Toki Oliver Colombres

Operativo «Milagro Blanco»: Secuestran 20 kilos de cocaína, acondicionados en ladrillos, listos para su distribución

El Ministerio Público Fiscal inició en abril pasado, a través de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, una investigación a raíz de una denuncia anónima a la web de fiscalespenales.gov.ar, develando una importante red de venta de drogas en la ciudad de Salta y en la Unidad Carcelaria N° 1. El trabajo conjunto de UFINAR y PROCUNAR, dependiente de la Fiscalía Federal de la Nación, permitió detener a cinco personas, secuestrar más de 20 kilogramos de cocaína acondicionados en ladrillos, 542.000 pesos y un automóvil Fiat Palio.

En el marco de la lucha contra la Narcocriminalidad y en base a los resultados positivos respecto a la eficiencia y agilización de las investigaciones derivados del trabajo mancomunado entre el Ministerio Público Fiscal y Procunar, se realizó un importante operativo denominado “Milagro Blanco” en el que fueron detenidas hasta el momento cinco personas, secuestrados 245.000 mil dosis de cocaína acondicionadas en 20 “ladrillos” marcados con un delfín, 542.000 pesos, un automóvil Fiat Palio y el fiscal Penal la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, solicitó el allanamiento de tres viviendas ubicadas en la capital salteña.

Las actuaciones de la UFINAR iniciaron con una denuncia anónima a la web de fiscalespenales.gov.ar el 1 de abril de 2022 en la que se informaba que la pareja de un hombre condenado por venta de estupefacientes -que se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos- manejaba a un grupo de mujeres que ingresaban droga al penal, que luego era vendida por el hombre.

El fiscal Torres Rubelt ordenó que se iniciara una investigación, que fue llevada a cabo por personal de la UFINAR. A través de distintas técnicas investigativas se pudo establecer que la mujer mantenía conversaciones y contacto con dos mujeres de manera frecuente, ambas con antecedentes por tenencia de estupefacientes. Una de las mujeres, además, es concubina de un hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria N°1 por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Al continuar con la investigación y la intervención de líneas telefónicas, el personal de la UFINAR detectó el ingreso de estupefacientes a la Unidad Carcelaria N° 1 y la comercialización en el penal por parte del detenido, con ayuda de un guardiacárcel.

En junio de este año, a través de escuchas telefónicas, se descubrió que una cuñada del hombre mantenía una conversación con otra mujer en la que le informaban sobre la llegada de un importante cargamento de sustancias a la Terminal de Ómnibus de Salta.

También fueron detectadas dos hermanas del detenido, como partícipes de la organización cuyo rol habría sido el de repartir drogas y cobrar el dinero por el abastecimiento de las mismas.

En julio de 2022, una de las mujeres investigadas habría efectuado un viaje desde Salvador Mazza hacia la localidad de Tucumán, en compañía de cuatro femeninas. Días más tarde, visitó a su pareja en la Unidad Carcelaria N° 1. Las conversaciones mantenidas entre los involucrados daban cuenta de transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización entre el Norte de Salta y la provincia vecina.

Teniendo en cuenta la información recabada, el 20 de julio de 2022, se celebró un Acuerdo de Equipo Conjunto de Investigación entre la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, para que ambas procuradurías especializadas puedan acceder a la totalidad de la información e investigar de manera conjunta la organización delictiva en razón de que algunos de sus integrantes llevarían a cabo conductas de transporte y comercialización de estupefacientes.

En ese sentido, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad dirigió la parte microtráfico de la organización, mientras que la Procunar NOA hizo lo propio respecto de la parte correspondiente a su competencia.

Días atrás, los investigadores detectaron que la organización movería un importante cargamento durante el Triduo del Milagro, en la creencia de que las Fuerzas de Seguridad estarían abocados y distraídos con la celebración.

Así, el jueves 15 de septiembre, se puso en marcha el operativo “Milagro Blanco” a cargo de Procunar, secuestrándose sobre ruta nacional 34 en el puesto de control Río Las Pavas, 245.000 mil dosis de cocaína, acondicionada en 20 ladrillos que se encontraban ocultas en el tanque de gas de un automóvil marca Fiat modelo Palio. Los ladrillos estaban marcados con un delfín.

De acuerdo a los registros, el cargamento habría sido enviado por la pareja del detenido en la Unidad Carcelaria N°1 desde la localidad de Salvador Mazza. Teniendo en cuenta que la mujer era quien proveía de sustancias estupefacientes a la red de venta de drogas en la ciudad de Salta y, ante la sospecha de que parte de la sustancia secuestrada podría ser destinada a diferentes bocas de expendios de esta ciudad y sobre la probabilidad razonable de fuga por parte de la mujer, se procedió a su detención en la vía pública.

A fin de desactivar la introducción de las sustancias en bocas de expendio, el fiscal Penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de tres viviendas ubicadas en la ciudad de Salta, medida que se llevó a cabo esta tarde.

