Dos hombres que sustrajeron una motocicleta del barrio San Rafael fueron detenidos tras una persecución. Fueron imputados y permanecen detenidos.
La fiscal penal 1, Gabriela Buabse, imputó a Diego Orlando García y Ramón Gaspar Espinoza como coautores del delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.
La denuncia fue radicada por una vecina de barrio San Rafael, quien el pasado domingo dejó una motocicleta estacionada en la vía pública y con medidas de seguridad y luego de unos minutos se dio cuenta que la habían sustraído.
En tanto, personal policial que realizaba tareas de patrullaje en la zona, detectó a dos personas que circulaban a alta velocidad en una motocicleta e iniciaron una persecución. Lograron interceptarlos en pasaje Cornejo y 10 de Octubre y uno de ellos intentó darse a la fuga pero fueron aprehendidos.
Se pudo comprobar que el rodado en el que circulaban pertenecía a la damnificada y desde la Fiscalía, tras la acusación, solicitaron su prisión preventiva.
Este jueves se reunió el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, al que se incorporaron nuevos integrantes. El Procurador propuso imponer el nombre de Cintia Fernández al edificio, para homenajear en su nombre a las víctimas de femicidio. El Comité diagramó nuevas acciones y recibió a una periodista, quien en representación de mujeres comunicadoras, presentó el proyecto Tradiciones sin Violencia.
El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género fue ampliado este jueves con la incorporación de integrantes de los gobiernos provincial y municipal; analizó las acciones llevadas a cabo recientemente; definió nuevas actividades para este año y recibió a la periodista Itatí Carrique, quien presentó Tradiciones sin Violencia, una propuesta que las mujeres periodistas harán al Gobierno de la Provincia y que consiste en trabajar en el marco de festivales folclóricos y otros eventos, a través de una campaña de bien público sobre la violencia de género. El objetivo es llegar estratégicamente al público amplio y diverso al que convocan los eventos con mensajes difundidos en distintos soportes y que generen conciencia social sobre la problemática de la violencia de género en nuestra sociedad. Será otra herramienta para la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las niñas, niños, adolescentes, mujeres y disidencias. El Comité avaló el proyecto y se comprometió a darle impulso con todas las herramientas disponibles.
El Comité también analizó y destacó la sanción judicial al titular de un medio por publicaciones agraviantes y descalificantes. Es que a partir de la denuncia presentada por el Comité contra la revista “Fuera de la Ley” y su titular, el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Orán, le impuso prohibiciones en cuanto sus publicaciones y estableció que el equipo debe capacitarse sobre violencia mediática con perspectiva de género.
Nuevos integrantes
Al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal lo integran su presidente, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, la Directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria y su par de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, además de las directoras del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso y del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto. También, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta e integrante de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez; y María Pía Ceballos, de la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Además, son integrantes la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, la directora General de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Rosaura Gareca y los abogados Yésica Montagna, Tania Nieves Kiriaco, Carina Iradi y Leandro Ramos. Se sumaron este jueves los secretarios de Justicia, Pedro García Castiella y de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes y el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Federico Uldry. En representación de la Municipalidad de Salta, lo hicieron la subsecretaria de la Mujer, Gabriela Gaspar y la de Promoción Social, Jacqueline Cobo.
Durante la tercera jornada del juicio que se sigue por el homicidio de la joven madre, una testigo de identidad reservada relató al Tribunal lo que pudo conocer sobre las torturas que vivió Daniela Guantay al escuchar una conversación . Declaró la hermana de la víctima y hubo careoscon otra testigo que asegura haber estado el día del crimen en el lugar.
Entre los testigos citados para declarar durante la tercera jornada del juicio que se sigue por el homicidio de Daniela Guantay, declararon vecinos y amistades de la víctima, dos testigos de identidad reservada y una hermana de la joven.
La hermana de Daniela describió el entorno en el que ella y su hermana se desenvolvían por ser ambas consumidoras de estupefacientes y a preguntas de las partes, se explayó por más de dos horas sobre lo vivido desde la desaparición de la joven y el hallazgo del cuerpo.
Durante la tarde, una testigo de identidad reservada describió una conversación que escuchó entre dos personas, donde se describía con lujo de detalles lo ocurrido con Daniela Guantay el día de su muerte.
Otra de las testigos que dijo que se encontraba el día de la muerte de Daniela Guantay en la casa del imputado Álvarez, sostuvo que también estaba en el lugar una hermana de la víctima, por lo que fueron careadas y cada una sostuvo su versión.
Para la cuarta jornada está prevista la presencia de al menos siete testigos, algunos de ellos con identidad reservada.
Un hombre de 41 años fue detenido e imputado por un hecho de violencia ocurrido el 30 de enero pasado, donde lesionó en el rostro a su pareja en el marco de una discusión por celos. Luego le pidió disculpas, la llevó al hospital y la amenazó para que no realice la denuncia.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a un hombre de 41 años por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género en concurso real amenazas por un hecho ocurrido en perjuicio de su esposa.
