Investigan una denuncia contra un exintendente

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, ordenó una serie de diligencias a partir de una denuncia radicada la semana pasada por el actual jefe comunal de Campo Quijano y contra el exintendente del mismo municipio.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, interviene en la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por el intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, contra el exjefe comunal de ese municipio, Manuel Cornejo, por supuesta malversación de caudales públicos y peculado.

A partir de la denuncia, radicada la semana pasada, la Fiscal ordenó una serie de diligencias que permitirán avanzar y determinar si existió la comisión de delitos contra el erario público en la municipalidad de Quijano, del departamento Rosario de Lerma.

Tránsito: condenan al encargado de depósito por peculado

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, llevó a juicio abreviado a dos personas que fueron condenadas por peculado y falsificación de instrumento público.

La investigación se inició en julio pasado a partir del alerta de un empleado municipal quien trabaja en la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad, quien al llegar a su puesto de trabajo a fin de realizar el relevo de su compañero en el depósito automotor de calle Catamarca al 600, realizó el control habitual de los ingresos y egresos de los vehículos y encontró una anomalía en las actas.

Al cerciorarse respecto de dicha falta se la comunicó a su superior inmediato, porque de lo observado en el libro en el turno anterior se asentó que ingresaron dos vehículos y egresó uno, pero el que salió del depósito no coincidía con el que efectivamente debía salir. Esa información fue puesta en conocimiento del coordinador general, mayor Miguel Ángel Sosa, quien realizó la denuncia penal.

La Brigada de Investigaciones logró establecer que mediante el análisis de las cámaras de seguridad y el libro del depósito, solicitados por la fiscal Guzmán, que el empleado del turno anterior Ricardo Martín Miguel Nina había adulterado el libro a fin de entregar a Alejandro Laureano Alvarado un vehículo VW Gol modelo 1994 por un Renault Fluence modelo 2016.

El personal policial logró recuperar el Renault Fluence y la fiscal Guzmán procedió a la imputación de Nina y Alvarado. Luego de la incorporación de los elementos que sustentaron la acusación y respectiva elevación a juicio, Guzmán junto a la defensa técnica de los acusados -quienes aceptaron su culpabilidad-, propusieron que Nina sea condenados a la pena de ejecución condicional de dos años y dos meses, por los delitos de peculado y falsificación de instrumento público; y Alvarado, a la pena de ejecución condicional de dos años por el delito de peculado en calidad de partícipe necesario. Además la inhabilitación absoluta para ambos.

Con las pruebas y la confesión de los acusados llevados ante el Juzgado de Garantías N°8, la jueza Claudia Puertas condenó a Nina y Alvarado de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y la defensa.

Desbaratan banda que estafaba adultos mayores

La Unidad Delitos Económicos Complejos, bajo la dirección de las fiscales María Eugenia Guzmán y Mónica Poma, lleva adelante una compleja investigación en la cual, tras numerosas diligencias y con la intervención de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, se logró la detención de cuatro hombres y dos mujeres y el secuestro dinero en efectivo, celulares, joyas, dos vehículos y otros elementos vinculados a la investigación.

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La causa involucra estafas a adultos mayores con la modalidad delictiva conocida como “cuento del tío”, donde aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctimas, realizan un llamado telefónico simulando ser un familiar que les advierte que deben cambiar su dinero porque caducan algunos billetes y que a manera de favor, le envían una persona para retire de sus domicilios los ahorros y realice la operación.

En este caso, las actuaciones se iniciaron por alerta efectuada por parte de un hijo de la damnificada al Sistema de Emergencia 911, dando cuenta que su madre había sido víctima del delito de estafa, habiendo entregado a un desconocido que simulaba ser enviado por un familiar cercano, dinero en efectivo producto de ahorros personales y joyas.

De las tareas investigativas desplegadas por personal de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, entre las que se cuentan entrevistas, relevamiento y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró determinar que en el hecho investigado, las personas involucradas serían al menos tres, además de la persona que efectúa la llamada simulando ser un familiar.

También lograron individualizar el vehículo utilizado para cometer el hecho y lo ubicaron en un hospedaje en la localidad de Cerrillos, y tras una vigilancia discreta con posterior persecución, se procedió a la detención de tres hombres y el secuestro del rodado y otros elementos vinculados a la causa.

