Tras una denuncia web que señalaba que en calle Chacabuco al 1300 vendían drogas, el fiscal Penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, inició una investigación que culminó con la detención de un hombre y el pedido de captura para su hermano.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a un hombre de 31 años por el delito de comercialización de estupefacientes y resistencia a la autoridad.
La intervención de la UFINAR inició luego de recibir una denuncia anónima en la web de fiscalespenales.gob.ar en la que vecinos de la zona de calle Chacabuco 1300 aseguraban que en una vivienda de la zona comercializaban estupefacientes.
El fiscal Torres Rubelt ordenó que se iniciara una investigación y, de tareas de vigilancia, se observó la presencia de personas que se acercaban hasta el domicilio e intercambiaban dinero por “papelitos”. Al demorar a algunos de los compradores, les fueron secuestrados los papelitos con una sustancia amarillenta que dio positivo para cocaína al realizar el Narcotest.
El 26 de septiembre fue demorado en flagrancia un hombre, hermano del dueño de la vivienda investigada. Tras requisarlo, se pudo confirmar que en su poder tenía dosis de clorhidrato de cocaína. Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda, medida que finalmente tuvo lugar el 27 de septiembre.
Durante el procedimiento en la vivienda de calle Chacabuco fueron secuestrados envoltorios de polietileno verdes y negros, los cuales coinciden con los envoltorios secuestrados a los compradores a quienes se realizaron los controles durante la investigación; y un cuchillo de metal con restos de sustancia. Al realizarse la prueba de narcotest sobre la sustancia, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.
El dueño de la vivienda se dio a la fuga por lo que Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías se libre el pedido de captura. El hermano, de 31 años, se encuentra detenido en la Alcaidía General de la Provincia.
Bajo la dirección del fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, el 20 de septiembre se realizó un operativo que culminó con el secuestro de sustancias estupefacientes y la detención de una persona.
El proveedor de sustancias estupefacientes de un hombre que había sido arrestado en mayo pasado fue detenido ayer en barrio Scalabrini Ortiz. Durante el procedimiento fueron secuestradas en su vivienda dosis de cocaína, elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, dinero en efectivo y celulares.
El operativo estuvo a cargo del fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto. La investigación inició luego de la detención e imputación de un hombre el 26 de mayo pasado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A través del entrecruzamiento de datos, se pudo localizar a otro individuo que habría actuado como proveedor.
A partir de allí, personal del Sector 3 A de Drogas Peligrosas, realizó distintas tareas bajo la dirección de la UFINAR, a fin de reunir las pruebas que permitieran demostrar la actividad ilícita llevada adelante por el hombre.
Una vez recolectado el material necesario, el fiscal López Soto solicitó al Juzgado de Garantías autorización para allanar el domicilio, medida que se concretó el pasado 20 de septiembre. El hombre detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia e imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante la audiencia, fue asistido por un defensor oficial y se negó a prestar declaración.
Una investigación iniciada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad del MPF permitió desarticular, en trabajo conjunto con Procunar, una organización dedicada a la venta de estupefacientes y que era manejada por Juan Manuel Motok, un importante narcotraficante detenido en la Unidad Carcelaria 1.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó a tres mujeres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.
Las tres
fueron detenidas el viernes 16 en el marco del operativo denominado ”Milagro
Blanco”. El jueves pasado fueron secuestrados en el puesto de control de Río
Las Pavas, sobre Ruta 34, 20 kilos 800 gramos de cocaína acondicionada en
ladrillos con un delfín estampado.
Como resultado del operativo, el chofer del vehículo en el que era transportada la droga –oculta en el tanque de gas- fue detenido, así como la pareja de Juan Manuel Motok, un conocido traficante de sustancias estupefacientes que se encuentra cumpliendo una condena de 4 años en la Unidad Carcelaria 1.
