María Fernanda Quinteros

Efectivo policial detenido por ejercer violencia contra su pareja

La mujer mantuvo una relación de dos años con el acusado y tienen una hija en común. Nunca convivieron y la víctima manifiesta que los hechos de violencia eran constantes. Llegó a amenazarla con su arma reglamentaria y a mantenerla encerrada.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Ramón Isidro Saravia por los delitos de amenazas con armas, amenazas, privación ilegítima de la libertad y por lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente entre las partes y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su pareja.

En la denuncia, la mujer señala que el acusado se desempeña como personal policial y que mantuvieron una relación de dos años sin convivencia, producto de la cual tienen una pequeña hija.

Explica que durante el tiempo que duró la relación, Saravia siempre fue violento y que la amenazaba con su arma reglamentaria y una picana para que no lo denunciara. Incluso llegó a privarla de la libertad y amenazar con quitarle la vida a ella y a la niña.

El último hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando se hizo presente en la casa de la mujer, la golpeó en el rostro y se llevó estudios médicos de la niña. La víctima fue a buscarlo y exigirle que le devuelva lo que se llevó y éste la empujó, provocando que cayera en la vía publica y se encerró en su domicilio.

Un transeúnte auxilió a la mujer y llamó al Sistema de Emergencias 911. Horas más tarde fue detenido e imputado.

Se investiga supuesto abuso en inmediaciones del cerro San Bernardo

La madre de una menor de 16 años, que se encontraba extraviada, denunció que su hija habría sido abusada sexualmente en un lugar conocido como «la cueva» en inmediaciones del hospital Oñativia. Desde la Fiscalía se dispusieron diferentes medidas tendientes a esclarecer el hecho.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, investiga el supuesto abuso sexual de una menor de 16 años que se encontraba extraviada desde el 12 de Junio por la tarde.

La madre de la menor realizó la denuncia el día 19 de Junio y en la misma consta que su hija faltaba a su hogar desde el miércoles anterior y que tras localizarla el 18 de Junio por la noche en la zona de la Terminal, le dijo que sospechaba que había sido abusada sexualmente, ya que no tenía su ropa interior y que no tenía muchos recuerdos de lo sucedido.

Según la menor, había concurrido a un lugar en inmediaciones del hospital Oñativia, conocido como «la cueva» y en el que se dan cita muchos menores. Allí se hallaba reunida con una amiga y su novio, de quien no puede aportar mayores detalles. Dijo recordar que el día jueves 13 por la tarde estaba sentada en la entrada del aguantadero y que compraron bebidas para ingerir.

Luego dijo que se desvaneció y despertó el día viernes por la noche y vio que estaba su amiga y otros dos hombres y que quiso irse pero no se lo permitieron.

Pidió su celular y no tenía el chip y luego de insistir, lo recuperó y envió un mensaje a un amigo para que la busque. El joven la buscó y tras pelear con el novio de la amiga, la pudo sacar del lugar.

Desde la Fiscalía se dispuso que la menor sea revisada por el médico legal, se ordenaron medidas como el secuestro de prendas, inspección ocular en el lugar y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, las que permitirán esclarecer el confuso hecho.

Se agrava la situación de un remisero que conducía ebrio

Ocurrió el viernes pasado sobre ruta 36, a la altura de minera Santa Rita, cuando un remisero embistió en forma frontal a una motocicleta donde viajaban dos hombres que culminaban su jornada laboral. Uno falleció en el acto y el otro falleció este jueves en el hospital San Bernardo.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó el pasado lunes a Walter Alberto Girón de 43 años por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo a motor calificado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre en concurso ideal en perjuicio de Iván Andrés Bautista de 21 años y por el delito de lesiones graves agravadas por la conducción imprudente de un vehículo a motor calificado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre en concurso ideal en perjuicio de Flavio Javier Acoria de 31 años.

El hecho ocurrió el viernes 21 de Junio alrededor de las 19 sobre ruta provincial 36, a la altura de Minera Santa Rita, cuando un remis interurbano conducido por Girón, embistió en forma frontal a la motocicleta en la que viajaban Bautista y Acoria tras terminar su jornada laboral.

Al tomar intervención la Policía de la Provincia, se encontró el auto volcado, a Bautista tendido sin vida sobre la cinta asfáltica y a su acompañante Acoria sobre la banquina con serias lesiones, por lo que fue trasladado en código rojo.