Se pudo constatar posteriormente, que al momento de ser interceptados, éstas personas se estaban dirigiendo hasta el domicilio de otra víctima, quien había recibido un llamado previo y bajo la modalidad delictiva citada, aguardaba a que alguien fuera a retirarle el dinero, evitándose de esta manera que hiciera entrega de sus ahorros.

De la requisa en el inmueble donde se hospedaban los investigados con autorización del propietario, se logró la detención de un cuarto partícipe, secuestro de otro vehículo, dinero en efectivo, joyas y demás elementos de interés para la causa.

En continuidad de las tareas investigativas, el día posterior se procedió a la detención de dos mujeres vinculadas a la causa.

Las personas detenidas son todos oriundos de la provincia de Mendoza y pertenecientes a la comunidad gitana y no se descarta su participación en otros hechos que están siendo investigados en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Otras investigaciones

De la completa investigación llevada adelante por la Unidad desde principios de año, cuando se tomo conocimiento de la existencia de numerosos hechos delictivos con similar modalidad, se determinó que varias bandas criminales de otras provincias operaron en la ciudad de Salta y se logró esclarecer la integración de cada una de esas asociaciones, todas con miembros de la comunidad gitana, la zona en la que operaban y los vehículos en los que se desplazaron, lo que agilizó su identificación.

En este marco, el pasado viernes, la Unidad Delitos Económicos realizó la ampliación de la imputación respecto de una banda, cuyos integrantes son oriundos de Jujuy y Tucumán y se les atribuye hasta la fecha 12 hechos de estafa y asociación ilícita.

También se avanza con la investigación en contra de una organización delictiva cuyos integrantes son de esta ciudad, en la que se encuentran 2 personas detenidas con prisión preventiva y 2 con pedido de captura por 7 hechos de estafa y asociación ilícita.           

     

Detienen a un falso gestor automotor

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, imputó a un hombre de los delitos de falsificación de instrumento público y fraude a la administración pública en grado de tentativa. Quedó detenido.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo a partir de la denuncia formulada por uno de los Jueces del Tribunal Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Salta, quien refirió que el viernes 20 del corriente, se presentó un gestor ante el Tribunal para gestionar el levantamiento de secuestro de una camioneta con un título digital. Dicho instrumento resultó ser falso, según la verificación efectuada ante la página oficial del Registro Nacional de Propiedad Automotor.

En virtud de ello, la Unidad Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 la detención de la persona y formuló el decreto de citación a audiencia de imputación. El hombre prestó declaración imputativa en la sede de la Fiscalía el mismo viernes 20, donde fue acusado de los delitos de falsificación de instrumento público y fraude a la administración pública, en grado de tentativa. Continúa detenido, mientras la fiscal Guzmán ordenó una serie de medidas tendientes a continuar y profundizar con la investigación en torno del caso.

Detienen a un inspector de Tránsito y a un contribuyente

La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga un hecho donde un inspector de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, adulteró el libro de guardia del depósito de vehículos para facilitar a un contribuyente para que retirara un vehículo secuestrado sin regularizar la infracción cometida.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, imputó este martes a un inspector de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y a un ciudadano por el delito de peculado y falsificación de documento público.

La investigación se inició a partir de la denuncia formulada por otro empleado de dicha Subsecretaría y tras diversa tareas investigativas del personal policial de la División de Delitos Económicos, la fiscal solicitó orden de allanamiento, detención y secuestro del rodado al Juzgado de Garantías en turno.

Como resultado de la medida, el pasado lunes se concretó la detención de las dos personas involucradas y se secuestró el vehículo.

Según consta en las actuaciones, el funcionario adulteró el libro de guardia del Depósito de Vehículos de la Subsecretaría de Tránsito para evitar que se registre la salida de un vehículo, cuya custodia le fue confiada en razón de su cargo. Ello con el fin de entregar el vehículo al otro imputado, quien lo retiró sin haber regularizado la infracción que originó el secuestro del rodado.

Ambos estuvieron asistidos durante la audiencia de imputación por defensores oficiales y tras conocer la acusación en su contra, decidieron no declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.

