Mega operativo para desarticular a una financiera que habría estafado a miles de salteños

En los 15 allanamientos efectuados por investigadores del CIF, secuestraran $ 16.800.000, U$s 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3.000 contratos firmados y confeccionados. Hay ocho detenidos y dos prófugos. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio

El operativo efectuado entre ayer y esta madrugada por el Cuerpo de Investigadores del CIF, dirigido por la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en la ciudad de Salta y en San José de Metán arrojó como resultado que siete mujeres y un hombre fueran detenidos. Se secuestraron 16.800.000 de pesos, 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3000 contratos confeccionados y firmados.

También fueron secuestrados entre 400 y 500 contratos en blanco listos para llenar, cédulas verdes, cédulas parcelarias, dos cajas fuertes cerradas y bienes muebles (heladeras, tv smart, bicicletas) recientemente adquiridas.

Dos hombres permanecen prófugos y están siendo intensamente buscados por las fuerzas de Seguridad.

Los 15 allanamientos fueron solicitados por Salinas Odorisio en el marco de una investigación que lleva adelante por estafas de una entidad financiera que, bajo una identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.

Al investigar la financiera, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinaron que la empresa no se encontraba inscripta en Salta para realizar actividades, sino en la Ciudad de Buenos Aires , y sólo estaba habilitada para realizar negocios inmobiliarios. El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.

Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitada. Por su parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional fallecido en 2007.

Serían numerosas las víctimas del negocio financiero que actuaba en distintos lugares de la capital salteña y en San José de Metán.

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitaron a los damnificados, acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio, con la documentación correspondiente.

Imputan a una mujer por estafa con planes sociales

Una referente social fue denunciada por retener el DNI, tarjeta bancaria y apropiarse del dinero del Plan Potenciar Trabajo de un hombre. La semana pasada allanaron su vivienda y secuestraron varios DNI, tarjetas y documentación. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer de 45 años por estafa en perjuicio de un hombre beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) iniciaron luego de que una mujer denunciara a otra -identificándola como puntera política y a cargo de un comedor- por quedarse con las sumas del subsidio de su marido.

En la denuncia, la mujer contó que la referente había inscripto en el plan social a su marido, abriendo una cuenta bancaria. Para ello, le solicitó el Documento Nacional de Identidad y otra documentación de carácter personal.

Según el relato, aprovechándose de la situación de precariedad y teniendo en su poder la tarjeta de débito a nombre de su marido, percibió las sumas otorgadas en virtud del subsidio (realizando transferencias a la cuenta bancaria de titularidad de la imputada), y le entregó un monto irrisorio. Ante el reclamo de ello y el pedido de restitución del DNI y de la tarjeta de débito, la denunciante aseguró que la imputada le manifestó que la diferencia era retenida “para cubrir las necesidades del partido al que representa, y en particular del Comedor que dirige”.

Por último, la denunciante aseguró que “corroboraron que el partido político únicamente retiene para su financiamiento un 2% de los haberes a los titulares, por lo que las transferencias realizadas a la propia cuenta de la acusada, fueron para su propio provecho”

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir distintos elementos de prueba, solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento a la vivienda de la denunciada, medida que se concretó días atrás.

Como resultado del procedimiento fueron incautados varios DNI, tarjetas bancarias y otra documentación relacionada a la causa. La mujer fue detenida e imputada provisionalmente por estafa.

Durante la audiencia, la mujer –que fue asistida por un abogado particular-, se abstuvo de declarar. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras continúa con la investigación.

Imputan al Intendente y a tres concejales de La Merced

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al titular del Ejecutivo de La Merced por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al Intendente de La Merced por los delitos de retención indebida, incumplimiento a los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres concejales como partícipes necesarios del delito de peculado.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al jefe comunal en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.

La UDEC ordenó una pericia contable en la causa del Exintendente de Salvador Mazza

Es para determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la medida, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de Salvador Mazza y otras 11 personas.

Según informó Salinas Odorisio, el objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la pericia, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

El Exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.

Abuso eclesiástico: Recurren a la Corte Suprema contra el sobreseimiento del exsacerdote José Carlos Aguilera

La fiscala interina de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio, interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que deje sin efecto el  punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que desestimó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y dejó firme el sobreseimiento del exsacerdote José Carlos Aguilera.

