Cafayate: Dos imputados por tenencia de cocaína con fines de comercialización

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima sobre la presunta venta de drogas en una vivienda. Las tareas de vigilancia permitieron documentar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre de 24 años y a una mujer de 20 años, como presuntos coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que señalaba que los acusados presuntamente comercializaban sustancias estupefacientes desde una vivienda ubicada en calle Salta, de la ciudad de Cafayate.

A partir de esa información, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas de Cafayate, que realizó tareas de seguimiento, vigilancia y registros fotográficos y fílmicos para determinar si en el inmueble se desarrollaban actividades vinculadas a la venta de drogas.

Según consta en las actuaciones, entre el 13 y el 16 de agosto de 2026, los investigadores documentaron encuentros breves entre los sospechosos y distintas personas que concurrían al domicilio. Durante esas visitas se observó la entrega de pequeños envoltorios, movimientos compatibles con la comercialización minorista de estupefacientes bajo la modalidad conocida como pasamanos.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Cafayate y ejecutada el 20 de agosto.

Durante el procedimiento se secuestraron 335,7 gramos de una sustancia blanquecina, distribuidos en distintos recipientes y envoltorios, además de $76.000 en efectivo, recortes de polietileno, una tijera con restos de sustancia, un teléfono celular y otros elementos.

Las pruebas orientativas de narcotest practicadas sobre la sustancia secuestrada arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

La fiscal Sandra Rojas consideró que los elementos reunidos permiten sostener preliminarmente que los acusados desarrollaban una actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes desde el domicilio investigado.

En particular, valoró los registros de presuntas maniobras de venta, las entrevistas reservadas a vecinos y el resultado del allanamiento, durante el cual se encontraron sustancias y elementos que, según la investigación, estarían destinados a su fraccionamiento, acondicionamiento y distribución.

Cafayate: Imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima sobre la presunta venta de drogas en una vivienda. En un allanamiento se secuestraron marihuana, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre de 21 años como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que señalaba que el acusado presuntamente comercializaba sustancias estupefacientes desde su domicilio, ubicado en la ciudad de Cafayate.

A partir de esa información, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas de Cafayate, que realizó tareas de vigilancia, seguimiento y registros fotográficos y fílmicos.

Según consta en las actuaciones, durante las tareas investigativas se documentaron encuentros breves entre el sospechoso y distintas personas, con entrega de pequeños envoltorios, movimientos compatibles con la comercialización minorista de estupefacientes bajo la modalidad conocida como pasamanos.

La investigación también permitió vincular al acusado con un procedimiento policial realizado el 23 de septiembre, cuando fue identificado junto a otro hombre mientras circulaban en una motocicleta por inmediaciones de las calles Güemes Sur y Arnaldo Etchart, de Cafayate.

En esa oportunidad, personal policial observó que uno de los ocupantes arrojó un objeto debajo de un vehículo estacionado. Al ser identificados, el investigado reconoció haber descartado varios envoltorios.

En el lugar se secuestraron cuatro envoltorios que contenían una sustancia vegetal de características similares a la marihuana, por lo que se dio intervención a personal de Drogas Peligrosas.

Ese mismo día, por orden del Juzgado de Garantías de Cafayate, se realizó un allanamiento en la vivienda que ya era objeto de investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento se secuestraron distintos envoltorios con sustancia vegetal, siete semillas de cannabis, recortes y bolsas de polietileno, una tijera y $59.600 en efectivo. Las pruebas orientativas practicadas sobre la sustancia arrojaron resultado positivo para marihuana.

La fiscal Sandra Rojas consideró que los elementos reunidos, valorados en conjunto, permiten sostener preliminarmente que el acusado desarrollaba una actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes.

En particular, valoró las tareas de vigilancia, los registros de presuntas maniobras de venta y el hallazgo de sustancias y elementos utilizados para su fraccionamiento y acondicionamiento, circunstancias que, según la investigación, permiten inferir que la tenencia no estaba destinada al consumo personal, sino a su posterior comercialización.

