Un hombre fue condenado a 7 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un menor de 12 con el que tenía un parentesco político. Ocurrió en la zona Sudeste de la ciudad y el hecho fue denunciado por la abuela del niño.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, solicitó con el acuerdo de las partes, juicio abreviado para un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (2 hechos) en perjuicio de un menor de 12 años, en concurso real con lesiones leves agravadas por mediar relación de pareja y violencia de género en perjuicio de su concubina.
Los hechos de abuso fueron perpetrados en perjuicio de un menor de 12 años que padece retraso madurativo y con el que tenía un parentesco político y al ser conocidos por la abuela del niño, fueron denunciados.
Durante la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, se pudieron comprobar los hechos denunciados y fue llevado a juicio.
El juez interino de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, tras recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Las vendía de a una y con una “yapa” alucinógena que las hacía atractiva para numerosos adictos que, a distintas horas del día y en dos esquinas estratégicas, se daban cita al carro atendido por dos sujetos, quienes hacía la diferencia con esta venta encubierta de droga. Una denuncia web los delató y tras una eficaz pesquisa, los narcos cayeron detenidos.
El caso se inició a partir de datos aportados a través de una denuncia web, mediante la cual se alertó sobre el accionar de dos sujetos que manejaban un carro de venta fruta y verdura, apostado en calles Caseros y 20 de Febrero, en pleno centro de la ciudad.
Con estos datos, según lo informado por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, los policías llevaron adelante una minuciosa investigación en el lugar. Al respecto, el fiscal Gustavo Torres Rubelt, resaltó la tarea de los investigadores de la unidad, “hicieron una tarea impecable”, señaló.
Los efectivos, de manera discreta, se apostaron en la esquina de Caseros y 20 de Febrero, donde luego de un paciente seguimiento advirtieron que algunos clientes se acercaban y se retiraban con una sola naranja en la bolsa, por lo que al focalizar la pesquisa pudieron reconocer la maniobra.
“La misma consistía en la venta de envoltorios, ya sea de cocaína o marihuana, droga que los carreros guardaban en un bolso pequeño, debajo de la bandeja principal de exposición de la fruta que tenían a la venta al público”, explicó el fiscal.
Los investigadores, al seguir los movimientos de los acusados, pudieron establecer que cada vez que aparecía un cliente que buscaba droga, uno de los carreros buscaba la mercancía dentro del bolso, la introducía en una bolsa de plástico, luego metía una naranja y se la daba al comprador.
Para confirmar la venta, los policías realizaron el seguimiento de algunos de los clientes, quienes a las pocas cuadras, extraían la droga y la consumían. Para mayor seguridad, los investigadores detuvieron a algunos de los compradores, a quienes se les secuestro la droga adquirida.
También se pudo advertir que los carreros solían realizar la venta de drogas en dos puestos, uno en Caseros y 20 de Febrero y el otro en España y Balcarce. Al seguir al dueño del carro, los policías pudieron establecer que el mismo, tras guardar el puesto en una playa de calle Alvarado al 1.000, se dirigía a su casa en un automóvil Renault 12.
La misma se encuentra ubicada en barrio San Benito, y se trata de una edificación de dos plantas. El principal acusado, identificado como Nelson Toconas, de 37 años, tenía como rutina diaria la de salir de su vivienda rumbo al Mercado COFRUTHOS, donde adquiría la oferta del día, por lo general naranja o banana, la que luego vendía a modo de fachada.
Reunidas numerosas pruebas, incluso filmaciones de la venta de droga, se procedió a la detención de Toconas y su ayudante, Fortunato Geria de 37 años y domiciliado en barrio Círculo II. Ambos fueron arrestados cuando atendían su carro de venta,oportunidad en que se le secuestró más de 30 envoltorios con droga, como así también una importante cantidad de dinero y celulares.
Tras las detenciones, el fiscal imputó a los acusados el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y dispuso que el caso sea tramitado como un caso sumarísimo, en vista de que los acusados fueron detenidos en “flagrancia”.
Quedó detenido y fue imputado un hombre de 40 años quien tenía en un domicilio de paraje El Arenal, una carnicería clandestina. Tras el allanamiento solicitado por la Fiscalía, se secuestró importante cantidad de productos cárnicos y elementos de interés para la causa.