El 16 de junio último, el Alto Tribunal local dejó firme el sobreseimiento de José Carlos Aguilera, por extinción de la acción penal por prescripción, respecto de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por circunstancia de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto, que se le sindican y por el que se ordenó su libertad.

Salinas Odorisio interpuso el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, en contra del punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta mediante el cual, -por el voto de la mayoría-, se desestimó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Es que según la Corte de Justicia de Salta, casos como el de Aguilera, fueron tratados en los precedentes Galaverna, de 2019 y Chinque, de 2021. La Corte también entendió que en el caso Aguilera no se configuró “una situación de gravedad institucional”. Así, dejó firme y de manera irrevocable en el ámbito local, el sobreseimiento de José Carlos Aguilera por extinción de la acción penal, por prescripción.

Aguilera fue imputado el 21 de marzo por el Fiscalía Penal UDIS N° 2,  a partir de las denuncias de dos jóvenes, menores de edad al momento de los hechos. El entonces Juez de Garantías de 5° Nominación rechazó el 12 de abril de 2019, la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Aguilera. La defensa apeló, lo que fue acogido favorablemente por el Tribunal de Impugnación el 12 de junio de 2019 y el Fiscal de Impugnación N° 3 recurrió la resolución dictada, fundando su presentación en extensos y detallados agravios. La Sala IV del Tribunal de Impugnación denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF  por considerar, entre otras cuestiones, que “no se advierte que el fallo impugnado pueda violentar directa o indirectamente algún derecho constitucional, tampoco surge que éste haya sorprendido, por arbitrario, las expectativas del recurrente, siendo que la existencia de alguno de esos extremos resulta la base misma sobre la que debe sustentarse la admisibilidad de la presentación impetrada”. El MPF interpuso queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y la Corte de Justicia, por el voto de la mayoría, la desestimó el 16 de junio de 2021.

Los hechos ocurrieron en Campo Santo, cuando los denunciantes eran menores de edad. Así, la posición de preeminencia del sacerdote como consecuencia de la especial situación de vulnerabilidad en razón de la poca edad de las víctimas y por encontrarse en formación –lo que les impide comprender la dimensión de los eventos por los que resultaron damnificados, las consecuencias de esos sucesos en la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de sus vidas-, obligan a calificarlos como una violación a los derechos humanos.

Para la comisión de los delitos endilgados, José Carlos Aguilera se valió de la influencia que detentaba sobre los damnificados porque oficiaba como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana en una Parroquia a la que concurrían los denunciantes cuando eran niños.

No es un dato menor el que los sujetos más vulnerables, es decir niños, niñas y adolescentes, gozan de una protección mayor, reconocida constitucionalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por el Estado argentino por Ley 23.849. Tratado que, en su art. 34, establece en forma expresa que los Estados Parte se comprometen a proteger a las niñas y niños contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, previendo su protección contra toda forma de violencia o perjuicio, incluido el abuso sexual. Consolidar el sobreseimiento del acusado por prescripción de la acción del pronunciamiento de la Corte, implica que la violencia de que fueron víctimas los denunciantes se transforme en “violencia institucional”.

En su presentación, la fiscala Salinas Odorisio sostuvo que conforme a la doctrina de la Corte Federal, las cuestiones de la naturaleza de las ventiladas en este caso, son de orden público y pueden comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano, por lo que corresponde sean tratadas, aún cuando se considere que no fueron mantenidas explícitamente en la instancia extraordinaria

Es que al pronunciarse la Corte de Justicia de Salta el 16 de junio pasado, se limitó a  cuestiones estrictamente formales y otros precedentes, pero renunció a dar tratamiento al caso en particular. De esa forma, incurrió en arbitrariedad manifiesta debido a que, sin mayores fundamentos, y, tangencialmente, sin consideración en las particularidades del caso, se limitó a señalar que ya se expidió en los fallos Galaverna y Chinque, en los que declaró la prescripción de hechos que considera similares a los denunciados por las víctimas de Aguilera. Esa coyuntura configura una clara y decisiva denegación al acceso a la justicia y se decide no comprender que los hechos configuran una “grave violación a los derechos humanos de menores de edad”, y que los tribunales, en todo lo concerniente a los menores, deben atender a su “interés superior”.

 Así, los Jueces de la Corte, por mayoría, impidieron el tratamiento del fondo de la cuestión planteada. Es decir, la Corte de Justicia no atendió a los derechos constitucionales supralegales vulnerados, deteniéndose en aspectos formales, cuando se ha invocado una cuestión de índole constitucional, más la arbitrariedad de sentencia.

