El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, con quien discutió sobre proyectos y acciones vinculados con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo Provincial. El Secretario tiene como misión asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La reunión de los funcionarios sirvió para ratificar los objetivos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia, de mejorar políticas vinculadas con las víctimas de delitos graves y sus familiares, trabajar en proyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia, la cooperación entre ambas partes en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos y la coordinación de las políticas de lucha y condena del microtráfico de drogas, entre otros.
En ese marco, Cornejo y García Castiella hablaron sobre exámenes psicológicos a los concursantes para cargos de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, la capacitación previa a los exámenes de los concursantes y la posible reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. La última modificación legislativa parcial de esa ley, data de 2012 y “los cambios sociales e institucionales producidos en los últimos ocho años, sugieren la necesidad de actualizar y mejorar la normativa”, afirmó el Procurador.
También fueron temas de conversación la situación carcelaria de la provincia y el Congreso Mundial de Ciencias Forenses que se realizará en Salta en octubre próximo, cuya organización podría contar con el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otra parte, el Procurador anticipó al Secretario de Justicia que el equipo técnico trabaja en la elaboración de la iniciativa legislativa de Autarquía Financiera del Ministerio Público Fiscal. Entre las atribuciones atribuidas al MPF por la Constitución de la Provincia en su artículo 166, se encuentra la de “proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración”. En ese sentido, el Procurador destacó que el artículo 167, referido a la autonomía funcional, establece que “en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público”. La autarquía económica y financiera, en consecuencia, cristalizaría la división republicana de poderes y la autonomía para definir criterios del orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo, de acuerdo a las necesidades reales de las fiscalías y otras dependencias.
El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la administración de justicia y al ejercicio de sus funciones.
