La fiscal Sodero Calvet sostiene que la investigación refleja un contexto de violencia de género sostenida y progresiva, que pone en riesgo la integridad de la víctima e incluso de sus hijas, y cuestionó tanto el rechazo a ampliar la imputación como la decisión posterior de disponer la libertad del imputado.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, investiga un hecho ocurrido el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la tarde, en un domicilio particular de Cerrillos, donde una joven mujer, pareja del imputado y madre de dos hijos en común, efectuó un llamado al Sistema de Emergencias 911, para alertar sobre una situación de violencia extrema, mientras los niños se encontraban presentes.
Inicialmente intervino la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia, y se le dictó la prisión preventiva como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género y lesiones graves agravadas por la relación de pareja previa y por el género, en concurso real.
Al tomar intervención Sodero Calvet, reunió elementos de convicción que le permitieron sostener que no se trataba de un hecho aislado, sino que se inscribiría en un contexto de violencia de género sostenida y progresiva, con una víctima en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por ello, solicitó que se amplíe la imputación por tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género y dos hechos de lesiones leves agravadas que habrían ocurrido durante 2025 y que fueron incorporados a partir de evidencia digital, entre ella, audios de alto impacto grabados por la víctima, que fueron reproducidos en las audiencias.
El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, no hizo lugar a la solicitud al considerar que los hechos incorporados no constituían hechos nuevos o diferentes de los ya imputados y que, respecto de los episodios de 2025, no se habían precisado suficientemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo.
Ante esto, la fiscal Sodero Calvet presentó un recurso de apelación, en el que sostiene que la decisión restringe sus facultades investigativas y le impide delimitar el objeto de la investigación conforme a su avance. También plantea que el control judicial debe garantizar el derecho de defensa, pero no sustituir al Ministerio Público Fiscal en la definición de la hipótesis fáctica que será objeto de investigación.
Asimismo, argumenta que los hechos deben analizarse dentro del contexto de una dinámica reiterada de violencia en el marco de una relación de pareja.
Por estos fundamentos, solicitó que se revoque la resolución cuestionada y se habilite la ampliación de la imputación, dejando planteada, en caso de rechazo, la reserva de recurrir ante el órgano revisor competente.
En ese contexto, y mientras se encontraba pendiente la discusión sobre la ampliación de la imputación, el 9 de septiembre se realizó una audiencia de revisión de la prisión preventiva del imputado, donde la Fiscalía solicitó que la medida cautelar se mantuviera, fundamentando su pedido en el riesgo que surgía del conjunto de elementos reunidos durante la investigación.
Se analizó también la posibilidad de implementar el sistema de monitoreo SUMA, donde inicialmente la víctima había manifestado su negativa a someterse a ese mecanismo, por lo que el sistema había arrojado un resultado de “no apto” y luego, durante la audiencia, al ser nuevamente consultada en presencia de las partes y del imputado, aceptó el dispositivo.
Ante esto, la fiscal Sodero Calvet cuestionó que esa manifestación pudiera ser valorada de manera aislada, teniendo en cuenta el contexto de violencia y vulnerabilidad que, según los informes incorporados al legajo, atravesaba la víctima.
La Fiscalía también señaló que en el legajo existen informes que describen indicadores de alto riesgo y vulnerabilidad, además de elementos vinculados con una dinámica de violencia que habría sido sostenida y progresiva. Asimismo, planteó que los hijos de la pareja estuvieron expuestos a ese contexto y que esta circunstancia debía ser considerada al momento de evaluar el riesgo y las medidas de protección.
Finalmente, la jueza del distrito Centro, Claudia Puertas, dispuso la libertad del imputado bajo el sistema de monitoreo, decisión que fue apelada por la Fiscal, quien solicitó que sea revocada y que se restablezca la prisión preventiva del imputado.
En el recurso, Sodero Calvet cuestiona que la decisión haya centrado su análisis en la viabilidad del dispositivo SUMA sin realizar, a su criterio, una valoración integral de la prueba y del riesgo denunciado. También plantea que la manifestación de voluntad de la víctima debía ser analizada dentro del contexto de violencia y dependencia señalado en los informes, y reclama que se considere tanto la perspectiva de género como la situación de los niños involucrados.
Otro de los agravios planteados refiere a la valoración de la gravedad de los hechos, ya que sostiene que el análisis no debe limitarse a la calificación jurídica provisoria vigente, sino contemplar el contexto, la continuidad y progresividad de la violencia abordada y el conjunto de elementos reunidos durante la investigación.
Asimismo, cuestiona la idoneidad del sistema de monitoreo SUMA para neutralizar los riesgos advertidos en el caso y sostiene que la resolución no habría explicado de manera concreta por qué esa medida resultaría suficiente para proteger a la víctima y a sus hijos.
Finalmente, la Fiscalía plantea que la decisión no contempló adecuadamente la perspectiva de género ni la perspectiva de infancia, señalando que los niños habrían estado expuestos a situaciones de violencia y que esa circunstancia debía ser considerada al evaluar el riesgo derivado de la libertad del imputado, considerando que en el ámbito escolar de uno de los menores, se activó protocolo al tomar conocimiento de situaciones de violencia evidenciados por una alumna y su madre.
UFEM: Ampliarán la imputación para un hombre por ejercer violencia contra su pareja
