María Fernanda Quinteros

Zona sudeste: Dos policías y un civil heridos en operativo de despeje de un asentamiento

El fiscal penal 6, Marcos Molinati investiga los hechos vinculados con la usurpación de terrenos privados y fiscales ubicados en la zona sudeste de la capital salteña. Hay dos policías lesionados y un civil detenido e imputado, que además está herido y fue asistido en el hospital San Bernardo. De oficio, la policía llevó adelante cuatro operativos de despeje en 24 horas. La Procuración General sostiene que el de los asentamientos, es un problema habitacional y social y no judicial.

La intervención de la Fiscalía Penal 6 ocurre a partir de distintas usurpaciones. La primera fue protagonizada por unas 70 personas, en el predio ubicado entre los barrios San Justo y Justicia, colindante al río Ancho, en el sector de la cuenca. Otra se registró en el denominado asentamiento de barrios Juan Postachini /Solidaridad detrás de la Planta de Gas, donde se ubicaron unas 300 personas. Por la noche, se denunció el asentamiento de familias en canchas de barrio Sanidad.

La Fiscalía también cuenta con la denuncia del propietario de un terreno de 600 metros de largo por 100 metros de ancho y ubicado en barrio Solidaridad primera etapa,  frente a la ruta provincial 26. De acuerdo a la denuncia, la noche del domingo 24, el dueño observó a un grupo de más de 300 personas limpiando el terreno de su propiedad con machete, quienes habían instalado lonas y plásticos con palos.

Según consta en las actuaciones, efectivos policiales impidieron y desactivaron los ilícitos de usurpación en flagrancia, en cuatro ocasiones durante 24 horas. Antes, las familias asentadas fueron intimadas para retirar a los menores y personas en riesgo, dada la vigencia de la Emergencia Sanitaria originada en la pandemia de coronavirus. La mayoría, se resistió.

En uno de los operativos de despeje, efectivos policiales resultaron lesionados con piedras. En ese contexto, un civil se abalanzó sobre uno de los efectivos con un machete y lo lesionó. El civil fue detenido y será imputado. El acusado también resultó herido y fue asistido en el hospital San Bernardo, donde se diagnosticó herida de arma de fuego en pierna derecha. El civil será imputado por los delitos de violación de medidas sanitarias, usurpación en concurso real y amenazas con armas, en calidad de autor material. El machete fue secuestrado.

Durante los distintos operativos de despeje, la policía secuestró también: un hacha con mango de madera de un metro aproximadamente, un cuchillo de cocina de 15 cm de hoja y 10 cm de mango de color negro marca Tramontina, seis tarimas de madera  y cuatro cascotes de cemento de gran tamaño.

Como en otros casos de usurpaciones que tramita el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Molinati intervino bajo las directivas de la Procuración General de la Provincia, que considera que el abordaje y soluciones finales a la problemática habitacional y social, no son judiciales.

Las Lajitas: violento detenido e imputado

Un hombre de 21 años fue detenido e imputado por incumplir las medidas de restricción respecto de su expareja y madre de su hijo. La mujer pidió auxilio telefónicamente cuando el acusado se presentó en su vivienda y, bajo los efectos del alcohol, la golpeó y la insultó. Tenían antecedentes de violencia.

La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, imputó a un hombre de 21 años como autor del delito de desobediencia judicial por haber incumplido las medidas de restricción que se le impusieron en protección de su expareja, a quien ya había agredido anteriormente.

Según consta en el informe policial, el pasado martes por la noche, una mujer pidió ayuda en forma telefónica a personal policial de Las Lajitas por un incidente con su expareja, que en estado de ebriedad, la agredió física y verbalmente.

Por un hecho anterior de violencia que la mujer denunció en 2019, al acusado se le impusieron medidas de restricción en protección de su concubina, situación por la que se solicitó su detención y se lo imputó.