Eso sí fue advertido por el voto de la minoría, al sostener que “el tribunal “a quo” no debe limitarse a denegar o conceder mecánicamente el recurso de inconstitucionalidad sino que, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, debe efectuar un juicio de probabilidad sobre la afectación de principios constitucionales y entendieron que “al hallarse en juego derechos constitucionales, corresponde hacer lugar a la queja planteada”.

La fiscala también recordó que en un caso de naturaleza similar, cuando se investigaron delitos contra la integridad sexual en detrimento de menores, cometidos por el sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Justo José Ilarraz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el 7 de junio de 2018 el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Ilarraz, que solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción – por prescripción-. La Corte Federal entendió que no obraba en esa causa sentencia definitiva y habilitó la continuación del proceso contra el sacerdote.

En resumidas cuentas, el ejercicio del control de convencionalidad -que compete a todos los jueces y que evidencia que la aplicación lisa y llana de las disposiciones sobre prescripción de la acción que contenía el Código Penal, al momento en que se cometieron los hechos en perjuicio de los denunciantes-, implica una solución que traspasa el umbral de la injusticia extrema, que no puede ser avalada en un Estado constitucional.

Vale recordar que el Tribunal Colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a José Carlos Aguilera de haber cometido distintos delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.

No declaró el estafador que ofrecía puestos de trabajo

El sexagenario fue imputado por estafas reiteradas en perjuicio de personas que, en búsqueda de una oportunidad laboral, le entregaron dinero para realizar trámites administrativos y fueron engañados. No prestó declaración.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Juan Normando Rodríguez, como autor del delito de estafas reiteradas (18 hechos).

Rodríguez, mediante la utilización de maniobras ardidosas, haciendo uso de nombres falsos, simulando la condición de empleado sindicalista o del sector de recursos humanos de Trenes Argentinos y otras ocupaciones, se aprovechó de la necesidad de los damnificados y los hizo incurrir en un error, al expresarles que necesitaba contratar personal para distintos puestos de trabajo, actuando a sabiendas que no lo haría, logrando que le entregaran sumas de dinero para trámites administrativos, obteniendo un beneficio a su favor y generando un perjuicio para los damnificados, que nunca obtuvieron el prometido empleo.

En el marco de una investigación, los investigadores del CIF lograron la individualización y detención del acusado tras una minuciosa investigación.

En el allanamiento realizado en una vivienda de Villa Soledad de la ciudad de Salta, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

El acusado, acompañado de un defensor oficial, conoció la acusación en su contra y manifestó que la declaración la realizará cuando se presente el abogado particular que designó.

Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas en el marco de la investigación.

Investigadores del CIF lograron detener a un hábil estafador

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, investigadores del CIF lograron la detención de un hombre que usando distintos nombres, fingía ser empleado de Trenes Argentinos y estafó al menos a 18 personas con la promesa de empleo. Será imputado en las próximas horas.

Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a partir de una minuciosa investigación, lograron individualizar a un hombre de 62 años, con frondoso prontuario delictivo, y que cometió al menos 18 hechos de estafa contra personas que buscaban empleo.

El ardid del hábil estafador consistía en presentarse como empleado de Trenes Argentinos, con contactos e influencias para garantizar un empleo tanto a hombres como mujeres, a los que les solicitaba sumas de dinero para realizar las gestiones y los exámenes preocupacionales que nunca se realizaron.

La investigación es dirigida por la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien reunidos los elementos de convicción necesarios, solicitó orden de allanamiento y detención al Juzgado de Garantías 6.

Como resultado de la medida realizada por los investigadores del CIF, en las últimas horas se logró la detención del acusado y el secuestro de elementos de interés para la causa. La audiencia de imputación se concretará en las próximas horas.

Caso Matías Ruiz: imputaron a cuatro operarios del SAMEC y a cuatro policías

Los ocho detenidos fueron imputados por el delito de homicidio culposo y uno de los efectivos policiales, además fue acusado del delito de vejaciones. Los cuatro policías se abstuvieron de declarar y los cuatro operarios del SAMEC declararon.

