Financiera ilegal: Amplían la imputación a 22 involucrados en la causa Ríos y Asociados

Los implicados son parte de los 29 imputados por la falsa financiera que operaba en Salta y que estafó a más de 700 personas, en su mayoría, personal policial de menor jerarquía.  La fiscal interviniente insisitirá en su reclamo para que se revoque la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a quince involucrados.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio inició la ampliación de imputaciones en las que se ratifica el delito de asociación ilícita por más de 700  estafas, para 22 de los 29 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados.  Se suma además, un nuevo imputado que reviste en la fuerza policial, a quien se lo imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad.  

En la audiencia de hoy,  Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Párraga, quienes tuvieron un papel significativo en la estafa y comparten el mismo abogado defensor Luis Díaz Zabalaga, se abstuvieron de declarar. Las 19 personas restantes, serán citadas en el transcurso de la semana.

Reclamo

Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio manifestó su intención de dar continuidad en instancias superiores el reclamo correspondiente a la decisión del juez Pablo Arancibia, de la Sala 2 del Tribunal de impugnación, de otorgar la libertad domiciliaria a 15 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, considerando que no se realizó una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, representando un serio riesgo procesal para la causa. 

Destacó que el beneficio, fue tomado sin tener en cuenta la gravedad del delito imputado, ni los riesgos procesales que podrían traer aparejados la libertad no solo de Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadoras de la falsa financiera, sino también del resto de los imputados. 

Cabe destacar también que los abogados patrocinantes de las víctimas de estafa, se encuentran solicitando que se les revoque la prisión domiciliaria a las personas beneficiadas 

La causa

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

En la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.

Aguaray: La ampliación de imputación contra el exintendente será virtual y desde la cárcel federal de Güemes

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, informó que la audiencia de ampliación de declaración como imputado de Jorge Enrique Prado, prevista para este lunes 23, fue postergada para el miércoles 25, a las 10. Para concretarla, se realizará mediante videoconferencia, desde el Complejo Penitenciario Federal III de Gral. Güemes, donde se encuentra alojado el exjefe comunal de Aguaray.

Prado se encuentra alojado en el penal federal de Gral. Guemes, por orden del Juzgado Federal de Orán, que entiende en otra causa contra el mismo imputado, actualmente detenido.

Cazón ampliará la imputación contra el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, acusado de la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en base a nuevos hechos documentados a través de información recibida el 6 de noviembre pasado y remitida por el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz. El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que  Prado no informó el destino de los aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión

Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos). La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.

El pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos) destinados al programa Aguaray Trabaja, destino de cada pago, número de beneficiarios y otros detalles que permitan verificar el uso de los fondos públicos; además de gastos estimados en $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) de combustible durante la gestión, según surge de los informes trimestrales de gastos qué el exfuncionario remitió al Concejo Deliberante de Aguaray.

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