Acusaron a un profesor por acoso a cuatro alumnas menores de edad

Cuatro estudiantes denunciaron acercamientos físicos e interacciones a través de redes sociales que les generaron incomodidad. Entre los hechos investigados se encuentran contactos físicos, solicitudes en redes sociales y la entrega de un número telefónico a una de las alumnas.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), interviene en la investigación seguida contra un profesor de Matemáticas de 50 años, por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad, encuadradas provisionalmente en la contravención de acoso callejero, prevista en el artículo 115 del Código Contravencional de Salta.

La investigación se inició en mayo pasado, a partir de la denuncia presentada por la directora de un establecimiento educativo, luego de que las estudiantes comunicaran a una docente distintas situaciones que les habían generado incomodidad.

Según las actuaciones, durante marzo de este año el profesor habría desplegado conductas de acercamiento físico e interacciones a través de redes sociales hacia las alumnas.

En uno de los casos, el docente habría tomado de la cintura a una estudiante y comenzado a seguirla en Instagram. A otra alumna le habría escrito su número de teléfono en una hoja de trabajo, manifestándole que esperaba recibir un mensaje suyo y realizando gestos para que se acercara a abrazarlo.

Respecto de las otras dos estudiantes, se investigan solicitudes de contacto e interacciones mediante TikTok e Instagram.

Las alumnas relataron lo sucedido a una profesora, quien puso la situación en conocimiento de las autoridades del establecimiento. Posteriormente, la directora formalizó la denuncia que dio origen a las actuaciones.

Durante la investigación se incorporaron declaraciones de las estudiantes, testimonios de docentes y familiares, registros fotográficos y documentación vinculada con las interacciones denunciadas.

Se considera que los elementos reunidos permiten sostener provisionalmente que las conductas atribuidas al docente, tanto físicas como a través de medios digitales, habrían afectado la integridad psicológica de las estudiantes y generado un ambiente ofensivo para ellas.

Los hechos fueron encuadrados en la contravención de acoso callejero, en concurso real, conforme al artículo 115 del Código Contravencional de Salta.

La causa continúa su trámite en el ámbito de UFICON, encontrándose pendiente la presentación de la acusación ante la Oficina Judicial.

Con el fin de preservar la identidad de las cuatro adolescentes, evitar su revictimización y resguardar su integridad, la Fiscalía mantendrá bajo reserva, por el momento, los datos que permitan identificar a las víctimas y al establecimiento educativo al que concurren.

Vía Aurelia: Requieren juicio por ruidos molestos en un quincho

El propietario de un inmueble es investigado por la realización frecuente de fiestas y eventos que, según las denuncias, perturbaban el descanso de los vecinos. El lugar no contaba con habilitación comercial y UFICON solicitó, además, su clausura preventiva.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) requirió ante Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de una causa seguida contra el propietario de un inmueble ubicado en barrio Vía Aurelia de la ciudad de Salta, por presuntas infracciones a los artículos 72, 124 inciso a) y 127 de la Ley 7135/01, vinculadas a contravenciones contra la tranquilidad y el orden público, la seguridad pública y los espectáculos públicos.

La intervención de la UFICON se inició a partir de denuncias de un vecino, quien manifestó que el propietario alquilaba el inmueble de manera frecuente para la realización de fiestas y eventos. Según relató, las reuniones se desarrollaban principalmente los viernes, sábados, domingos y feriados, aunque también se registraban durante días hábiles, y se extendían hasta altas horas de la madrugada.

El denunciante señaló que el inmueble cuenta con un quincho y una pileta y que la música a elevado volumen y los ruidos provenientes de las reuniones perturbaban de manera reiterada el descanso de los vecinos.

En el marco de la investigación se constató la existencia de publicaciones en el perfil de Facebook del propietario, en las que se promocionaba el alquiler del lugar como quincho con pileta para eventos.

Asimismo, se recibieron testimonios de vecinos que dieron cuenta de música a alto volumen y ruidos molestos tanto durante la noche como durante el día.

