Irá a juicio por abusar de una menor de 17 años a la que tenía amenazada

De forma reiterada, el acusado sometió a la damnificada a relaciones sin su consentimiento, bajo amenaza de publicar fotos íntimas que él mismo le tomaba, ejerciendo violencia psicológica.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, para un hombre de 56 años como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de una menor de 17 años.

La acusación se estableció teniendo en cuenta las denuncias radicadas por parte de los padres de la menor y la declaración testimonial de la propia damnificada y de su hermana.

La adolescente había ingresado a trabajar a una peña folclórica de la Balcarce como parte del ballet estable, con el consentimiento de su madre, donde conoció al acusado, quien era encargado del local.

Transcurrido un tiempo, la damnificada decidió poner fin a la relación, lo que el hombre no aceptó y la amenazaba con hacer públicas las fotografías íntimas que le había tomado, o que iba a jaquearle su facebook, entre otras amenazas, si desistía de continuar la relación.

El acusado aprovechó su posición de superioridad y la diferencia de edad entre ambos para ejercer continuas amenazas y violencia psicológica contra la adolescente, utilizando insultos y aprovechando su vulnerabilidad. Esta situación contribuyó a que la víctima no ofreciera resistencia. Como resultado, el hombre continuó cometiendo abusos sexuales, lo que resultó en un embarazo de la víctima.

Expresa el requerimiento del fiscal González Miralpeix, que los hechos se ven corroborados por los informes técnicos brindados por el Gabinete de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el informe psicológico de la damnificada, realizado por la perito psicóloga del Gabinete de Psicología del CIF.

Requieren juicio para un hombre que abusaba de su hijastra de 6 años

El acusado, quien cuenta con antecedentes penales, sometió a la menor, hija de su expareja, a diferentes actos de abuso, mientras quedaba a su cuidado, cuando aún convivían en el domicilio del hombre.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del Distrito Centro para un hombre de 39 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y la convivencia, todo en concurso real.

En agosto de 2021, la madre de la menor presentó una denuncia contra su expareja, con quien tuvo una relación de poco más de 3 años. La denuncia fue realizada después de que la niña, que en ese momento tenía 6 años y era fruto de otra relación, reveló a su madre lo que el acusado le hacía cuando ella se encontraba ausente.La mujer decidió retirarse con la menor a la casa de su madre, luego de lo cual el acusado la llamó en reiteradas oportunidades, aduciendo que era mentira lo que decía la niña.

La menor, por su parte, prestó declaración testimonial mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) ante una perito psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde  manifestó que el acusado abusaba de ella en circunstancias en que se encontraba a su cuidado, en el domicilio  que compartían cuando era pareja de su madre. Todo ello acredita los agravantes, ya que el hombre ostentaba la condición de guardador y los hechos sucedieron mientras las partes convivían.

El fiscal Gonzalez Miralpeix, sostiene en el requerimiento, que los hechos se ven corroborados por el relato sostenido y coherente de la víctima y lo manifestado por los testigos, lo cual acredita la verosimilitud de los sucesos allí narrados. Se señala, además, que el hombre de 39 años tiene antecedentes penales por violencia familiar y violencia de género.

Requieren juicio para la encargada de una empresa de traslado e internación domiciliaria por homicidio culposo

La empresa debía trasladar al paciente desde una clínica hasta su domicilio y prestarle el servicio de internación domiciliaria. Al cumplirse el traslado, el enfermero asignado descubrió que no se le había provisto de un aparato médico esencial para su atención, lo que derivó en el fallecimiento del hombre.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, para una mujer de 26 años, en su caracter de encargada de una empresa prestataria de servicios de salud, como autora del delito de homicidio culposo en perjuicio de un hombre de 57 años.

El hecho investigado ocurrió en abril de 2023, cuando un hombre, quien se encontraba internado en una clínica privada, debió ser trasladado a su domicilio donde permanecería con internación domiciliaria.

