Toki Oliver Colombres

Sentenciado a diez años de prisión por abusar de su hijastra

La denuncia fue efectuada por la tía de una adolescente. El fiscal de UDIS 4, Pablo Rivero, llevó adelante la investigación, reuniendo las pruebas necesarias para la condena del hombre.

Un hombre fue condenado a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente (3 hechos) en concurso real y abuso sexual gravemente ultrajante por la duración en el tiempo agravado por la guarda y la convivencia preexistente continuado todo en concurso real.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia debate presidida por el juez Leonardo Feans de la Sala 1 del Tribunal de Juicio, en la que presentó las pruebas reunidas durante la investigación penal.

La intervención de UDIS inició en 2021, cuando una mujer se presentó en una comisaría en representación de su sobrina de 14 años. Aseguró que la adolescente le había revelado que la pareja de su madre abusaba de ella desde 2017.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la víctima confirmó lo denunciado por su tía y brindó detalles de los hechos, que fueron confirmados por el examen médico.

 

Condenan a otro intendente de Animaná

Había sido denunciado en 2017 por José Rolando Guaimás, quien ayer fue condenado por peculado. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en las dos causas.

La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado, en la que el exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras reconocer su culpabilidad, Condorí fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos electorales.

La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás (quien ayer fue condenado por condenado la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado),  por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.

Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.

Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.

Condenado por estafas con cheques

El dueño de un comercio denunció que el hombre le pagó con cheques diferidos y, cuando se presentó a cobrar en el banco, le informaron que el titular había emitido una orden de no pagar

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Galo Leonel Ortuño fue hallado culpable del delito de estafa.

Tras la admisión de responsabilidad de Ortuño en el hecho, la Sala 4 del Tribunal del Juicio lo sentenció a un año de prisión de cumplimiento condicional y la reparación del daño ocasionado.

La intervención de la UDEC inició en noviembre de 2019, luego de que el representante legal de una empresa, denunciara que Ortuño se presentó a comprar productos, los que pagaba con cheques diferidos, sin que hubiera inconvenientes. Con el tiempo, y a medida que la confianza crecía, aseguró que el denunciado efectuó diversas compras de insumos tecnológicos como computadoras, monitor, placa de red, impresora, copiadora, toners, resmas de papel, entre otros bienes, abonando los mismos con diferentes cheques a la orden de pago diferido.

Al presentarse en el banco, la entidad financiera le informó que no podía pagarle porque existía una orden de no pagar emitida por que Ortuño, quien los había denunciado como robados. Esto sucedió con diez cheques.

Detuvieron con $2.328.350 a la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga nuevas denuncias vinculadas a otra financiera, que habría conformado Cinthya Moya. Al momento de ser detenida se encontraba con la agente de la Policía de Salta, Zulma Correa, también imputada en la causa Ríos

La líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cinthya del Valle Moya, fue detenida por orden del juez Antonio Pastrana por incumplimiento de las medidas sustitutivas de detención que le habían sido dictadas. Junto a Moya fue detenida la agente de la Policía de la Provincia de Salta Zulma Yanina Correa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado el viernes pasado al Juzgado de Garantías 3 la detención de Moya por nuevas denuncias ingresadas que daban cuenta de que ésta había conformado una nueva financiera denominada “Norte y Asociados” celebrando en San José de Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las establecidas en los contratos de Ríos & Asociados.Una vez ordenada la orden de detención, una comisión policial se dirigió al domicilio otorgado por Cinthya . Allí la observaron subir a un automóvil y permanecer, con el motor en marcha, por espacio de cinco minutos hasta la llegada de una motocicleta de la que bajó un hombre y le entregó un bolso negro.

El vehículo en que se encontraba la líder de Ríos & Asociados circuló por varias calles de la ciudad, para detenerse en Belgrano y Almirante Brown, en donde subió una mujer. Se observó la llegada del mismo hombre en motocicleta.

En ese momento, los efectivos interceptaron el vehículo e identificaron a la acompañante de Moya como la agente Zulma Yanina Correa, quien fue imputada por la fiscal Salinas Odorisio por Estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de coautora, y se encontraba con medidas sustitutivas

El hombre manifestó ser un cadete que trabajaba para Moya.

Al requisar el vehículo en el que se movilizaba Moya fueron secuestrados $ 1.168.850 y del bolso $ 1.159.500. Las dos mujeres fueron trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, en donde permanecen detenidos.

Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022 tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados. Está imputada por Estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de jefa/organizadora. Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia de la Vocalía 1, Sala II del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022, con medidas sustitutivas de detención, entre las que se encontraba el impedimento de mantener contacto con los otros imputados en la causa y las víctimas de la estafa.