Condenan a hábil estafadora

Una mujer de 59 años pasará 2 años en prisión por diversos hechos de estafa cometidos en esta ciudad, donde usando distintas maniobras ardidosas, obtenía dinero y otros bienes de sus víctimas con la promesa de obtener una vivienda y otros beneficios económicos. Fue declarada reincidente por cuarta vez.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 en la audiencia de juicio abreviado contra Susana Raquel Garnica, imputada por el delito de estafa.

El accionar delictivo de Garnica consistía en mediante maniobras ardidosas, ganarse la confianza de los denunciantes, aparentando en algunos casos vinculación con organismos públicos para que estos logren obtener una vivienda o fingiendo ser solvente y ofreciéndoles beneficios económicos, logrando así que le entregaran diversas sumas de dinero o bienes como productos de belleza o del hogar.

Varios de los damnificados llegaron a solicitar créditos en su beneficio y nunca recibieron la contraprestación prometida.

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de la acusada y la aceptación de los hechos imputados, la condenó al cumplimiento de la pena de 2 años de prisión efectiva y la declaró reincidente por cuarta vez.

Importantes avances en causas de estafa en perjuicio de adultos mayores

La Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de las fiscales Mónica Poma y María Eugenia Guzmán, lleva adelante la investigación de reiteradas denuncias por hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores bajo la modalidad del cuento del tío, la que inicia con un contacto telefónico con sus víctimas, alegando una depreciación monetaria, para así lograr la entrega de bienes de valor que son retirados personalmente de sus domicilios.

En el marco de esa investigación, y luego de diversas diligencias investigativas en curso en la ciudad de Salta y en varias provincias del país, se pudo establecer la identidad y domicilios de varios imputados, por lo que se requirió al Juzgado de Garantías Nº 4, la detención de los mismos, orden que fue inserta en el Sistema Federal de Comunicaciones  Policiales, el secuestro de automóviles oficiando a los organismos pertinentes, y autorización para llevar adelante numerosos allanamientos en las Provincias de Jujuy y Tucumán.

Tales procedimientos, que demandaron 48 horas, fueron realizados con la colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, bajo la Supervisión de Comandante Mayor Pablo  Gigena, la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, a cargo de la Comisario. María Lobo, que desde hace cuatro años trabaja mancomunadamente con la Unidad de Delitos Económicos; y las respectivas Divisiones de Investigaciones de las policiales locales, que fueron convocados a participar de la medida por los magistrados de esas jurisdicciones.

Hasta el momento, se encuentran detenidas dos personas pertenecientes a la comunidad gitana y se han secuestrado elementos relevantes para continuar con la pesquisa, tales como un rodado utilizado en la perpetración de algunos hechos, documentación de vehículos, y numerosos teléfonos celulares, que serían los utilizados para concretar las llamadas, los cuales son objeto de pericias.

Con el resultado de las medidas ejecutadas y las demás dispuestas, así como el análisis informático de los elementos secuestrados, la Unidad Fiscal continua con la labor investigativa para el esclarecimiento de otros hechos.

Pareja de gitanos imputada por estafas a adultos mayores

Un hombre y una mujer, integrantes de la comunidad gitana, fueron detenidos e imputados por el delito de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que mediante engaños, desposeían de sus bienes. El lunes se ampliará la imputación por dos nuevos hechos denunciados.

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La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, informó que personal de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, procedió a la detención de una pareja de gitanos involucrados en un hecho de estafa telefónica en perjuicio de adultos mayores.

La detención de estas personas se produjo a partir de una larga investigación que se lleva desde adelante ante los numerosos casos donde mediante engaños, estafan a adultos mayores para apropiarse de sus bienes.

Ambos fueron imputados por el delito de estafa y en su declaración, trataron de negar su participación. Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva de ambos y está previsto que éste lunes se amplíe la imputación de ambos por dos nuevos hechos que los involucran.

La denuncia

El hecho por el que fueron imputados fue en perjuicio de una sexagenaria que vive en el macrocentro salteño, a quien le realizaron un llamado telefónico fingiendo ser su hija y bajo engaños, le sustrajeron 67 mil dólares, 1.500 euros y 20 mil pesos.