Ante la sospecha de que parte de la sustancia secuestrada podría ser destinada a diferentes bocas de expendios en la ciudad de Salta y sobre la probabilidad razonable de fuga por parte de la hermana de Motok, que según las escuchas sería la responsable de recibir el cargamento, el fiscal Torres Rubelt solicitó el allanamiento de las viviendas y detención de tres mujeres, todas ellas vinculadas a la causa.
*La causa*
La intervención de la UFINAR inició el 1 de abril de 2022, con una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal de Salta. A través de distintas tareas, los investigadores de UFINAR detectaron que desde el interior de la Unidad Carcelaria 1, Juan Manuel Motok manejaba una organización que abastecía de sustancias estupefacientes al mercado local.
La pareja del hombre habría desarrollado una tarea fundamental, siendo nexo entre Motok, proveedores y compradores en otras localidades. Además, habría sumado a mujeres de detenidos a la organización y cuyas viviendas se encontraban bajo vigilancia.
Teniendo en cuenta la información recabada, el 20 de julio de 2022, la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Salta celebró un Acuerdo de Equipo Conjunto de Investigación con la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, dependiente de la Fiscalía Federal de la Nación, para que ambas procuradurías especializadas pudieran acceder a la totalidad de la información e investigar de manera conjunta la organización delictiva en razón de que algunos de sus integrantes llevarían a cabo conductas de transporte y comercialización de estupefacientes.
En ese sentido, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad dirigió la parte microtráfico de la organización, mientras que la Procunar NOA hizo lo propio respecto de la parte correspondiente a su competencia.
De las
pesquisas, los investigadores descubrieron que, durante el triduo del Milagro,
una importante cantidad de sustancias estupefacientes sería movilizado desde
Salvador Mazza, por lo que se puso en marcha el Operativo “Milagro Blanco”.
El jueves 15 de septiembre, en Río Las Pavas, personal operativo de la UFINAR detectó oculto en el tanque de gas de un automóvil Fiat Palio, más de 20 kilogramos de cocaína y 542.000 pesos. El chofer del vehículo y la esposa de Motok fueron detenidos y los tres imputados por la Justicia Federal por el delito de transporte agravado por el número de intervinientes.
Tras el secuestro de los 20 ladrillos en Río Las Pavas, desde UFINAR se solicitó la detención de tres mujeres. La hermana de Motok fue interceptada en la vía pública y demorada el jueves a la noche. En su vivienda, ubicada en barrio Juan Pablo II, fueron secuestrados más de 160 dosis de cocaína, celulares, dinero en efectivo y distintos artilugios usados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
En barrio
Castañares fue allanada la vivienda de la pareja de otro detenido en la UC1,
secuestrándose en su poder más de 100 dosis de cocaína, elementos empleados
para su fraccionamiento y distribución, dinero en efectivo y celulares.
Por último,
en el domicilio de Villa Floresta, de la pareja de un tercer detenido en la
Unidad Carcelaria 1, fueron secuestradas dosis de cannavis sativa, elementos de
corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y celulares.
Las tres mujeres fueron imputadas por el fiscal Gustavo Torres Rubelt por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada
El Ministerio Público Fiscal inició en abril pasado, a través de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, una investigación a raíz de una denuncia anónima a la web de fiscalespenales.gov.ar, develando una importante red de venta de drogas en la ciudad de Salta y en la Unidad Carcelaria N° 1. El trabajo conjunto de UFINAR y PROCUNAR, dependiente de la Fiscalía Federal de la Nación, permitió detener a cinco personas, secuestrar más de 20 kilogramos de cocaína acondicionados en ladrillos, 542.000 pesos y un automóvil Fiat Palio.