Dada la importancia de los procedimientos y la gravedad para el orden público, la UFINAR dictó la reserva total de las actuaciones.

Orán: Lo imputan por desobediencia judicial y violación de domicilio

En marzo pasado, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género había dictado al hombre una medida cautelar de prohibición de acercamiento a su ex pareja.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre por desobediencia judicial y violación de domicilio.

La Fiscalía tomó intervención luego de que personal del Sistema de Emergencias 911 acudiera ante el llamado de una mujer que solicitaba ayuda porque su ex pareja había ingresado en su domicilio, alcoholizado, y la insultaba.

Sobre el hombre pesaba una orden del Juzgado de Violencia Familiar y de Género del 30 de marzo de 2022 de prohibición de ejercer actos de violencia física, verbal y psicológica a su ex pareja; prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros del domicilio de la mujer y lugares donde concurra; prohibición de proferir palabras agraviantes por cualquier medio de comunicación.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría de Orán, para luego ser imputado provisionalmente por desobediencia judicial y violación de domicilio.

Condenan a dos hermanos por venta de estupefacientes

Los fiscales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, representaron al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

La Sala 5 del Tribunal del Juicio condenó, mediante juicio abreviado, a dos hermanos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Matías Héctor Carmen fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por ser considerado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor.

Por su parte, Moisés Agustín Carmen fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional más el pago del mínimo de la multa y la imposición de las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y abstenerse de usar estupefacientes por ser considerado partícipe secundario del mismo delito.

Los hermanos Carmen fueron acusados por los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tras la aceptación de los acusados del delito cometido, las partes firmaron el acuerdo de juicio abreviado.

Una docente denunció que una alumna de 9 años era víctima de abuso

Tras investigar la causa, el fiscal Penal 1 de UDIS, Federido Obeid, requirió juicio contra el padrastro de la niña por abuso sexual simple agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente.

El fiscal Penal 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 contra un hombre por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente.

Una docente denunció que una alumna de 9 años llegó al establecimiento con dolor en sus partes íntimas y, al dialogar con ella, le contó que su padrastro era una persona muy violenta y que abusaba de ella. Además, le contó que su madre estaba al tanto de lo que sucedía, pero no le creía.

Las autoridades del colegio citaron a la madre, quien reconoció que el hombre había realizado tocamientos a la niña y por ello se había retirado de la vivienda durante 3 semanas, regresando luego con el compromiso de no acercarse a la menor de edad.

En la entrevista en Circuito Cerrado de Televisión realizada por profesionales, la niña corroboró lo denunciado por la docente y directora del establecimiento educativo. Distintos testimonios recabados por la Fiscalía también dieron cuenta del abuso sufrido por la menor de edad, así como los informes psicológicos y sociales.

Teniendo en cuenta todo ello, el fiscal Penal Federido Obeid imputó al acusado y requirió la elevación a juicio de la causa al Juzgado de Garantías 1.

Una adolescente denunció que trabajaba en una casa particular y su empleador abusó de ella

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente al hombre por abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 36 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La Fiscalía tomó intervención luego de que la hermana de la víctima denunciara día atrás que su hermana de 17 años había sido abusada por su empleador.

Según contó la mujer, la menor de edad comenzó a trabajar como personal de casa particular a fines del año pasado, realizando tareas de limpieza en un departamento de la ciudad de Orán. La adolescente le confesó que en distintas oportunidades, su empleador le había realizado tocamientos y que en agosto la había sometido sexualmente.

Teniendo en cuenta la declaración de la hermana de la víctima y el informe médico, Filtrín Cuezzo imputó al hombre y solicitó su detención.

La causa Saulo Capital SRL fue remitida al fuero Federal

La Sala II del Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La Sala II del Tribunal de Impugnación resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la firma Saulo Capital SRL, por falta de legitimación activa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 7 que se declare la incompetencia material, resolviéndose favorablemente y remitiéndose la causa Saulo SRL al Juzgado Federal de Salta en turno. Los abogados Facundo Martín Burgos, Gabriel Esteban Acosta y Francisco Alejandro Aparicio habían presentado un recurso de apelación contra el resolutivo del 21 de junio pasado.

En junio pasado, Salinas Odorisio solicitó que la causa fuera derivada al Fuero Federal, argumentado que la financiera se encuentra bajo investigación del Banco Central de la República Argentina por llevar adelante sin autorización actividades que son reguladas por la Ley de entidades financieras.

En el escrito, la fiscal consideró que Saulo SRL realizó por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es el Mercado de Valores y AFIP. Además, esto se agrava por la realización de publicidad por distintos medios de comunicación.

En efecto, el artículo 110 del Código Penal Argentino establece que “…será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente” y “en igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente…”.

Condenan a dos mujeres que vendían drogas en el barrio Boulogne Sur Mer

Los fiscales penales de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, iniciaron una investigación a raíz de una denuncia anónima ingresada a la web del Ministerio Público.