Barrio Ceferino: Condenaron a madre e hija por venta de estupefacientes

Dominga Villagra pasará seis años y seis meses en prisión y Celeste Alejandra Espinoza -quien había sido condenada en marzo pasado a 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional- ahora deberá cumplir seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
La Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a Celeste Alejandra Espinoza a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; y a su madre, Isabel Dominga Villagra, a seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El fiscal penal de la Unidad Fiscal Contra La Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio. Espinoza había sido detenida en mayo de 2022 en otra causa investigada por la UFINAR vinculada a la venta de estupefacientes y fue condenada, el 3 de marzo de 2023, a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional. Por la misma causa, Villagra se encontraba prófuga.
En abril de 2023 ingresó a la UFINAR una denuncia anónima que daba cuenta de que Villagra vendía, junto a su hija, sustancias estupefacientes en barrio Ceferino.
A través de tareas de campo se logró corroborar las denuncias, identificar a las sospechosas y registrar la venta de drogas en distintos días y horarios. El 16 de abril fue allanado el domicilio de las dos mujeres, secuestrándose más de 2.900 dosis de cocaína, elementos empleados para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y celulares.
La causa
La investigación de la UFINAR inició en agosto de 2021 a raíz de denuncias efectuadas a través de la web del Ministerio Público Fiscal fiscalespenales.gob.ar que daban cuenta de que un hombre y una mujer comercializaban drogas en un domicilio de calle Córdoba y pasaje Vicente Solá.
Los agentes del grupo Drogas de UFINAR y 5B de Policía de Salta confirmaron que ambos contaban con antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes y detectaron movimientos extraños en el domicilio, por lo que solicitaron continuar con la investigación.
A través de seguimientos, escuchas telefónicas y el testimonio de vecinos, fue posible determinar que en cinco domicilios de la capital salteña distintas personas comercializaban una importante cantidad de estupefacientes.
Por ello, y tras nueve meses de investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías orden de allanamiento para cinco domicilios ubicados en los barrios 26 de Marzo, Solidaridad y Ceferino. Fueron detenidos un hombre de 35 años y tres mujeres de 35, 27 y 43 años. En total fueron secuestrados casi cinco kilos de pasta base, el equivalente a 130 cigarrillos de marihuana, elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y 76.350 pesos.
En marzo de 2023 fueron condenados Juan Gutiérrez a la pena de 4 años y 10 meses de prisión efectiva; Anahí Vilte, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva; Silvina Gutiérrez a la pena de 4 años de prisión efectiva; y Celeste Espinoza a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional.

Orán: Fue detenido por amenazar y desobedecer las medidas cautelares de protección a la víctima

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, lo imputó por amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial (dos hechos).

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 33 años por los delitos de amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial (dos hechos).

El hombre fue demorado el 26 de agosto pasado en horas de la tarde, luego de que se presentara por segundo día consecutivo en la casa de su expareja en estado de ebriedad. Fue detenido por la Policía de Salta, que llegó al lugar luego de que la mujer se comunicara con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda.

Según denunció la víctima, el imputado arrojó piedras sobre la puerta de la vivienda y la amenazó de muerte mientras exigía ver al hijo de 9 años que tienen en común.

Sobre el hombre pesaban medidas cautelares de protección a su expareja por un hecho de violencia de julio pasado.

 

Orán: Imputado por amenazas

La pareja del hombre denunció que éste la había amenazado de muerte y con ser quemada con aceite hirviendo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 32 años por el delito de amenazas.

El martes 29 de agosto, la pareja del hombre denunció que éste la había amenazado de muerte y con ser quemada con aceite hirviendo.

El imputado fue detenido por personal policial en la vía pública, que había llegado hasta la vivienda que habita la pareja en respuesta al pedido de auxilio de la víctima. El hombre se dio a la fuga pero fue capturado momentos más tarde.

En su denuncia, la mujer aseguró que, si bien era la primera vez que radicaba denuncia en contra de su pareja, era víctima de violencia de género, llegando a ser golpeada con un palo en las piernas.

 

 

La descripción de las víctimas permitió la detención de un abusador sexual serial

Fue imputado por distintos delitos en perjuicio de doce niñas y adolescentes, que fueron abordadas por el acusado en su motocicleta. Varios de los ataques se produjeron en cercanías a establecimientos escolares.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, imputó a un hombre por los delitos de abuso sexual simple (5 hechos); abuso sexual con acceso carnal (2 hechos); exhibiciones obscenas agravadas por ser cometida en perjuicio de una menor de 18 años de edad (5 hechos); rapto en grado de tentativa; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años (dos hechos); rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años en grado de tentativa; todo en concurso real, en perjuicio de 12 menores de edad.

