La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la Comisaría 30, de San José de Metán.
Las imputaciones recayeron sobre los efectivos José Sergio Tévez, Cristian Sebastián Arias y Cristian Marcelo Díaz, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.
Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima, luego que su concubina le contara que durante la madrugada del sábado 18 de abril pasado, ocho efectivos policiales golpearon la puerta del inmueble y le dijeron que debían verificar la vivienda porque recibieron denuncias telefónicas por una fiesta clandestina con música y consumo de bebidas alcohólicas. También le advirtieron que si no abría la puerta, se la llevarían detenida.
El denunciante sostuvo que su pareja abrió la puerta y que muchos policías ingresaron bruscamente, mientras ella les decía que la fiesta era en la casa de al lado. Tras recorrer la vivienda y confirmar que no había ninguna fiesta, los efectivos salieron.
El denunciante sostuvo que por lo sucedido, ambos fueron a la Comisaría 30 para consultar sobre los motivos por los que entraron al domicilio sin autorización y relató que fueron recibidos de mala manera por un efectivo en mesa de entradas, por lo que pidió hacer una denuncia. En ese momento, un policía lo empujó, mientras un oficial y otro policía se le abalanzaron y lo redujeron.
Luego, el denunciante relató que fue llevado hacia un costado del interior de la Comisaría, donde lo golpearon en distintas partes del cuerpo. También pudo escuchar que el oficial le gritaba «donde te vea te voy a meter preso, te voy a hacer correr del trabajo».
Posteriormente, fue sentado en una habitación hasta que arribó un móvil de Infantería y lo trasladaron al hospital local, donde le hicieron radiografías. Manifestó que pidió al personal policial una copia del certificado y que éstos se negaron.
Se tuvo tiene por acreditado que los acusados en ejercicio de la función, redujeron a la víctima con actos de fuerza física claramente irracionales, ya que el denunciante se encontraba solamente con su pareja y los efectivos policiales lo superaban en número.
La fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742 que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, porque que las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima, permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados, afectó los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal. Además, el sufrimiento infligido al momento de su detención, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal.
