Requieren juicio para “Mono”, un conocido vendedor de drogas

Fue detenido, junto a otras dos personas, tras varios meses de investigación de la UFINAR. La Fiscalía les imputa el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal de Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, requirió juicio al Juzgado de Garantías 2 para dos hombres y una mujer acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas.

Uno de los hombres, apodado “Mono”, es un conocido vendedor de drogas, y fue apresado junto a las otras dos personas el 10 de noviembre de 2022 como resultado de una investigación llevada a cabo por la UFINAR a raíz de distintas denuncias web realizadas en la página del Ministerio Público Fiscal en las que daban cuenta que dos hombres comercializaban estupefacientes en Villa Los Sauces.

De las tareas de campo realizadas por el Grupo de Drogas Peligrosas bajo la dirección del fiscal López Soto, se pudo establecer que el sujeto identificado como “Mono”, intercambiaba paquetes por dinero con distintas personas que llegaban hasta su domicilio y el de su madre, también ubicado en Villa Los Sauces.

El 28 de agosto, los efectivos registraron un intercambio entre “Mono” y un hombre. El 2 de septiembre, el hombre fue detenido a bordo de una motocicleta de Mono en el marco de un patrullaje preventivo, secuestrándose en su poder 28,5 gramos de pasta base. Fue detenido y luego liberado y declarado nulo el procedimiento.

La investigación continuó, sumándose la vigilancia a la casa del hombre, en donde se pudo constatar que tanto él como su pareja, intercambiaban paquetitos por dinero.

Además, se identificó que un hermano de Mono también llegaba hasta el domicilio y luego comercializaba estupefacientes en su propia vivienda, también ubicada en Villa Los Sauces.

Teniendo en cuenta las pruebas reunidas, el fiscal López Soto solicitó al Juzgado de Garantías 2 orden de allanamiento para tres viviendas en Villa Los Sauces y una en Atocha, San Lorenzo. Como resultado del procedimiento fueron detenidos Mono, otro hombre y una mujer.

En la primera vivienda allanada, en barrio Juan Bautista de Atocha, en donde sólo se encontraba la madre de “Mono”, fueron secuestrados $396.500 del interior de un ropero; en la segunda –de “Mono” y su hermano en Villa Los Sauces- fueron secuestrados 14,5 gramos de cocaína; $24.590; papelitos de polietileno y celulares.

En la vivienda del hombre detenido y liberado en septiembre, fueron secuestrados 10,8 gramos de cocaína, tijeras, papelitos de polietileno, dinero en efectivo y celulares. Por último, en el domicilio de Villa Los Sauces, fueron secuestrados distintos elementos empleados para el fraccionamiento y posterior comercialización de estupefacientes.

Se requirió juicio para exconcejal por violencia de género

La fiscalía había actuado de oficio apenas se conoció el hecho de violencia del que fuera víctima la pareja del exconcejal capitalino Ricardo Colque.

El fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5 interino, Federico Jovanovics, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del Distrito Centro para Ricardo Colque Domínguez, como autor del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por la violencia de género.

La fiscalía había actuado de oficio frente a los hechos que tomaron estado público, en contexto de violencia de género y que involucran al acusado y su pareja, conforme constan en el informe de actuación policial que se remitiera oportunamente.

El Ministerio Público Fiscal inició la intervención ante un supuesto hecho de violencia de género que se había producido el pasado 13 de agosto en un domicilio de barrio Casino y, tras la remisión del informe de actuación, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, citó a audiencia de imputación al involucrado quien, finalmente, se negó a declarar. 

Previamente, se habían realizado reiteradas diligencias a fin de ubicar al involucrado y hacerle conocer las medidas cautelares que habían sido dispuestas, como así también la consigna hacia su persona. 

De manera inmediata y paralela, la fiscalía dispuso especial atención y dedicación en el acompañamiento de la víctima con el fin de que contara con las garantías en lo que refiere al ejercicio de los derechos que la asisten. Para ello, se designó a un equipo interdisciplinario de asistencia abocado a su contención, atento al caso de violencia de género que fuera informado vía actuación policial. 

