Verónica Simesen de Bielke

 Derechos Humanos

Peligro de fuga: Piden la prisión preventiva de los tres policías imputados en múltiples causas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales detenidos este lunes, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

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 Derechos Humanos

Detienen a tres efectivos policiales imputados en múltiples causas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, el allanamiento a los domicilios y la detención de tres efectivos policiales, imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana. Las detenciones se efectivizaron durante este lunes.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la detención del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

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 Derechos Humanos

Estaba junto a su familia, lo persiguieron y le dispararon

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Carlos Gustavo Enríquez, de 44 años y con revista en la División Seguridad Urbana, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 4 de abril de 2014, cerca de las 22, el denunciante se encontraba con su familia en el exterior de su vivienda ubicada en barrio Justicia, en la zona sudeste de la Ciudad de Salta, cuando se originó un conflicto del que participaron otras personas.

Esto motivó la llegada del personal policial a bordo del móvil 1436 de la División Seguridad Urbana, a cargo del imputado, quien desempeñó un exceso en sus funciones, al acometer contra de la integridad física del damnificado, a quien persiguió disparándole balas de goma que impactaron en la espalda, nalgas, pantorrilla y muslo de la víctima, y le provocaron lesiones que fueron constatadas por médicos del CIF.

Se tiene así que el imputado, mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante, por lo que excedió los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta de Enríquez resulta penalmente reprochable, pues, son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, del reglamento policial, surge que el uso de la fuerza pública, está regido por una serie principios, entre ellos, la “racionalidad”; es decir, debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación que enfrenta y solo estará permitido el uso de armas no letales cuando los otros medios no violentos, resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

597
 Derechos Humanos

Salió a bailar, pero terminó golpeado por policías

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Dante Manuel Olarte, de 36 años; Jorge Luis Sanguino, de 31 y Fabián Antonio Cuéllar, de 39; todos con revista en la Comisaría 31 de Rosario de la Frontera.

La investigación permitió establecer que el 16 de septiembre de 2019, cerca de las 3:30, mientras el denunciante estaba en la entrada del boliche Punto Uno, ubicado en la ciudad termal, para reclamar que le devolvieran el dinero de la entrada porque no lo dejaban pasar, aparecieron los acusados, quienes lo subieron al móvil y lo golpearon.

Luego, lo trasladaron hasta el hospital, donde no lo hicieron revisar y al salir, volvieron a agredirlo.

La víctima sufrió lesiones en el rostro que fueron constatadas por un médico clínico, mientras que un oftalmólogo certificó “hemorragia subconjutival” en uno de los ojos del denunciante.

Surgió así que los acusados ejercieron un acto de servicio y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742 que autoriza a las fuerzas policiales a hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario.

Es que si bien la Ley Orgánica de la Policía Provincial permite el uso de la fuerza cuando fuere necesario mantener el orden, garantizar la seguridad e impedir la perpetración del delito, resulta legítimo cuando su despliegue es necesario e imprescindible y siempre debe ajustarse y ser proporcional a las particularidades del caso.

423
 Derechos Humanos

Detuvieron a un menor tras un asalto, lo llevaron a la subcomisaría y lo lesionaron a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de severidades calificadas y lesiones leves.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo, el cabo Ignacio Esteban Zurita y el cabo Darío Aníbal Guzmán, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que en la madrugada del 13 de junio de 2020, los acusados a bordo del móvil 1727 se desplazaron a colaborar con el móvil 1737 de la subcomisaría de Villa Lavalle, donde divisaron a los causantes del robo a un remisero, a quien asaltaron con un cuchillo en inmediaciones de la esquina de las calles Julio Paz y Carlos Outes.

Al divisar a un menor que se daba a la fuga, los imputados lograron alcanzarlo en el Pozo de la Muerte y lo detuvieron. Luego, lo trasladaron a la subcomisaría de Villa Lavalle, donde según el menor, los mismos efectivos que lo detuvieron, lo metieron a una habitación y lo golpearon en distintas partes del cuerpo, que le produjeron al menor lesiones que fueron constatadas por certificados médicos.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que surgió con claridad manifiesta que la figura endilgada del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo ser humano en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Se tiene así que los acusados, funcionarios policiales con el deber de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo una conducta totalmente contraria a lo que se espera de un funcionario, pues, en la situación de encierro, produjeron actos lesivos hacia la integridad física del menor, que resultó en el reproche penal.

446
 Derechos Humanos

Lo siguieron, lo esposaron, lo golpearon en la calle y continuaron agrediéndolo en la subcomisaría

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a dos efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia; y a otros cuatro, acusados de los delitos de severidades y lesiones leves en concurso ideal.

