También se solicitó que se fije domicilio en la ciudad de Salta, previa instalación de dispositivo electrónico de monitoreo. Cabe recordar que el beneficio otorgado será impugnado, mediante el recurso correspondiente.
La titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, atenta a la inminente concreción del beneficio de arresto domiciliario otorgado a las imputadas en la causa de la falsa financiera Ríos & Asociados,Cynthia Elizabeth Moya y Alejandra Macarena Párraga, requirió que la medida se efectivice con el control de fuerzas federales, y no así de la Policía de la Provincia de Salta. Motiva el pedido, la vinculación directa existente entre las imputadas y numerosos miembros de la fuerza de seguridad provincial y/o familiares de los mismos.
Se agrega a ello los antecedentes relacionados con la colaboración prestada a la misma no solo para darse a la fuga previo a los allanamientos, sino también en el ocultamiento del botín por parte de efectivos de dicha fuerza.
Además se solicitó que se fije domicilio de arresto en la ciudad de Salta, a fines de poder llevar a cabo el control efectivo de cumplimiento de las normas de conducta impuestas.
La fiscal también solicitó que la prisión domiciliaria se otorgue exclusivamente con la previa instalación del dispositivo electrónico suministrado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) a fin de garantizar tanto la integridad y seguridad física de las mencionadas, como así también evitar toda posibilidad de darse a la fuga en vistas a la conducta ya desplegada anteriormente en la que había logrado mantenerse prófuga tras haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención.
Otro antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de fuga alertado por la fiscal, es la disponibilidad y posibilidades que detenta la líder de la financiera ilegal, de una millonaria suma de dinero lograda de las víctimas del fraude y que aun no pudo ser localizada.
Cabe recordar que el beneficio de arresto domiciliario otorgado a las dos imputadas, fue otorgado por parte del Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación Pedro Arancibia, había sido rechazado previamente tanto por parte de la titular de la UDEC, como así también el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Esta medida será impugnada mediante el recurso correspondiente.
Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal se ratificó el respaldo institucional a la actuación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio en el marco de la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, a la vez que solicitó se le brinden las garantías de seguridad física necesarias para la continuidad de su labor.
Tres domicilios y la Unidad Carcelaria 1 de Jujuy fueron allanados en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por hechos de estafa cometidos en perjuicio de personas a las que les solicitaban la entrega de sumas de dinero para poder cobrar supuestos premios. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y serán imputados.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, informó que en el marco de una investigación que lleva adelante por dos hechos donde ciudadanos se vieron afectados en su patrimonio por maniobras fraudulentas bajo la modalidad de “vishing”, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Jujuy y se detuvo a dos hombres y dos mujeres como sospechosos.
Según las denuncias, los hechos se cometieron bajo la misma modalidad, donde los damnificados recibieron una llamada telefónica informándoles que habían sido beneficiados con un premio y que para la efectiva entrega, debían girar sumas de dinero para cubrir supuestos gastos.
Del trabajo desplegado por el personal de la Unidad de Investigación de la UDEC, se logró identificar a los sospechosos en la vecina provincia de Jujuy, por lo que una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, orden de allanamiento, secuestro y detención para tres domicilios particulares y para la Unidad Carcelaria 1 en la provincia de Jujuy.
Personal de la Unidad
Investigación UDEC, con previa anuencia de la Fiscalía y Juzgado de Garantías y
Control de las ciudades de Salta Capital, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy,
procedieron a la gestión de exhorto y ordenes de allanamientos en conjunto en las
localidades de San Pedro de Jujuy, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy y la
Unidad Carcelaria N° 1 de la capital jujeña
En los allanamientos se logró
secuestrar importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios,
tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets,
1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros
elementos de interés para la causa.
La audiencia de imputación de los acusados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita se concretará este viernes.
Está acusada de formar parte de la organización delictiva previa y posteriormente a la investigación y allanamientos realizados. Es pareja de uno de los imputados detenidos.
En el marco de la audiencia de formalización de la acusación, la titular de la Unidad de Delitos Económicos complejos Ana Inés Salinas Odorisio imputó por el delito de falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, en concurso real, a una abogada de la ciudad de Metán.
Respecto a la participación de la acusada quien se negó a declarar, se determinó que previo a producirse los allanamientos intervino activamente en la confección de contratos, la recepción de dinero e inyección de capital en la falsa financiera. Con la particularidad de que su intervención no fue incauta ya que se trata de una profesional del derecho y bajo esta condición se presentaba y representaba la actividad ilegal que llevó adelante la jefa operativa de la asociación ilícita Cynthia Moya.
Con posterioridad y a partir de producirse los allanamientos la imputada toma un rol protagónico en la defensa de algunos de los imputados, como así también en el contacto con los damnificados solicitando la remisión de contratos, bajo falsa promesa de realizar trámites ante la fiscalía interviniente, para la devolución del dinero invertido.