Llevan a juicio por usurpación a la esposa del intendente Leopoldo Cuenca y el apoderado de Tierra Vasca

Así lo solicitaron las fiscales penales Sofía Fuentes de Pichanal y María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quienes tuvieron a su cargo la investigación penal en torno a una disputa entre los acusados por la posesión de una finca en Rivadavia Banda Sur. Asimismo, se resolvió el sobreseimiento en otros supuestos delitos.

La medida fue dispuesta como resultado de una intensa tarea procesal que se inició el 10 de julio del año pasado, a partir de una serie de denuncias cruzadas realizadas por los acusados, quienes mantienen un litigio de superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II, el que se dirime en el Juzgado Civil y Comercial de Orán.

Las distintas intervenciones de la fiscalía penal se iniciaron con una denuncia radicada por el intendente Leopoldo Cuenca, quien aduce ser el propietario del sector del terreno en disputa. El jefe comunal de Rivadavia Banda Sur denunció en el Destacamento Policial de ese municipio la intromisión ilegal en su finca, Las Botijas, por parte de empleados de la firma Tierra Vasca S.A.

La propiedad, ubicada a 30 kilómetros de La Unión, se convirtió luego en el eje de otras denuncias, tanto de parte de Cuenca, empleados y de su esposa, Paola Torres. En tanto, el apoderado legal de la firma Tierra Vasca, Diego César Mazzucheli, también radicó denuncias en contra del intendente.

Las partes en conflicto adujeron haber sido víctimas de distintos delitos, entre ellos, usurpación, robo calificado, hurto y amenazas con armas de fuego, entre otros. Las acusaciones surgieron, según lo denunciado, de supuestos incidentes que mantuvieron al disputarse la posesión del terreno en conflicto.

Por caso, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, denunció que trabaja en la finca del intendente y que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso, pero que al regresar de visitar a unos familiares, el candado del portón había sido cambiado.

Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, oportunidad en la que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía “no sabían que podía pasar con él”. Indicó que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias habían desaparecido.

Contradenuncia
Por su parte, Alejandro Bauid, empleado, y Mazzucheli, en calidad de apoderado legal de Tierra Vasca S.A., denunciaron que personas desconocidas irrumpieron en el terreno en disputa
, el cual aseguran, les pertenece. Dijeron que cambiaron el candado, sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa, tras lo cual se apropiaron del lugar.

A partir de las denuncias, tanto de una parte como de otra, la fiscalía penal de Pichanal, llevó adelante varias diligencias e incluso imputó distintos delitos a los acusados, entre ellos, Mazzucheli y Paola Torres, encargada de la finca Las Botijas.

En vista de que entre abril y mayo de este año, las denuncias recrudecieron, la Procuración dispuso la conformación de un equipo entre las fiscales Fuentes y Guzmán, quienes desde entonces llevaron adelante una serie de medidas probatorias a fin de establecer las conductas penales de los protagonistas y, en su defecto, determinar los delitos cometidos.

Mazzucheli
A partir del análisis minucioso de las pruebas reunidas en torno a los hechos denunciados, las fiscales entendieron que corresponde llevar a juicio a Mazzucheli, apoderado de Tierra Vasca S.A., por los delitos de “usurpación” y “hurto campestre”.

Al respecto, y en relación al hecho ocurrido en julio de 2017, denunciado por Cuenca, las fiscales resaltaron varias pruebas en el requerimiento de juicio contra Mazzucheli. Entre ellas, están las testimoniales de vecinos que prueban que la propiedad del lugar, al momento de la irrupción del apoderado legal y otros empleados, era detentada por Cuenca.

Por ello, las fiscales entendieron que “se halla suficientemente acreditado, con el grado de convicción necesario en esta etapa del proceso, la existencia de los sucesos endilgados y la responsabilidad penal del imputado”. Por ende, agregaron, “corresponde conformar la acusación en la presente contra Diego César Mazzuchelli, quien en razón de lo expuesto no puede alegar desconocimiento de quien era el poseedor de las tierras en cuestión al momento de su ingreso para realizar trabajos”.

“De esta forma, quedó probado que el encausado con su accionar desplazó de la posesión del inmueble a quien la detentaba repeliendo su ingreso a la finca y de esta forma impidiendo que aquél (Cuenca) continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando”.