También se incorporó un informe que señala que el inmueble no cuenta con habilitación comercial para realizar dicha actividad.

Al considerar reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó que la causa sea llevada a juicio.

Por último, en virtud de lo establecido por el artículo 159 del Código Contravencional, solicitó la clausura preventiva del inmueble, ubicado en Vía Aurelia, localidad de San Luis, debido a los reiterados eventos que generarían ruidos molestos y perturbarían el descanso de los vecinos, y a que la actividad se desarrollaría sin las habilitaciones correspondientes.

Requieren juicio para un entrenador por mensajes inapropiados a dos adolescentes

El hombre habría enviado mensajes de contenido inapropiado a dos jugadoras de fútbol de 15 y 16 años. La Unidad Fiscal Contravencional analizó las comunicaciones y recibió el testimonio de las adolescentes. Además, solicitó una medida de prohibición de acercamiento.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) requirió ante el Juzgado de Garantías en turno la elevación a juicio de la causa seguida contra un entrenador de fútbol por una presunta infracción al artículo 115 de la Ley 7135/01. Asimismo, solicitó que se dicte la prohibición de acercamiento del acusado a las adolescentes.

La actuación de UFICON responde a la calificación contravencional de las conductas investigadas, vinculadas con mensajes que el acusado habría enviado de manera particular a dos adolescentes que concurrían a entrenamientos de fútbol.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por la madre de una adolescente de 16 años, jugadora de un club de la ciudad. La mujer manifestó haber tomado conocimiento de que el entrenador enviaba mensajes de WhatsApp directamente a su hija y señaló que tanto el contenido como la forma en que se dirigía a ella resultaban inapropiados.

Posteriormente, la madre de otra jugadora, de 15 años, también formuló una denuncia contra el entrenador. Según manifestó, el hombre mantenía comunicaciones con su hija cuyo contenido evidenciaría intenciones que excedían el vínculo deportivo e incluso la habría invitado a salir.

En el marco de la investigación, UFICON analizó la evidencia informática y recibió las declaraciones testimoniales de ambas adolescentes en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Con los elementos reunidos, la Unidad Fiscal requirió la elevación de la causa a juicio y solicitó el dictado de medidas de restricción de acercamiento del acusado respecto de las adolescentes.

El artículo 115 del Código Contravencional sanciona con arresto o multa a quien, en espacios públicos o privados de acceso público, despliegue conductas o acciones físicas o verbales con connotación sexual que afecten o perturben la vida, dignidad, libertad o integridad de una persona, siempre que el hecho no configure delito.

Cinco jóvenes demorados tras una gresca en la vía pública

Tres de los involucrados portaban armas blancas. La Unidad Fiscal Contravencional interviene por presuntas infracciones vinculadas a incitación a la violencia, portación de elementos aptos para agredir y desobediencia a la autoridad.

El fiscal penal interino de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Esteban Martearena, interviene en las actuaciones iniciadas tras una gresca ocurrida la noche del martes 19 de mayo en inmediaciones de un establecimiento educativo, sobre calle Juramento y Paseo Güemes, donde cinco jóvenes fueron demorados, tres de ellos con armas blancas.

En el hecho se labraron infracciones contravencionales por presunta violación a los artículos 45, por incitación a la violencia en lugares públicos; 54, por portación de elementos aptos para agredir; y 78, por desobediencia a la autoridad.

La UFICON tomó intervención luego de que efectivos policiales fueran alertados por transeúntes sobre una pelea planificada entre alumnos del establecimiento. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un grupo de jóvenes en el ingreso de la institución, quienes comenzaron a dispersarse en distintas direcciones.

Durante el operativo, una mujer indicó que uno de los adolescentes se encontraba en el sector de las escaleras con dos mochilas y en actitud sospechosa, señalándolo además como partícipe de la gresca. Personal de la División Ciclista de Acción Rápida demoró al adolescente, que portaba un cuchillo. Posteriormente, otro estudiante de 16 años, fue interceptado con un cuchillo de tamaño mediano con mango de madera y una hoja de machete deteriorada que llevaba en una mochila.