De la investigación llevada adelante por la UDEC y declaraciones testimoniales, la imputada se encuentra sindicada como parte de la organización dedicada a concretar hechos ilícitos dirigidos a inducir a error a distintas personas captadas para realizar operaciones de inversiones y luego distribuir entre los miembros de la estructura, el producto de dicha actividad.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, continúa con la investigación de la causa. Los cuatro nuevos detenidos se negaron a declarar.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana a dos mujeres y un hombre por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, en el marco de la causa Ríos & Asociados.
Así, la investigación que lleva adelante la UDEC por estafas de una
financiera ilegal en Salta, sumó en las últimas 24 horas cuatro nuevos
imputados, siendo dos de ellos miembros de la Policía de Salta.
Los imputados se abstuvieron de declarar y fueron asistidos por abogados
particulares. Permanecerán detenidos en la Alcaidía General de la Provincia.
La detención de las cuatro personas se produjo luego de que la UDEC
investigara distintas denuncias que aseguraban que un agente de la Policía de
Salta -que presta servicios en la Dirección Centro de la Coordinación
Administrativa Sector de la UER en la capital de la provincia- y una agente de
Policía del Centro de Coordinación Operativa Metán actuaban como captadores de
inversores.
En el primero de los casos, tras constatar a través de la investigación
realizada por la UDEC que el agente tuvo participación en la recolección de
dinero para inyectarlo en Ríos & Asociados y que además cobraba un
porcentaje por ello, el efectivo fue detenido el miércoles 22 en su vivienda de
Villa Primavera y ayer imputado.
En cuanto a la agente de Policía de Metán, los investigadores pudieron constatar la existencia de un vínculo entre esta y la líder de la financiera, quien fuera detenida e imputada el 6 de abril pasado. No sólo contaba con carpetas de inversiones sino también con transferencias bancarias desde el año 2021, en coincidencia con el inicio de la actividad de Ríos & Asociados en Metán. Además, se pudo corroborar el intercambio de dinero de manera permanente y sistemática entre la cuenta de la líder de la financiera y la agente policial.
También se identificó a una mujer y un hombre que actuaban en conjunto con la principal investigada. La mujer fue filmada la víspera de los allanamientos realizados el 25 de marzo pasado saliendo del local de la financiera con bolsos y maletines con dinero y sería quien recibía a las víctimas.
Por su parte,
el hombre sería quien difundió publicitando en las redes sociales a la
financiera, permitiendo una constante incitación que les permitía la captación
de eventuales víctimas inversoras.
Hasta el momento son 23 los imputados en la causa, siendo 11 de ellos miembros de la Policía de Salta. Nueve permanecen alojados en la Alcaidía General de la Provincia, cuatro se encuentran con prisión domiciliaria mientras que el resto tiene medidas sustitutivas
Tras investigar nuevas denuncias, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías el allanamiento de cinco viviendas en la ciudad de Salta, San José de Metán, El Galpón y La Merced. Fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres.
En el marco
de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos
Complejos (UDEC) en la causa Ríos & Asociados, se realizaron cinco nuevos
allanamientos en la ciudad de Salta, San José de Metán, El Galpón y La Merced.
El
procedimiento, que inició ayer a la tarde, arrojó como resultado la detención
de cuatro personas y el secuestro de documentación de interés para la causa.
La medida fue solicitada al juez de Garantías 1 del distrito judicial Sur, Mario Teseyra, por la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, tras la investigación de una denuncia radicada en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal en la que se consignaba que un agente que trabajaba en la Dirección Centro de Coordinación Administrativa Sector de la UER (antecedentes nacionales) estaría implicado en la causa Rios & Asociados.
Tras constatar a través de la investigación realizada por la UDEC que el agente tuvo participación en la recolección de dinero para inyectarlo en Ríos & Asociados y que además cobraba un porcentaje por ello, el efectivo fue detenido ayer en su vivienda de Villa Primavera y esta mañana fue imputado por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real.
Asimismo, un hombre y dos mujeres también fueron aprehendidos en el interior provincial y trasladados esta tarde a la Alcaidía General de la Provincia. Se espera que mañana asistan a audiencia de imputación.
Ante la difusión de información errónea respecto a la disposición y cantidad de personal profesional contable especializado abocado a las investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, desde el Ministerio Público Fiscal se informa que actualmente se dispone de la asistencia de un total de cinco contadores dispuestos orgánicamente, como parte integrante del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esta colaboración se replica respecto a las restantes ramas científicas auxiliares, como refuerzo a las distintas investigaciones llevadas adelante por cada una de las fiscalías especializadas.
