A pedido de la Fiscalia de Cafayate, prohiben cualquier loteo o cambio de uso de un predio incendiado

La medida cautelar fue solicitada en el marco de la investigación por dos incendios dolosos ocurridos este año en una finca de Cafayate, por los que un hombre de 32 años ya fue imputado.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, solicitó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre un inmueble afectado por dos incendios de gran magnitud ocurridos este año, con el objetivo de preservar el estado del predio y garantizar la aplicación de la legislación ambiental mientras avanza la investigación penal.

El Juzgado de Garantías de Cafayate hizo lugar al planteo y dispuso la prohibición de innovar respecto del inmueble identificado con la Matrícula Catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., ordenando además su anotación registral. Asimismo, prohibió toda subdivisión, fraccionamiento, loteo, urbanización, parcelamiento, cambio de destino o uso del suelo, transferencia destinada a esos fines, constitución de nuevos derechos reales, autorizaciones administrativas y cualquier otra modificación material o jurídica que altere el estado actual del predio. La resolución advierte que el incumplimiento de la medida podrá configurar el delito de desobediencia judicial. 

La solicitud fue presentada en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Penal de Cafayate por los incendios registrados los días 13 de mayo y 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. Ambos focos ígneos afectaron el inmueble de Finca El Monte S.A. y demandaron la intervención de Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación.

La investigación permitió reunir distintos elementos de convicción —entre ellos denuncias, testimonios, informes policiales, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles e individualización del vehículo utilizado habitualmente por el sospechoso— que derivaron en la imputación de un hombre de 32 años como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, en concurso real.

Al fundamentar la medida cautelar, la fiscal Rojas sostuvo que existía riesgo de que, durante el desarrollo de la investigación, se realizaran actos materiales o jurídicos que modificaran el estado del inmueble y comprometieran la aplicación del régimen de protección ambiental previsto para superficies afectadas por incendios. La jueza María Virginia Toranzos compartió esos argumentos, consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y entendió que la prohibición de innovar constituye una medida idónea, razonable y necesaria para preservar el ambiente y evitar situaciones de difícil reversión mientras se resuelve el fondo de la causa. 

Derrames en pozo petrolero: Ratificaron la actuación de la Fiscalía Penal de Pichanal y la investigación continúa

Tres resoluciones judiciales respaldaron el trabajo investigativo de la Fiscalía al rechazar los planteos de la defensa de una petrolera y permitir la continuidad de la investigación por un presunto hecho de contaminación ambiental.

La Fiscal Penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, continúa adelante con la investigación iniciada para esclarecer un presunto hecho de contaminación ambiental relacionado con un antiguo pozo petrolero ubicado en el área Lomas de Olmedo, luego de que el Juzgado de Garantías rechazara distintos planteos formulados por la defensa de uno de los imputados y confirmara la continuidad de la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Durante la investigación, la Fiscalía impulsó numerosas medidas probatorias destinadas a reconstruir el origen de la surgencia detectada en el pozo, determinar las condiciones en que fue perforado, explotado y posteriormente abandonado, analizar las intervenciones realizadas por las distintas empresas que tuvieron la concesión del área a lo largo de los años y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Asimismo, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó una Unidad Fiscal integrando a la fiscal civil de Orán, Dra. Marcela de los Ángeles Fernández, para que inste las cuestiones reparativas socioambientales en el caso. Además agregó la disponibilidad del Ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y la Geóloga Melina Celedon del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para que trabajen en las medidas técnicas forenses necesarias.

Como parte de esas actuaciones, se incorporó abundante documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos competentes y pericias especializadas, entre ellas un informe elaborado por un ingeniero en petróleo que analiza las características constructivas del pozo, su historia operativa y las posibles causas técnicas que habrían originado la pérdida detectada en 2023.

El informe producido por los profesionales del CIF ya fue presentado al Juzgado de Garantías interviniente por la Unidad Fiscal. En este se evalúa con la información existente en el legajo los procesos que dieron lugar a las emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10 y las consecuencias de daño grave al ecosistema observadas en superficie.

