Ana Inés Salinas Odorisio

 Graves Atentados

Se agrava la situación de un remisero que conducía ebrio

Ocurrió el viernes pasado sobre ruta 36, a la altura de minera Santa Rita, cuando un remisero embistió en forma frontal a una motocicleta donde viajaban dos hombres que culminaban su jornada laboral. Uno falleció en el acto y el otro falleció este jueves en el hospital San Bernardo.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó el pasado lunes a Walter Alberto Girón de 43 años por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo a motor calificado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre en concurso ideal en perjuicio de Iván Andrés Bautista de 21 años y por el delito de lesiones graves agravadas por la conducción imprudente de un vehículo a motor calificado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre en concurso ideal en perjuicio de Flavio Javier Acoria de 31 años.

El hecho ocurrió el viernes 21 de Junio alrededor de las 19 sobre ruta provincial 36, a la altura de Minera Santa Rita, cuando un remis interurbano conducido por Girón, embistió en forma frontal a la motocicleta en la que viajaban Bautista y Acoria tras terminar su jornada laboral.

Al tomar intervención la Policía de la Provincia, se encontró el auto volcado, a Bautista tendido sin vida sobre la cinta asfáltica y a su acompañante Acoria sobre la banquina con serias lesiones, por lo que fue trasladado en código rojo.

El test de alcoholemia que le realizó la Policía Vial a Girón arrojó que a las 20.57 era de 1.95 de alcohol en sangre. Fue detenido e imputado por el hecho y su situación se agravó este jueves cuando se informó del fallecimiento de Acoria, por lo que se ampliará su imputación.

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 Graves Atentados

Caso Jimena Salas: Declaró Cajal y fue imputado

Los fiscales penales de UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, hicieron conocer a Nicolás Federico Cajal Gauffin, de 45 años, las pruebas reunidas en su contra y lo imputaron por supuesto encubrimiento agravado en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017. Cajal declaró durante más de dos horas.

Cajal concurrió a la audiencia de imputación, acompañado por su abogado defensor particular, y luego de que se leyera el decreto de imputación, optó por declarar. La declaración se extendió durante más de dos horas.

Según consta en el acta de imputación, una nueva valoración de los elementos colectados durante la investigación indica que Cajal habría convencido a la madre de Jimena Salas para que el cuerpo de la víctima fuera cremado, después de la muerte violenta de su concubina, lo que “hace sospechar que el mismo tenía la intención de ocultar una evidencia importante”.

Otro dato de relevancia que lo incriminaría en el supuesto encubrimiento agravado, es que durante las distintas declaraciones que brindó oportunamente, Cajal habría ocultado al menos tres números de teléfono que tenía al momento del hecho.

Según los fiscales, surgió también como sospechosa la conducta del imputado, respecto de su actitud en la escena del hecho, su reacción ante el hallazgo del cuerpo de quien fuera su pareja y las contradicciones en las que incurrió en sus declaraciones en relación al recorrido realizado para dirigirse al domicilio el día del homicidio de Jimena Salas.

En el decreto de imputación, los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt dejaron expresa constancia de que la calificación podría modificarse, como consecuencia de los resultados que con posterioridad arroje la investigación. Ratificaron que sigue vigente la reserva de las actuaciones del legajo.

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 Graves Atentados

B° Rosedal: no declararon los policías detenidos

Tres sargentos y un cabo de la Policía de la Provincia fueron detenidos e imputados por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras un hecho ocurrido el pasado viernes, cuando un hombre falleció cuando era trasladado a una dependencia policial.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.

Los hechos sucedieron el pasado viernes en una vivienda de barrio Rosedal, cuando Martín Rodrigo Carreras se presentó en estado de intoxicación en la vivienda de su ex pareja e hijos y se comportó violento. La mujer realizó un llamado al Sistema de Emergencias 911 y se constituyó un móvil policial.

Carreras ofreció resistencia a la detención y una vez reducido, fue trasladado a la dependencia policial en la caja de la camioneta, mientras que en la cabina viajaba la mujer y sus dos hijas. Al llegar a destino, se percataron que el detenido se encontraba sin signos vitales.