La autopsia confirma que no había signos de violencia en el cuerpo de Franco Cuéllar

El resultado preliminar de autopsia de Franco David Cuéllar reveló que su cuerpo no presentaba signo alguno de violencia que haga presumir que fue víctima de la comisión de un delito y que la causa del deceso se produjo por asfixia mecánica por ahorcamiento. Su teléfono celular se encontraba entre los objetos encontrados en el lugar del hallazgo.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, informó que los dos médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que realizaron la autopsia al cuerpo de Franco David Cuéllar adelantaron en el informe preliminar de autopsia, que el joven no presentaba signos externos de violencia que puedan hacer presumir que fue víctima de la comisión de algún delito y que la causa de muerte sería asfixia mecánica por ahorcamiento.

Para conocer otros detalles, se solicitaron estudios complementarios como anatomopatológicos, toxicológicos y entomológicos, que permitirán precisar en forma certera la data del fallecimiento.

El fiscal explicó además que entre los objetos que recogió el personal del CIF que trabajó en el lugar, se encontró el teléfono celular del estudiante.

Los familiares de Cuéllar fueron asesorados y recibieron contención del equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal e iniciaron los trámites para la entrega del cuerpo del joven para su inhumación.

Seis imputados tras un violento enfrentamiento de grupos antagónicos

Ocurrió la semana pasada en la zona Este de la ciudad de Salta, donde integrantes de “Los Pibes” y “Los Karioma”, mantuvieron un enfrentamiento y resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor. Los detenidos fueron imputados y continuarán detenidos.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Arnaldo Javier Tarifa, “Leiva”; a Walter Yael Caro, “Chilo”; a Miguel Ángel Sequeli, “Mudo” y a dos hermanos menores de edad como coautores del delito de tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (dos hechos) y a Samuel Gastón Luna como autor del delito de tentativa de homicidio simple.

El hecho investigado ocurrió la semana pasada en la zona Este de la ciudad de Salta, donde hubo un enfrentamiento de dos grupos antagónicos conocidos como “Los Pibes” y “Los Karioma” con elementos contundentes, palos y fierros y resultaron heridos de gravedad dos integrantes de una misma familia y un menor de edad.

Las víctimas fueron asistidas en el hospital San Bernardo, donde se constataron las lesiones y que éstas, pusieron en riesgo de vida a los pacientes.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se mantenga la detención de estos cuatro mayores y dos menores mientras se completan diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Encontraron sin vida a Franco David Cuéllar

La tarde de este sábado, los miembros del operativo de búsqueda del joven estudiante, encontraron su cuerpo en un descampado de la zona Sudeste de la ciudad, próximo al río Arenales. Sus familiares son asistidos por el Equipo Interdisciplinario del Ministerio Público y se realizará la autopsia para determinar data y causa de muerte.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gustavo Torres Rubelt, informó que en el marco del operativo de búsqueda de Franco David Cuéllar, encabezado por la Unidad Especial de Investigadores del Ministerio Público, se produjo el hallazgo sin vida del joven estudiante alrededor de las 16 en un descampado de la zona Sudeste de la ciudad, próximo al río Arenales.

El fiscal dispuso el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en el lugar y que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizará la autopsia que determinará la data y causa de muerte.

Los familiares de Cuéllar reciben asistencia y contención del equipo Interdisciplinario del Ministerio Público.

Torres Rubelt adelantó que de los primeros indicios recogidos, el deceso se habría producido por asfixia mecánica por ahorcamiento.

El operativo de búsqueda desplegado en la zona aledaña a los últimos lugares donde se registró la presencia del joven mediante su celular y el análisis de cámaras de seguridad, estuvo coordinado por personal de la Unidad Especial de Investigadores del Ministerio Público y contó con la valiosa colaboración de personal policial de la División Canes y Lacustre, efectivos de distintas áreas operativas, personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y del Grupo de Búsqueda y Rescate Salta con sus canes adiestrados Brandon, Chaise y Draco, a cargo del sargento del Servicio Penitenciario Juan Abán.

Seis nuevas imputaciones por el fallecimiento de menores en el norte provincial

La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente a seis funcionarios más, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autores y en el marco del legajo que investiga la muerte de dos hermanos de la etnia wichí, fallecidos en marzo pasado. Suman siete imputados. La Fiscalía no descartó la determinación de responsabilidades en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional.