Requieren juicio para una banda que robaba en zona oeste

Se trata de cuatro hombres mayores y un menor de edad. Bajo la modalidad de arrebatadores, los acusados se apoderaban de diferentes pertenencias, con la participación de otros dos menores.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Kevin Armando Estrada (22 años) y Carlos Hernán Zerpa (20 años) en calidad de coautores por el delito de robo simple: para Kevin Armando Estrada y Ángel Lautaro Colque (20 años) en calidad de coautores, por el delito de robo calificado por ser en poblado y banda y por el uso de arma; para Kevin Armando Estrada, en calidad de autor material, por el delito de robo simple; para Andrés Martín Aylán, alias “Loco” (23 años) y para un menor de 17 años por el delito de robo calificado por ser en poblado y en banda, ambos en calidad de coautores; y para Kevin Armando Estrada, en calidad de autor material por el delito de robo en poblado y banda, agravado por la participación de menores de edad, todo en concurso real.

El primer hecho investigado sucedió en la madrugada del 17 de abril pasado, cuando Kevin Armando Estrada y Carlos Hernán Zerpa, previo a ejercer violencia en el vehículo de propiedad de uno de los damnificados, arrancaron el estéreo para luego darse a la fuga, situación advertida por el hermano del propietario, quien dio aviso. El hecho que configura el delito de robo simple.

En la tarde del 20 de abril pasado, los acusados Kevin Armando Estrada, Ángel Lautaro Colque y un tercero (que aún no fue detenido) interceptaron a una mujer que se encontraba con su pareja. Uno de ellos comenzó a forcejear con la damnificada a fin de quitarle su cartera con sus pertenencias, para luego sacar un cuchillo tipo sierrita, obligándola a soltarla. Mientras tanto, Colque sacó otro cuchillo con el cual intimidó al hombre para que no la ayude, para posteriormente darse a la fuga. Este hecho tipificael delito de robo calificado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma.

Posteriormente, la madre de un menor de 15 años radicó una denuncia por un hecho que se produjo en la tarde del 23 de abril pasado. El damnificado fue interceptado por Estrada en la intersección de las calles Santa Inés y Santa Marta de Barrio Progreso, con quien forcejeó para evitar que le quitara el celular sin lograr su cometido. El hombre consumado el robo, se dio a la fuga configurando su conducta el delito de robo simple.

El otro hecho imputado fue denunciado por una mujer que según consta en las actuaciones en la tarde del 29 de abril pasado, fue interceptada en Avenida Solís Pizarro y Canova (segunda rotonda, pasando el puente viejo de Barrio Santa Lucía) por Andrés Aylán, el menor de 17 años y un tercero. Uno de ellos la empujó, le sacaron su teléfono móvil y se dieron a la fuga, lo que fue registrado por las cámaras de la zona. El hecho tipifica el delito de robo calificado por ser en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de edad para Andrés Martín Aylán, y robo calificado por ser en poblado y en banda para el menor.

Finalmente, el otro hecho se produjo en la tarde del 9 de mayo, en Avenida Solís Pizarro y Santa Gertrudis, cuando Kevin Estrada, junto a otros dos menores de 12 y 14 años abordaron a una mujer que se encontraba en la parada del colectivo para arrebatarle la mochila y darse a la fuga. La damnificada salió en persecución de los arrebatadores, a los que no pudo alcanzar  y sólo recuperó la mochila, sin sus pertenencias. Dicha conducta tipifica el delito de robo en poblado y en banda y agravado por la participación de menores de edad.

Campo Quijano: Requieren juicio por abigeato para dos hermanos

Los dos hombres faenaron un vacuno y vendieron sus partes. En el domicilio se secuestraron diversos elementos y ambos quedaron detenidos.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa en la que dos hermanos de 21 y 25 años fueron imputados por un hecho sucedido en junio de este año, cuando faenaron un novillo para luego venderlo a un particular.

Javier Rodrigo Vilte, alias “Chuky”, y Diego Marcelo Vilte, alias “Chayane”, fueron acusados del  delito de abigeato calificado, en perjuicio de un propietario de Finca Ovejero.