La fiscala penal Ana Inés Salinas Odorisio, integrante de la Unidad Fiscal que investiga la muerte de Matías Nicolás Ruíz, imputó este miércoles a Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez (operarios de SAMEC), Sergio David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías Rodríguez (efectivos policiales) como autores del delito de homicidio culposo. A Rodríguez se le imputa además, el delito de vejaciones en concurso real.

En la fundamentación de la acusación, Salinas Odorisio sostiene que los efectivos policiales imputados, el día del hecho, interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos. En el caso particular del efectivo Rodríguez, de los registros fílmicos analizados, se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza e inobservando los principios de congruencia y proporcionalidad, sitúa su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.

Respecto a los operarios del SAMEC, en la acusación se sostiene que del análisis del material aportado por el Sistema de Emergencias 911, se puede observar que el día del hecho, se da inicio al incidente a las 6.50 por personal de demanda ciudadana, que dan aviso a las instituciones que deben intervenir. Se puede determinar que, luego que el personal policial toma contacto con la víctima a las 7.35, se solicita móvil de SAMEC al lugar, reiterando dicho pedido a las 7.41 y a las 7.49, sin obtener respuestas de la unidad sanitaria, arribando recién al lugar a las 8.13. Desde el inicio del incidente, no se observa designación de ambulancia hasta horas 8.02 y que en el sistema no se registran constancias sobre el motivo de la demora de la unidad de SAMEC como tampoco designaciones de otras unidades sanitarias por los operarios intervinientes, ocasionando esta demora, que la víctima no reciba la atención necesaria para su supervivencia, evidenciándose negligencia por parte de los imputados, que cometieron descuido u  omisión de las diligencias debidas e impuestas por la prudencia, cuya observancia y previsión, hubieran prevenido el resultado acaecido.

Salinas Odorisio explicó que el pedido de detención y el mantenimiento de la detención para los cuatro operarios del SAMEC se fundamentan en la necesidad de evitar el entorpecimiento de la investigación, ya que hubo reticencia a la entrega de información requerida desde comienzos de las tareas investigativas.

Los imputados, luego del control de legalidad, fueron trasladados a la sede fiscal, donde acompañados de abogados particulares, se les hizo conocer la acusación en su contra.

En el caso de los cuatro efectivos policiales, se abstuvieron de declarar y manifestaron que lo harán por escrito. Mientras que los operarios del SAMEC, prestaron declaración y dieron su versión sobre lo sucedido el pasado martes 13.

Suman cuatro los detenidos por fraude a una empresa de reciclaje

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la primera detención al Juzgado de Garantías esta mañana, cuando, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, comprobó la maniobra delictiva. Durante la jornada, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó el operativo para concretar otros tres allanamientos y tres detenciones de personas involucradas con la defraudación a la empresa.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la detención de un hombre por el delito de defraudación a una empresa de reciclaje. A esa detención, se sumaron luego otras tres, de las cuales, una corresponde a un hermano del primer detenido y otros dos sujetos, todos mayores de edad.

Desde hace un mes, el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaba una investigación por una denuncia que daba cuenta de diferencias en el peso de los camiones.

Los investigadores del CIF pudieron determinar que la maniobra consistía en adulterar el pesaje de las cargas que ingresaban a diario a la empresa Eco Norte SRL. A cambio de ello, el detenido recibía un rédito económico.

El personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos se encontraba esta mañana realizando actividades de vigilancia cuando comprobaron la maniobra delictiva por lo que la Fiscalía solicitó la inmediata aprehensión en flagrancia del primer implicado. Al momento de la detención, el hombre –que reside en un barrio de la zona Norte de la ciudad- tenía en su posesión $ 103.400, dos teléfonos celulares de alta gama y documentación relacionada a la causa. En este marco, y de acuerdo a la información con la que contaba personal del Departamento de Investigaciones y Criminología, Salinas Odorisio solicitó orden de allanamiento para otros domicilios de personas que también estarían involucradas.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF coordinó un operativo en conjunto entre la UEI, UDEC y UDIS, y dispuso la afectación de investigadores, móviles y demás logística, para la realización de cuatro allanamientos en total, de los cuales, además de surgir las detenciones de los acusados, se logró el secuestro de $ 571.700 (quinientos setenta y un mil setecientos pesos argentinos), 27 reales y USD 19.639 (diecinueve mil seiscientos treinta nueve dólares estadounidenses); un camión marca Dodge 400 cabina color anaranjado, otro camión con cabina blanca, teléfonos celulares, una báscula, y cuarenta y cinco tickets de la empresa defraudada. El Juzgado Interviniente fijó control de legalidad para los detenidos, para este viernes.