Cafayate: Imputado por causar daños a un automóvil recibido para reparar

Un abogado denunció que había entregado su vehículo como parte de un acuerdo para cobrar honorarios profesionales pendientes mediante trabajos de chapa y pintura. El acusado se habría negado a devolverlo, lo habría utilizado sin autorización y le habría provocado distintos daños.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre de 32 años como presunto autor del delito de daños, previsto en el artículo 183 del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación, el acusado estuvo asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. Manifestó que, en caso de modificar su decisión, presentará una declaración por escrito a través de su defensor.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un abogado que había representado al acusado en una causa penal anterior y con quien mantenía un acuerdo por el pago de honorarios profesionales pendientes.

Según consta en las actuaciones, ambos habían convenido que la deuda sería cancelada mediante trabajos de chapa y pintura en un automóvil Fiat Siena, propiedad del denunciante.

En junio de 2025, el abogado entregó el vehículo, que se encontraba en buenas condiciones mecánicas y de funcionamiento, para que el acusado realizara únicamente las reparaciones acordadas.

Sin embargo, transcurrido un tiempo y pese a observar avances en los trabajos, cuando solicitó su devolución habría recibido reiteradas negativas.

Posteriormente, el damnificado tomó conocimiento de que el acusado habría utilizado el automóvil sin su autorización y le habría ocasionado distintos daños.

La fiscal Sandra Rojas sustentó la imputación en la denuncia, fotografías y declaraciones testimoniales incorporadas a la investigación, elementos que permitieron avanzar en la atribución provisional de responsabilidad penal por el delito de daños.

Prisión preventiva para un hombre acusado de raptar y abusar sexualmente de una adolescente en un gimnasio

La víctima, de 16 años, denunció que fue obligada a subir a un automóvil y trasladada hasta un gimnasio de la ciudad de Salta, donde habría sufrido dos hechos de abuso sexual. Durante la audiencia se formalizó la investigación y se hizo lugar al pedido de prisión preventiva.

La auxiliar fiscal Celeste Morales, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS 3), por disposición de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se formalizó la investigación penal contra un hombre de 55 años, imputado provisionalmente por los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), todo en concurso real.

En la misma audiencia, el juez Diego Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido de prisión preventiva, por lo que el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.

El hecho investigado ocurrió a fines de agosto de este año, cuando la adolescente se dirigía al Club Gimnasia y Tiro, en la ciudad de Salta. Según su denuncia, el acusado, a quien había conocido meses antes en una parada de colectivos, la interceptó en las inmediaciones del club, la tomó del brazo y la obligó a ingresar a un automóvil.

Posteriormente, la habría trasladado hasta un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo, donde la condujo a una habitación y, pese a la resistencia de la adolescente, habría cometido dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con el relato de la víctima, durante la agresión intentó pedir ayuda, pero el acusado le habría impedido salir del lugar. Antes de retirarse, también la habría intimidado para evitar que denunciara lo sucedido, asegurándole que tenía contactos con personal policial.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de la adolescente ante la Comisaría 3 de Tres Cerritos.

Entre los elementos reunidos se encuentran la denuncia, la declaración de la adolescente recibida mediante Cámara Gesell, un examen médico legal realizado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y tareas investigativas desarrolladas por personal de la UDIS.

Las tareas investigativas realizadas por la Unidad de Investigación UDIS, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), permitieron localizar y detener al acusado en Aunor, antes de que abandonara la provincia.

La Fiscalía consideró que los elementos reunidos permiten sostener preliminarmente la existencia de los hechos investigados y la presunta participación del acusado. En particular, valoró que la adolescente habría sido trasladada y retenida contra su voluntad con la finalidad de atentar contra su integridad sexual.

Investigan 21 estafas: Allanamientos y secuestros en Salta y Jujuy

La investigación comprende 21 hechos atribuidos a Sergio Fernando Tolaba, quien se encuentra detenido. En el marco de la causa se realizaron procedimientos en Salta Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos y Perico. En Jujuy fueron secuestrados teléfonos celulares y 4.400 dólares.

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, contra Sergio Fernando Tolaba, se realizaron cuatro allanamientos en Salta y Jujuy. La causa comprende 21 hechos calificados provisoriamente como estafas reiteradas en concurso real.

La intervención de la UDEC se inició a partir de numerosas denuncias y de la documentación incorporada al legajo. Según surge de la investigación, Tolaba se habría presentado ante algunos de los damnificados utilizando el nombre de “Mario Peredo” y habría generado vínculos de confianza a partir de distintas propuestas comerciales.