La Fiscalía de Rosario de la Frontera, a cargo de Oscar López Ibarra, en un trabajo conjunto con personal de la División Policía Rural y Ambiental con investigadores de la zona, logró la detención de un hombre de 40 años, identificado como que tenía una carnicería clandestina en el paraje El Arenal.
Con los elementos de convicción necesarios respecto al hecho, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías 1 de Metán, orden de allanamiento y detención para el domicilio del sospechoso. En el lugar se logró el secuestro de 216 kilos de carne de cerdo, 100 kilos de carne vacuna y otros elementos destinados a la actividad.
La imputación contra Sebastián Alejandro Ramos es por los delitos de comercialización de mercancías peligrosas para la salud y violación de las leyes de policía sanitaria animal en concurso ideal.
Un joven de 22 años fue condenado a la pena de 8 años de prisión por abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 13 años, a la que sometió por la fuerza. Tras la denuncia, fue individualizado por un tatuaje que poseía y que la víctima logró recordar.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Rómulo Salazar, «Chompi», acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 13 años.
El hecho ocurrió en 2017, cuando la adolescente fue abordada por dos hombres a bordo de una moto cuando volvía de la casa de una amiga en la zona Oeste de la ciudad. Allí, la obligaron a subir a la moto y la amenazaron con un cuchillo. Se dirigieron hacia un descampado y uno de los hombres se quedó con ella y la sometió.
La adolescente ofreció resistencia y tras forcejear, logró escapar hacia la casa de una amiga. La denuncia la radicó su padre y la Fiscalía inició la investigación en procura del abusador. Un tatuaje que poseía el agresor fue determinante para que se lo identificara en rueda de reconocimiento y se procediera a su detención.
El juez Martín Pérez de la Sala I del Tribunal de Juicio lo condenó a la pena de 8 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Esta, entre otras medidas probatorias, fueron dispuestas por la Fiscalía de Derechos Humanos en el marco de las actuaciones preliminares que buscan establecer lo sucedido a una joven que recibió un disparo de posta de pintura durante un procedimiento policial en la zona Norte de la ciudad.
Las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta policial por un incidente de violencia en la vía pública ocurrido en barrio Castañares. La Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Buabse, intervino en primera instancia y giró las actuaciones a la Fiscalía de Derechos Humanos en virtud de tratarse de un supuesto hecho de abuso policial.
El incidente, ahora materia de investigación, sucedió en barrio Castañares el pasado viernes durante un procedimiento policial efectuado en el Grupo 244 de dicha barriada. Según los primeros informes, vecinos habían alertado mediante el Servicio de Emergencias 911 sobre la presencia de un grupo de jóvenes que consumían sustancias prohibidas.
Al respecto, la Policía reportó que en el lugar se produjo una pelea cuando personal uniformado subía a dos masculinos al móvil, circunstancias en el que se registró un forcejeo entre policías y vecinos. En esas circunstancias, uno de los policías realizó un disparo con una arma “marcadora” (dispara postas de pintura) contra una mujer embarazada.
En busca de conocer los detalles del suceso, la Fiscalía solicitó que se remita el informe policial con lo actuado, citó a vecinos para que se presenten en la Fiscalía de Derechos Humanos con el fin de realizar las correspondientes denuncias y posterior examen médico a la víctima.
También se solicitó la incorporación de un video que tomó estado público por distintos medios de comunicación, en el que se pueden apreciar escenas de lo ocurrido. Con estas primeras medidas probatorias, la Fiscalía espera poder reconstruir el incidente y así establecer los pasos a seguir.
Hoy se recibirán los últimos testimonios y el próximo viernes a las 16 se llevarán a cabo los alegatos de las partes. Ayer se reprodujeron los audios de las llamadas realizadas el día de los hechos al 911 por vecinos y se conoció el contenido de la pericia psiquiátrica realizada al imputado, donde se lo caracteriza como peligroso para sí y para terceros.
