El fiscal penal Pablo Cabot adelantó que el informe preliminar de la autopsia indica que el cuerpo presenta numerosos golpes y heridas defensivas y que la causa del deceso fue asfixia por sofocación. El detenido será imputado este lunes por el delito de femicidio.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio de Adriana Carina Ruíz, dio a conocer que el informe preliminar de la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán, revela que el cuerpo de la mujer presenta golpes, heridas defensivas y que la causa del deceso fue asfixia por sofocación.
Juan David Benitez será imputado este lunes la calificación provisoria es femicidio. Cabot dijo que espera los resultados de distintas medidas y pericias solicitadas que permitirán esclarecer cómo sucedieron los hechos.
La mujer de 36 años fue encontrada sin vida y a partir de las tareas investigativas, se detuvo a un hombre de 32 años como principal sospechoso del homicidio. El fiscal penal Pablo Cabot informó que será imputado en las próximas horas.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga un hecho ocurrido este sábado en una finca ubicada al Norte de esa ciudad, donde una mujer de 36 años, identificada como Adriana Carina Ruiz, perdió la vida.
Según pudo conocerse, el hijo del propietario de la finca se hizo presente en la propiedad para hablar con el encargado y no lo encontró. Regresó en horas de la tarde y lo encontró con el torso desnudo y con manchas sanguinolentas en el cuerpo. También pudo apreciar que había una mujer desnuda y con algunos signos de violencia, por lo que decidió retirarse del lugar, dar aviso a su padre y poner en conocimiento la situación a la Policía.
Cuando llegó el personal policial a la casilla que ocupaba el encargado, éste dijo que la mujer se retiró por sus propios medios del lugar, lo que no pudo ser verificado y al realizar tareas de rastrillaje ante la posibilidad de que se encontrara lesionada, se pudo ubicar su cuerpo semienterrado en lo que aparentaba ser un pozo ciego y se logró secuestrar una piedra con restos sanguinolentos.
Juan David Benitez se desempeña como encargado de la finca, fue detenido y será imputado en las próximas horas por el delito de femicidio.
El cuerpo de la víctima fue trasladado a la ciudad de Orán para que se le realice la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y así determinar la data y la causa de muerte en forma fehaciente.
Cabot explicó que se dispusieron numerosas medidas y que personal policial trabaja en las tareas investigativas tendientes a esclarecer lo sucedido.
La fiscal que entiende en la causa, informó que el juicio para los seis imputados se desarrollará entre el 4 y el 28 de febrero de 2020. Remarcó que se trata de un hecho cometido con una violencia inusual, donde la joven fue torturada y abusada antes de ser asesinada. Para el esclarecimiento fue fundamental el aporte de testigos de identidad reservada, quienes dieron detalles escalofriantes de sus últimas horas.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, informó que se fijó la fecha para el inicio del juicio por el homicidio de Daniela Paola Guantay contra Carlos Agüero, alias “Chury o Chuly”; Norberto Silvestre, alias “Chiqui”; Julio César Monasterio, alias “Gordo Julio” y Juan Reynaldo Álvarez, alias “el viejo” por los delitos de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal, agravado por la participación de un menor de edad; contra Marisel Griselda Urzagaste, “Marisol”, quien se encuentra imputada por los delitos de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal, agravado por la participación de un menor de edad y contra una menor de edad, imputada por los delitos de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal.
La audiencia de debate se desarrollará en la Sala VII del Tribunal de Juicio con tribunal colegiado entre el 4 y el 28 de febrero de 2020.
Surge de los testimonios que tras sujetar a Daniela, le colocaron una bolsa en la cabeza, lastimándola sucesivamente con golpes y elementos cortantes a modo de tortura. Además habría sido quemada y sucesivamente abusada, le habrían seccionado sus extremidades hasta terminar con su vida. Sus restos habrían sido transportados en un vehículo automotor hacia los márgenes del Río Mojotoro, donde fueran abandonados.
El lugar del hecho era el espacio que el imputado Álvarez ofrecía para que jóvenes mujeres fueran a comprar y consumir sustancias a cambio de diferentes favores sexuales y domésticos. Allí, a cambio de droga, parte de los acusados habrían “entregado” a Daniela a Carlos Agüero alias “Chury” para ser “ajusticiada” entre todos los imputados y ante el resto de los presentes, porque se le atribuía a la joven haberse apoderado de una importante cantidad de droga.