En el marco de la lucha contra la Narcocriminalidad y en base a los resultados positivos respecto a la eficiencia y agilización de las investigaciones derivados del trabajo mancomunado entre el Ministerio Público Fiscal y Procunar, se realizó un importante operativo denominado “Milagro Blanco” en el que fueron detenidas hasta el momento cinco personas, secuestrados 245.000 mil dosis de cocaína acondicionadas en 20 “ladrillos” marcados con un delfín, 542.000 pesos, un automóvil Fiat Palio y el fiscal Penal la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, solicitó el allanamiento de tres viviendas ubicadas en la capital salteña.
Las actuaciones de la UFINAR iniciaron con una denuncia anónima a la web de fiscalespenales.gov.ar el 1 de abril de 2022 en la que se informaba que la pareja de un hombre condenado por venta de estupefacientes -que se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos- manejaba a un grupo de mujeres que ingresaban droga al penal, que luego era vendida por el hombre.
El fiscal Torres Rubelt ordenó que se iniciara una investigación, que fue llevada a cabo por personal de la UFINAR. A través de distintas técnicas investigativas se pudo establecer que la mujer mantenía conversaciones y contacto con dos mujeres de manera frecuente, ambas con antecedentes por tenencia de estupefacientes. Una de las mujeres, además, es concubina de un hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria N°1 por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Al continuar con la investigación y la intervención de líneas telefónicas, el personal de la UFINAR detectó el ingreso de estupefacientes a la Unidad Carcelaria N° 1 y la comercialización en el penal por parte del detenido, con ayuda de un guardiacárcel.
En junio de este año, a través de escuchas telefónicas, se descubrió que una cuñada del hombre mantenía una conversación con otra mujer en la que le informaban sobre la llegada de un importante cargamento de sustancias a la Terminal de Ómnibus de Salta.
También fueron detectadas dos hermanas del detenido, como partícipes de la organización cuyo rol habría sido el de repartir drogas y cobrar el dinero por el abastecimiento de las mismas.
En julio de 2022, una de las mujeres investigadas habría efectuado un viaje desde Salvador Mazza hacia la localidad de Tucumán, en compañía de cuatro femeninas. Días más tarde, visitó a su pareja en la Unidad Carcelaria N° 1. Las conversaciones mantenidas entre los involucrados daban cuenta de transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización entre el Norte de Salta y la provincia vecina.
Teniendo en cuenta la información recabada, el 20 de julio de 2022, se celebró un Acuerdo de Equipo Conjunto de Investigación entre la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, para que ambas procuradurías especializadas puedan acceder a la totalidad de la información e investigar de manera conjunta la organización delictiva en razón de que algunos de sus integrantes llevarían a cabo conductas de transporte y comercialización de estupefacientes.
En ese sentido, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad dirigió la parte microtráfico de la organización, mientras que la Procunar NOA hizo lo propio respecto de la parte correspondiente a su competencia.
Días atrás, los investigadores detectaron que la organización movería un importante cargamento durante el Triduo del Milagro, en la creencia de que las Fuerzas de Seguridad estarían abocados y distraídos con la celebración.
Así, el jueves 15 de septiembre, se puso en marcha el operativo “Milagro Blanco” a cargo de Procunar, secuestrándose sobre ruta nacional 34 en el puesto de control Río Las Pavas, 245.000 mil dosis de cocaína, acondicionada en 20 ladrillos que se encontraban ocultas en el tanque de gas de un automóvil marca Fiat modelo Palio. Los ladrillos estaban marcados con un delfín.
De acuerdo a los registros, el cargamento habría sido enviado por la pareja del detenido en la Unidad Carcelaria N°1 desde la localidad de Salvador Mazza. Teniendo en cuenta que la mujer era quien proveía de sustancias estupefacientes a la red de venta de drogas en la ciudad de Salta y, ante la sospecha de que parte de la sustancia secuestrada podría ser destinada a diferentes bocas de expendios de esta ciudad y sobre la probabilidad razonable de fuga por parte de la mujer, se procedió a su detención en la vía pública.
A fin de desactivar la introducción de las sustancias en bocas de expendio, el fiscal Penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de tres viviendas ubicadas en la ciudad de Salta, medida que se llevó a cabo esta tarde.