Las actuaciones se realizaron en presencia de directivos y personal administrativo de las instituciones educativas, quienes informaron que momentos antes se había producido una pelea entre alumnos y señalaron que el día anterior ya se habían registrado hechos similares en la zona.

Las autoridades radicaron denuncias. La directora del establecimiento educativo manifestó haber observado a un grupo de seis jóvenes con intenciones de enfrentarse en la vereda y relató que luego se desplazaron hacia calle Juramento, donde fueron interceptados por la Policía.

Más tarde, los efectivos demoraron a otro joven que portaba un cuchillo y a dos más vinculados al hecho. Los cinco demorados fueron trasladados a la Comisaría Primera.

El fiscal Martearena dispuso la notificación y posterior retiro de los menores por parte de sus padres o tutores, el secuestro de las armas y la citación de los involucrados, junto a sus padres en el caso de los menores de edad, a sede fiscal.

También se solicitó al Centro de Videovigilancia el relevamiento de cámaras de seguridad para establecer la participación de los involucrados en la gresca.

Aplicaron una multa de $1 millón por derrame de guano en La Silleta

El propietario de un camión fue sancionado por el derrame de residuos avícolas en la vía pública en La Silleta. La UFICON dispuso el secuestro del vehículo y la citación del titular de la granja involucrada, quien deberá comparecer la próxima semana en sede fiscal, en el marco de la investigación en curso.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) dispuso una multa de $1.000.000 contra el propietario de un camión Scania utilizado para el transporte de guano en La Silleta, sanción que fue abonada por el infractor. Además, ordenó la citación del propietario de una granja avícola, quien deberá comparecer la próxima semana en sede fiscal a fin de continuar con la investigación.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 11 de mayo, luego de que personal policial fuera alertado sobre la circulación de un camión que transportaba residuos avícolas por calles de La Silleta, provocando contaminación del suelo y afectación ambiental por los olores emanados de la carga.

Al arribar al lugar, los efectivos verificaron la presencia de guano sobre la calzada. En ese contexto, el conductor manifestó que realizaba el traslado para la firma Granja Escudero.

Tras la verificación de los hechos, el auxiliar fiscal UFICON, Marcos Bravo, dispuso el secuestro del vehículo, del acoplado y de la carga transportada, en el marco de actuaciones por presunta infracción al artículo 89 del Código Contravencional de Salta. Dicha norma establece sanciones para quienes arrojen sustancias, basura o residuos en la vía pública, rutas, caminos vecinales u otros espacios de uso público.

Asimismo, se ordenó el labrado de las correspondientes actas contravencionales y la citación a sede fiscal del conductor, del propietario del vehículo y del propietario de la granja involucrada.

Posteriormente, el propietario del camión se presentó en sede fiscal, donde fue notificado de la sanción económica impuesta, la cual abonó a fin de regularizar su situación.

Articulan criterios por la presencia de animales sueltos en Vaqueros y La Caldera

La Fiscalía Contravencional, autoridades municipales y policiales mantuvieron un encuentro a fin de coordinar acciones para desalentar la circulación de equinos y bovinos en la vía pública.

El auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Marcos Bravo, recibió esta mañana en la sede contravencional a autoridades municipales y de la Policía de la Provincia, con el objetivo de coordinar criterios de intervención para evitar la presencia de animales sueltos en la vía pública en las localidades de Vaqueros y La Caldera.

Del encuentro participaron el intendente interino de La Caldera, Jorge García; la intendenta de Vaqueros, Andrea Salvatierra; el director de Seguridad de la Policía, Daniel Ríos; y el jefe de Caballería, Jorge Ríos. Durante la reunión, se planteó como eje de preocupación la circulación de equinos y bovinos en espacios públicos, una situación que implica un riesgo para terceros y que encuadra en infracciones al Código Contravencional de la Provincia de Salta.