Las empresa President Petroleum S.A. ofreció un informe de un especialista en Petróleo, Ing. Miguel Ángel Basile, que por su parte concluye que la surgencia podría vincularse con un deficiente abandono del pozo y con procesos de corrosión o roturas producidas con el paso del tiempo, aspectos que forman parte de las hipótesis que son objeto de investigación.

En el marco del proceso, la defensa de uno de los imputados promovió un incidente de recusación contra la fiscal María Sofía Fuentes, alegando una supuesta falta de objetividad en la conducción de la investigación.

Tras analizar los argumentos expuestos, el Juzgado de Garantías rechazó el planteo al considerar que no se acreditó ninguna de las causales legales previstas para apartar a la representante del Ministerio Público Fiscal. En su resolución, el magistrado oranense sostuvo que las diferencias manifestadas por la defensa respecto de la estrategia investigativa o de determinadas decisiones procesales no constituyen prueba de parcialidad ni de pérdida de objetividad.

Asimismo, destacó que la actuación de la fiscal se ajustó a las facultades que le otorga el Código Procesal Penal para impulsar la acción penal, disponer medidas investigativas y conducir la investigación desde la recepción de la noticia criminis, señalando además que la defensa contó en todo momento con asistencia técnica y posibilidad de ejercer plenamente sus derechos procesales. En consecuencia, resolvió que la fiscal Fuentes continúe al frente de la investigación.

En otra resolución vinculada al mismo expediente, el Juzgado también declaró abstracto un planteo de nulidad presentado por la defensa contra el decreto que dispuso una ampliación de imputación.

Al resolver, el magistrado recordó que la cuestión ya había sido objeto de análisis judicial y que esa decisión se encontraba recurrida, por lo que no correspondía volver a pronunciarse sobre los mismos agravios.

Además, resaltó que la citación a audiencia de imputación constituye un acto procesal destinado a garantizar el derecho de defensa del imputado y que la investigación puede continuar mientras no exista una resolución firme que disponga lo contrario.

En resumidas cuentas, las resoluciones judiciales ratifican la validez de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía Penal de Pichanal en el marco de la Unidad y permiten que continúe la producción de prueba para esclarecer las causas del presunto delito y su resultado de daño ambiental, identificar a los eventuales responsables y determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones legales vinculadas con la explotación y abandono del pozo investigado.

La investigación permanece en trámite y la Unidad Fiscal continúa desarrollando medidas técnicas y procesales orientadas al completo esclarecimiento de los hechos, la cuantificación del daño ambiental y la estimación de los costos de su recomposición.

Cafayate: Imputaron a un hombre por dos incendios dolosos 

Los hechos investigados ocurrieron los días 13 de mayo y 7 de junio de 2026, cuando se registraron dos incendios en un sector de bosque nativo y pastizales de una finca ubicada en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate.

En representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix formalizó la imputación contra un hombre de 32 años, como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.

La investigación se inició a partir de dos incendios registrados el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 sobre un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate. En ambos episodios debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores del predio.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la investigación se logró reunir un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisoriamente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre ellos se encuentran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que habitualmente utilizaba, además de otras diligencias técnicas ordenadas por la Fiscalía.

La investigación también permitió establecer, siempre según la hipótesis fiscal, que el acusado frecuentaba habitualmente el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con la utilización de esos terrenos. Asimismo, distintos testimonios incorporados al legajo refieren que el imputado habría reconocido su participación en el incendio ocurrido en mayo y manifestado su intención de volver a provocar otro en el mismo lugar, circunstancias que fueron consideradas junto al resto de las evidencias reunidas.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que existen riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de testimonios. Por su parte, la defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de imponer como medida de coerción la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a los hechos investigados.

San Antonio de los Cobres: Imputan a un hombre por agredir por la espalda a un adolescente

La investigación sostiene que el ataque fue sorpresivo y continuó cuando la víctima ya se encontraba en el suelo.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de forma provisional a un hombre de 33 años como autor del delito de lesiones leves agravadas por alevosía, en perjuicio de un adolescente, por un hecho ocurrido en la localidad de San Antonio de los Cobres.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada tras un episodio ocurrido el 18 de septiembre de 2025, cuando el menor caminaba junto a un amigo hacia el Complejo Deportivo Municipal para jugar al fútbol.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, el acusado habría sorprendido a la víctima por la espalda y le propinado dos golpes de puño en la cabeza. Cuando el adolescente se dio vuelta para identificar a su agresor, éste continuó golpeándolo y, una vez que la víctima cayó al suelo, le habría aplicado nuevos golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo. Luego, se retiró del lugar a bordo de un automóvil.