Los efectivos policiales Carlos Alfredo Farfán e Iván Exequiel Segovia, con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autores.

En tanto, los efectivos Oscar Sebastián Pereyra, Luis Sebastián Pérez, Francisco Crisostomo Alzogaray y Jonatan Esteban Díaz, con revista en la subcomisaría El Mirador, fueron acusados de los delitos de severidades y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Del requerimiento, surgió que el 24 de mayo de 2020, mientras el denunciante circulaba junto a su pareja por calle Williams, de la ciudad termal y a bordo de su auto, observó que un móvil policial empezó a seguirlos, por lo que estacionó.

Fue entonces que el personal policial se acercó al rodado y el denunciante fue esposado en el piso, donde propinaron patadas en la espalda. Luego, fue subido al móvil, en el que le dieron golpes de puño en el rostro y le pisaron el pecho.

La investigación encabezada por Simesen de Bielke, permitió determinar que el traslado de la víctima fue realizado por los acusados Farfán y Segovia, quienes le produjeron al denunciante lesiones que fueron constatadas, por lo que se advirtió un accionar injustificado por parte de los imputados, quienes excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Sobre la acusación a los efectivos Pereyra, Pérez, Crisostomo Alzogaray y Díaz, surgió de las constancias de la causa que la víctima fue trasladada a la Subcomisaría El Mirador, donde éstos continuaron agrediéndolo físicamente, mientras le vociferaban: “pendejo de mierda te vamos a hacer cagar, no me mires a la cara”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que de las investigaciones desplegadas, los diversos testimonios incorporados, el soporte magnético y la prueba médica, se advirtió con claridad manifiesta que el uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales excedió los límites permitidos y que en modo alguno se hallaba legítimamente justificada.

539
 Derechos Humanos

Un denunciado por violencia verbal se convirtió en víctima de violencia policial

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento ayudante Roberto Pintos, el sargento Pablo Quispe y el cabo Sergio Aráoz.

En su denuncia radicada el 6 de noviembre de 2018, la víctima sostuvo que entre las 0 y las 0:30 de ese día, mientras estaba en su domicilio ubicado en barrio Boulogne Sur Mer y luego de un conflicto familiar en el que hubo violencia verbal, intervino el personal policial de la Comisaría 10.

El denunciante sostuvo que estaba ofuscado, por lo que discutió con uno de los policías, quien le pegó un golpe de mano abierta y le ordenó que se fuera a cambiar para llevarlo detenido. Luego, el mismo efectivo le propinó otro golpe de puño en las costillas y lo agarró del cuello.

El denunciante sostuvo que se resistió porque no había ninguna orden de detención y relató que logró soltarse por un momento porque lo había dejado sin aire, cuando nuevamente lo agarraron del cuello y lo tiraron al piso, mientras otros policías desde atrás lo agredieron con golpes de puño en las costillas y le pegaron patadas en las piernas. Tras esto, lo esposaron y lo tiraron a la caja del móvil, donde lo llevaron boca abajo, le pisaron la cabeza y le apoyaron una rodilla en la espalda, hasta llegar a la comisaría, donde le pegaron golpes de puño en el rostro.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que aun cuando en el presente caso, se alegare una cierta resistencia a la detención del personal policial, la fuerza ejercida por los acusados fue desmedida, lo cual se desprendió con claridad de las múltiples lesiones que fueron constatadas en la humanidad del denunciante, quien resultó lesionado en el rostro, tórax, rodilla, brazos y manos.

Así, se tiene que los funcionarios policiales, con la obligación de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos; pues, en la situación de encierro, produjeron actos vejatorios hacia a integridad física del denunciante.

Por último, huelga recalcar que el Estado Argentino se ve en la necesidad de intervenir activamente en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984), destacando que se ha comprometido a adoptar todo tipo de medidas, incluyendo judiciales, que sean eficaces para impedir este tipo de actos.

549
 Fiscalías Capital

Piden el juicio contra el exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur por las filtraciones al policía Mamaní

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real.

Los elementos colectados durante la investigación, demostraron que el acusado incurrió en conductas incompatibles con la rectitud, objetividad y buena fe con la que deben actuar los funcionarios públicos, aún más los que se desempeñan dentro del Ministerio Público Fiscal, ya que es a este órgano al que se le atribuye la obligación constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

En sus fundamentos, el fiscal penal Ramos Ossorio, sostuvo que Dantur, quien se desempeñaba como auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación de Apolinario Saravia, tomó conocimiento directo, el 1 de julio de 2020, de la denuncia radicada en contra de Walter Mamaní, quien a esa fecha ostentaba la función de Comisario en la Subcomisaría El Dorado.