Venta de terrenos: imputaron a un hombre que estafó a varias personas y falsificó documentos públicos

El acusado vendía un dúplex en barrio Grand Bourg y terrenos en la zona Sur de la ciudad de Salta. Como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos y dirigidas por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta.

La titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Jorge Matías González Güemes por cinco hechos de estafas y tres hechos de falsificación de instrumento público, todo en concurso real.

Del decreto de imputación surge que el acusado, de 37 años, simulando tener contactos con funcionarios de organismos públicos, ofrecía gestionar y entregar adjudicaciones de inmuebles pertenecientes a dependencias nacionales y provinciales de la vivienda, a cambio del pago de importantes sumas de dinero.

Con este mecanismo, González Güemes logró concretar tres ventas de un dúplex en barrio Grand Bourg. Además, para respaldar sus maniobras y brindarles credibilidad, el acusado confeccionó y utilizó documentos públicos con sellos y membretes de aquellas instituciones que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

“Con este accionar ocasionó perjuicio económico a los denunciantes como también a la fe pública en razón de la falsificación efectuada”, detalla el decreto de imputación de la fiscala Salinas Odorisio.

Por otra parte, González Güemes, también ofreció la venta de un lote en barrio San Remo y/o Ampliación Barrio Parque La Vega a dos personas, quienes abonaron las sumas solicitadas a cambio de un terreno, del cual el imputado no tenía ningún derecho para disponer y les generó un importante perjuicio patrimonial.

Las investigaciones dirigidas por Salinas Odorisio se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del CIF. A través de entrecruzamiento de datos y las pruebas aportadas por las mismas víctimas, se pudo determinar que se encontraban frente a una persona que, empleando el mismo modus operandi, había ocasionado un perjuicio económico a varias personas.

Fruto del trabajo de la Unidad especializada en este tipo de delitos, el martes pasado se realizó el allanamiento de dos domicilios y se detuvo al acusado, un exoficial del Servicio Penitenciario de Salta. El imputado tenía una condena previa, de 2019, por el delito de estafa, y desde que fue puesto en libertad, continuó con su actividad ilícita.

Los hechos

La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención a partir de una denuncia que daba cuenta de que González Güemes había ofrecido en marzo del año 2017 una casa del IPV en Barrio Grand Bourg, expresando que tendría la adjudicación directa de la misma sin la necesidad de ir a sorteo, pidiéndole al denunciante la suma $50.000  en concepto de comisión y que luego de esto, una vez adjudicado el inmueble, debía las cuotas del mismo, las que rondarían los $10.000. El denunciante aceptó y le entregó los $50.000, recibiendo un contrato a cambio.

En el 2018, a través de los medios de comunicación, el damnificado se entera de que los preadjudicados de esas viviendas se reunirían para reclamar por la demora de las entregas. Al intentar sumarse al grupo, se percató de que no aparecía en la lista de los preadjudicados.

El hombre se presentó en varias oportunidades en el domicilio del acusado, ubicado en el macrocentro de la capital salteña. Allí siempre era atendido por la madre de González Güemes, quien le expresaba que su hijo estaba en Buenos Aires cuidando a su hermano que estaba muy enfermo. Finalmente, la mujer lo mandó a hablar con la expareja del acusado, quien le informó que el imputado se encontraba alojado en Alcaldía General.

Caso 2

En marzo de 2020 ingresó una denuncia en la que un hombre acusaba a González Güemes de estafarlo en la compra de un dúplex del barrio Grand Bourg.

En esta oportunidad, una mujer –identificada como Gloria Gutiérrez- ofrecía los inmuebles y puso a la víctima en contacto con González Güemes (que aquí se hacía llamar Luis González) pues se trataba de “un emprendimiento privado que no pertenece ni a Nación, ni a la Provincia” y el “único representante en Salta” era González.

A la víctima le pidieron $120.000 para ser adjudicatario y, en abril de 2018, se juntaron con el denunciado en la plaza de la Legislatura, en donde le entregó de una carpeta con sello del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Nación, con número de expediente y dirección exacta del dúplex comprado en Barrio Grand Bourg.

Luego de ello, y al ver que la vivienda no le era adjudicada, le escribió a González Güemes, quien le aseguraba que “ya te lo van a adjudicar”.

