María Fernanda Quinteros

En junio juzgarán al productor alemán acusado de envenenar con carbofurán

Hartmut Torsten Theobald será juzgado desde el 1 al 23 de junio de 2020 por el homicidio calificado de Ramón Ignacio Casas y la tentativa de homicidio calificado de Benito Soraire. Ambas víctimas eran trabajadores en una finca del productor y fueron envenenados a través de los alimentos que éste les proporcionaba.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, informó que Hartmut Torsten Theobald será juzgado por la Sala VII del Tribunal de juicio por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas y por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire en concurso real. Según fijó el Tribunal, la audiencia se desarrollará entre el 1 y el 23 de junio de 2020.

La investigación se inició cuando el mismo Hartmut reportó en Octubre del año pasado que cuando fue a su finca ubicada en Palomitas, encontró a su empleado Casas sin vida y en avanzado estado de descomposición en una habitación que ocupaba y que le parecía que había consumido alguna sustancia tóxica ya que había encontrado una botella con un líquido sobre la mesa.

La autopsia reveló que la muerte de Casas se produjo por paro cardiorrespiratorio por intoxicación con veneno (pesticida), elemento tóxico que resultó coincidente con el contenido de la botella y plato que fueron secuestrados en la mesa del fallecido.

A estos elementos, el fiscal sumó la declaración de familiares de la víctima, quienes en forma coincidente dijeron que Casas trabajaba hace varios años para Hartmut desempeñando trabajos de cuidado de la hacienda y que mantenían malas relaciones laborales hace algún tiempo ya que no le pagaba lo que le correspondía y le propinaba malos tratos.

Los hijos del fallecido incluso relataron que su padre los reunió y les manifestó que su patrón lo seguía y que cualquier cosa que le sucediera, sería su culpa.

Familiares de Casas revelaron que éste les confesó que había radicado una denuncia ante la AFIP contra su empleador, lo que fue verificado por las tareas investigativas con documentación acreditante.

En el marco de esta investigación, se llegó a Benito Soraire, un trabajador rural que prestaba servicios en la finca del acusado desde 1985 y que vivía en una casa que éste le facilitaba. El día lunes 8 de Octubre de 2018, Soraire descubrió que cuatro de sus perros estaban muertos y los enterró y el lunes siguiente, su patrón se hizo presente con una bolsa con carne y sospechó sobre su buen estado ya que al abrirla sintió un olor extraño. De todas maneras la cocinó y la ingirió. Luego comenzó a experimentar malestar con vómitos y mareos.  Al día siguiente fue a verlo a Theobald para que lo llevara al hospital porque seguía con malestar y le dijo que esperara hasta el día siguiente.

Ante la negativa, Soraire se fue caminando hasta el nosocomio y allí le dijeron que la carne estaba en mal estado y le suministraron medicación. Al  regresar a su casa, le dio a otro perro la carne sobrante y el animal murió.

En la vivienda se secuestró resto de esa carne, la cual fue analizada por el Servicio de Toxicología Forense del CIF, en cuyo informe consta que en la muestra analizada se detectó el mismo potente pesticida que causó la muerte de Casas.

Entre las medidas probatorias que adjunta el fiscal en el requerimiento, se citan las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado, quien es señalado como un hombre con personalidad psicopática, egocéntrica, con anestesia emocional y carente de empatía.

Condena: asesinaron a un panadero cuando iba a trabajar

Cuatro hombres fueron juzgados por un hecho ocurrido en abril de 2018 en Orán, donde un hombre de 51 años fue lesionado con un arma blanca en la vía pública por cuatro personas que intentaban robarle cuando iba camino a su trabajo ayer por la madrugada. La víctima prestaba servicios en una panadería.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de debate contra Carlos Adolfo Cañizares, Carlos Manuel Árabe, Santos Marcelo Árabe y Lorenzo Juan Armando Barraza que era menor al momento de los hechos como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

En abril de 2018, un hombre de 51 años, identificado como Sergio Adrián Montenegro, fue interceptado cuando concurría a su trabajo por cuatro jóvenes que intentaban robarle. Estas personas lo atacaron con un arma blanca y le produjeron lesiones que desencadenaron en su muerte en el hospital local.

Según pudo conocerse, los agresores interceptaron a la víctima exigiéndole dinero para comprar pasta base y luego de un altercado, lo hirieron y le sustrajeron el celular y la billetera. En la investigación fue fundamental el aporte de ocasionales testigos, quienes aportaron datos de lo sucedido aquella mañana. Incluso uno de ellos señaló que el propio Montenegro cuando estaba malherido, nombró a sus agresores.

La jueza interina María Laura Toledo Zamora, condenó a Carlos Adolfo Cañizares a la pena de 15 años de prisión efectiva; a Carlos Manuel Árabe a la pena de 14 años de prisión efectiva y a Santos Marcelo Árabe le impuso la pena de 13 años de prisión efectiva como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la intervención de un menor de edad.

En tanto, Lorenzo Juan Armando Barraza, menor al momento del hecho, fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

En el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Caso Saracho: Condenan a cuatro policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Cuatro de los cinco efectivos juzgados por no cumplir con las medidas de protección ordenadas para Claudia Soledad Saracho, fueron condenados este viernes y uno de ellos absuelto a solicitud de la fiscal. Recibieron condenas condicionales e inhabilitación.