En ese contexto, se acordó avanzar en un trabajo conjunto entre los municipios y las áreas de Seguridad. Entre las medidas definidas, se prevé reforzar los controles y decomisos y establecer lugares para el resguardo transitorio de los animales secuestrados, en línea con lo previsto para Cerrillos.

En el mismo sentido, desde el Ministerio de Seguridad se anunció días atrás la puesta en funcionamiento de una base operativa en esa localidad, que permitirá mejorar la capacidad de respuesta. El predio, cedido por el municipio y acondicionado por la Policía, contará con espacios administrativos y sectores destinados al alojamiento de animales incautados.

Cabe recordar que el artículo 66 del Código Contravencional (Ley 8495) prevé sanciones de arresto, de entre 60 y 120 días, o multa para quien tenga a su cargo un animal y lo deje vagar libremente en la vía pública, plazas, rutas u otros espacios públicos, poniendo en riesgo la seguridad. En el caso de ganado mayor, la pena se incrementa en un tercio, y la misma sanción alcanza a quien permita el ingreso de animales a terrenos vecinos debidamente cercados.

La normativa también establece el cobro de un adicional en concepto de manutención, equivalente a dos días de multa por cada día y por cada animal retenido. A su vez, fija un plazo máximo de cinco días corridos desde la notificación del secuestro para el retiro de los animales; vencido ese término, se dispone su comiso y posterior subasta pública, conforme a la legislación vigente.

Según los valores actuales, la multa mínima ronda los $420.000, a lo que se suman los costos de mantenimiento por cada día de retención.

Cafayate: Avanzan acciones contravencionales por evento sin habilitación en área protegida

La investigación se inició tras detectar la realización de un casamiento sin autorización en la Quebrada de las Conchas. Derivó en una imputación en el ámbito contravencional, en paralelo a la causa penal por una autorización ambiental que sería apócrifa.

El fiscal penal Pablo Paz, en turno en la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), imputó a una mujer de 36 años, como presunta infractora a la Ley Contravencional N° 7135, en el marco de la investigación iniciada por la realización de un evento sin autorización en un área natural protegida.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 22 de marzo por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cafayate, quien tomó conocimiento —a través de redes sociales— de la organización de un evento en la zona de La Punilla, sobre la Ruta Provincial N° 68, dentro de la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. Según indicó, ninguna de las áreas municipales había otorgado autorización para su realización.

A partir de la intervención policial, se constató la instalación de estructuras vinculadas a un evento social, incluyendo equipamiento técnico y logístico. En el lugar, la responsable exhibió únicamente una póliza de seguro, indicando que el resto de la documentación sería remitida posteriormente.

De acuerdo con el decreto de apertura de la investigación por complejidad, la imputada —en su carácter de propietaria de un inmueble ubicado en la zona— habría cedido el uso del predio para la realización de un casamiento con fines de lucro, sin contar con las autorizaciones correspondientes por parte de los organismos competentes, tanto municipales como provinciales.

Durante la investigación se incorporaron informes policiales, actas de fiscalización ambiental, documentación aportada por la imputada y registros fotográficos del lugar. Asimismo, se requirió información a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Áreas Protegidas para determinar si el sitio es apto para este tipo de actividades y si existía algún trámite administrativo en curso.

En el marco de la audiencia de imputación, la mujer fue informada de los hechos que se le atribuyen y de sus derechos procesales, tras lo cual presentó un descargo por escrito. En su defensa, sostuvo que su intervención se limitó a autorizar el uso del inmueble, mientras que la organización integral del evento —incluida la gestión de permisos— estuvo a cargo de terceros.

En ese sentido, señaló que habría recibido por parte de personas vinculadas a la organización una supuesta autorización ambiental, cuya validez fue posteriormente cuestionada. También manifestó que dio aviso previo a personal de guardaparques y a la Policía, y que durante el desarrollo del evento no se registraron daños en el entorno natural.