En vista de ello, las fiscales solicitaron el enjuiciamiento de Mazzucehli por el delito de usurpación. Además, descartaron la calificación de robo agravado, ya que las pruebas reunidas desestimaron el uso de la fuerza respecto a la sustracción de elementos que Porcel, -empleado de Cuenca-, adujo que le fueron sustraídos. No obstante, la investigación sí probó la sustracción de dichos elementos, en su mayoría herramientas de trabajo agrícola, por lo que al delito de “usurpación”, se sumó el de “hurto campestre”.

La esposa del intendente
Respecto al accionar de Torres
, las fiscales señalaron que “de las constancias de la causa se infiere, sin hesitación, que el predio en cuestión estaba siendo poseído por Mazzucchelli en representación de Tierra Vasca S.A.”, y que “surge palmario el conocimiento que debió tener Torres respecto que la posesión del predio estaba siendo detentada por otras personas”.

También señalaron que “debe tenerse presente que conforme surge de la denuncia efectuada por Leopoldo Cuenca, a la sazón pareja de la imputada Torres, el nombrado Cuenca fue despojado de la posesión que detentaba sobre el inmueble cuestionado por el denunciante Mazzucchelli. Se tiene así que a la fecha de los hechos aquí investigados, y tal como se expuso, la posesión de dicho predio era ejercida por el apoderado de Tierra Vasca S.A., lo que era sabido tanto por Cuenca como por la incoada Torres”.

Las pruebas, testimoniales y otros informes sumados a la causa, según las fiscales, prueban esta hipótesis, por lo que resaltaron que “la conducta desplegada” por la causante evidencian claramente “la intencionalidad de su accionar”. “Quedaron desvirtuadas las manifestaciones defensivas efectuadas por la encausada en su descargo por escrito donde refiere que su marido tomó conocimiento que la finca había sido abandonada por quienes la estaban poseyendo”.

Por otra parte, se estableció que “fue la nombrada Torres quien habría contratado los servicios de diversas personas a los efectos de cuidar la finca y repeler posibles ingresos no autorizados de personas”. En vista de ello, “se vislumbra evidente que Paola Torres efectivizó la conducta ejecutiva del ilícito que se le atribuye al invadir y permanecer en el inmueble en cuestión no dejando ingresar al representante de Tierra Vasca S.A., quien detentaba la posesión”.

“Debe tenerse presente que la intención final de la nombrada Torres era permanecer en el inmueble ocupándolo sin que se haya retirado del mismo ni manifestado su voluntad a hacerlo a pesar de la intervención policial.”. En vista de estos elementos, las fiscales solicitaron juicio contra Torres por el delito de “usurpación”.

Sobreseimientos
En cuanto a los otros delitos
por los que los acusados principales y algunos empleados fueron investigados e imputados, las fiscales solicitaron el sobreseimiento de Paola Torres y Alberto Martínez, por el delito de amenazas con armas de fuego. En los mismos términos, se resolvió el sobreseimiento de José Eduardo Montenegro, Carlos Alberto Quinteros y Rafael Roberto Sales por los delitos de usurpación y robo calificado. Tal decisión obedeció a la ausencia de pruebas que demuestren las conductas oportunamente imputadas a los acusados.

Causa Huergo: Derivan una nueva denuncia a la Justicia Federal

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, remitió a la Fiscalía Federal 1 una nueva denuncia vinculada con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

La fiscal María Eugenia Guzmán fundó la remisión de la denuncia recibida en el ámbito de la Procuración General de la Provincia; en la opinión que emitió sobre la competencia, el 16 de mayo pasado. Entonces, reintegró en devolución el oficio y la resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, ambos vinculados con la misma causa.

En su resolución, referida a la nueva denuncia radicada por Guillermo Mauricio Alberto, contra Matías Huergo, Gustavo Sáenz y otros; la fiscal Guzmán advirtió que los hechos presentan parámetros objetivos idénticos a los acontecimientos ya denunciados y que se tramitan a través de la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

Además, sostuvo que existiendo identidad de la persona perseguida, del objeto de persecución y la de la causa de persecución, corresponde la remisión de la denuncia, a los efectos de “no violentar el principio de “ne bis in eadem”, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.