La autopsia reveló que falleció por asfixia restrictiva por delirio agitado, ante lo cual se decidió la detención y la imputación de los efectivos, al considerar que el deceso de la víctima se produjo a raíz de la conducta imprudente y antirreglamentaria del personal actuante, que contraviniendo expresas disposiciones legales y protocolares en orden a la prohibición de trasladar a cualquier persona en la caja de una camioneta y por haber contravenido la expresa disposición de evitar toda coincidencia física de un agresor con la víctima de violencia de género.

Fueron asistidos por un abogado particular y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención.

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 Graves Atentados

Caso Jimena Salas: El Procurador asignó a los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso cambios para agilizar la causa que investiga el homicidio de Jimena Beatriz Salas y asignó a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt.

El procurador general Abel Cornejo dispuso que se profundice la tarea investigativa, bajo las nuevas hipótesis sobre las cuales se investiga el homicidio calificado de Jimena Salas.

En ese marco, asignó la investigación de la causa a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt. Hasta ahora, venían desempeñándose los fiscales de UGAP Pablo Rivero y Ramiro Ramos Ossorio.

Cornejo ordenó la afectación de Salinas Odorisio y Torres Rubelt para “rectificar el rumbo de la investigación e ir directamente al autor intelectual del homicidio de Jimena Salas”. También consideró que la optimización de los recursos disponibles en el Ministerio Público Fiscal, permitirá sortear obstáculos internos para investigar el caso Salas; dado que le generó malestar que algunas indicaciones dadas no fueran observadas.

En ese marco, el Procurador recordó que faltan fiscales para investigar delitos, ya que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se produjeron tres vacantes recientemente: las generadas por la jubilación del exfiscal penal 2, Justo Alberto Vaca; y debido a las renuncias del exfiscal penal 3, Maximiliano Troyano y la exfiscal penal de Rosario de Lerma, Gabriela Soledad Romero Nayar. Troyano asumió como juez del Tribunal de Juicio Sala IV y Romero Nayar, juró en la Sala V del Tribunal de Juicio, ambos en el Distrito Judicial del Centro.

Jimena Beatriz Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de barrio San Nicolás, del municipio Vaqueros, en el área metropolitana de Salta.

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 Fiscalías Capital

Policía fue a una casa por un pedido de auxilio y se robó un celular

Una vecina los llamó porque creía que había un ladrón en su vivienda. Junto a un cabo, un agente revisó el domicilio y en el recorrido sustrajo el teléfono de la dueña de casa. Una investigación posterior, permitió descubrir que el aparato fue robado por un agente, quien al ser descubierto confesó y quedó detenido por pedido de la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio.

El caso, según lo informado desde la Fiscalía Penal 6, ocurrió en una vivienda del barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, a donde dos policías, un cabo y un agente se hicieron presentes en respuesta a un llamado de la propietaria, quien alertó sobre la posible presencia de un ladrón en la casa.

Los policías, en el móvil 1.101, llegaron al domicilio alrededor de las 4.30 del jueves pasado, y tras dialogar con la dueña, Carolina Flores, procedieron a realizar una requisa en la vivienda, pues la vecina indicó que había escuchado ruidos y había personas sospechosas que merodeaban por los alrededores.

Para recorrer la propiedad, Salinas explicó que los dos policías se dividieron y tras finalizar la requisa no encontraron a nadie, por lo que optaron por retirarse. Cuando los policías se marcharon, la dueña de casa advirtió que faltaba su teléfono celular, el que había quedado sobre una mesa, por lo que volvió a llamar a la comisaría 17 de barrio Solidaridad.

En vista de ello, un coordinador del área se presentó en la casa y tras tomar conocimiento de la sospecha de que el teléfono fue sustraído por alguno de los dos policías que llegaron a la casa, se inició una investigación a fin de determinar qué sucedió con el aparato.

Requisa

Bajo directivas de la fiscalía, los policías realizaron posteriormente una requisa a los dos policías en cuestión. Entre las pertenencias del agente, se encontró una batería de las mismas características de la marca del teléfono robado a Flores.

Más tarde, en tanto, otro efectivo al ir al baño de la dependencia policial encontró el aparato robado, por lo que sus superiores colocaron en el mismo la batería hallado en poder del agente, y resultó que la misma correspondía a dicho aparato.

Ante esta situación, el agente, identificado como David Pedro González, reconoció haber tomado ilegalmente el teléfono de la casa de Flores, por lo que de inmediato se produjo la detención del suboficial, como así también el secuestro del teléfono en cuestión.