Dada la importancia de los procedimientos y la gravedad para el orden público, la UFINAR dictó la reserva total de las actuaciones.
Los fiscales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, representaron al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
La Sala 5 del Tribunal del Juicio condenó,
mediante juicio abreviado, a dos hermanos por el delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización.
Matías Héctor Carmen fue sentenciado a cuatro
años de prisión efectiva por ser considerado responsable del delito de tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor.
Por su parte, Moisés Agustín Carmen fue condenado
a tres años de prisión de ejecución condicional más el pago del mínimo de la
multa y la imposición de las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y
abstenerse de usar estupefacientes por ser considerado partícipe secundario del
mismo delito.
Los hermanos Carmen fueron acusados por los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras la aceptación de los acusados del delito
cometido, las partes firmaron el acuerdo de juicio abreviado.
Los fiscales penales de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, iniciaron una investigación a raíz de una denuncia anónima ingresada a la web del Ministerio Público.
La Sala 4
del Tribunal de Juicio condenó a Érica Micaela Avellaneda y a Anabel de los
Ángeles García a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra al Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
La investigación de la UFINAR inició a raíz de una denuncia en la página web del Ministerio Público Fiscal en la que se señalaba que una mujer vendía drogas en barrio Boulogne Sur Mer.
Bajo la dirección del fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, Drogas Peligrosas de Policía de la Provincia reunió distintas pruebas y pudo establecer que la persona denunciada era conocida como “Nana” y que se dedicaba a la venta de drogas con la ayuda de jóvenes consumidores, quienes la alertaban en caso de la presencia fuerzas de seguridad o personas extrañas al lugar.
En 7 de noviembre de 2020, por pedido del Fiscal de UFINAR, se allanó el domicilio de “Nana” y fueron secuestrados de distintos ambientes de la vivienda, casi 200 dosis de cocaína, cannabis sativa, elementos empleados para la comercialización de estupefacientes, dinero en efectivo y celulares.
En el interior de la vivienda también se encontraba Érica Micaela Avellaneda, quien llevaba en una riñonera dosis de cocaína y cannabis sativa.
Ambas
fueron detenidas e imputadas. La jueza Norma Beatriz Vera dispuso la prisión
preventiva de ambas y ordenó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria
local.
Durante el allanamiento realizado en una vivienda de barrio San Benito fueron secuestrados ocultos en distintas habitaciones, cerca de 500 dosis de cocaína, $264.850, distintos elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes y celulares.
En el marco de un operativo en la lucha contra la Narcocriminalidad que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal cuatro personas fueron detenidas en el barrio San Benito de la ciudad de Salta y luego imputadas.
Tras recibir distintas denuncias anónimas en la web de fiscalespenales.gob.ar, el fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, inició una investigación en la que se tuvo como objetivo una vivienda en la que supuestamente se comercializaban estupefacientes.
Los efectivos
de la División de Drogas Peligrosas pudieron identificar que dos hombres y una
mujer y un menor de edad recibían a numerosas personas en la vivienda,
intercambiando “papelitos” por dinero para luego retirarse.
Luego de recolectar distintas pruebas, el fiscal López Soto solicitó al Juzgado de Garantías autorice el allanamiento del lugar, medida que finalmente tuvo lugar días atrás.
Durante el procedimiento fueron secuestrados, ocultos en distintas habitaciones, cerca de 500 dosis de cocaína, $264.850, distintos elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, celulares.
Los dos
hombres y la mujer fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines
de comercialización agravada por cometer el hecho valiéndose de menores de edad
y por la participación de más de tres personas en forma organizada. Los tres se
encuentran detenidos en la Alcaidía General de la Provincia
Por su parte, el adolescente de 17 años, que es hijo de la mujer, fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada”. El fiscal López Soto dio intervención al Defensor Penal Juvenil y la Asesora de Menores e Incapaces.
