras provincias y el exterior (Chile, México y España). A instancia del Arzobispado, en 2015 el Vaticano dispuso la intervención de la orden y se le suspendió la licencia para ejercer el sacerdocio.

Abusaba de su hijastra desde los 5 años

La menor, ahora de 13 años, reveló sucedido a su madre, quien radicó la denuncia y así la fiscal penal, Verónica Simense, inició la investigación que en los últimos días derivó en la imputación del padrastro por el delito de abuso sexual agravado.

El caso llegó a la fiscalía penal 2, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a partir de la denuncia de la madre de la menor, quien relató que a principios del mes pasado durante una charla con su hija, quien se mostraba acongojada, la misma dio a conocer los hechos de abuso.

Explicó que esta situación comenzó a suceder desde que tenía 5 años, y que todo ocurría cuando la madre no estaba en casa debido a sus obligaciones laborales, circunstancias que era aprovechada por el ex concubino para someter a la menor a distintos abusos sexuales.

La progenitora explicó que su hija no pudo terminar de relatar los hechos, ya que estalló en llanto y se mostró gravemente afectada por el sometimiento sexual ejercido por su padrastro, quien a su vez ejercía presión sobre la misma para que no dijera nada de los abusos.

Dada la continuidad de los hechos en el tiempo, la fiscal penal llevó adelante una serie de diligencias procesales, cuyos resultados fundamentaron el pedido de detención del acusado, un sujeto de 46 años, quien después de separarse de la madre de la víctima, residía en el barrio Chachapoyas.

Tras la detención, la fiscal formalizó en los últimos días la imputación penal del caso en contra del acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, por el cual el Código Penal establece una escala penal de 8 a 20 años de prisión.

El Procurador dispuso cambios en la asignación de fiscales

Con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso cambios en la asignación de fiscales penales en las distintas fiscalías especializadas, descentralizadas y comunes en el Distrito Judicial del Centro.

Los cambios fueron adoptados en ejercicio de las atribuciones que los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia confieren al Procurador General.

En los considerandos de la resolución, el Procurador destacó que la inminente vacancia del cargo de fiscal penal de Maximiliano Troyano en la Fiscalía Penal de Limache, demanda la necesidad de reforzar la dependencia, para lograr una transición exitosa. En ese sentido, asignó al fiscal penal Pablo Paz a la Fiscalía Penal de Limache.

En tanto, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet se hará cargo de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas N°2. Por su parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke será responsable de la Fiscalía Penal N°2, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Por último, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt pasará a desempeñarse como fiscal penal de General Güemes.

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