El móvil del hecho surge del
interés y la previa búsqueda que hizo de la víctima Agüero luego de la
sustracción de la droga de su propiedad. Ello surge de los dichos de testigos,
quienes refirieron que “Chury” dijo que le robaron droga y que “le iba a cortar
las manos a Daniela por ladrona…”.
Finalizada la Investigación Penal Preparatoria y con elementos de convicción suficientes para sostener la imputación en contra de los acusados, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero requirieron al Juzgado de Garantías Interviniente la elevación a juicio contra Juan Cuevas, de 39 años, y Froilán Cuevas, de 41, señalados como los autores de la muerte del turista francés.
Según consta en la investigación, la autoría material del hecho que diera muerte a Martin surge acreditada de un informe del Servicio de Biología Molecular del CIF, cuyo análisis se realizó sobre una pulsera de goma secuestrada a Juan Cuevas, lo que permitió establecer un perfil genético compatible con un hijo de los padres de Mathieu.
Por otra parte, dos testigos ratificaron sus dichos y comprometieron la situación de los detenidos Juan y Froilán Cuevas, al señalarlos como los autores de la muerte del turista, quienes se encuentran imputados por el delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin, de 32 años.
Uno de los testigos fue pareja de una hermana de los acusados y señaló que a través de ella, supo que “se habían mandado una macana” y que Juan Cuevas, en estado de ebriedad, atacó a traición a Martin con un arma blanca. Incluso dijo recordar que en agosto de 2018 vio fuego en la casa de los Cuevas, en Huacaloma, y cuando fue a ver, le dijeron que estaban quemando ropa vieja y que solo había cenizas.
El segundo testigo es un baqueano de la zona que colaboró en las tareas de búsqueda del turista, quien relató en su declaración que se entrevistó con Froilán Cuevas en diciembre de 2018 cuando acompañó a la Policía al paraje Huacaloma y éste le confesó que su hermano Juan apuñaló a Martin en la zona de las costillas.
Tras el fallecimiento de la joven de 18 años, el fiscal penal Pablo Cabot ampliará la acusación contra Juan Alberto Villarreal, quien fue inicialmente imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa. Se esperan los informes médicos solicitados y se espera recibir importantes testimonios durante la semana.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, informó que tras el fallecimiento de Raquel Viviana Palacios en el hospital Juan Domingo Perón, donde ingresó en la madrugada del pasado miércoles con quemaduras, se ampliará la acusación contra su pareja, Juan Alberto Villareal, quien se encuentra detenido e imputado.
Cabot explicó que espera los informes solicitados a los profesionales médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Orán y que está previsto recibir importantes testimonios que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos que ocasionaron las lesiones gravísimas en el cuerpo de la joven.
Miguel Ángel Pereyra de 37 años, fue condenado a la pena de 8 años y 9 meses por el homicidio simple de un joven de 18 años al que lesionó con un arma blanca en enero de 2018 en la vía pública durante una gresca. Fue declarado reincidente y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió el 15 de enero de 2018, cuando Pereyra lesionó a Cativa con un arma blanca en la zona del tórax, por lo que falleció horas más tarde.
El juez Raúl Fernando López condenó a Pereyra a la pena de ocho años y nueve meses de prisión efectiva, lo declaró reincidente y se unificó la condena con una anterior dictada por la Justicia Federal.
En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Por otra parte, el juez absolvió a Julieta del Carmen Segundo, de 20 años, del delito de encubrimiento agravado por el que había llegado acusada al juicio, por haberse aplicado en su beneficio el beneficio de la duda.
Juan Marcelo Matorras fue condenado por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de su expareja. Pasará 12 años y 6 meses en prisión y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
En la Sala II del Tribunal de Juicio se llevó adelante la audiencia de debate contra Juan Marcelo Matorras, imputado por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de Alicia Roxana Liendro.
Tras los alegatos de las partes, el juez Bernardo Ruiz, condenó a Juan Marcelo Matorras de 28 años a la pena de doce años y seis meses de prisión y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió el 4 de febrero de este año en barrio Autódromo, cuando la mujer regresó de una salida y descubrió mensajes de su expareja, donde le solicitaba verla para hablar. Ante la insistencia, la víctima salió afuera de su casa y mientras conversaban, el acusado sacó un arma blanca, con la que le realizó lesiones menores y luego un corte en la zona del cuello que puso en riesgo su vida.