Los tres adultos se encuentran detenidos en la Alcaidía General de la Provincia, mientras que el adolescente fue alojado en el Centro de Menores en Conflicto con la Ley Penal.
Perro de la División Antinarcóticos marca uno de los lugares en donde se encontraba ocultan sustancias estupefacientes
Un hombre de 25 años cumplía 9 años de prisión domiciliaria, pese al pedido de la Fiscalía de que lo hiciera en un establecimiento carcelario. Una investigación de la UFINAR determinó que continuaba con la venta de sustancias ilícitas en el domicilio en que debía cumplir su sentencia. Interviene el fiscal Santiago López Soto.
Un hombre de
25 años fue detenido ayer en barrio 17 de Mayo con cocaína, elementos empleados
para la comercialización de estupefacientes, 17.000 pesos y celulares.
La intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) inició a raíz de cuatro denuncias anónimas radicadas a través de la web fiscalespenales.gob.ar que señalaban que un hombre vendía sustancias estupefacientes en el barrio 17 de Mayo.
El fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, inició una investigación en la que se pudo determinar que el denunciado cumplía dos condenas por venta de estupefacientes. La primera fue dictada por la Sala 7 del Tribunal del Juicio el 14 de octubre de 2021 y se le impuso una pena de 4 años de prisión efectiva por resultar autor del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización, debiendo cumplir la pena bajo modalidad domiciliaria. El segundo fallo es de la Sala 2 del Tribunal de Juicio y tiene fecha del 7 de junio de 2022: fue hallado culpable del mismo delito y se le impuso una condena cinco años de prisión efectiva a cumplirse bajo la modalidad domiciliaria, declarándolo reincidente y acumulando las penas en 9 años de prisión.
En ambos casos, el lugar en el que debía cumplir la detención domiciliaria es en barrio 17 de Mayo y en las dos oportunidades, la Fiscalía se opuso al dictamen solicitando que la pena se cumpliera en un establecimiento carcelario.
De las
tareas de vigilancia se pudo observar a numerosas personas llegar hasta el
domicilio señalado, intercambiar dinero por “papelitos” y retirarse del lugar.
Los investigadores reunieron distintas pruebas que llevaron a que, por pedido del fiscal López Soto, en la tarde de ayer se allanara la vivienda y se detuviera al hombre de 25 años, secuestrándosele clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos empleados para la comercialización de estupefacientes.
En base a los elementos obtenidos mediante las vigilancias llevadas a cabo por personal policial, a los elementos obtenidos mediante el allanamiento y a la identificación de personas que le adquirieron sustancia, desde UFINAR determinaron que el acusado tenía a su disposición y dentro de su ámbito de custodia sustancias estupefacientes que entregaban a terceros a cambio de dinero, elementos para acondicionar la sustancia para la venta y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita por lo que será imputado en las próximas horas por el fiscal Santiago López Soto.
El hombre
fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia.
En agosto de 2020, una mujer denunció en el programa Central Policial que en Villa Las Rosas vendían drogas a los detenidos y luego amenazaban a familiares para que paguen. La UFINAR inició una investigación que concluyó con 9 imputados.
El Tribunal del Juicio integrado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber condenó a siete de los nueve acusados por comercialización de estupefacientes en la Unidad Carcelaria N° 1.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio que se desarrolló a lo largo de 10 jornadas.
Guillermo Pedro Lozano fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de comercialización de estupefacientes agravado por cometerse en un establecimiento de detención. Teniendo en cuenta que Lozano tenía una condena previa de 2016 y, unificadas las penas, pasará 29 años y seis meses en prisión.
Cristina Santander Contreras fue condenada a 6 años de prisión de ejecución efectiva por comercialización de estupefacientes agravado por ser cometido en establecimiento de detención; Rocío Rodríguez, a 4 años y 6 meses por el mismo delito y a Claudia Carrizo a 4 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes. Las tres cumplirán sus condenas en sus domicilios particulares.