Este viernes finalizó en la Sala I del Tribunal de Juicio, contra los efectivos policiales Raúl Rosa Cardozo, Gisela Daiana Portal, Juan Nicolás Velázquez, Ariel Rodolfo Clruz y Claudia Carolina Pizarro por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por un hecho de femicidio ocurrido en junio de 2017.

Tras los alegatos de las partes, el juez Martín Pérez, dio a conocer el fallo donde condena a Raúl Rosa Cardozo a la pena de multa e inhabilitación especial. A Juan Nicolás Velásquez, Ariel Rodolfo Cruz y Gisela Daiana Portal se les impuso la pena de multa e inhabilitación especial por seis meses y Claudia Carolina Pizarro fue absuelta a solicitud de la fiscal Gabriela Buabse.

Campo Santo: el cuerpo de la mujer no presenta signos de violencia

El informe preliminar de la autopsia reveló que el cuerpo de la mujer de 27 años que fue encontrada sin vida este jueves en su vivienda, no presenta signos de violencia o indicios de que haya sido víctima de un delito. La fiscal solicitó estudios complementarios para tratar de establecer en forma fehaciente la data y la causa del deceso.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Verónica Simesen de Bielke, informó que este viernes se realizó la autopsia al cuerpo de Carol Manuela Albornoz de 27 años y que el informe preliminar revela que no presentaba signos de violencia o algún indicio de que haya sido víctima de un delito.

Simesen de Bielke aclaró que por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, solicitó la realización de estudios complementarios, tales como toxicológicos, anatomopatológicos y entomológicos para determinar en forma fehaciente la data y la causa del deceso.

Abuso Sexual: Expondrán sobre revictimización de menores en un encuentro interprovincial

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés el Primer Encuentro Interprovincial sobre “La revictimización de la Infancia – Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes”, organizado por la Fundación PAPIS conjuntamente con la Procuración General. La actividad se desarrollará el 6 de diciembre próximo y será gratuita.

El Primer Encuentro Provincial se organizó con el fin de visibilizar y debatir la temática de la revictimización de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual, para propiciar un espacio de diálogo y consenso destinado a la implementación de políticas públicas por parte de los organismos del Estado encargados de protegerlos, mediante la articulación de redes de apoyo y contención para las víctimas y sus familiares.

El Encuentro consistirá en la exposición de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia. Y en ese entendimiento es que Cornejo destacó que resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, “el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los objetivos fijados por la nueva gestión institucional”.

El programa prevé la presentación a cargo de la presidenta de la Fundación PAPIS, Lucrecia Miller y el procurador Abel Cornejo; y las exposiciones de la docente Rita García, de las referentes de la organización Pañuelos Amarillos de Tucumán, Colomba Nazcaprev; de la Fundación Madres Protectoras, Moira Curi y del Foro Infancias Robadas de Orán, Norma Lizárraga. Se sumarán las disertaciones de Delfina Balderrama, de la Fundación Taller del Alma, de la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández, del defensor del Niño de Santiago del Estero, Luis Horacio Santucho y de la fiscal penal de la Banda, Alicia Falcioni. El cierre estará a cargo de Miller.

El Primer Encuentro tendrá lugar el 6 de diciembre próximo, el Salón del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta de Ciudad Judicial, de 8:30 a 14. Las inscripciones se reciben en www.escuelampsalta.gob.ar

Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Matilde Alonso dictará una clase magistral

Alonso dirige el Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público de la Provincia, es especialista en políticas públicas en niñez, adolescencia y familia y docente universitaria. Además, integra el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género. La clase se ofrecerá el lunes 25 del corriente, en el Polo Integral de las Mujeres. Los interesados deben registrarse en la web gobierno.salta.gob.ar.

Está abierta la inscripción para quienes quieran asistir a la clase magistral “Interdisciplina: un desafío para los equipos de trabajo” que el próximo lunes 25 dictará la doctora Matilde Alonso en el Polo Integral de las Mujeres, ubicado en República de Siria 611. La clase está organizada por la Subsecretaría de Políticas de Género y podrán asistir equipos de asistencia y prevención de la violencia familiar y de género, estudiantes y profesionales de carreras afines y público en general.

La clase magistral se dictará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 9 a 12. Los interesados deben inscribirse en gobierno.salta.gob.ar, web del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

El Día Internacional de la No violencia contra las Mujeres se conmemora cada 25 de noviembre, en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. En su reconocimiento y en defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió esta problemática como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. La Asamblea reconoció además que era necesario “un compromiso de todos los Estados y de la comunidad internacional en general” para eliminar estos tipos violencia. El derecho a una vida libre de violencia es un Derecho Humano.

Se investiga la muerte de una mujer en Campo Santo

Se trata de una mujer de 27 años que fue encontrada sin vida este jueves en su domicilio. Había sido vista por última vez el lunes por la tarde. La autopsia se realiza en el Servicio de Tanatología Forense del CIF.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención este jueves ante el hallazgo de una mujer de 27 años sin vida en el interior de la habitación que alquilaba en calle 9 de Julio al 800 de Campo Santo.