La pareja lleva 21 años de relación y tienen cinco hijos en común y el pasado 30 de enero, en circunstancias en que la mujer se encontraba durmiendo, sintió un fuerte impacto en el rostro y al despertar, vio a su marido reclamándole una supuesta infidelidad. No sabe precisar si la golpeó con el puño o le arrojó el teléfono celular pero le provocó una lesión sangrante en uno de los pómulos.
Luego le pidió disculpas y la llevó al hospital local para que la asistan y según el certificado médico, debieron realizarle 5 puntos de sutura.
La damnificada señala que además la amenazó para que no realice la denuncia y que no es la primera vez que ocurren estos actos de violencia en su contra pero que no lo había hecho por temor.
En las últimas horas se produjo la detención de un hombre mayor de edad, involucrado en el ataque ocurrido sobre la colectora de avenida Paraguay y que dejó a un menor en grave estado. Será imputado en las próximas horas como autor de los delitos de lesiones graves calificadas por la participación de dos o más personas y daños.
De las tareas desplegadas por personal de la subcomisaría Lola Mora y el Grupo de Investigaciones N° 5, se logró identificar a una de las personas que participó del hecho y será imputada en las próximas horas por los delitos de lesiones graves calificadas por la participación de dos o más personas y daños.
El fiscal informó además que el padre del menor damnificado prestó declaración este miércoles en sede fiscal e informó que el adolescente evoluciona favorablemente.
Desde la Fiscalía se trabaja en el cumplimiento de las diversas medidas ordenadas y no se descartan nuevas detenciones.
Se trata de cinco tucumanos y 1 salteño, quienes en el mes de octubre de 2019 cometieron un robo con armas en esa ciudad. Se realizaron 13 allanamientos en Salta y Tucumán.
Imagen Ilustrativa
La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera investiga un robo ocurrido en el mes de octubre de 2019 en la localidad de San Lorenzo de ese departamento, donde una familia fue reducida por un grupo numeroso de personas que se movilizaban en dos automóviles y tras ser maniatados y golpeados, se llevaron de la vivienda una importante cantidad de dinero que provenía de la venta de ganado.
Tras el ataque, huyeron del lugar y pudieron ser identificados a partir de los detalles aportados por los damnificados y otras tareas de inteligencia desplegadas por los investigadores.
Se realizaron 13 allanamientos en Salta y Tucumán y se logró la detención de 5 ciudadanos tucumanos y 1 salteño que tuvieron participación en el hecho.
Raúl Antonio Vera, «Cabezón»; Fernando Gabriel Rodríguez, «Cucú»; Nelson Guillermo González; Juan Antonio Reinoso y Karen Elizabeth Elías fueron imputados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma y en banda y a Rubén Darío Santos como partícipe necesario del mismo delito.
En primer lugar declaró la madre de la víctima y mantuvo un careo con una de las imputadas. Declararon varios testigos, entre ellos algunos de identidad reservada. A pedido de uno de los defensores, el Tribunal corrió vista al Ministerio Público para que investigue por falso testimonio a una testigo y rechazó el pedido de detención.
Este miércoles se desarrolló una extensa segunda jornada del juicio que se sigue contra Carlos Agüero, alias “Chury o Chuly”; Norberto Silvestre, alias “Chiqui”; Julio César Monasterio, alias “Gordo Julio” y Juan Reynaldo Álvarez, alias “el viejo” por los delitos de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal, agravado por la participación de un menor de edad; contra Marisel Griselda Urzagaste, “Marisol”, quien se encuentra imputada por los delitos de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal, agravado por la participación de un menor de edad y contra una menor de edad, imputada por los delitos de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal.
En primer lugar se produjo la declaración de Verónica Guantay, madre de la víctima, quien relató cómo fue la búsqueda de su hija y el hallazgo de sus restos. En su extensa declaración, respondió preguntas de las partes y a pedido de uno de los defensores, fue sometida a un careo con la imputada Urzagaste y cada una se mantuvo en sus dichos.
Ante la declaración de algunos de los testigos de identidad reservada citados, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke solicitó que lo hagan sin la presencia de los imputados pero ante la oposición de los defensores, el Tribunal de la Sala VII no hizo lugar.
Ya por la tarde, mientras declaraba una de las testigos citadas, ante algunas inconsistencias en su relato, uno de los abogados defensores solicitó que sea detenida por la posible comisión del delito de falso testimonio.El Tribunal no hizo lugar a la solicitud de detención pero si corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que el fiscal en turno y que por jurisdicción corresponda, lo investigue.
Alrededor de las 20 se pasó a un cuarto intermedio hasta las 8 de este jueves. Está previsto que declare una hermana de la víctima y otras personas que conformaban su entorno.