El menor logró regresar a su domicilio, donde manifestó fuertes dolores de cabeza y posteriormente recibió asistencia médica.

La imputación se sustenta en la denuncia presentada por la madre de la víctima, el certificado médico que constató las lesiones sufridas —entre ellas un hematoma con escoriación en la región parieto-occipital, con un tiempo estimado de curación de siete días—, el plano del lugar del hecho y un informe elaborado por el Servicio Social.

Para la Fiscalía, el ataque presenta características de alevosía, ya que la agresión habría comenzado de manera sorpresiva, por la espalda y sin posibilidad de defensa para la víctima.

«La alevosía se configura cuando el agresor actúa sobre seguro, aprovechando una situación que impide o reduce la posibilidad de defensa de la víctima. Esa circunstancia es la que la investigación procura acreditar en este caso», destacó el fiscal penal Daniel Escalante.

Demoraron al sospechoso por el robo de una bicicleta

Tras un allanamiento realizado en barrio El Milagro, se logró la demora del investigado y el secuestro de prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento del hecho.

En representación de la Fiscalía Penal 4 del Distrito Centro, el auxiliar fiscal Alejandro Campoccia formulará  acusación contra un hombre de 32 años como autor del delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública, en el marco de una investigación por la sustracción de una bicicleta ocurrida en barrio El Milagro.

La causa se inició tras la denuncia de un hombre que el pasado 2 de mayo dejó apoyada, sin medidas de seguridad, su bicicleta frente a un local de cobro de servicios ubicado sobre avenida Las Américas al 1200. 

Al salir del comercio, advirtió que el rodado había sido sustraído.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones Este llevó adelante diversas tareas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recepción de testimonios y otras diligencias que permitieron reconstruir la secuencia del hecho e identificar al presunto autor.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio del acusado. Durante el procedimiento se logró su demora y el secuestro de prendas de vestir que presentan características coincidentes con las observadas en los registros fílmicos incorporados a la causa.

Con esos elementos, la Fiscalía formuló acusación en dos actuaciones vinculadas a hechos investigados.

Rosario de Lerma: Investigan un presunto caso de maltrato animal tras el hallazgo de cinco cachorros muertos

Entre las medidas ordenadas se encuentran la intervención de Criminalística, una requisa domiciliaria, el secuestro de elementos de interés y la demora de un hombre de 70 años, quien sería imputado de manera provisional.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, lleva adelante la investigación por un presunto hecho de maltrato animal, iniciado tras el hallazgo de cinco cachorros sin vida en el interior de una bolsa abandonada en un cesto de residuos de esa ciudad.

En el marco de las tareas investigativas, personal policial logró identificar y demorar a un hombre de 70 años que sería el presunto responsable del hecho. Asimismo, por disposición de la Fiscalía, se realizó una requisa en su domicilio, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

El fiscal dispuso además la intervención de personal de Criminalística para realizar una inspección ocular del lugar, el relevamiento fotográfico y las pericias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. También ordenó la toma de fichas dactilares del demorado y la incorporación de su planilla prontuarial.

La investigación procura determinar la causa de muerte de los cinco cachorros, así como establecer las circunstancias en las que sus cuerpos fueron abandonados, aspecto que será definido a partir de las pericias ordenadas por la Fiscalía.

De manera complementaria, el fiscal Escalante dispuso medidas preventivas respecto de los animales que se encontrarían bajo el cuidado del investigado, con el objeto de resguardar su integridad y bienestar. 

En ese marco, se notificó al sospechoso sobre la intervención de las instituciones que colaborarán con los controles periódicos, bajo la coordinación del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, representado por la Dra. Carmen Céspedes Cartagena.

Una vez cumplidos los actos procesales correspondientes, el hombre sería imputado provisionalmente por el delito de maltrato animal y deberá comparecer cada quince días ante la Fiscalía Penal, conforme a las medidas que se dispongan durante la investigación.