La Sala 4 del Tribunal de Juicio condenó a Érica Micaela Avellaneda y a Anabel de los Ángeles García a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra al Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

La investigación de la UFINAR inició a raíz de una denuncia en la página web del Ministerio Público Fiscal en la que se señalaba que una mujer vendía drogas en barrio Boulogne Sur Mer.

Bajo la dirección del fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto, Drogas Peligrosas de Policía de la Provincia reunió distintas pruebas y pudo establecer que la persona denunciada era conocida como “Nana” y que se dedicaba a la venta de drogas con la ayuda de jóvenes consumidores, quienes la alertaban en caso de la presencia fuerzas de seguridad o personas extrañas al lugar.

En 7 de noviembre de 2020, por pedido del Fiscal de UFINAR, se allanó el domicilio de “Nana” y fueron secuestrados de distintos ambientes de la vivienda, casi 200 dosis de cocaína, cannabis sativa, elementos empleados para la comercialización de estupefacientes, dinero en efectivo y celulares.

En el interior de la vivienda también se encontraba Érica Micaela Avellaneda, quien llevaba en una riñonera dosis de cocaína y cannabis sativa.

Ambas fueron detenidas e imputadas. La jueza Norma Beatriz Vera dispuso la prisión preventiva de ambas y ordenó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria local.

Imputan a un hombre por amenazas a su ex pareja

En la madrugada del viernes 2 de septiembre, una mujer solicitó ayuda al Sistema de Emergencias 911. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

El hombre fue detenido por personal del Sistema de Emergencias 911 en Orán, tras recibir el llamado de una mujer que temía por su vida.

Según contó la ex pareja del hombre y madre de su hijo de 9 años, en la madrugada del viernes 2 de septiembre escuchó ruidos en la parte del fondo de su vivienda, por lo que fue a ver de qué se trataba. Allí encontró al hombre, que comenzó a amenazar con matarla e intentó agarrarla, logrando escabullirse y llamar al SE 911.

Sobre el hombre pesaba una medida cautelar de prohibición de acercamiento por una denuncia anterior de violencia de género. Teniendo en cuenta esto y los testimonios de la mujer y el personal policial, la fiscal Filtrín Cuezzo citó al detenido a audiencia de imputación.

Abuso Sexual Institucional MPF

Abusaba de su hijastro sometiéndolo a tormentos

El hombre fue condenado a 10 años de prisión efectiva. La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, que investigó el caso, había solicitado una pena de 12 años.

La Sala 2 del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a diez años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre por los delitos de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la minoridad de la víctima, y abuso sexual simple agravado por la convivencia y la minoridad de la víctima en concurso real.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, quien solicitó que el acusado sea condenado a doce años de prisión.

Durante el juicio, Martínez demostró los hechos denunciados por el padre de un menor de 12 años y una adolescente en abril de 2021. El hombre contó que su hijo le confesó que la pareja de su madre abusaba sexualmente de él, llegando a golpearlo y enlazarlo para hacerlo.

El niño le reveló a su padre que los abusos sucedían desde hacía tiempo pero que se mantenía en silencio pues había sido amenazado y que había cometido otros actos de abuso en perjuicio de su hermana

La Fiscalía recabó distintas pruebas que permitieron demostrar el hecho juzgado. En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), las víctimas lograron narrar lo sucedido y el examen médico corroboró lo denunciado.

Tras conocerse la condena, el juez ordenó que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN al condenado para su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Imputan por prevaricato a un abogado de la causa Ríos & Asociados

El 3 de agosto, el abogado se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto pasado, renunció a la querella y asumió como representante de Cynthia Moya, la principal sospechosa en la causa. Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un abogado del fuero local por prevaricato.

El 3 de agosto de 2022, el abogado se presentó ante el Juzgado de Garantías 3, como apoderado de 74 denunciantes de la causa Ríos & Asociados, que es investigada por la fiscal Salinas Odorisio por estafas.

El 24 de agosto pasado, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya -quien está sospechada de ser la organizadora de la falsa financiera-, Alejandra Párraga y Antonella Leal, tres de las imputadas en la causa.

El artículo 271 del Código Penal establece que “será reprimido con multa (…) e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.

Además, la fiscal Salinas Odorisio dio intervención a la Fiscalía Penal 2 por la posible comisión del delito de coacción y/o intimidación por parte del abogado.

La decisión de Salinas Odorisio se sustenta en la recepción de un escrito del Tribunal de Garantías 3 en la que se informa sobre una presentación del abogado en la que informa la celebración de un acuerdo conciliatorio con los denunciantes. Allí se consigna que los acreedores prestan conformidad a la libertad de los imputados, entre ellos Moya.

El documento presentado por el abogado agrega que “se solicita que no se ejecuten medidas de allanamiento y que se suspendan las investigaciones de la UDEC”.