El test de alcoholemia que le realizó la Policía Vial a Girón arrojó que a las 20.57 era de 1.95 de alcohol en sangre. Fue detenido e imputado por el hecho y su situación se agravó este jueves cuando se informó del fallecimiento de Acoria, por lo que se ampliará su imputación.

Caso Zanchetta: Apelaron el fallo que lo autorizó a salir del país

La fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo, apeló el punto II de la resolución el juez de Garantías de 2° Nominación de Orán, Claudio Alejandro Parisi, quien autorizó la salida del exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta. La apelación deberá ser resuelta por el Juez de Impugnación de turno.

En la presentación hecha el lunes 24, la fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo fundamentó el recurso de apelación en contra del Punto II de la resolución dictada el viernes 21 del corriente y pidió que se declare la nulidad del punto II del Auto Resolutivo por el cual se ordenó la autorización provisoria de salir del país; “por falta de fundamentación”.

En el mismo instrumento, la Fiscal pidió que se ordene la inmediata citación del imputado a los fines de retenerle nuevamente los documentos de viaje como medida coercitiva y se le notifique la vigencia de la prohibición de salir del país.

La fiscal interviene en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar, abuso sexual simple continuado calificado por la condición de ministro de culto”, en perjuicio de dos personas.

Vale recordar que el viernes 21, y a través de su resolución, el Juez dispuso “autorizar provisoriamente al imputado Oscar Zanchetta a salir del país a partir del día de la fecha, debiendo presentarse indefectiblemente por ante este Juzgado el día 08/08/19 a hs. 10:00 con las constancias que acrediten los motivos que sirven de base a la solicitud de viaje que se autoriza, haciéndole conocer al mismo que en caso de incomparecencia operará en forma inmediata su detención”.

En ese sentido, Filtrín Cuezzo consideró que “el decisorio resulta arbitrario y carente de fundamentación suficiente ya que, contrariamente, ordena por un lado no hacer lugar al levantamiento de las medidas sustitutivas de coerción que sopesaban sobre el acusado (otorgando razón al Ministerio Público Fiscal al contestar vista negativa), y, por otro lado, autoriza al imputado Zanchetta a abandonar el país por un período de tiempo con la consiguiente restitución de su pasaporte, basada en razones de índole laboral no acreditadas fehacientemente”.

Y agregó que en su resolución, el magistrado no respetó el “principio de coherencia”, ya que se advirtió “una palmaria falta de conexión y relación” entre lo dispuesto en el punto I y el punto II” del fallo apelado.

Además, la Fiscal sostuvo que la investigación no se agotó con la mera realización de los informes periciales psicológico y psiquiátrico, ya que podrían requerirse otros medios probatorios y otras diligencias que podrían demandar nuevamente la presencia del acusado.

Imputaron a tres policías por la muerte de un vecino en Villa Floresta

Se trata de un oficial, un cabo y un agente, a quienes se les imputó el delito de homicidio culposo. Los acusados, pertenecientes a la Guardia de Infantería, intervinieron en una disputa por la posesión de un terreno, circunstancias en que procedieron a demorar a la víctima, la que se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo.

Las imputaciones, dispuestas por la fiscal penal María Luján Sodero, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, surgen de un cúmulo de declaraciones, denuncias y otras pruebas producidas tras la muerte de David Alfonso Neri Ovejero, un vecino de Villa Floresta de 44 años, quien murió durante un incidente originado por la disputa de un terreno.

El episodio, de acuerdo a lo argumentado en el decreto de imputación, ocurrió el 22 de junio pasado alrededor de las 13, cuando dos familias se disputaban la titularidad de un terreno ubicado en el sector alto de Villa Floresta, casi sobre la ladera del cerro.

El terreno, según lo establecido por la fiscalía, pertenece a Soledad Rivero, quien lo cedió a su hermano, Pablo, quien se identificó como personal policial perteneciente a la comisaría 24 en la ciudad de Orán. Este efectivo, en su declaración, sostuvo que debido al destino que tenía no podía residir de manera total en el terreno, aunque sí lo hacía cuando viajaba a esta ciudad, a tal punto que llegó a construir parte de su vivienda.

Por otra parte, Miriam Gaspar adujo que el terreno estaba abandonado y dada su situación de calle y la carga de cuatro hijos, decidió tomar posesión de dicho terreno, accionar que fue apoyado por los vecinos en vista de su precaria situación.