La intervención de UDIS 4 inició el 28 de junio de 2023 con la denuncia de una mujer que manifestó que ese día su hija había llevado a su hermana de 4 años a la escuela. Al regresar, fue abordada por un hombre de 1,70 m de estatura, contextura robusta, tez morena, color de ojos marrones, quien vestía jean blanco, campera con capucha roja y en su parte trasera de color beige, quien se encontraba en una motocicleta color roja de gran porte usando un casco también de color rojo.

El hombre comenzó a hablar con la menor de edad hasta ofrecerle conducirla hasta su domicilio, a lo que la adolescente accedió. Aseguró que, cerca del “Loteo Las Marías”, el denunciado detuvo la marcha, la arrojó al suelo y la sometió a tocamientos, logrando la víctima escapar.

El 16 de agosto de 2022, otra mujer denunció que su hija de 13 años había sido abordada y acorralada en inmediaciones a los departamentos de Parque La Vega por un hombre bajo idéntica descripción que la brindada en la denuncia anterior. En octubre y diciembre de 2022, también habían ingresado denuncias  por tocamientos a dos menores de edad. El denunciado reunía las mismas características y también se movilizaba en motocicleta.

En tanto, el 20 de marzo de 2023, la madre de una menor de 13 años denunció que a la salida de la escuela en barrio Democracia, su hija fue abordada por un hombre, obligada a subir a su motocicleta roja y abusada sexualmente en un descampado.

Además, se presentaron denuncias de seis casos que siguieron un patrón de actuación similar.

El fiscal Rivero solicitó acceso a las cámaras de seguridad de los lugares en los que sucedieron los distintos hechos denunciados y, con el aporte de las descripciones de las víctimas, se logró identificar al agresor, que fue detenido por la Brigada de Investigaciones. Fueron secuestradas la motocicleta, el casco y las ropas, que coinciden con las descriptas por las víctimas.

El agresor se encuentra detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Reconocieron la tarea del jefe de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales

Roberto Washington González se encuentra a cargo del área desde 2011. En el Día de la Criminalística, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, le entregó  una placa de reconocimiento por su labor y aporte en la resolución de numerosos casos.

En el Día de la Criminalística, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, entregó una placa de reconocimiento a Roberto Washington González, jefe del área de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

García Castiella agradeció a González por todos los años de servicio y, a través de su persona, agradeció a los licenciados en criminalística que se desempeñan en el CIF por el protagonismo que tienen los cuerpos periciales, dándole las herramientas necesarias a los fiscales y jueces para el descubrimiento de la verdad.

Por su parte, la directora del CIF, Gabriela Buabse, recordó que González ingresó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales en enero de 2011y, desde entonces, se encuentra a cargo del área, siendo un pilar importante para la concreción del CIF, brindando su experiencia a quienes transitaron por él área a lo largo de los años y cuyo aporte fue fundamental para la resolución de distintos casos.

Washington González agradeció el reconocimiento a su labor y rememoró que, en sus inicios, el área de Criminalística contaba sólo con seis personas y hoy son más de cien quienes trabajan todos los días, sin horarios, en la búsqueda de microdetalles que permitan resolver los distintos delitos

 

Condenan a un hombre por estafar a 46 vecinos de Villa Floresta

Estafó a 46 vecinos del barrio Floresta Alta, quienes le habían entregado dinero para realizar trabajos eléctricos que nunca se llevaron a cabo. El acuerdo de juicio abreviado se basó en su reconocimiento de culpabilidad ante las pruebas presentadas por la fiscalía.

En el año 2018, un grupo de vecinos del barrio Floresta Alta confió en el hombre para llevar a cabo la instalación eléctrica en sus hogares, entregándole una suma de $ 238.500, adeudando $375.665, monto que se entregarían al finalizar el trabajo.

Los problemas comenzaron a surgir en febrero de 2019, cuando los vecinos comenzaron a darse cuenta de que el individuo no tenía la intención de cumplir con su compromiso de realizar el trabajo acordado. Además, para empeorar la situación, les comunicó que no disponía de los fondos necesarios para reembolsarles el dinero que habían entregado como adelanto, tras lo cual hicieron la denuncia.

Tras la presentación de las pruebas reunidas por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, Taritolay Palacios reconoció su responsabilidad en los hechos, alcanzando un acuerdo de juicio abreviado, que tuvo lugar en la Sala del Tribunal de Juicio.

Juan Alberto Taritolay Palacios fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de estafas reiteradas (46 hechos).