La resistencia de la mujer puso a
Matorras en fuga y ella fue asistida por familiares y vecinos, quienes la
trasladaron al hospital San Bernardo, donde se determinó que corrió riesgo de
vida.
Luego del inicio de la última jornada contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los imputados hicieron uso de las últimas palabras para luego escuchar la sentencia del juez.
Tal como estaba previsto, a las 8 de la mañana de este viernes inició la última jornada en la que los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras ante el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien luego de escucharlos dispuso un cuarto intermedio hasta las 10 para dar lectura de la sentencia.
Luego de la lectura de los considerandos en la parte resolutiva de la sentencia, Rodríguez Pipino resolvió condenar a Víctor César Dagum a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Respecto de Roberto Durnelli y Víctor Jesús de Ola Castro dispuso la absolución por la duda y rechazó que los acusados puedan ser acusados por el homicidio culposo de las víctimas.
Por último, de la acción civil planteada, el magistrado resolvió que la misma deberá ser afrontada completamente por el Estado Provincial, que deberá indemnizar a los familiares por la muerte de Mauricio Miguel Valdez, la suma de nueve millones de pesos ($9.000.0000) y por la muerte de Matías Daniel Vilte, la suma de seis millones de pesos ($6.000.0000), todo en concepto de reparación por daño material y moral, con intereses contados a partir de la fecha de la presente sentencia.
Víctor Ola Castro se desempeñaba como subsecretario de Defensa Civil, mientras que Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, lo hacían en el área de prevención de incendios forestales. Fueron juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Intervino la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma.
El incendio que mató a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte ocurrió en la zona del cerro “El Acheral”, Guachipas, el 27 de octubre de 2014.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, sumó elementos a la investigación iniciada por el homicidio de una menor de 14 años, de Misión La Cortada, hecho por el cual hay dos imputados. Las declaraciones testimoniales del caso concluirán la semana próxima.
Entre las declaraciones testimoniales que sumó, el fiscal Cabot recibió la de un menor, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con ambos imputados la noche que desapareció la adolescente. Cuando la víctima llegó al lugar, los acusados pidieron al testigo que se retirara. El testigo dijo que vio cuando entre los dos, acompañaron “al monte” a la adolescente. Es el mismo lugar donde dos días después apareció muerta.
Otras declaraciones testimoniales coinciden con los horarios en los que la víctima estuvo ausente de su domicilio, entre otros elementos que abonan la hipótesis de que Arias y Orquera habrían asesinado a la niña. La semana que viene se completarán la recepción de testimonios y el cumplimiento de medidas y pericias solicitadas para esclarecer el hecho.
El cuerpo de la menor, de 14 años, fue hallado el domingo 27 de octubre en una zona rural de Coronel Juan Solá. Su familia había denunciado la desaparición el viernes 25.
El martes 29, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, imputó por el femicidio a Nazareno Orquera y Yamil Abigail Arias, ambos de 20 años y quienes habrían sido los últimos que fueron vistos con ella el día de su desaparición en Misión El Chañar. Se abstuvieron de declarar y siguen detenidos.
Juan Alberto Villarreal, de 21 años, fue imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su pareja, Raquel Viviana Palacios, de 18 años. La víctima sigue grave.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, cuando la víctima fue trasladada desde Misión La Mora al nosocomio. Raquel Viviana Palacios sigue grave e internada en el área de terapia intensiva del hospital Juan Domingo Perón, donde ingresó en la madrugada del miércoles con quemaduras presentes en el 80 % de su cuerpo.
Este miércoles, Villarreal declaró en la Fiscalía, pero se negó a contestar preguntas. Se espera que por lo menos hasta el lunes próximo se reciban distintos testimonios que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos que ocasionaron las lesiones gravísimas en el cuerpo de la joven. En consecuencia, sigue imposibilitada de declarar.
Se sumarán las declaraciones testimoniales de dos personas que residen en Misión La Mora y que habrían sido testigos de los hechos y de dos médicos que atendieron al imputado por una lesión en una de las manos, entre otras testimoniales.
La pareja habría empezado a convivir hace pocos meses en una vivienda donde también residen familiares de Villarreal, quien permanecerá detenido.