El día del hecho, en tanto, Rivero y su hermana tomaron conocimiento de la intromisión de Gaspar, por lo que se dieron cita en el terreno en cuestión, donde se produjo una disputa por la titularidad del terreno y la utilidad que los titulares le daban al lugar.

La disputa, que aglutinó a varios vecinos, demandó la presencia policial, por lo que al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Cuarta, como así también un móvil de la Guardia de Infantería. Cuando todo parecía haber arribado a un arreglo, según algunos de los testimonios obtenidos, se presentó Neri Ovejero, quien es conocido por los vecinos debido a que ayudó a varios de ellos a obtener sus terrenos.

Neri Ovejero ingresó al terreno a fin de asesorar a Gaspar para que no se retire del mismo, circunstancias en que los policías acusados procedieron a la demora del mismo, en razón de que evaluaron que su intervención no ayudaba a la resolución del conflicto y generó más confusión.

Otros testigos, en tanto, declararon que la intervención de Neri Ovejero no generó desorden sino que buscaba ayudar a Gaspar. Al proceder los policías acusados a la demora, los vecinos advirtieron que uno de ellos lo tomó de los brazos, mientras que otro, más alto, lo tomó del cuello.

Cuando se realizaban estas maniobras de reducción, Neri Ovejero se descompensó y se desvaneció, por lo que se requirió ayuda para reanimarlo, lo que hicieron algunos vecinos, entre ellos un enfermero. A ello se sumó, según los testigos, la demora de la ambulancia, la que al arribar trasladó al paciente al hospital San Bernardo, aunque ya llegó sin vida.

En vista de las declaraciones reunidas, las pericias realizadas y demás diligencias procesales de rigor, la fiscal dispuso la imputación penal por el delito de homicidio culposo en contra del oficial Angel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla.

Los tres estuvieron asistidos por abogados particulares y ninguno prestó declaración. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Condenado por abusar de sus dos hermanas menores

Un hombre de 22 años fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de sus hermanas por parte de madre en forma continuada. Ambas resultaron embarazadas y accedieron al protocolo de aborto no punible. Al tratarse de un ciudadano boliviano, la fiscal solicitó que se tramite su deportación.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 22 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia (2 hechos) en concurso real.

El acusado es hermano por parte de madre de las menores y convivía con ellas en la localidad de Nazareno. La denuncia fue radicada en 2018 por el padre de las víctimas al tomar conocimiento de que sus hijas de 12 y 15 años, eran abusadas desde 2017 por su medio hermano y que ambas resultaron embarazadas.

El juez Martín Pérez, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Al tratarse de un ciudadano boliviano, Simesen solicitó que se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones, que se encarga del traslado de los condenados a su país de origen, donde son puestos a disposición de las respectivas autoridades migratorias y se les prohíbe el reingreso a la República Argentina.

General Ballivián: lo encontró en su finca y lo mató de un disparo

Un hombre de 64 años fue condenado por el homicidio de Alberto Asensio Maizares, a quien encontró en el interior de su finca y le efectuó un disparo con un arma de fuego calibre 22, quitándole la vida.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Marcos Corrando Marquiegui por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma en perjuicio de Alberto Asensio Maizares.

El hecho ocurrió en Agosto del año pasado en Finca Las Palmas, General Ballivián, cuando el imputado recorría su propiedad y detectó la presencia de la víctima. Le realizó un disparo de arma de fuego calibre 22 y luego se retiró.

La jueza interina Sandra Mabel Sánchez, luego de la confesión del acusado y la aceptación de los hechos que se le imputaban, le impuso la pena de 10 años y 8 meses de prisión de ejecución efectiva y en el mismo fallo dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

El Procurador recibió a Marisa y Gustavo Peñalva

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a Marisa y Gustavo Peñalva, tía y padre de Luján, hallada sin vida en 2012. Los hermanos Peñalva se comprometieron a elevar un informe al Procurador, que consigne los hechos más relevantes de la causa y sobre los cuales, según su criterio, la investigación debería profundizarse.

Después del encuentro, Marisa Peñalva manifestó estar conforme y que la reunión fue positiva. “Pusimos todo sobre la mesa, tuvimos una buena conversación con el Procurador y esperamos que lo que se ha hablado, pueda llevarse a la práctica”, afirmó.