La mujer fue encontrada en avanzado estado de descomposición y fue trasladada al Servicio de Tanatología Forense para que se realice la autopsia que permitirá determinar la data y causa de muerte.

Simesen de Bielke explicó que de las primeras tareas realizadas en la escena por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la División Homicidios, no se observan indicios de violencia u otro elemento que haga presumir la comisión de un delito, aunque no descarta ninguna hipótesis. Espera el resultado preliminar de la autopsia para conocer la causa del deceso de la mujer y de las distintas pericias y levantamientos realizados en la vivienda.

Condenado por sembrar, cultivar y guardar semillas de marihuana

Un hombre de 47 años fue denunciado en el mes de octubre en forma anónima por vecinos que advirtieron que cultivaba plantas de marihuana en su domicilio. Durante el allanamiento realizado, se secuestraron plantas de cannabis sativa, semillas y cigarrillos de marihuana. Mediante juicio abreviado, fue condenado.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Metán, en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Alberto Daniel Sillero por el delito de siembra, cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal.

Sillero fue denunciado en el mes de octubre en forma anónima por cultivar en su domicilio plantas de cannabis sativa y a partir de allí se inició una investigación que culminó con un allanamiento en su vivienda, ubicada en la zona centro de Rosario de la Frontera, donde se secuestraron plantas de cannabis sativa, semillas y cigarrillos de marihuana.

El juez Mario Teseyra, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos endilgados, lo condenó a la pena de 3 meses de prisión de ejecución condicional y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta.

Caso Saracho: juzgan a cinco policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Tras el femicidio de Claudia Soledad Saracho, se inició una investigación, ya que la mujer había denunciado días antes del hecho que era víctima de violencia y amenazas por parte de su esposo y el fiscal de Violencia Familiar y de Género interviniente dispuso medidas de protección que el personal policial incumplió.

La fiscal penal Gabriela Buabse, representa al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Raúl Rosa Cardozo, Gisela Daiana Portal, Juan Nicolás Velázquez, Ariel Rodolfo Cruz y Claudia Carolina Pizarro por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por un hecho ocurrido en junio de 2017.

La investigación se inició a partir del femicidio de Claudia Soledad Saracho, ya que se pudo verificar que la víctima había realizado una denuncia en contra de su esposo días previos al homicidio calificado por hechos de violencia en su contra y por amenazas y el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género interviniente dispuso medidas de protección que los efectivos policiales desde sus roles, no se cumplieron.

La audiencia inició el pasado martes 19 en la Sala I del Tribunal de Juicio y está a cargo del juez Martín Pérez.

Legisladores e intendentes del sur provincial con el Procurador

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a legisladores e intendentes del sur provincial, con quienes dialogó sobre la situación institucional de la zona. Los presentes destacaron la necesidad de mejorar la infraestructura para mejorar el acceso a la justicia y de una nueva fiscalía para la región.

Los legisladores y jefes comunales actuales y electos dijeron que oportunamente solicitaron la audiencia con el Procurador, dada “la gran cantidad de problemas presentes en el Distrito Judicial del Sur y especialmente en el departamento Anta”.

También plantearon que entre las necesidades concretas del sur provincial, sigue postergada la media sanción del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial que establece la creación de la Fiscalía Penal Nº 2 en Rosario de la Frontera. A la iniciativa, (que se completa con la creación de una fiscalía en Cachi, otra de Ciberdelitos para el Distrito Judicial del Centro y la modificación de la ley Orgánica del CIF), le falta ser tratada por la Cámara de Diputados de la Provincia.

Por otra parte, ofrecieron colaboración para que “la justicia llegue a todos y sea imparcial y objetiva”. Cornejo, por su parte, les informó que entre las herramientas para optimizar la gestión, tomó la decisión de trasladar al fiscal de Joaquín V. González, Gonzalo Ángel Gómez Amado, a la Fiscalía Penal N° 2 del Distrito Judicial del Sur – Metán.

Los presentes coincidieron en que la determinación del Procurador “repercutirá en bien del sistema judicial y de toda la sociedad porque queremos una justicia justa y que llegue a todos los ciudadanos”, para evitar que existan denuncias que no prosperaron y otros procesos cuestionables.

“Nos exponemos al voto popular y representamos a los ciudadanos que nos eligieron y piden que seamos intermediarios, por eso agradecemos la predisposición de Cornejo”, afirmaron, e insistieron en que lo hacen “en nombre de la clase política, pero especialmente de todos los habitantes de la región, porque hubo demasiados problemas en los últimos tiempos”.

Con el Procurador estuvieron los intendentes de El Quebrachal, Leonardo García y de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés y el electo de General Pizarro, Francisco Pérez; el diputado de Anta, Marcelo Paz y los senadores electos de Anta, Marcelo García y de Rosario de la Frontera, Javier Mónico. Anticiparon que los representantes de Anta, Metán y Rosario de la Frontera trabajarán en bloque y en forma coordinada para que las instituciones funcionen “de la mejor manera”.