Caso 3

En junio de 2019, un hombre radica una denuncia por estafas. De acuerdo a lo narrado por el damnificado, en 2017 tomó contacto con una persona que, a través de una página de ventas on line, ofrecía realizar trámites para la adjudicación inmediata de viviendas. A tal fin se encontró con un hombre que se presentó como licenciado Peretti, quien aseguró que se desempeñaba como Secretario de la Gobernación de la Provincia de Salta, llegando en un vehículo color blanco polarizado marca BMW. Le ofreció realizar una carpeta de adjudicación inmediata de una casa a cambio de un pago en efectivo de $50.000 correspondientes a gastos administrativos.

Luego de realizado el pago, el acusado le entregó una carpeta con tapa transparente con documentaciones en referencia a que fue beneficiado con la adjudicación de una vivienda en el barrio Grand Bourg.

Un año más tarde, y ante la ausencia de novedades por parte del “licenciado Peretti”, el damnificado se presentó en el Centro Cívico Grand Bourg, donde consultó sobre las viviendas dúplex y exhibió los documentos a los empleados, quienes le informaron que los papeles eran falsos.

Luego, a través de la red social “Facebook”, conoció sobre un estafador llamado “Matías González Güemes”, a quien reconoció como el licenciado Peretti.

Caso 4

El heredero de una finca en barrio Virgen del Rosario San Nicolás radicó una denuncia en 2020. En el escrito aseguró que, en diciembre de 2019, encontró en un poste de un terreno de su propiedad un cartel de “Se vende” con un número de celular. Al comunicarse lo atendió una persona que se identificó como el “licenciado Güemes” y le ofreció la venta del terreno de su propiedad. El denunciante se identificó como el propietario del inmueble y le exigió a Güemes que retire el cartel inmediatamente y que pare con el intento de vender propiedades que no le pertenecían.

En diciembre de 2020, una prima del damnificado que vive en el lugar, observó a un hombre que vendía los terrenos a un grupo de cinco personas. Cuando la mujer lo enfrentó, el hombre aseguró que “yo estoy vendiendo los terrenos en representación de la Sra. N.L.”, a lo que la mujer respondió “yo soy N.L”.

De la investigación surgió que los terrenos se ofrecían en las redes sociales bajo dos perfiles: Carmen Felicidad González y Felicidad Del Carmen De Tercera Edad, en donde brindaban un número telefónico de contacto que se determinó que pertenecía a Jorge Raúl Güemes,  domiciliado en el macrocentro, pero que en el Registro aparece como fallecido.

Caso 5

En enero de 2020, un hombre radicó una denuncia contra Jorge Matías Esteban González Güemes. Aseguró que, a través de Facebook, tomó conocimiento de la venta de un terreno en el barrio San Remo. Se contactó con el vendedor y fueron a ver el terreno. Luego, el damnificado fue a la oficina de Güemes en donde le entregó $250.000, recibiendo un boleto de compraventa y una foja de actuación especial para certificar firmas. Según consta en la denuncia, todo esto sucedió en presencia de una escribana.

Horas más tarde, el damnificado buscó el nombre del acusado en google, obteniendo como resultado varias publicaciones en donde este es acusado por estafas en la venta de viviendas. Lo llamó para que le devolviera su dinero, sin obtener respuesta.

Caso 6

En enero de este año, un hombre radicó una denuncia por estafa en la compra de una vivienda. Según consta en el escrito, a través de Facebook se enteró de la venta de un terreno en el barrio Parque La Vega. Al llamar al número que aparecía, le atendió una persona que se identificó como Jorge Matías G. Güemes.

Concertaron una entrevista en la casa del acusado, quien le solicitó 300 mil pesos. El denunciante entregó en ese momento $60.000 y acordaron que entregaría 10 cuotas de $20.000. Güemes le hizo entrega de un “previo acuerdo a boleto de compra venta”. Un mes más tarde, la víctima realizó el pago de la primera cuota por la suma de $20.000 mediante una transferencia por homebanking a la cuenta de de la madre de Güemes.

Luego, por algunas sospechas, concurrió a la Dirección General de Inmuebles a fin de solicitar el estado del terreno, donde le informaron que la propiedad no estaba inscripta. Ante ello, le solicitó a Güemes que le devolviera el dinero, algo que nunca sucedió.