Por su parte, de las declaraciones testimoniales de funcionarios del área ambiental incorporadas a la causa —entre ellos el secretario de Ambiente y el subsecretario de Gestión Ambiental de la Provincia— surge que el evento no contaba con autorización formal al momento de su realización. No obstante, indicaron que este tipo de actividades pueden desarrollarse en el lugar siempre que se gestionen los permisos correspondientes. Asimismo, señalaron que, una vez tomado conocimiento del hecho, personal de guardaparques realizó tareas de control y acompañamiento durante el desarrollo del evento.

Estas actuaciones contravencionales se desarrollan de manera paralela a una investigación penal en trámite en la Fiscalía Penal de Cafayate, donde la misma mujer fue imputada por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso.

Mientras la Fiscalía Penal analiza la posible comisión de delitos vinculados a la documentación presentada, la UFICON continúa avanzando en la determinación de responsabilidades contravencionales vinculadas a la realización del evento sin habilitación.

En ambos ámbitos se dispusieron diversas medidas de prueba, incluyendo requerimientos de informes a organismos públicos y la incorporación de testimonios, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y delimitar responsabilidades.

Cafayate: Imputaron a una mujer por presentar una autorización ambiental presuntamente falsa para realizar un evento en una reserva natural

La investigación surgió a partir de la detección de la instalación de un evento en la Quebrada de Las Conchas con una autorización ambiental que presentaba irregularidades y que luego fue desconocida por el organismo provincial, con intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate y de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a una mujer de 36 años por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, en el marco de una investigación iniciada tras detectarse irregularidades en la autorización presentada para la realización de un evento en la Quebrada de Las Conchas.

La imputada, manifestó su intención de declarar por escrito, para lo cual cuenta con un plazo de 48 horas, conforme lo establece la normativa vigente.

La causa se originó a partir de la denuncia formulada por un agente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, quien el pasado 23 de marzo, durante un control de rutina en la zona de Quebrada de Las Conchas —Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 17—, advirtió la existencia de una estructura montada para la realización de un evento, que incluía escenario, sistema de iluminación y sonido.

Según consta en las actuaciones, el lugar en cuestión se encuentra comprendido dentro de una reserva natural, por lo que la realización de este tipo de actividades requiere autorización administrativa previa. 

En ese contexto, al requerirse la documentación correspondiente, se exhibió una copia impresa de una supuesta autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la cual habría sido remitida en formato digital (PDF) por la ahora imputada.

Ante las sospechas generadas, se efectuaron consultas con las autoridades competentes, quienes informaron que no se había emitido autorización alguna para el evento en cuestión. Asimismo, se detectaron inconsistencias en el documento presentado, entre ellas el uso de un membrete institucional que no corresponde al actualmente vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario competente.

En el marco de la investigación, también radicó denuncia el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Alejandro José Aldazabal, quien desconoció expresamente la autenticidad del instrumento exhibido, calificándolo como apócrifo.

De acuerdo a los elementos reunidos en el legajo de investigación, la fiscal Rojas consideró que existen indicios suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que la imputada habría confeccionado y/o utilizado un documento público falso con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento, conducta que encuadra provisoriamente en los delitos previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal.

 

Intervención de la UFICON y avance de la investigación contravencional en torno al caso

Como parte de las actuaciones, este viernes prestaron declaración testimonial en la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) funcionarios del área de Ambiente de la Provincia de Salta.

El secretario de Ambiente, Alejandro José Aldazábal, incorporó a su testimonio una copia del expediente administrativo del organismo a su cargo y respaldó el informe oficial. En tanto, el subsecretario de Gestión Ambiental, Normando Fermín Zúñiga Derendinger  expuso su versión de los hechos, y el guardaparques Gonzalo Cristofani aportó precisiones sobre sus funciones y el conocimiento del área protegida.

Para el lunes está prevista la declaración de tres efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento: el agente que elaboró el informe, una mujer policía que estuvo presente en el lugar y el comisario a cargo del operativo.