Después de que el paciente fue trasladado, el enfermero encargado de su atención notó que faltaba un dispositivo esencial para la aspiración de secreciones. Ante esta situación, se puso en contacto con la empresa de servicios de salud responsable, quienes afirmaron haber enviado dicho equipo.

Tras verificar que no se encontraba entre el material provisto, se comunicó nuevamente y la encargada le confirmó que el aparato estaba en poder del chofer de la ambulancia y que se le haría llegar en breve, lo que no sucedió.

El cuadro del paciente empeoró y falleció por insuficiencia cardiorrespiratoria, broncoaspiración, falla orgánica por sepsis generalizada, según confirma la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF.

En la acusación, la fiscal Simesen de Bielke sostiene que la clara inobservancia del deber de cuidado por parte de la encargada de la empresa, al no haber provisto el aparato médico necesario para evitar la broncoaspiración, resultó ser la causa inmediata y eficiente de la muerte de la víctima.

 

Imputan a la encargada de una empresa de traslado e internación domiciliaria por homicidio culposo

Irá a juicio por abusar de su prima menor de edad

Años después, la menor se animó a contarle a su madre que había sido abusada en reiteras ocasiones por su primo, cuando ella tenía 7 años. Aprovechaba la ausencia de los padres y hermanos mayores de la ahora adolescente.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del Distrito Centro, para un hombre de 24 años, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y duración, en contra de una menor.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de la madre una menor de 14 años, quien le relató que a la edad de 7 años fue abusada sexualmente por su primo. El hecho se produjo una tarde que su hija volvió de la escuela, sus hermanos aún no había regresado y ambos padres estaban trabajando.

En aquel entonces,el sobrino de la denunciante residía con la familia, ya que su madre lo había expulsado de su hogar. Era él quien ocasionalmente llevaba a la menor de regreso a casa después de la escuela.

Estimó la mujer, que el hecho sucedió por octubre de 2015, ya que su hija tuvo un episodio de salud que obligó a llevarla a la médica ginecóloga, y que al momento de querer auscultarla, la menor se negó.

Por su parte, la menor prestó declaración mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), ante una perito psicóloga del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), y relató que los abusos sucedieron en reiteradas oportunidades.

En el requerimiento a juicio, el fiscal González Miralpeix sostiene que, de los elementos colectados en las actuaciones, se vislumbra un acontecimiento contra la reserva sexual de la niña por parte de su primo, siendo que desplegó conductas libidinosas sobre su cuerpo, lo que aconteció con frecuencia diaria.  Resalta el coherente testimonio de la menor damnificada, sostenido en el tiempo, lo que refleja la verosimilitud del relato.

Concluye el fiscal de UDIS 2 qu,e “en todos los supuestos, el imputado, valiéndose de su superioridad física, de la diferencia de edad existente entre él y la víctima, perpetró un serio acometimiento en contra de la menor, vulnerando su libertad sexual”.

Finaliza aclarando que “la conducta desplegada por el imputado supone un plus de reproche al previsto en la figura básica, dado que por las circunstancias en que la ejecutó y la manera en que afectó el bien jurídico, implicaron un ultraje severo y sumamente humillante para la víctima”.

Rosario de Lerma: Requieren juicio para un hombre por violencia de género

El hombre se había llevado del domicilio a la hija que tiene en común con la expareja, quien salió en búsqueda de la menor y al encontrarse con el acusado, este la golpeó.

El fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del Distrito Judicial del Centro, para un hombre de 34 años como autor del delito de lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género, en perjuicio de su expareja.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 19 de marzo cuando, en la vía pública, el acusado agredió físicamente a la mujer con un golpe de puño en el rostro.

Según consta en el requerimiento, el fiscal Escalante entiende que las denuncias policiales, certificados médicos, declaraciones testimoniales y demás constancias agregadas constituyen elementos suficientes para requerir la elevación a juicio.

 

Requieren juicio al propietario de un bar por perturbar la tranquilidad de los vecinos

Vecinos de zona norte denunciaron en reiteradas oportunidades que el volumen de la música del local comercial, les impide descansar.

