Levantada la reserva de actuaciones sobre la investigación, la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, brindó detalles de la organización, roles y vías legales para los damnificados. Además, informó que dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos
“La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio
En conferencia de prensa, la fiscal Penal brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre esta asociación delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.
Detalló que
en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s
60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas
verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.
Además,
como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas,
como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como
inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores
podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los
distintos allanamientos.
En cuanto a
las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se
encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia
(dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos
personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.
Entre los
15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de
medidas sustitutivas de detención.
Por otra
parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición
de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.
Hasta el
momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer
detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era
secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide,
actuaban algunos de los policías como captadores.
La fiscal
fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la
captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas
reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los
miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División
Cobranzas Adicionales.
En cuanto a
los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de
seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla
sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la
fuga con una importante suma de dinero.
Salinas Odorisio
advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera -que
alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección
de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio
intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de
evasión fiscal y/o lavado de activos.
Damnificados
En un punto
aparte, Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas
para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su
interés.
Expresó que
la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario
radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado
o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al
proceso penal en carácter de víctima.
Si además
de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede
constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el
sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la
financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso
Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.
La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.
En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.
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