En paralelo, la UFICON continúa con la producción de prueba y el requerimiento de documentación a distintos organismos, con el objetivo de reconstruir el hecho investigado y determinar eventuales responsabilidades. Parte de la información ya fue incorporada al expediente, mientras que otros informes se encuentran en trámite de remisión.

Secuestran a un perro que mordió a varios vecinos en Santa Cecilia

Entre 2024 y 2025, la propietaria del perro recibió seis denuncias por ataques. En 2025, el animal fue secuestrado y alojado en el Hospital Público de Mascotas para un proceso de resocialización, siendo luego devuelto bajo estrictas medidas que no se cumplieron. El miércoles pasado volvió a atacar a una persona en la vía pública.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) requirió ante el Juzgado de Garantías en turno el allanamiento de una vivienda de barrio Santa Cecilia de la ciudad de Salta  y el secuestro de un perro pitbull negro, a partir de la denuncia de un hombre, que relató que el 11 de marzo circulaba por la vía pública cuando, de manera imprevista, un perro salió de una vivienda y se abalanzó sobre él, provocándole lesiones en el brazo izquierdo.

Tras el ataque, fue trasladado por un familiar a un centro de salud y posteriormente al hospital San Bernardo. Personal policial debió intervenir debido a la reacción de los vecinos, quienes manifestaron su malestar y señalaron que no se trata de un hecho aislado.

De acuerdo a los antecedentes, entre 2024 y 2025 se registraron seis denuncias por mordeduras atribuidas al mismo animal.

En una intervención anterior, el perro había sido secuestrado y derivado a la Subsecretaría de Bienestar Animal para su reeducación y posterior reinserción. Luego de un período de evaluación, profesionales intervinientes consideraron que el animal se encontraba en condiciones de ser restituido a su propietaria, bajo cumplimiento estricto de una serie de medidas: permanencia en un espacio cerrado y seguro, salidas únicamente con correa y bozal, y continuidad del proceso de adiestramiento y desensibilización bajo supervisión profesional. La entrega se concretó el 11 de julio de 2025.

Ante la nueva denuncia, la Fiscalía comisionó a personal policial para constatar los hechos, realizar un relevamiento vecinal y obtener registros fotográficos del animal y del lugar del ataque. Con la información reunida y el informe médico, se solicitó el secuestro del perro, que se concretó el viernes 13 de marzo, siendo nuevamente alojado en el Hospital Público de Mascotas de la Municipalidad de Salta.

 

Requieren juicio para tres personas por contravención a la Ley de Eventos Deportivos

El hecho ocurrió el 17 de octubre pasado, durante el partido disputado entre los clubes Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

La fiscal penal interina de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Gabriela Dávalos, requirió al Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre y dos mujeres, imputados como coautores de la contravención a la Ley de Eventos Deportivos, prevista en el artículo 40 en función del artículo 42 de la Ley 24.192.

La intervención de UFICON inició el viernes 17 de octubre pasado, durante el partido disputado entre los clubes Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena, cuando personal policial consultó a la Fiscalía por el secuestro de 168 bolsitas con líquido oscuro, presuntamente fernet.

De acuerdo con el informe policial, un enfermero que había ingresado en una ambulancia de la empresa Vivten, se presentó en la Puerta 0, solicitando autorización para el ingreso de dos enfermeras. Al realizar la requisa, los efectivos detectaron bultos ocultos entre sus prendas, que contenían pequeños envases plásticos con bebida alcohólica. Las mujeres fueron trasladadas al puesto policial del estadio, donde se contabilizaron 72 bolsitas.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron a la ambulancia en la que había ingresado el enfermero de 54 años, y al revisar su mochila, secuestraron 96 envases de polietileno con bebida alcohólica.

Desde UFICON se dispuso el secuestro y decomiso de la mercadería, y el inicio del protocolo contravencional. Tras reunir distintas pruebas y, con el testimonio aportado por testigos, se requirió que estas personas sean juzgadas.

Se investiga a personas vinculadas a una ambulancia por ingreso de bebida alcohólica al estadio Martearena