Cabe destacar también que para cada una de las causas en investigación se designan uno, o dos peritos contables, según la complejidad de las mismas.
La fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a tres hombres y una mujer por los delitos de estafas reiteradas (12 hechos) y asociación ilícita. Asistidos por abogados particulares, sólo uno de ellos declaró.
La fiscal Penal dela Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó esta mañana a cuatro personas por los delitos de estafas reiteradas (12 hechos) y asociación ilícita.
Los tres hombres y la mujer fueron detenidos ayer en el marco de las investigaciones de numerosas denuncias que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por estafas, abusos y delitos relacionados a inversiones en fideicomisos inmobiliarios, ventas de casas prefabricadas y venta de inmuebles por lotes o loteo.
En este caso en particular, la firma investigada es Socco Internacional y los detenidos son el titular operativo en la empresa, su hermano, la novia de éste y otro hombre que cumplía el rol de gerente y titular de otra empresa. Dos personas más, se encuentran en condición de prófugos.
La investigación de la UDEC inició luego de recibir denuncias que daban cuenta de incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas en Salta y otras provincias por parte de Socco Internacional. De acuerdo a lo detallado por las distintas víctimas, luego de la firma de un contrato, que estipulaba los tiempos de obra y entrega y tras abonar las sumas solicitadas, la empresa no cumplía con lo pactado. No entregaba la vivienda o lo hacía de forma parcial, y dejaba de atender las distintas vías de comunicación que habían proporcionado.
Al realizar un entrecruzamiento de datos, el Gabinete de Investigaciones de la UDEC detectó que el modus operandi para captar a clientes consistía en una gran actividad vinculada al marketing, creando perfiles de Facebook, Instagram y Tik Tok, con diferentes nombres comerciales como Socco Internacional, Green Energy Argentina, Nigeco, Socco Groups Consultora Inmobiliaria, Socco Inmo – Casas Prefabricadas, Plan “Vivir Mejor”, Socco Viviendas y Ngc Inversiones.
Los investigadores determinaron que, de todas estas, sólo las tres primeras se encuentran constituidas formalmente y los responsables legales varían entre los gerentes de la primera. Además, el titular de Socco habría creado una estructura societaria designando de palabra a sus empleados como socios o gerentes de la empresa, sin que exista un documento legal que los designe como tal inicialmente, pero rubricando poderes en los que asumen responsabilidades sobre las operaciones.
Durante la audiencia de imputación, los cuatro detenidos se presentaron con abogados particulares y tres de ellos, entre los que se encuentra el titular operativo en la empresa, se abstuvieron de declarar. El cuarto detenido, declaró y brindó su versión de los hechos.
Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos recordaron que quienes se sientan penalmente afectados por el hecho investigado, pueden radicar sus denuncias en la Oficina de Orientación y Denuncias del MPF en la Ciudad Judicial o hacerlo a través de Denuncias Web, ingresando a www.denunciasweb.gob.ar.
Así lo aseguró el procurador General, Pedro García Castiella, durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana. Señaló que la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada implicaría que el sistema era nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita. La fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas.
El procurador General, Pedro García Castiella, brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.
Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigación, García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que existan más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó, para luego puntualizar que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.
“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella en clara alusión al lavado de activos de origen ilícito que será materia de análisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.
Ademas afirmó que «se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas».
Además, el Procurador General señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.
“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.
Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.
Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.
Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
Por último, la fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas de esta financiera.
Un hombre, detenido en Metán, será trasladado mañana a la capital de la provincia para audiencia. Dos personas permanecen prófugas. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a siete mujeres por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras.
Durante la audiencia, las siete fueron asistidas por abogados particulares. Seis de ellas declararon y negaron los hechos, mientras que una de las mujeres detenidas se abstuvo de declarar.
El octavo detenido se encuentra en Metán y está previsto que mañana sea trasladado a la ciudad de Salta para audiencia de imputación. Además, dos personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.
La fiscal Salinas Odorisio investiga a una financiera – Ríos & Asociados- que estaría empleando una identidad falsa a fin de aparentar solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura.
De acuerdo a lo recabado, la empresa ofrecía en redes sociales la participación en operaciones de inversión prometiendo importantes ganancias en el corto plazo (15, 30 y 60 días). Los “inversores” debían rubricar un contrato de inversión con la financiera, que llevaba el membrete de Ríos & Asociados, número de CUIT y que era representada por un abogado.
Según las primeras investigaciones, no existe una empresa con la denominación Ríos & Asociados en Salta y, al investigar el CUIT se lo encontró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de una empresa dedicada al negocio inmobiliario.
El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.
Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitante en la provincia. Además, el profesional del Derecho aseguró que la firma en los contratos era falsa. Por otra parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional dado de baja en 2007.
En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.
El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.
El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.
En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.
Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.
Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.
