Los profesionales del Departamento Técnico Científico del CIF realizaron al menos unas 40 intervenciones sobre personas que fallecieron de muerte natural o “blanca”, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto, a pesar de que el CIF solo debe realizar autopsias médico- legales en casos de muerte violenta o dudosa de criminalidad. Advierten la ausencia de prestación de servicios del departamento de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia.
La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María
Luján Sodero Calvet, informó que desde el 20 de marzo pasado, el Departamento
Técnico Científico lleva realizados al menos 40 exámenes cadavéricos y de otra índole
que no debía hacer, por tratarse de las denominadas “muertes blancas” o por
causas naturales. Sodero advirtió “reticencia y ausencia de prestación de
servicios del área de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia”, área
que debería tramitar ese tipo de casos.
Desde marzo pasado, y ante la reiterada respuesta de falta
de médicos de la Policía, los fiscales debieron recurrir a la asistencia del CIF,
aunque no se tratara de homicidios. La situación
se agravó ante otros hechos en los que el Poder Judicial debió recurrir al CIF porque
la Policía contestó que “no había médico disponible”.
Según el registro, los más de 40 hechos en los que intervino
la Policía, no tuvieron participación de sus médicos porque “no quieren ver ni
tocar los cuerpos y directamente, piden autopsias cuando no se trata de muertes
violentas”, con la consecuente sobrecarga de trabajo para el CIF, que
debería destinar sus recursos estrictamente a la resolución de investigaciones
originadas en crímenes.
Según el detalle brindado por el CIF, se realizaron desde el 20 de marzo último: 18 autopsias, 37 exámenes cadavéricos, cuatro juntas médicas y un examen de huesos, con varios profesionales afectados.
“No hay justificativo ni información fehaciente sobre la
falta de médicos de la Policía” informó Sodero y estimó que “tal vez pueda
existir desconocimiento sobre protocolos de prevención de contagios de COVID-19
u otras razones”, analizó la funcionaria, para luego remarcar que la Policía
está derivando autopsias evitables, cuando el principio que rige en el mundo,
ante el marco de pandemia, “es reducir al mínimo la cantidad de autopsias
realizadas”.
En algunos casos, según se pudo constatar, efectivos
policiales informaron que “les pidieron que dijeran que los especialistas estuvieron
en los lugares de muertes informadas, aunque no concurrieron a donde fueron
convocados”. Otras respuestas brindadas a las fiscalías intervinientes, fueron
que “los médicos no se encuentran” o “no hay disponibilidad”.
La directora del CIF pidió a los fiscales que registren
por escrito la respuesta policial ante cada requerimiento, para que a
partir de este lunes, la Policía de la Provincia, informe cuál fue el destino
de sus profesionales en cada caso que debió resolver el CIF.
Qué implica realizar una autopsia
El caso más evidente que abordó el CIF en los últimos días, fue
el fallecimiento de una paciente de enfermedad terminal, de 98 años, para quien
se pidió autopsia. Se la define como un «examen anatómico de un
cadáver», aunque el proceso conlleve mucho más que el análisis del cuerpo
en sí. La autopsia comienza en el lugar del supuesto hecho, con el análisis de
la escena y recolección de indicios relacionados directamente con el cuerpo. Los
indicios biológicos que están en el cadáver y la ropa se levantan cuando el
cuerpo está en la morgue.
En el lugar se hace un primer examen tanatológico, examen
traumatológico, búsqueda de lesiones y luego, deben esperarse los resultados
preliminares y finales, con los consecuentes estudios anatomopatológicos y
otros, establecidos por protocolo.
También debe hacerse el fichaje, es decir, la toma de
huellas para luego ingresarlas a AFIS (Sistema Automatizado de Búsquedas de
Huellas Dactilares). Una vez finalizado
todo el proceso, el cadáver es cerrado y se lo limpia y prepara para poder entregarlo
a la familia.
Todo ese proceso implica el destino de recursos del CIF, los
cuales deberían estar afectados solamente al avance de investigaciones
criminales, como las de los últimos homicidios registrados en Salta.