La fiscal Penal Luján Sodero, a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), requirió juicio contra el propietario de un  bar de avenida Bicentenario de la Batalla de Salta al 2300, como autor de la contravención contra la tranquilidad y el orden público.

El artículo 72 del Código Contravencional de Salta establece que “será sancionado con arresto de hasta quince días o multa de hasta quince días y comiso el que profiriere voces, gritos o emitiere sonidos o ruidos o inmisiones que perturben el reposo o la tranquilidad de las personas. Idéntica sanción se aplicará al propietario del can u otro animal, que provoquen similares molestias”.

La intervención de la UFICON inició a raíz de las denuncias radicadas el 20 de agosto y el 22 de octubre de 2022 por una vecina de zona norte de la ciudad, que aseguró que en las canchas de fútbol y en el bar ubicados en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta al 2300, entre Juan B. Justo y Sansón, se reproducía música a un volumen elevado hasta altas horas de la noche, lo que no sólo perturbaba su descanso sino que le ocasionaba ataques de ansiedad dado que es una persona diagnosticada con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

La secretaria letrada de UFICON, Daniela Zuleta, derivó a mediación la causa, medida que se realizó el 5 de diciembre de 2022. Como resultado, el propietario del bar se comprometió a no colocar música a alto volumen.

Sin embargo, el 19 de diciembre, otra vecina de la zona denunció a “los propietarios/encargados del lugar del hecho ya que en el local constantemente los días miércoles a sábado desde horas 22:00 a 05:00 y domingo de 12 a 16:00 ponen música a alto volumen ocasionando con esto alta contaminación auditiva, interrumpiendo el descanso de los vecinos”.

El 21 de marzo de 2023 ingresó una nueva denuncia en iguales términos.

De las tareas investigativas realizadas por el Cuerpo Especializado de Investigaciones (C.E.I) respecto a los ruidos molestos denunciados, se constató las emisiones de sonidos o ruidos que perturban el reposo y la tranquilidad de los vecinos colindantes, vulnerando así el bien jurídico protegido que es la tranquilidad y el orden público.

Teniendo en cuenta el incumplimiento de lo acordado en mediación por parte de los propietarios del bar, la fiscal Sodero tomó la determinación de elevar al Juzgado de Garantías el requerimiento de juicio.

Se requirió juicio para un acusado de homicidio tras una pelea

El hecho ocurrió en agosto de 2022, cuando tras mantener una pelea, el acusado lesionó a otro hombre con un hierro en el ojo y como consecuencia de la gravedad de las lesiones, provocó su muerte. 

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Gabriel Alejandro Cano como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Facundo Ezequiel Amaya.

El hecho investigado ocurrió el 8 de agosto de 2022 en pasaje Astigueta de la zona macrocentro de la ciudad de Salta, cuando el acusado y el fallecido mantuvieron una pelea y como resultado, Amaya fue lesionado con un hierro de construcción en un ojo y falleció en el hospital por TEC grave por herida de arma blanca.

En el requerimiento a juicio, el fiscal Flores expone las medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Requieren juicio para un hombre que abusó de su sobrino

Un adolescente reveló a su mamá que el hermano de su pareja lo abusaba desde los 12 años.

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, Federico Obeid, requirió al Juzgado de Garantías que un hombre sea juzgado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la forma de comisión y por su duración en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado

En abril de 2022, una mujer denunció que la noche anterior su hijo, de 16 años, le confesó que, desde los 12, era abusado por el hermano de su pareja. Manifestó que el hombre vivía al lado de su domicilio y aprovechaba las situaciones en que el menor de edad quedaba solo en el domicilio para vulnerar su integridad sexual.

En su relato, la madre expresó que, al enterarse de los abusos, habló con su cuñado, quien se quedó callado ante la acusación pero le solicitó que no lo denunciara.