En tanto, Gustavo Peñalva recordó que desde el momento en el cual se desarchivó la causa, siguió caratulada como supuesta “muerte dudosa”. En ese sentido, dijo que pidieron el cambio de caratula y que si eso se produjera, entonces aportarán nuevos elementos para la investigación por supuesto homicidio, para que “los criminales vayan a la cárcel”.

Por otra parte, Marisa recordó que la efectiva policial Gimena Núñez, quien resultó detenida mientras se desarrolló el juicio por el homicidio de Cintia Fernández y está acusada de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado de homicidio; también fue denunciada oportunamente por la familia Peñalva, debido a su actuación durante la reconstrucción del hallazgo del cuerpo de Yanina y Luján. La reconstrucción se realizó en septiembre de 2018.

“Sabíamos que obró mal y hay un informe y pedido de sanción presentado sobre su accionar durante la reconstrucción. Es gravísimo lo que hizo, porque se trata de una persona a la que no puede darse credibilidad”, afirmó Marisa.

El lunes 16 de julio de 2012, Yanina Nüesch y Luján Peñalva, de 16 y 19 años, respectivamente, aparecieron sin vida. Las encontraron colgadas con una misma soga en un árbol de un descampado de la zona sur de la ciudad. Habían desaparecido dos días antes.

Por incompetencia, remiten una causa a la Justicia Federal

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar al pedido del fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, y declaró la incompetencia material en la causa originada a partir del hallazgo de plantas de marihuana y otros elementos en el domicilio de Mario Rolando Teruel.

El juez Colombo entendió que “de la simple lectura de la ley, se advierte la explicita exclusión legislativa de la posibilidad para la justicia provincial”, de entender en la causa. Y citó la regla de hermenéutica dirimente de la competencia, que establece en la Ley 26052 que “en caso de dudas sobre la competencia, prevalecerá la justicia federal”.

En su resolución, el juez Colombo también dispuso la remisión del Legajo de Investigación Fiscal del Grupo de Drogas Ufinar, al Juzgado Federal que por turno corresponda. Y ordenó que los bienes secuestrados en el marco de la causa, queden a disposición de la Justicia Federal.

En su planteo, López Soto había afirmado que “en virtud de lo dispuesto por los artículos 241 y 242 del Código Penal, la Unidad sostiene su incompetencia para continuar interviniendo en la investigación”, por lo cual y al haberse dado intervención al juzgado en cuestión, “corresponde declarar la incompetencia material y que las actuaciones se remitan a la Justicia Federal”.

El fiscal López Soto dijo también que “el criterio se sostiene fundamentalmente, en los elementos hallados en una de las dependencias del domicilio del Sr. Mario Rolando Teruel, tratándose de fertilizantes, lámparas con plafón y rociador, sumado a que la cantidad de plantas de cannabis sativa halladas, exceden una cantidad que razonablemente pueda atribuirse al consumo personal, restando otras tareas de investigación y medidas de prueba que deberán ser dirigidas y controlados por la justicia competente, en este caso; la Justicia Federal”.

El hallazgo se produjo a principios de junio, en ocasión de la inspección ocular que llevaba adelante el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, en el marco de una causa contra Marcos Lautaro Teruel. Tras el hallazgo casual, Obeid dio intervención del fiscal de la Ufinar (Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad), Santiago López Soto, quien supervisó el operativo que llevó adelante el Grupo de Investigaciones de la Unidad.

Caso Teruel: Modifican la imputación y habrá nueva audiencia

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, dispuso modificar el decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Marcos Lautaro Teruel, de 27 años. La audiencia de imputación se concretará este miércoles.


El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, dispuso modificar el decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Marcos Lautaro Teruel y le atribuyó en calidad de autor, los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el grave daño en la salud de la víctima, según Ley 25087, en concurso ideal, con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal, con corrupción doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

El Fiscal modificó el decreto, teniendo en cuenta que los hechos investigados resultan diversos y más complejos que los hechos por los cuales se decretó la primera citación a audiencia de imputación, en calidad de autor de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal.

La causa se originó a partir de la denuncia contra Teruel, radicada por la madre de una adolescente, por diversos hechos de abuso sexual en perjuicio de su hija cuando ésta tenía 10 años y en más de una oportunidad. Según lo denunciado, el acusado habría aprovechado que la niña frecuentaba su casa para vulnerar su integridad. Permanece detenido con prisión preventiva.

Atento a la modificación dispuesta, el Fiscal citó a audiencia a Teruel este miércoles 26.