De acuerdo a la denuncia radicada por el damnificado, el pasado 12 de junio, se encontraba en Finca Ovejero, cerca del viaducto, Campo Quijano, cuando divisó por última vez un novillo de tres años, que luego habría sido sustraído. Ese mismo día, vacunó a su ganado y se percató del faltante de cinco animales vacunos.

Posteriormente, el 15 de junio, su sobrino alertó que había encontrado los restos del novillo, al costado de las vías del tren, a 1 kilómetro aproximadamente, de la estación de Virrey Toledo. Al apersonarse al lugar, pudo constatar lo señalado.

De la investigación surge que los imputados se apoderaron ilegítimamente del ejemplar vacuno, mediante el uso de la fuerza para vender posteriormente la carne a un particular.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal Escalante sostiene que por los allanamientos llevados a cabo en el inmueble de Finca El Molino, Río Blanco, de la localidad de Campo Quijano, lugar de residencia de los hermanos Vilte, se encuentran acreditada la existencia del delito y la responsabilidad penal de los imputados.

En el domicilio se secuestraron diferentes elementos, partes grandes de carne vacuna y teléfonos móviles, procediéndose a la detención de ambos.

Abuso Sexual Institucional MPF

Abusó de la hija de la familia de la que era inquilino, ahora irá a juicio

En noviembre de 2021, la madre de la menor de edad radicó la denuncia. Tras investigar los hechos, la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos acusó al hombre de abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 para un hombre de 39 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven.

La intervención de Flores Toranzos inició a raíz de la denuncia radicada en noviembre de 2021 por la madre de la víctima, de 16 años. La mujer aseguró que el hombre, quien alquilaba un departamento a la familia, atacó sexualmente a su hija.

La Fiscalía realizó una investigación del hecho denunciado y, tras reunir las pruebas necesarias, se elevó el pedido de juicio al Juzgado de Garantías 1.

La Merced: Se requirió juicio para una mujer por la muerte de su pareja

El hecho ocurrió en diciembre de 2021, cuando el hombre ingresó al hospital local con un traumatismo de cráneo y falleció luego en el hospital San Bernardo. La mujer de 45 años, con la que mantenía una relación de pareja, está acusada de haberlo agredido físicamente y causarle lesiones que luego derivaron en su muerte.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, para Carolina de los Ángeles Salva, como autora del delito de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y en forma subsidiaria, como autora del delito de homicidio preterintencional en perjuicio de un hombre de 39 años.

El hecho investigado ocurrió en el mes de diciembre pasado, cuando la mujer llevó a su pareja al hospital de La Merced con un traumatismo de cráneo que le ocasionaba algunos síntomas y que habría sido causado por una caída desde su propia altura.

La gravedad del cuadro hizo que se derivara al hombre al hospital San Bernardo para un mejor diagnóstico y tratamiento. Allí fue intervenido quirúrgicamente y finalmente falleció en el mes de enero.

En el requerimiento se exponen las distintas medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación, entre las que se cuenta la recepción de testimonios, informe de autopsia, pruebas genéticas, entre otras y que permiten sostener que la conducta violenta ejercida por la imputada contra quien fuera su pareja, provocó las lesiones verificadas y éstas, su fallecimiento.

Serán llevados a juicio por intento de toma del Hotel Provincial

Luego de la valoración de los elementos de convicción necesarios, el fiscal  penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió la remisión a juicio de la causa en la que se investiga una protesta con pintadas y obstrucción de acceso y egreso al edificio del Hotel Provincial. El hecho ocurrió en abril de 2021.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para Lucio Ramón Aima, Jorge Omar Soria, Carlos Marcelo Ceballos, Javier Amadeo Díaz, José Luis Guaymás, David Francisco Gonza y Cristian Eduardo Mansilla, por los delitos de turbación de la posesión y daños en concurso real.

Los acusados fueron individualizados en una marcha de protesta que se realizó el 10 de abril de 2021, en la entrada del Hotel Provincial, ubicado en calle Caseros y 20 de Febrero, bloqueando la puerta principal de ingreso, produciendo daños con pintadas de aerosol en la puerta de vidrio y muro de mármol.

