Tras hacerse cargo de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos en julio pasado, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, reactivó una causa iniciada en 2013 y requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio contra efectivos policiales con revista en la División Compañía Guarda de Infantería, imputados por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. La víctima fue lesionada y detenida; llevada por distintos centros sanitarios donde no fue asistida y al otro día, fue liberada.
Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Carlos Alberto Jaime, Marcos Guillermo Rodríguez, Luis Leonardo Olivera, Mario Vicente Ocampo, José Eduardo Gómez, Gabriel Antonio Chumba, Álvaro Rodrigo Belázquez, Andrés Facundo Vega, Jorge Simón Vilca y Adriana Cristina Macarof, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia en calidad de coautores.
La víctima denunció en la Comisaría Primera que la noche del 5 de julio de 2013, concurrió al complejo de ATSA de barrio Castañares, para participar de un partido de fútbol 5 junto a padres de chicos de la escuela de fútbol «Los Gallitos».
Al terminar y mientras el denunciante conversaba y compartía vino y gaseosas en la vereda de ese complejo con otros padres, llegó un móvil policial de Infantería acompañado por otros de la Comisaría Sexta, de Ciudad del Milagro y de la Subcomisaría de barrio Castañares. Descendieron varios uniformados, que “en forma descortés y con total abuso de autoridad”, lo increparon y le dijeron que se retirara del lugar, mediante agresiones verbales.
Cuando el denunciante respondió «por qué no van a ver a aquellos que venden drogas” en un domicilio de Castañares, fue reducido y golpeado a patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo por cuatro o cinco uniformados. Otros padres también fueron agredidos, mientras que una policía condujo el auto de uno de ellos para entregar a los niños a sus madres.
Una vez detenidos, la víctima y otros padres fueron trasladados a la Central de Policía, donde los revisó un médico legal. Luego fueron llevados al hospital San Bernardo, pero no descendieron porque los efectivos dijeron que “ellos no tenían nada que hacer con el detenido”, por ser de la Comisaría Sexta y decidieron volver a la Subcomisaría de Castañares. La víctima volvió a escuchar a los efectivos deliberar sobre su destino.
Al otro día, el 6 de julio, fue llevado a la salita de Castañares, donde no consiguieron atención médica y lo regresaron a la dependencia. Lo trasladaron a la Comisaria Sexta; luego a la salita de Vaqueros, donde tampoco fue asistido y fue llevado nuevamente al San Bernardo. Allí extendieron un certificado a los uniformados, pero sin medicar al lesionado. De regreso a la Comisaría Sexta, la víctima fue identificada, le hicieron firmar un libro y le dijeron que se retirara de la dependencia.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, excedieron claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta de los imputados, afectó el umbral mínimo requerido, con la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad y la integridad personal.
También recalcó que la presencia de personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito o contravención, como en este caso, no puede agravar la situación mediante el uso de la violencia. Además, en el lugar había dos menores de 5 y 6 años, quienes tuvieron que presenciar una inusitada violencia sobre el papá de uno de sus amigos.
Con respecto a la acusación de Adriana Cristina Macarof, la fiscal destacó que en su calidad de Comisaria, se encontraba a cargo del operativo y que a pesar del claro exceso del uso de la fuerza, no impidió llevar adelante las acciones abusivas por parte del personal de Infantería. Es que la omisión es una de las dos formas que puede asumir la conducta, por lo que correspondió la acusación en calidad de coautora.
Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió el sobreseimiento de los efectivos Pamela Cinthia García, Nelson Ariel Gallardo, Exequiel Maximiliano Sardina y Clara Romina Blasco, por no haberse podido comprobar su participación en los hechos.