Las maniobras investigadas presentan distintas modalidades. Entre los hechos denunciados aparecen operaciones de compraventa de vehículos, ofrecimientos para realizar inversiones o administrar dinero y negocios vinculados con distintos bienes y establecimientos comerciales.

En algunos casos, los damnificados denunciaron haber entregado vehículos y dinero a cambio de otros rodados que posteriormente presentaron inconvenientes respecto de su titularidad. En uno de los hechos incorporados a la causa, un denunciante manifestó haber entregado su automóvil y dinero como parte de pago por otro vehículo, que luego fue reclamado por quien se presentó como su propietario y terminó secuestrado.

También se investigan operaciones en las que se habrían entregado sumas de dinero bajo promesas de obtener ganancias, así como la comercialización de bienes que el investigado no habría estado en condiciones de disponer. Entre ellas se encuentra el caso de un local gastronómico de General Güemes por el cual un damnificado entregó dinero y posteriormente tomó conocimiento de que quien se presentaba como vendedor no era su propietario.

Como parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación, Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados a la causa, con el objetivo de localizar y secuestrar bienes y otros elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Las órdenes fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino y los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la supervisión del secretario letrado de la UDEC, Walter Inda.

Tres de los allanamientos se realizaron en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos. La cuarta medida se concretó mediante exhorto en Perico, provincia de Jujuy, con intervención del juez exhortado Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy.

Para la ejecución de la medida en esa provincia se trabajó de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.° 9 de Perico, con intervención del ayudante fiscal Damián Caro, y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy.

Los procedimientos forman parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación. Una vez concluidos los allanamientos y relevados sus resultados, la fiscal Salinas Odorisio evaluará los elementos obtenidos y dispondrá las medidas que correspondan para continuar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Salvador Mazza: Solicitaron la captura internacional de un sospechoso por el robo de una camioneta

La investigación permitió identificar a uno de los principales sospechosos y establecer que se encontraría en Bolivia. El fiscal solicitó su captura y detención nacional e internacional por robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. También requirió que la medida sea incorporada al SIFCOP y que se tramite una Notificación Roja de INTERPOL.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Samuel Limón Álvarez, identificado como uno de los principales sospechosos en la investigación por el robo de una camioneta ocurrido el pasado 14 de agosto en un lavadero de barrio Luján, y señalado como una persona conocida en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia.

El pedido fue formulado por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda, a partir de los elementos reunidos durante las diligencias desarrolladas por el Grupo de Investigaciones Sector N.º 43.

Entre las medidas realizadas se encuentran tareas de campo, declaraciones testimoniales, la confección de un identikit y el análisis de registros de cámaras de seguridad, elementos que permitieron avanzar en la identificación de uno de los presuntos autores.

A partir de estos resultados, el fiscal Cazón avanzó con el pedido de captura nacional e internacional, teniendo en cuenta además los indicios de que el sospechoso se encontraría en Bolivia y que el vehículo sustraído habría ingresado a ese país. Según la información incorporada a la causa, la camioneta fue detectada mediante cámaras de seguridad en la ciudad boliviana de Yacuiba.

En ese marco, Cazón solicitó que, en caso de disponerse la medida, la orden sea incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el territorio nacional y que se requiera la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL para procurar su localización y captura a nivel internacional.

El hecho

La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de una camioneta Toyota Hilux modelo 2024, que había sido dejada alrededor de las 13.30 del 14 de agosto en un lavadero ubicado sobre avenida 9 de Julio, en barrio Luján de Salvador Mazza.

De acuerdo con las actuaciones, el encargado del establecimiento manifestó inicialmente que había sido sorprendido por cuatro personas armadas, quienes lo maniataron y amenazaron para apoderarse del vehículo. Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, precisó que habrían sido tres los autores y señaló que llegaron caminando hasta el lugar.

Las primeras diligencias permitieron reconstruir parte del recorrido de fuga hacia la zona de Sauzal, mientras que el avance de la investigación aportó elementos que indicarían que la camioneta habría cruzado hacia Bolivia.

La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas e individualizar a los restantes involucrados.

Asimismo, ante la certeza de que la camioneta sustraída ingresó a la ciudad de Yacuiba, Bolivia, el mismo 14 de agosto, y al haber adquirido el hecho una dimensión internacional, el fiscal Cazón anticipó que oportunamente declinará la competencia por razón de materia y territorio a favor de la Justicia Federal de Tartagal, a la que corresponderá continuar con la investigación.