El juicio que se lleva adelante contra Roberto Daniel Rodríguez por la tentativa de femicidio y otros delitos conexos en perjuicio de su pareja y madre de sus tres hijos, se encuentra en sus últimas instancias. Hoy desde las 8.30 se recibirá el testimonio de los últimos testigos citados por las partes y según dispuso el Tribunal de la Sala VI de Juicio, los alegatos se producirán el próximo viernes a partir de las 16.
Los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera recibieron ayer el testimonio de dos testigos que fueron conducidos por la fuerza pública. Se trata de dos vecinos de la pareja que el día de los hechos, ante los gritos de la mujer, la asistieron e incluso llamaron al Sistema de Emergencias 911. Ambos se mostraron reticentes a prestar declaración y adujeron no recordar lo sucedido.
También prestó declaración un oficial de la Policía de la Provincia que revista en la División Homicidios y que estuvo a cargo de la detención de Rodríguez, quien se refirió a las tareas de inteligencia que se llevaron a cabo para poder dar con su paradero en la provincia de Santa Cruz.
El testimonio de una de las médicas psiquiatras del Servicio de Psiquiatría Forense del CIF fue relevante ya que brindó detalles del informe psiquiátrico que realizó del imputado, donde se lo caracteriza como peligroso para sí y para terceros, con tendencia a la mendacidad e impulsivo.
También se reprodujeron audios del informe consolidado de llamadas del Sistema de Emergencias 911 que realizaron vecinos de Rosario de Lerma el 1 de Julio de 2017, donde daban cuenta del hecho.
Luciano Leandro Gonzalbez y Mariana del Rosario Román fueron condenados anoche a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo, que contaba con un mes de vida al momento de los hechos. Deberán hacer tratamiento psicológico y serán inscriptos en el Banco de Datos Genéticos.
El Tribunal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Mónica Mukdsi, José Luis Riera y Guillermo Pereyra, dio a conocer ayer pasadas las 22, el veredicto en el juicio contra una joven pareja acusada de causar graves lesiones a su hijo de un mes de vida al momento de los hechos.
Luciano Leandro Gonzalbez y Mariana del Rosario Román fueron condenados a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y deberán recibir tratamiento psicológico mientras se encuentren detenidos.
En el mismo fallo se dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Durante los alegatos, el fiscal penal 2 de la UGAP, Pablo Paz, en base a la prueba rendida durante la audiencia, cambió la calificación a lesiones graves agravadas por el vínculo y solicitó la pena de 10 años para ambos acusados en calidad de coautores.
Un joven de 21 años falleció ayer en la zona Sudeste de la ciudad tras haber sido apuñalado en una gresca motivada por una enemistad entre vecinos. Un mayor y un menor de edad fueron imputados por el hecho y en su declaración reconocieron haber participado del hecho.
La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Paz, imputó a Yonathan Emanuel Ríos de 19 años por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor y a un adolescente de 17 años por el delito de homicidio simple por un hecho ocurrido ayer pasadas las 19 en la zona Sudeste de la ciudad.
La víctima fue identificada como Javier Castillo de 21 años y según pudo conocerse con las primeras tareas investigativas, se encontraba junto a otra persona en la vía pública cuando aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta y una de ellas bajó y le provocó lesiones de arma blanca en el brazo y en el pecho.
El joven fue asistido pero falleció cuando era trasladado al hospital San Bernardo. Con el aporte de testigos, se pudo identificar a los sospechosos, quienes fueron detenidos e imputados.
Los dos acusados tras conocer el motivo de su detención, decidieron declarar y en forma coincidente, reconocieron su participación, dando su versión de los hechos. Sostuvieron que mantenían con la víctima una enemistad previa.
Desde la Fiscalía se dispusieron numerosas medidas tendientes al esclarecimiento de lo sucedido, entre ellas la recepción de testimonios de quienes presenciaron la pelea que culminó con la muerte de Castillo.
Un hombre de 28 años deberá pasar 7 años en prisión tras ser condenado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia continuado en concurso real con exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de su sobrina menor de edad. Será incorporado al Banco de Datos Genéticos. Read more
En la audiencia de debate contra una joven pareja acusada de atentar contra la vida de su pequeño hijo con hechos de extrema violencia, hoy se espera recibir los últimos testimonios y se llevarán a cabo los alegatos de las partes.Read more