En ese sentido, pudo demostrarse que Dantur mantuvo con Mamaní diversas conversaciones sobre la causa investigada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien sin embargo, logró requerir el juicio contra Mamaní y otros cuatro policías, por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en perjuicio de Luciano Diez.

En estas conversaciones, Dantur le transmitió a Mamaní información de las diligencias que Fiscalía le había requerido. Tal actuación por parte del exauxiliar fiscal resultó totalmente contraria a las normas que regulan el ejercicio de la función, en este caso, las disposiciones de la Ley N° 7712 y del Código Procesal Penal de Salta, toda vez que ejerció esa función en representación del órgano acusador y violó así los deberes a su cargo, específicamente lo dispuesto en los artículos 257 y 259 del Código Procesal Penal.

El artículo 257, establece en el segundo párrafo que: “Toda persona que por su función o participación tuviera acceso a los actos cumplidos en la investigación penal preparatoria, deberá guardar reserva y abstenerse de informar sobre los mismos.

A su vez el, artículo 259 del mismo cuerpo legal, reza que “los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, están obligadas a guardar secreto. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, el incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado conforme a las disposiciones de la ley respectiva”.

Las irregularidades registradas superaron el marco de discrecionalidad y tolerancia de lo que un trato cordial implica para con los integrantes de las fuerzas de seguridad en su rol de auxiliares de justicia, habida cuenta que Dantur decidió informar la marcha del trámite investigativo y las diligencias en curso, además de poner a disposición las actuaciones, actitud que sin lugar a dudas comprometieron el éxito del proceso.

Además, Dantur incluso confeccionó un oficio para deslindar a Mamaní de un sumario iniciado en otra causa penal y puso a su disposición la llave de la oficina de la sede de la Delegación, para que el mismo Mamaní ingresara un día domingo a compulsar las actuaciones.

Vale recordar que a comienzos de febrero de este año, el Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al exauxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

697
 Derechos Humanos

Quisieron que se hiciera cargo de un robo y lo mandaron al hospital

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco policías con revista en la División de Seguridad Urbana y en la Comisaría 30 de Metán.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Miguel López, Bernardo Omar Nieva y Guillermo Skrivanelli, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal. En tanto, Cristian Marcelo Díaz y Martín Gallardo Enrique, fueron acusados de los delitos de apremios ilegales y lesiones leves, en concurso ideal.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.

De la denuncia radicada por el damnificado, se tiene que el 20 de julio de 2019, cerca de las 18, mientras caminaba por la calle del Complejo Municipal de Metán y antes de llegar a la esquina de calle 9 de Julio, fue abordado por un móvil del que bajaron dos policías del DSU.

Tras esto, le indicaron que se pusiera contra la pared, lo agarraron de los pelos, lo tiraron dentro del móvil y le pegaron golpes de puño en el rostro y en el cuerpo.

Luego, el denunciante fue trasladado a la Comisaría 30, donde le hicieron una requisa y recibió otra golpiza. Tales circunstancias fueron acreditadas con un informe que dio cuenta de la intervención de los acusados y del informe del libro de guardia de la comisaría.

Del requerimiento surgió que los imputados López, Nieva y Skrivanelli, en ejercicio de una función pública y al tener a su cargo la obligación de salvaguarda de la integridad física de las personas, llevaron a cabo actos lesivos hacia la integridad física de la víctima y ejercieron las potestades otorgadas por las reglamentaciones de forma abusiva.

En relación a los imputados Díaz y Gallardo, surgió de las constancias que a raíz de los golpes que le propinaron al denunciante, resultó necesaria la asistencia hospitalaria, por lo que debió ser trasladado en ambulancia hacia el hospital.

Una vez que la víctima ingresó a la sede de la Comisaría 30, ambos imputados y mediante el uso abusivo de la fuerza, lo obligaron a hacerse cargo de un robo, con el fin de obtener su confesión y le produjeron lesiones que conllevaron al traslado del denunciante al hospital local. Las heridas también fueron constatadas a través de un informe médico del CIF.

495
 Derechos Humanos

Suman 745 denuncias contra efectivos policiales en lo que va del año

En el período comprendido entre el 1 enero y el día de la fecha, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 11.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke informó que desde enero a la fecha, fueron recibidas 745 denuncias por abusos policiales. Los elementos colectados durante las investigaciones, ya permitieron imputar cerca del 10% de los policías denunciados en el período de menos de tres meses.

Durante 2020 y desde el 1 de julio, -cuando Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía- y hasta el 31 de diciembre, hubo 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio.

Vale recordar que desde el martes 11 de agosto de 2020, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, vínculo que solo está habilitado para denuncias relacionadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscalías penales comunes y especializadas, según el caso.

Al respecto, la fiscala recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

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