 

Rosario de Lerma: Cuatro imputados por el robo de una motocicleta y su posterior encubrimiento

El vehículo había sido sustraído cuando se encontraba estacionada en la vía pública. El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a dos de los sospechosos y reconstruir su recorrido. Otras dos personas fueron acusadas de realizar acciones destinadas a ocultar pruebas y eludir la investigación.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de forma provisional a dos hombres y dos mujeres por un hecho ocurrido el pasado 30 de junio en esa ciudad.

A un hombre y una mujer se los imputó como coautores del delito de robo calificado por el uso de llave o ganzúa y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, mientras que otro hombre y otra mujer fueron acusados de encubrimiento, por presuntamente haber realizado acciones destinadas a ayudar a eludir la investigación, ocultar rastros o pruebas y asegurar el producto o provecho del delito.

El hecho investigado ocurrió el 30 de junio, cuando una motocicleta había sido dejada estacionada sobre avenida Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones del cine de Rosario de Lerma. Cerca de las 20, se advirtió que había sido sustraída.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, los investigadores pudieron observar a un hombre y una mujer que circulaban en una motocicleta. Según consta en las actuaciones, el hombre descendió, tomó el rodado estacionado y comenzó a trasladarlo, mientras la mujer se retiró en el otro vehículo.

Los registros también permitieron observar que, a pocos metros del lugar, se habría intentado poner en marcha la motocicleta sustraída. Una posterior inspección del rodado constató daños en el tambor de encendido, compatibles con la utilización de una llave o ganzúa.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de un banco y del Sistema de Emergencias 911, que permitió reconstruir el recorrido realizado y avanzar en la identificación de los sospechosos.

También se analizaron comunicaciones mantenidas con la damnificada para coordinar la recuperación de la motocicleta. A partir de estas diligencias se estableció que la línea telefónica utilizada estaría vinculada a una de las otras personas investigadas.

Con los elementos reunidos, el pasado 5 de agosto se realizaron allanamientos en dos domicilios, donde se secuestraron prendas de vestir y otros elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Según la hipótesis del fiscal Escalante, las otras dos personas imputadas habrían intervenido posteriormente mediante acciones destinadas a eludir la investigación, ocultar rastros o pruebas del delito y asegurar su producto o provecho.

Entre las medidas incorporadas a la causa se encuentran denuncias y declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones, inspecciones sobre la motocicleta y las actuaciones derivadas de los allanamientos.

Orán: Fue imputada por el incendio intencional de una camioneta

Sucedió durante la madrugada del pasado 31 de julio, cuando el propietario de una camioneta advirtió que el vehículo se incendiaba. La sospechosa fue detenida luego de que el fuego fuera sofocado, ya que regresó al lugar y presuntamente arrojó piedras contra el domicilio del damnificado.

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, imputó de forma provisional a una mujer de 25 años, como autora del delito de incendio doloso, previsto en el artículo 186, inciso 1° del Código Penal.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenida.

Según las actuaciones, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 31 de julio, en un domicilio del barrio Libertad de la ciudad de Orán, donde el propietario de una camioneta denunció que el vehículo, que se encontraba estacionado frente a la vivienda, había sido incendiado.

Presuntamente, la camioneta habría sido rociada con un líquido inflamable y luego prendida fuego, provocando un incendio que afectó la parte frontal del rodado y ocasionó daños en el motor.

Una vez sofocado el foco ígneo, la sospechosa regresó al lugar a bordo de una motocicleta y habría comenzado a arrojar piedras contra el domicilio.

El damnificado logró retenerla hasta la llegada del personal policial, que procedió a su demora. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de Criminalística, quienes extinguieron el incendio, realizaron las pericias correspondientes y relevaron la escena.

Al fundar la imputación, la Fiscalía consideró que la conducta atribuida a la acusada generó un peligro común, en razón de que el incendio de un automotor con combustible en su interior implicó un riesgo para las personas y los bienes ubicados en las inmediaciones, circunstancia por la cual calificó provisoriamente el hecho como incendio doloso.