La fiscal informó que se llevó adelante la correspondiente audiencia de imputación en contra del agente por el delito de hurto calificado agravado por la función de policía del acusado, no obstante, recuperó su libertad con medidas sustitutivas por haberse recuperado el celular. Asimismo, se declaró el caso como flagrante y bajo proceso sumarísimo.

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 Fiscalías Capital

Ocho imputados por un conflicto de tierras en Cachi

Siete hombres y una mujer que refieren pertenecer a una comunidad originaria, serán imputados hoy por diversos delitos cometidos en el marco del reclamo que sostienen por la propiedad ancestral de una finca en Cachi. Fracasaron dos instancias de resolución alternativa al conflicto y hoy se formalizará la acusación en su contra.

La Fiscalía Penal 6, delegación Cachi, a cargo de Ana Inés Salinas, imputará hoy a Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro y Nemesio Fabián por el delito de usurpación por alteración de los limites en perjuicio del propietario de una finca, donde el 14 de Enero de este año, colocaron postes y alambraron la propiedad con la clara intención de modificar los términos del inmueble impidiendo con esta acción el ingreso a la finca y obstaculizando el trabajo habitual en el lugar.

También se les imputa el delito de Usurpación por despojo, habiéndose acreditado que el 5 de Febrero de este año, los  imputados ingresaron en banda, portando palos, piedras y boleadoras a la propiedad con claras intenciones de despojar (por invasión) al denunciante e impedir que los mismos continúen realizando actos propios de su posesión.

Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Ángel Plaza Ulises Yanez y Dora Siarez serán imputados por el delito de usurpación por despojo por el hecho del 5 de Febrero, cuando irrumpieron en la propiedad del denunciante.

A Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro, Nemesio Fabián, Amalio Fabián, Miguel Ángel Plaza, Dora Siarez, Walter David Fabián y Ulises Yanez se les imputa además el delito de daño agravado toda vez que quedó acreditado que los imputados provocaron daños al móvil policial y a otros elementos que portaban los efectivos participantes. Se los acusa además del delito de impedimento de normal funcionamiento de transporte por tierra por cuanto los imputados colocaron obstáculos en el camino de la Aguada el 5 de Febrero e impidieron de este modo el normal funcionamiento de transporte por dicho camino y también se les endilga el delito de resistencia a la autoridad.

Finalmente, a Norberto Martín Humana se le imputa el delito de lesiones leves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas y en contra de un miembro de las fuerzas policiales  por las lesiones provocadas a una efectivo policial.

La intervención de la Fiscalía inició en el mes de Enero, cuando Javier Montero Alessanco, propietario de la finca en cuestión, denunció que un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, reclamaba propiedad ancestral sobre un sector de su inmueble.

Desde la Fiscalía, se sometió el caso al proceso de mediación en el mes de Enero, donde no pudo alcanzarse una solución al conflicto. Y el día 5 de Febrero, un nutrido grupo se presentó en el predio con intenciones de asentarse.

El personal policial que se encontraba custodiando el predio, intentó impedir el ingreso de al menos 30 personas y se suscitaron hechos de violencia donde dos efectivos resultaron lesionados y se produjeron daños en móviles policiales.

Desde el Juzgado de Garantías 1, que interviene en la causa, también se instó a una solución alternativa al conflicto, la que no pudo alcanzarse.

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 Fiscalías Capital

Enfermera condenada por practicar abortos

Una mujer de 55 años fue condenada en juicio abreviado a la pena de 2 años de ejecución condicional por el delito de aborto y práctica ilegal de la Medicina. La actividad la desarrollaba en su vivienda en la zona Sudeste de la ciudad y se llegó a su detención a partir de una mujer que ingresó en grave estado de salud al hospital tras un aborto incompleto.

La fiscal penal 6, Ana Inés Salinas Odorissio, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Mabel Leonor Vaca de 55 años, imputada por los delitos de aborto y ejercicio ilegal de la Medicina.

Las actuaciones se inician en el mes de Agosto de 2018, cuando una mujer de 27 años ingresó al hospital Papa Francisco en delicado estado de salud y se le diagnosticó aborto infectado y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Del trabajo investigativo y del análisis del celular de la damnificada, se identificó a quien había realizado la práctica ilegal y reunidos los elementos necesarios, se realizó un allanamiento en la vivienda de Vaca, desde donde se secuestraron medicamentos, insumos médicos y otros elementos de interés para la causa.

