Raúl Oscar Roveda, tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de su detención.
Tras la imputación realizada este miércoles por el fiscal penal 3 interino de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, Raúl Oscar Roveda decidió no prestar declaración.
Dada la gravedad de la acusación, González Miralpeix solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del imputado mientras se completan las diversas medidas solicitadas para el esclarecimiento del hecho.
El hecho ocurrió la noche del 11 de enero sobre ruta 21, intersección con rotonda circunvalación oeste, pasando el barrio Limache. La colisión se produjo entre una Volkswagen Amarok roja conducida por el imputado, de 53 años, y una moto Honda Titán negra en la que circulaban Jonatan Ramón Choque, de 29 años y su pareja, Rosana Yamila López.
Personal del Samec constató la
muerte de la mujer en el lugar, mientras que
Roveda y Choque debieron ser trasladados al hospital San Bernardo con
politraumatismos y traumatismo de cráneo.
El test de alcoholemia arrojó
resultado negativo para el conductor de la moto, mientras que el realizado al
conductor de la Amarok, dio 1.22 gramos por litro de alcohol en sangre.
Paola Jacqueline Varela y Hugo Gabriel Correa fueron acusados del delito de lesiones en perjuicio de la pareja del fallecido Luis Esteban Carrizo. Durante el ataque, estas dos personas agredieron a la pareja de la víctima con elementos contundentes y le provocaron heridas.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio calificado de Luis Esteban Carrizo, amplió la imputación a dos de los cinco acusados por un hecho conexo, donde resultó herida la pareja del fallecido.
El hecho ocurrió el 9 de diciembre pasado en inmediaciones de calle Ayacucho y pasaje La Poma de esta ciudad, cuando en un confuso episodio se suscitó una gresca entre dos grupos de personas y resultó muerto Luis Esteban Carrizo tras recibir una herida de arma blanca en la zona torácica.
Por el hecho fueron imputados tres hombres y dos mujeres por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Luis Esteban Carrizo de 27 años.
De las tareas investigativas desplegadas y a partir de la denuncia radicada por la pareja de Carrizo, se amplió la imputación el pasado viernes a Paola Jacqueline Varela de 38 años y a Hugo Gabriel Correa de 44 años por el delito de lesiones en perjuicio de María Ruiz, que como consecuencia del feroz ataque a su pareja, resultó con varias heridas en el cuerpo.
Cabe destacar que estas cinco personas permanecen detenidas con prisión preventiva.
Un mayor y un menor a bordo de una motocicleta, sustrajeron un celular a una adolescente en una feria de la zona Sudeste de la ciudad y cuando huían, impactaron a otra motocicleta donde viajaban una madre y tres hijas. Las cuatro mujeres resultaron lesionadas y los delincuentes detenidos e imputados.
El fiscal penal 6, Ramiro Ramos Ossorio, investiga un hecho ocurrido el pasado 20 de diciembre en barrio Solidaridad, donde dos hombres que circulaban en una motocicleta, sustrajeron el celular a una menor de edad y cuando se daban a la fuga, protagonizaron un siniestro vial con otra motocicleta donde viajaban una mujer y sus tres hijas menores.
Al ser demorados los dos delincuentes, se identificó a uno de ellos como Ramiro Leonel Molina o Nahuel Alejo Garzón de 20 años y su acompañante es un menor de edad, por lo que se dio intervención al Juzgado de Menores en turno.
Ambos están acusados del delito de robo y lesiones culposas en accidente de tránsito.
Ramos Ossorio explicó que para el mayor ya solicitó al Juzgado de Garantías interviniente su prisión preventiva y reveló que las cuatro mujeres damnificadas sufrieron lesiones de consideración, en especial una menor de 1 año de edad, que sufrió fractura de cráneo y continúa internada por complicaciones en su salud.
El Tribunal de la Sala III de Juicio hizo lugar al pedido de la fiscal Salinas Odorisio durante los alegatos y lo condenó por el delito de homicidio simple. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El Tribunal de la Sala III de Juicio, integrado por los jueces Pablo Farah, Gabriela González y Carolina Sanguedolce, dieron a conocer este miércoles el veredicto en el juicio seguido contra Víctor Alejandro Cruz por el homicidio de Enzo Guerrero.