Investigan una muerte en Padre Lozano

El cuerpo de un hombre de 31 años fue hallado sin vida a la vera de la ruta provincial 53. Se dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, investiga la muerte de un hombre de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada del domingo 2 de agosto a la vera de la ruta provincial 53, a unos cinco kilómetros de la localidad de Padre Lozano.

En la investigación interviene la Unidad de Investigación GAP Tartagal, que, por disposición de la Fiscalía, lleva adelante distintas diligencias investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

En el marco de la investigación, una persona se encuentra demorada a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas probatorias dispuestas.

Asimismo, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán para la realización de la autopsia.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran la recepción de testimonios, la realización de pericias, el análisis de los indicios recolectados, el relevamiento de registros fílmicos y todas aquellas diligencias que resulten necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las eventuales responsabilidades.

Investigación en curso por el hecho en el que una joven resultó herida por un disparo en Tartagal

Las actuaciones se desarrollan conforme al avance de las distintas medidas de investigación.

En relación con declaraciones publicadas en medios de comunicación sobre la investigación que se lleva adelante por el hecho en el que una joven recibió un disparo de arma de fuego cuando se dirigía a su trabajo, ocurrido el pasado domingo en Tartagal, el fiscal penal 1 del Distrito Norte, Pablo Cabot informa que la recepción de la declaración testimonial referida se desarrolló conforme a las normas vigentes y con el único objetivo de obtener un relato preciso de los hechos para avanzar en su esclarecimiento.

Al ser informado del hecho, el Fiscal recibió los primeros datos sobre lo ocurrido, sin que se comunicara la presencia de un efectivo policial en el lugar al momento del disparo. Sobre la base de esa información inicial, dispuso las medidas investigativas de rigor, entre ellas la intervención de la Brigada de Investigaciones.

Con posterioridad, el Fiscal tomó conocimiento, a través de las declaraciones formuladas por el padre de la víctima en distintos medios de comunicación de Tartagal, de que un efectivo policial había arribado al lugar instantes después del hecho. En esas entrevistas públicas, el propio testigo manifestó que vio al efectivo llegar con un arma en la mano y que, en un primer momento, pensó que podía tratarse de una persecución policial, expresando incluso: «Lo vi que tenía el arma en la mano…Pensé: ‘qué macana se mandó’… Pensé que venía persiguiendo a alguien».

Frente a esa nueva información, y en cumplimiento del deber de investigar todas las hipótesis posibles sin descartar ninguna línea investigativa, la Fiscalía dispuso el secuestro preventivo del arma reglamentaria del efectivo policial para la realización de las pericias balísticas correspondientes. Dicha medida constituye una diligencia habitual de investigación y no implica atribución de responsabilidad ni la existencia de personas imputadas en la causa.

Posteriormente, durante la recepción de la declaración testimonial, el Fiscal solicitó al testigo que relatara libremente los hechos tal como los había percibido, indicándole que una vez concluido ese relato se le formularían las preguntas de rigor destinadas a precisar circunstancias de tiempo, modo, lugar, distancias, posiciones y demás aspectos relevantes para la reconstrucción de los hechos. 

En esa declaración, el testigo manifestó que no observó al efectivo policial extraer su arma reglamentaria ni tenerla en la mano, sino que lo vio aproximarse sujetándose la pistolera. Asimismo, expresó que posteriormente descartó la posibilidad de que el disparo hubiera ocurrido en el marco de una persecución policial, al advertir que el efectivo provenía de un sentido distinto al de donde estimaba que había provenido el disparo.

Las declaraciones testimoniales se reciben conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos y bajo el principio de objetividad en el ejercicio de la función. En ese marco, se rechaza categóricamente la inducción al declarante a efectuar declaraciones determinadas ni de direccionar el contenido de su testimonio. 

Las medidas investigativas adoptadas por la Fiscalía respondieron exclusivamente a la información que fue incorporándose a la causa, incluyendo las manifestaciones efectuadas públicamente por el propio testigo, y tuvieron como único propósito agotar todas las hipótesis posibles para esclarecer el origen del disparo.

La investigación continúa en curso y comprende todas las medidas necesarias para determinar el origen del disparo y la eventual responsabilidad de las personas que pudieran haber intervenido, sin descartar ninguna hipótesis hasta tanto la evidencia reunida permita arribar a conclusiones objetivas.