Con la confesión de la acusada y la aceptación de los hechos que se le imputaban, fue condenada a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.

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 Fiscalías Capital

B° Norte Grande: Tres detenidas por la agresión a una joven

Una mujer de 20 se encuentra detenida e imputada por lesiones graves en banda tras protagonizar un hecho junto a otras dos mujeres, donde atacaron a plena luz del día a una joven y le provocaron lesiones en distintas partes del cuerpo. Las otras dos detenidas son menores de edad e interviene el Juzgado de Menores en turno.

La Fiscalía Penal 6, a cargo de Ana Inés Salinas Odorissio, imputó a Laura Micaela Viale por el delito de lesiones graves en banda en perjuicio de una joven de 20 años, a quien agredió junto a otras dos mujeres.

El hecho ocurrió en barrio Norte Grande el 30 de Marzo por la tarde, cuando la víctima fue sorprendida en la vía pública por tres mujeres, quienes sin mediar palabra, la agredieron. La intervención de un efectivo policial hizo cesar el ataque y las sospechosas huyeron.

La víctima fue asistida y se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano, politraumatismos y lesiones de gravedad que provocan que permanezca internada con coma inducido.

Viale fue detenida e imputada oportunamente y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención, mientra que las otras dos sospechosas fueron detenidas en las últimas horas y al tratarse de menores de edad, se dio intervención al Juzgado de Menores en turno y serán imputadas en las próximas horas.

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 Fiscalías Capital

Pareja condenada por robo con arma

El hecho ocurrió en Julio del año pasado en la zona Sudeste de la ciudad, cuando ingresaron a una vivienda y sustrajeron algunos bienes tras amenazar con un cuchillo a una menor con retraso madurativo. Ambos poseen numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad.

La fiscal penal 6, Ana Inés Salinas Odorissio, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Lucas Daniel Argañaraz (con siete alias) de 40 años y a Fernanda Fabiana Romero de 44 años por el delito de robo agravado por el uso de arma por un hecho ocurrido en Julio del año pasado en zona Sudeste.

Según consta en las actuaciones, la pareja ingresó por la mañana a la vivienda, cuando la propietaria había salido a trabajar y tras amenazar con un cuchillo a su hija menor de edad, quien padece retraso madurativo, sustrajeron diversos elementos de valor del domicilio.

Vecinos advirtieron la situación e intentaron impedir el robo, por lo que la pareja se fugó. Con el aporte de testigos fueron identificados y tras tareas desplegadas por los investigadores del sector, se logró su detención e imputación.

El juez Javier Aranibar condenó a Argañaraz a la pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por primera vez. Romero fue condenada a la pena de 5 años de prisión efectiva y ambos deberán ser sometidos a un tratamiento por sus adicciones.

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 Fiscalías Capital

Cuatro presos por robar una caja de pollos

Cuatro hombres fueron detenidos e imputados en zona Sudeste luego de protagonizar un hecho donde, a punta de cuchillo, sustrajeron una caja de pollos faenados y por agredir a personal policial que intervino ante el robo.

La Fiscalía Penal 6, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Walter Lautaro Fernández y Juan Tomás Gutiérrez por el delito de robo calificado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda. Walter Luis Farfán por el delito de robo calificado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, en concurso real con lesiones agravadas por tratarse de personal policial, amenazas y resistencia a la autoridad. A Edwin Geomar Juárez se le imputó el delito de robo calificado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda y lesiones simples en concurso real.

El hecho ocurrió afuera de una polleria del barrio San Ignacio, cuando el camión que distribuye mercadería se detuvo para hacer el reparto y uno de los empleados fue interceptado por un grupo de jóvenes que le exigían la entrega de pollos «por las buenas o por las malas».

Ante la resistencia del empleado, uno sacó un cuchillo, lo amenazó y otro lo golpeó en el rostro con un cascote. Se llevaron una caja de pollos y huyeron.

Ante la intervención policial, los jóvenes se mostraron hostiles y lesionaron a uno de los efectivos. Finalmente fueron reducidos, detenidos y se logró recuperar la mercadería.

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