En el requerimiento, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que, con este accionar, se provocó la restricción del acceso al hotel para el personal, los huéspedes y el alumnado de la Escuela de Turismo, impidiendo el normal desarrollo de las actividades.

Señala además que “se verifica un accionar sistemático y organizado en el grupo manifestante que claramente excede el marco de una ‘protesta’, quedando por fuera del derecho a huelga y sus derivaciones, por cuanto la decisión de realizar pintadas en la fachada del hotel implica un detrimento patrimonial de orden material”.

Los hechos

Según consta en la denuncia, la Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria entre el gremio UTHGRA Seccional Salta y el mencionado hotel, como consecuencia de la crisis económica que provocó a todos los hoteles, la pandemia de Covid-19. Se había prohibido a ambas partes la realización de acción directa alguna, medida dispuesta luego de una audiencia celebrada con la presencia del secretario gremial, Lucio Aima y dos delegados gremiales, habiéndose fijado audiencia para el día siguiente.

Sin embargo, por razones que el denunciante desconoce, una supuesta agrupación hotelera y gastronómica denominada «17 de Octubre» convocó a protesta y movilización, vía WhatsApp, en la puerta del hotel.

Manifestaron oportunamente empleados del hotel que se estaban desempeñando laboralmente en la ocasión, que no podían abandonar el lugar por temor a agresiones, mientras duró la protesta. Incluso uno de ellos, recibió un audio de parte de Guaymas, quien estaba en la protesta, en el que le decía que no iba a poder salir, que permanecerían hasta el día siguiente.

El denunciante expresó que fue informado de que los manifestantes portaban una bandera de UTHGRA y que uno de ellos, subió un video de la protesta a la red social Facebook. Además de provocar daños al hotel con pintadas en los vidrios y muros de mármol negro, les infundieron temor de sufrir agresiones físicas.

Luego de la valoración de los diferentes elementos de convicción reunidos, el fiscal Ramos Ossorio, formuló requerimiento de remisión a juicio, por los hechos corroborados, las manifestaciones del denunciante, testigos y los informes del personal policial incorporados a la causa, lo que revela la ocurrencia de los hechos y de la autoría de éstos por parte de los imputados y cuyas conductas desplegadas configuran los delitos de turbación de la posesión y daños en concurso real.

Requieren juicio al ex Intendente de Iruya por peculado

Luego de investigar una denuncia de la Apoderada de la Municipalidad de Iruya, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió acusar por dos hechos de peculado al ex Jefe comunal.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex Intendente de Iruya por el delito de peculado (dos hechos)

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante al Municipalidad de Iruya”.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que “el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”

La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.

A juicio por abusar de su sobrina desde los ocho años

Una hermana de la víctima advirtió la situación y puso al tanto a las autoridades. Tras investigar el hecho, la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, solicitó al Juzgado de Garantías 6 que el hombre sea juzgado por abuso sexual gravemente ultrajante .

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 juicio para un hombre por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

La intervención de la UDIS inició luego de que la denunciante pusiera en conocimiento de la autoridades, que su hermana de 10 años, era abusada por un tío.

Basándose en la declaración de la víctima en Circuito Cerrado de Televisión, testimonios e informe psicológico, la fiscal Flores Toranzos elevó el pedido de juicio al hombre por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización.

En caso de requerir asistencia, orientación y acompañamiento de violencia familiar o de género, recurrir a:

• Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG)- Poder Judicial de Salta. Ciudad Judicial. Teléfono (0387) 4258000 internos 1260 y 1261. Lunes a viernes de 7.30 a 19.30 hs.

*Polo Integral de Mujeres Siria 611 (de 8 a 20 hs)

• Dependencia policial más cercana

Irá a juicio por abusar de una menor de edad

Tras investigar la denuncia de la madre de la niña, la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, solicitó al Juzgado de Garantías 6 que el concubino de la mujer sea juzgado.

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 juicio para un hombre por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia en concurso real con coacción.

En 2021, la madre de la menor de edad, denunció a su concubino por abuso sexual y coacción.

Tras la denuncia se inició la investigación y reunidos los elementos de convicción necesarios, Flores Toranzos solicitó que la causa sea elevada a juicio.