Cafayate: Avanzan acciones contravencionales por evento sin habilitación en área protegida

La investigación se inició tras detectar la realización de un casamiento sin autorización en la Quebrada de las Conchas. Derivó en una imputación en el ámbito contravencional, en paralelo a la causa penal por una autorización ambiental que sería apócrifa.

El fiscal penal Pablo Paz, en turno en la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), imputó a una mujer de 36 años, como presunta infractora a la Ley Contravencional N° 7135, en el marco de la investigación iniciada por la realización de un evento sin autorización en un área natural protegida.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 22 de marzo por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cafayate, quien tomó conocimiento —a través de redes sociales— de la organización de un evento en la zona de La Punilla, sobre la Ruta Provincial N° 68, dentro de la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. Según indicó, ninguna de las áreas municipales había otorgado autorización para su realización.

A partir de la intervención policial, se constató la instalación de estructuras vinculadas a un evento social, incluyendo equipamiento técnico y logístico. En el lugar, la responsable exhibió únicamente una póliza de seguro, indicando que el resto de la documentación sería remitida posteriormente.

De acuerdo con el decreto de apertura de la investigación por complejidad, la imputada —en su carácter de propietaria de un inmueble ubicado en la zona— habría cedido el uso del predio para la realización de un casamiento con fines de lucro, sin contar con las autorizaciones correspondientes por parte de los organismos competentes, tanto municipales como provinciales.

Durante la investigación se incorporaron informes policiales, actas de fiscalización ambiental, documentación aportada por la imputada y registros fotográficos del lugar. Asimismo, se requirió información a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Áreas Protegidas para determinar si el sitio es apto para este tipo de actividades y si existía algún trámite administrativo en curso.

En el marco de la audiencia de imputación, la mujer fue informada de los hechos que se le atribuyen y de sus derechos procesales, tras lo cual presentó un descargo por escrito. En su defensa, sostuvo que su intervención se limitó a autorizar el uso del inmueble, mientras que la organización integral del evento —incluida la gestión de permisos— estuvo a cargo de terceros.

En ese sentido, señaló que habría recibido por parte de personas vinculadas a la organización una supuesta autorización ambiental, cuya validez fue posteriormente cuestionada. También manifestó que dio aviso previo a personal de guardaparques y a la Policía, y que durante el desarrollo del evento no se registraron daños en el entorno natural.

Por su parte, de las declaraciones testimoniales de funcionarios del área ambiental incorporadas a la causa —entre ellos el secretario de Ambiente y el subsecretario de Gestión Ambiental de la Provincia— surge que el evento no contaba con autorización formal al momento de su realización. No obstante, indicaron que este tipo de actividades pueden desarrollarse en el lugar siempre que se gestionen los permisos correspondientes. Asimismo, señalaron que, una vez tomado conocimiento del hecho, personal de guardaparques realizó tareas de control y acompañamiento durante el desarrollo del evento.

Estas actuaciones contravencionales se desarrollan de manera paralela a una investigación penal en trámite en la Fiscalía Penal de Cafayate, donde la misma mujer fue imputada por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso.

Mientras la Fiscalía Penal analiza la posible comisión de delitos vinculados a la documentación presentada, la UFICON continúa avanzando en la determinación de responsabilidades contravencionales vinculadas a la realización del evento sin habilitación.

En ambos ámbitos se dispusieron diversas medidas de prueba, incluyendo requerimientos de informes a organismos públicos y la incorporación de testimonios, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y delimitar responsabilidades.

Cafayate: Imputaron a una mujer por presentar una autorización ambiental presuntamente falsa para realizar un evento en una reserva natural

La investigación surgió a partir de la detección de la instalación de un evento en la Quebrada de Las Conchas con una autorización ambiental que presentaba irregularidades y que luego fue desconocida por el organismo provincial, con intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate y de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a una mujer de 36 años por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, en el marco de una investigación iniciada tras detectarse irregularidades en la autorización presentada para la realización de un evento en la Quebrada de Las Conchas.

La imputada, manifestó su intención de declarar por escrito, para lo cual cuenta con un plazo de 48 horas, conforme lo establece la normativa vigente.

La causa se originó a partir de la denuncia formulada por un agente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, quien el pasado 23 de marzo, durante un control de rutina en la zona de Quebrada de Las Conchas —Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 17—, advirtió la existencia de una estructura montada para la realización de un evento, que incluía escenario, sistema de iluminación y sonido.

Según consta en las actuaciones, el lugar en cuestión se encuentra comprendido dentro de una reserva natural, por lo que la realización de este tipo de actividades requiere autorización administrativa previa. 

En ese contexto, al requerirse la documentación correspondiente, se exhibió una copia impresa de una supuesta autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la cual habría sido remitida en formato digital (PDF) por la ahora imputada.

Ante las sospechas generadas, se efectuaron consultas con las autoridades competentes, quienes informaron que no se había emitido autorización alguna para el evento en cuestión. Asimismo, se detectaron inconsistencias en el documento presentado, entre ellas el uso de un membrete institucional que no corresponde al actualmente vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario competente.

En el marco de la investigación, también radicó denuncia el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Alejandro José Aldazabal, quien desconoció expresamente la autenticidad del instrumento exhibido, calificándolo como apócrifo.

De acuerdo a los elementos reunidos en el legajo de investigación, la fiscal Rojas consideró que existen indicios suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que la imputada habría confeccionado y/o utilizado un documento público falso con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento, conducta que encuadra provisoriamente en los delitos previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal.

 

Intervención de la UFICON y avance de la investigación contravencional en torno al caso

Como parte de las actuaciones, este viernes prestaron declaración testimonial en la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) funcionarios del área de Ambiente de la Provincia de Salta.

El secretario de Ambiente, Alejandro José Aldazábal, incorporó a su testimonio una copia del expediente administrativo del organismo a su cargo y respaldó el informe oficial. En tanto, el subsecretario de Gestión Ambiental, Normando Fermín Zúñiga Derendinger  expuso su versión de los hechos, y el guardaparques Gonzalo Cristofani aportó precisiones sobre sus funciones y el conocimiento del área protegida.

Para el lunes está prevista la declaración de tres efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento: el agente que elaboró el informe, una mujer policía que estuvo presente en el lugar y el comisario a cargo del operativo.

En paralelo, la UFICON continúa con la producción de prueba y el requerimiento de documentación a distintos organismos, con el objetivo de reconstruir el hecho investigado y determinar eventuales responsabilidades. Parte de la información ya fue incorporada al expediente, mientras que otros informes se encuentran en trámite de remisión.