Martín
Navarro fue sentenciado a la pena de 4 años de prisión efectiva por
comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego de uso civil, al
igual que Pablo González Hussein, por el delito de comercialización de
estupefacientes. El Tribunal ordenó el inmediato traslado de los dos
sentenciados a la Unidad Carcelaria.
En cuanto a
Micaela Alderete, los jueces la condenaron a 3 años de prisión de ejecución
condicional más reglas de conducta por el delito de facilitación de
estupefacientes a título gratuito agravado por ser cometido en establecimiento
de detención. Se ordenó su inmediata liberación.
Finalmente,
Nicolás Martínez Fleitas y Daniel Valeriano fueron absueltos por el beneficio
de la duda.
Luego de nueve jornadas de intenso debate, esta tarde se desarrollaron los alegatos finales en el juicio que se le sigue a nueve personas –entre ellos dos internos de la Unidad Carcelaria N°1- por venta de estupefacientes en un penal. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal de UFINAR, Santiago López Soto. Mañana continuarán con las réplicas y luego, se espera, se conocerá la sentencia.
Durante la tarde de este jueves, se produjeron los alegatos del juicio que se sigue contra nueve personas -dos de ellos internos de la Unidad Carcelaria N° 1-, por comercialización de estupefacientes.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, solicitó 9 años de prisión para Guillermo Pedro Lozano, y 7 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva para Nicolás Martínez Fleitas por considerarlos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.
En cuanto a Cristina Santander Contreras, desde la UFINAR solicitaron 7 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva; y para Rocío Rodríguez, 6 años y 6 meses por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.
López Soto también requirió 7 años de prisión para Martín Navarro por considerarlo coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y tenencia de arma de fuego de uso civil.
Para
Micaela Alderete solicitó 4 años de prisión efectiva por ser autora del delito
de entrega de estupefacientes a título oneroso agravada por realizarse en el
interior de un lugar de detención en grado de tentativa.
En cuanto a
Claudia Carrizo, Daniel Valeriano y Pablo González Hussein solicitó 4 años y 6
meses para los dos primeros y 5 años para el tercero por los delitos de
comercialización de estupefacientes.
Se espera que mañana continúen las réplicas y luego el Tribunal colegiado integrado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber dé a conocer la sentencia.
La causa
En agosto de 2020, la UFINAR inició una investigación por una notitia criminis dada a conocer en el programa Central Policial de FM Profesional. Allí fue entrevistada una mujer que tenía un familiar o allegado cumpliendo condena en la Unidad Carcelaria 1 a quien otros internos le vendían sustancias estupefacientes. Luego, se le exigía a los familiares de los condenados el pago de las sustancias a través de transferencias, amenazándolos en caso de negativa con tomar represalias en contra de éstos dentro del penal.
A través de
la investigación se pudo establecer que, mediante comunicaciones telefónicas desde
el interior de la Unidad Carcelaria, el interno Guillermo Alejandro Alfredo
Lozano era el encargado de conseguir sustancias estupefacientes. Esta tarea la
realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además
la fraccionaba y la hacía ingresar al penal a través de distintas mujeres,
entre las que se pudo identificar a Micaela del Valle Alderete.
Una vez
ingresada la droga, Lozano y el interno Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas se
encargaban de venderla entre los detenidos y cobraban en el momento o
encargaban a Santader Contrera que le cobrara a sus familiares a través de una
cuenta de Mercado pago.
Por su
parte, la hermana de Fleitas, Rocío Alejandra Rodríguez, también se encargaba
de la adquisición de estupefacientes fuera del penal y coordinaba el ingreso a
la Unidad Carcelaria.
Finalmente,
Valeriano Daniel Nicolás, Miguel Martín Navarro, Pablo Alexis González Hussain
eran los proveedores de Rodríguez y Santander Contrera.