Cruz fue condenado a la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de homicidio simple y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a un hombre por el delito de estafas reiteradas en concurso real. En diez de los once hechos que se le adjudican, los estafados estaban desempleados. En el restante, el perjuicio fue para una institución escolar cuyo director abonó por tareas de mantenimiento que el acusado nunca realizó. Actuaba bajo identidades falsas y pedía documentación personal para otras gestiones.
El fiscal penal Leandro Flores imputó a Juan Normando Rodríguez por estafas reiteradas (once hechos), todo en concurso real, después de reunir elementos probatorios sobre las maniobras ardidosas mediante las cuales aparentó ser parte del Programa Plan Argentina Trabaja y engañó al Director de la escuela Dr. Arturo Illia, al expresarle que si le entregaba una suma de dinero determinada realizaría trabajos de mantenimiento en el establecimiento educativo. Según consta en el decreto de imputación, el acusado actuó a sabiendas de que no cumpliría con lo pactado, mientras que el damnificado entregó la suma de $ 1.800 y perjudicó económicamente a la institución”.
Mediante las mismas maniobras ardidosas, Rodríguez (de quien se confirmó que operaba con al menos tres identidades diferentes), expresó que pertenecía al plan Argentina Trabaja e hizo incurrir en error a diez personas más al expresarles que si le entregaban la suma de $300 cada una, les conseguiría un trabajo. Las víctimas realizaron la disposición patrimonial solicitada, con la clara consecuencia económica.
Según consta en el decreto de imputación, “los interesados debían hacer entrega de fotocopias de documento de identidad, CUIL y una suma de $300 (trescientos pesos) para el estampillado, como así el acusado expresó tener contacto en el IPV y que también podía agilizar los trámites para la obtención de una vivienda”. En dos casos por lo menos, los denunciantes entregaron dinero y documentación personal para la supuesta gestión que Rodríguez iba a realizar ante el Instituto Provincial de la Vivienda. Además, a otro de los denunciantes solicitó $1200, para retirar un televisor que un hijo le mandaría desde Tierra del Fuego, pero que nunca le entregó. +
Durante la audiencia de imputación, Rodríguez se negó a declarar y su defensa ofreció reparar el daño causado. La Fiscalía solicitó el mantenimiento de la detención del imputado al Juzgado de Garantías 3.
El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien realizó aportes sobre la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes; la ubicación de la Unidad Carcelaria Nº1; aspectos vinculados con la seguridad y el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia.
Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo. En Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”. Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.
Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. “Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas”, afirmó el Procurador. En ese contexto, el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. “La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana”, afirmó el Procurador.
El Gobernador y el Procurador también dialogaron sobre las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF. Cornejo remarcó que “es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad”. En el mismo sentido, hablaron sobre la próxima promulgación de la Ley que creó una fiscalía de Ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.
En otro orden, Sáenz y Cornejo hablaron sobre el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia, que ingresará a la legislatura en abril próximo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo afirmó que deben mantenerse por seis años. Por otra parte, destacó el sistema electoral que puso en vigencia el exgobernador Ricardo Durand (1952- 1955 y 1963-1966), y que dividió el Circuito Electoral en tres secciones: Capital, Norte y Departamentos del Oeste y el Sur. “Una reforma en ese sentido mejoraría la representatividad en Capital, cuyos habitantes hoy están subrepresentados”, sostuvo Cornejo.
Una pareja se encuentra detenida e imputada por un hecho ocurrido en el mes de noviembre en la zona Sudeste de la ciudad. El menor recibió una herida de arma blanca en el rostro en aparente represalia por un robo.
El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó en el mes de diciembre a Carlos Alberto Carrazán Cortez y Ester Malvina González como coautores del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un adolescente.