En sede fiscal, el adolescente confirmó la acusación de su madre y brindó detalles y circunstancias en las que sucedieron los hechos.

Teniendo en cuenta todo ello y los informes de los profesionales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, el fiscal Obeid requirió que el acusado sea juzgado.

Barrio Norte Grande: Cuatro policías requeridos a juicio por vejaciones

El hecho ocurrió el año pasado en la cancha ubicada al final del barrio Norte Grande. Uno de los acusados incurrió en el delito de falsedad ideológica.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para el sargento Ramón Horacio Martínez, de 42 años, el sargento ayudante Pedro Alejandro Zelaya, de 36 años, y el cabo Pablo Rolando Tercero, de 38 años, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. También para el oficial auxiliar Gustavo Alejandro López, de 28 años, por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

La tarde del pasado 21 de julio de 2022, los tres damnificados se encontraban en un santuario del Gauchito Gil de barrio Norte Grande preparando un asado, cuando los cuatro efectivos de civil pertenecientes a la División Infantería, que hacían ejercicios en la cancha cercana al centro vecinal, se enfrentaron verbalmente. Luego se acercaron a los tres hombres, agrediéndolos físicamente con golpes de puño y patadas, para luego retirarse sin brindar ningún tipo de auxilio. Los damnificados fueron traslados por un vecino al hospital San Bernardo, constatándose que dos de ellos resultaron lesionados como consecuencia de la brutal golpiza.

Conforme al informe médico, uno de los hombres presentaba escoriación de flanco izquierdo, equimosis en párpado superior derecho, escoriación en dorso de pie izquierdo, equimosis en región frontal derecha y en el abdomen parte derecha. El otro damnificado sufrió politraumatismo, según consta en historia clínica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que los imputados, siendo funcionarios policiales, incurrieron en un abuso funcional ilegítimo respecto de la persona de dos de los damnificados, quienes se encontraban en la vía pública.

En el requerimiento, el Fiscal penal de Derechos Humanos manifiesta que corresponde acusar al oficial auxiliar Gustavo Alejandro López por el delito de falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública, el que concurre en forma real con el de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, dado que el imputado insertó manifestaciones falsas en un instrumento público, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Entre la prueba ofrecida por el Fiscal, se cuentan denuncias penales, informes policiales, certificados médico-legales, informes del CIF y diferentes testimoniales. Además, se verificó que dos de los acusados registran antecedentes por otras causas en trámite por el delito de vejaciones agravadas.

El fiscal González concluye el requerimiento sosteniendo que la violencia institucional conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que por sus responsabilidades y obligaciones se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional,  y necesario no verificando dichos supuestos en la causa, concluyendo que una práctica sistemática y de esta naturaleza se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Requieren juicio a dos vendedores de drogas de barrio El Pilar

Los vecinos de la zona habían denunciado en la web del Ministerio Público Fiscal, que en el Club La Borja comercializaban estupefacientes.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 contra Cesar Alfredo Tito y Rodrigo Nahuel Aparicio por considerarlos autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Aparicio y Tito fueron detenidos el 20 de octubre de 2022. El primero en calle Balcarce al 1900 con cartuchos de una sustancia amarillenta y Tito, en Borja Díaz al 600, con 43 envoltorios de polietileno negro con sustancia amarillenta, $ 17.620 y una balanza electrónica. El narcotest efectuado a la sustancia arrojó positivo para cocaína.

La intervención de la UFINAR inició a raíz de una denuncia anónima realizada a través de web del Ministerio Público Fiscal por vecinos de la zona, que señalaban al Club La Borja, ubicado sobre calle Borja Díaz al 600, como un lugar de venta de estupefacientes.

Durante los meses que duró la investigación, los agentes documentaron a distintas personas que llegaban hasta el lugar y entregaban dinero por paquetitos. Además, se pudo determinar que sobre calle Balcarce al 1900 también se realizaban actividades ilegales.

Desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de los domicilios, medida que se llevó a cabo el 20 de octubre de 2022.