La Fiscalía Penal 4 imputó a Juan de la Cruz Aguirre, por el delito de malos tratos en contra de un animal, previsto y reprimido por el Art. 2 Inc. 1° de la Ley 14.346. El animal murió el 7 de enero pasado, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, después de haber pasado una semana en muy mal estado de salud y sin asistencia.
Crédito: El Tribuno
En la Fiscalía Penal 4 se llevó adelante la audiencia de imputación de Juan de la Cruz Aguirre, de 65 años, acusado de maltrato animal. Prestó declaración acompañado por un defensor oficial.
Las actuaciones de la Fiscalía iniciaron el 30 de diciembre pasado, cuando intervino la subcomisaría de barrio Autódromo al hallarse el animal con las patas enredadas con soga y alambre y en evidente mal estado físico. Aguirre y otras personas lograron liberarla. En tanto, el sábado 4 de enero fue radicada una denuncia en la Comisaría Novena por un particular que caminaba en los senderos aledaños al Autódromo Martín Miguel de Güemes, donde observó a la “yegua tendida en el suelo, con signos de deshidratación y en mal estado físico”. Ese mismo día, el imputado, ayudado por otras personas, construyó una estructura de madera para que el animal lograra ponerse de pie por sus propios medios.
Según la ampliación de la denuncia del particular, quien aportó datos de ubicación geográfica y otros; el animal estaba lastimado desde el 30 de diciembre, permaneció herido sin alimento ni agua durante cuatro días y a pesar de haber pedido ayuda a Policía Rural, Caballería, Hospital de Mascotas y números de emergencias 911 y 105, “obtuvo respuestas negativas por parte de Caballería por falta de personal y equipamiento”.
El domingo 5, el secretario de Protección Ciudadana del Municipio local, Nicolás Kripper comisionó a la brigada de emergencia, quienes lograron subir el equino a un trailer y lo llevaron al Refugio de Animales, donde a pesar de los cuidados recibidos, falleció el lunes 6.
La imputación incluyó el informe del médico veterinario de la Policía, quien manifestó que no podría asistir al animal “por no contar con medios necesarios; el certificado de defunción y el diagnóstico al momento de ser examinado, entre otros elementos probatorios.
Pasado el mediodía de este martes, un hombre que circulaba en una motocicleta, impactó contra el cordón cuneta en inmediaciones de calles Los Lanceros y Astigueta y falleció. Una persona se presentó asegurando que la motocicleta le había sido sustraída minutos antes.
El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, subrogante en la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, investiga un siniestro vial con víctima fatal ocurrido este martes alrededor de las 14 en la intersección de calles Los Lanceros y Astigueta de esta ciudad, donde un hombre identificado como Darío Sebastián Gavio Medina, perdió la vida a bordo de una motocicleta.
Según las primeras diligencias, por circunstancias que se tratan de establecer, el conductor habría impactado con el cordón cuneta, perdió el control de la motocicleta y falleció por las lesiones recibidas.
Personal de Criminalística de la Policía de la Provincia realizó las pericias en el lugar para determinar la mecánica del siniestro.
En relación al hecho, una persona se presentó asegurando que la motocicleta en la que viajaba el conductor fallecido le había sido sustraída minutos antes, por lo que se dispusieron medidas tendientes a esclarecer esta circunstancia.
Un hombre fue detenido e imputado tras hacer declaraciones en un medio de comunicación en relación al homicidio de Abel Leonardo Guzmán, donde expresó que «si sigo viendo medios de prensa en la cuadra, les prendo fuego a todos los vecinos…». También está acusado de resistencia a la autoridad, ya que al momento de ser detenido, atacó al personal policial interviniente.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio de Abel Leonardo Guzmán, ocurrido en el mes de enero en barrio Castañares, imputó a Rolando Maximiliano Alluza como autor del delito de intimidación pública y amplió la acusación por resistencia a la autoridad.
Alluza mantenía una relación de familiaridad con Guzmán y tras el homicidio, fue entrevistado por un medio de comunicación televisivo, donde manifiestó a viva voz que » se lo juré a mi sobrino, que si sigo viendo prensa en la cuadra, les prendo fuego a todos los vecinos, a todos porque son los que se encargan de hacer diplomacia…»
La investigación por este hecho se inició como noticia criminis y tras la identificación de Alluza, se produjo su detención en la vía pública. Opuso resistencia y atacó con objetos contundentes a los efectivos intervinientes, por lo que se agravó la acusación.
Sodero Calvet fundamentó la acusación en que a partir de los dichos del imputado, se quebrantó la tranquilidad pública, ya que por el contenido de las declaraciones brindadas se generó alarma social en los vecinos de la zona y en los comunicadores, en razón de que este infundió manifiesto temor al afirmar que actuaría contra sus bienes y sus vidas si continuaba la transmisión de noticias sobre los hechos en cuestión.
Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente su prisión preventiva.