El hecho ocurrió el pasado 26 de noviembre en la zona Sudeste de la ciudad, cuando el tío del menor, al ver que su sobrino fue atacado por dos personas desconocidas, lo hizo asistir en el centro de salud del barrio San Francisco Solano por una herida de arma blanca y dada la gravedad que presentaba, fue llevado en código rojo al hospital San Bernardo.
De las tareas investigativas se pudo identificar a la pareja como los agresores del adolescente. Fueron detenidos y en la audiencia de imputación, ambos negaron su participación en el hecho.
El menor acompañado de su madre, dio su versión de lo ocurrido este miércoles en sede fiscal y dijo que cree que lo confundieron con otro menor que había cometido un robo.
Mientras se cumplen diversas medidas solicitadas, como la recepción de testimonios, Carrazán Cortez y González permanecen detenidos con pedido de mantenimiento mientras se esclarece lo sucedido.
Este miércoles finaliza el juicio contra Víctor Alejandro Cruz, acusado del homicidio calificado de Enzo Guerrero. En la Sala III del Tribunal de Juicio se desarrollarán los alegatos de las partes y se conocerá el veredicto.
Finalizada la ronda de testimoniales, está previsto que esta mañana se lleven a cabo los alegatos de las partes y que elTribunal integrado por los jueces Pablo Farah, Gabriela González y Carolina Sanguedolce, de a conocer el veredicto.
Representa al Ministerio Público, la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 46 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la guarda y la convivencia, abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización agravado por la guarda y la convivencia y corrupción de menores agravada, todo en concurso real.
La denuncia fue radicada por la expareja del imputado, luego de que su hija de 13 años se quebrara y le contara que fue abusada por su padrastro desde los 5, en circunstancias en que la mujer no se encontraba en el domicilio por razones laborales.
En el decreto, el fiscal González Miralpeix fundamentó que el imputado, mientras vivía en el domicilio de la denunciante, con quien mantenía una relación de pareja y cuando se encontraba solo y al cuidado de la niña, aprovechó para abusar de ella en reiteradas ocasiones desde los 5 y por lo menos hasta que alcanzó los 10 años, a través de diferentes actos que menoscabaron su integridad sexual.
Además, el fiscal hizo constar que se encuentra pendiente de
incorporar el resultado de pericia psicológica del acusado, oportunamente
solicitado al Juzgado de Garantías y el informe ambiental a realizarse en la
escuela donde asiste la menor víctima.
La preocupación por el aumento de femicidios cometidos en Salta fue uno de los temas abordados por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la reunión que mantuvo con la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes. Se proyecta un trabajo articulado con respecto de la violencia hacia las mujeres y otras problemáticas.
Las posibilidades de desarrollar un trabajo articulado y la
firma de convenios de cooperación, fueron dos de los temas abordados por el
procurador general, Abel Cornejo y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana
Reyes, quien se integrará al Comité de Evaluación
de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público
Fiscal.
“La problemática de la violencia hacia las mujeres nos necesita a todos unidos y no trabajando como compartimentos estancos; se puede mejorar el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las secretarías de Justicia y Derechos Humanos”, confió Reyes, quien destacó la iniciativa del Procurador, de avanzar en la creación de la Oficina contra la Violencia Institucional. “La posibilidad de trabajar de manera conjunta a través de esa Oficina y la de sumarme al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, son dos de los ejemplos de cómo las instituciones podemos fortalecer la tarea destinada a solucionar temas graves que siguen acuciando a la sociedad”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, el Procurador remarcó que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, a través de la secretaría de Derechos Humanos, –en este caso en particular-, tienen misiones y roles bien definidos. “Todas las personas que intervinimos en procedimientos relacionados con las víctimas de delitos tenemos obligaciones desde esos roles. Sin embargo, las acciones a favor de ciudadanas y ciudadanos pueden ser dinamizadas y potenciadas a través de la tarea conjunta”, dijo el funcionario.
“Las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, afirmó Cornejo y agregó que “la asistencia puede ser brindada por otros actores, pero el Norte siempre será uno: que se cumplan los derechos que asisten a esos ciudadanos o ciudadanas que concurren al Ministerio Público Fiscal en búsqueda de la verdad”, finalizó el Procurador.