La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente al agente sanitario Nelson Américo Andrada; a los supervisores de zona, Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; al encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; al licenciado en nutrición, César Adrián Murillo y al médico Edgar Machicao, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en grado de autores, en los términos del artículo 45 del Código Penal. Las nuevas imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. *(Ver más: Primera imputación por fallecimiento de menores en el norte provincial)*

El jueves 21, durante las respectivas audiencias de imputación, se abstuvieron de declarar Mateo Talimpe, Víctor Rubén Palomo y Nelson Américo Andrada.

Moreno, Murillo y Machicao, prestaron declaración este viernes 22. Los tres fueron asistidos por una defensora oficial.

La intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas, se produjo a partir de las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia de Salta, actualmente en trámite en la Fiscalía y de cuyas constancias surge: “Que en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo de 2020, Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, y el agente sanitario Nelson Andrada, se dirigieron a la vivienda ubicada en Vertientes Chicas, a treinta kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, cuyo hijo de un año de edad, había fallecido.

Agrega el decreto de imputación que “al entrevistarse con los padres del menor fallecido, Mercedes Susana Ávila y el agente sanitario Nelson Andrada constataron que otra hija, de cinco años de edad, se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció en fecha 26 de marzo de 2020”. En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento “shock séptico”.

También surge de las actuaciones que el licenciado César Adrián Murillo, el encargado de Atención Primaria de la Salud Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados. En tanto, el médico Edgar Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor, de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.

Entre la información brindada por los tres imputados que declararon este viernes; Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, tres veces en tres meses. 

Murillo dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias (unos 13 mil habitantes) de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad; que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menory no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes para verificar la situación de la niña; y que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades. Primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. El móvil partió más tarde con Ávila y Aranda.

Dijo que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen. Agregó que quedó una sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y que la estrategia territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales.

En el decreto de imputación, la Fiscalía también hizo constar “que atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional”.

Esclarecen el robo a un legislador provincial

Dos hombres fueron detenidos y serán imputados en las próximas horas tras haber violentado el vehículo de un senador provincial por el departamento Orán. Se llevaron un maletín que contenía documentación de importancia y fueron aprehendidos cuando intentaban abrir otro automóvil en la vía pública. Se logró recuperar el maletín sustraído.

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, informó que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el robo sufrido por el senador provincial Juan Cruz Cura, se logró la detención de dos personas vinculadas al hecho y se logró recuperar el bien sustraído.

Según consta en las actuaciones, el pasado miércoles, el vehículo del legislador se encontraba estacionado en la vía pública en la ciudad de Salta, cuando los sospechosos violentaron una de las ventanillas y sustrajeron un maletín que contenía documentación de importancia.

Tras la denuncia, personal policial del Grupo Investigativo del Sector 5 A, inició tareas para dar con los delincuentes y en la zona donde ocurrió el hecho, localizaron a dos hombres a bordo de una moto que actuaban en forma sospechosa y fueron aprehendidos cuando intentaban violentar otro vehículo.

Los sospechosos opusieron resistencia y uno de ellos pedía a gritos que «lo dejen zafar» y que a cambio, entregaría un maletín que tenía papeles importantes.

Los dos hombres, de 25 y 27 años, quedaron detenidos y serán imputados en las próximas horas por el robo al legislador y por la tentativa de robo al otro vehículo.

Con la información recolectada, los investigadores lograron recuperar el maletín, el cual había sido descartado en el río Arenales, en inmediaciones de avenida Costanera al 2000.

Metán: declaró la exfuncionaria municipal imputada

La investigación se inició en el mes de abril a partir del hallazgo de once cajas que contenían envases con químicos que se empleaban para combatir el dengue, ya vencidos. Durante 2018 y 2019, la mujer acusada era la responsable de la oficina encargada de combatir al mosquito que transmite el dengue.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó este jueves a Mercedes González Tula como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública, violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en perjuicio de la Salud Pública y por el delito de tentativa de hurto en perjuicio de la Municipalidad de Metán en concurso real.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando personal de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Metán encontró en las dependencias de Roque Sáenz Peña 175, once cajas apiladas que contenían envases de los químicos que se usan para el combate del mosquito que transmite el dengue, que se encontraban vencidos.

El juez de Garantías 2 del Distrito, Mario Dilascio hizo lugar al pedido de la Fiscalía y se procedió al secuestro de las cajas, que por su toxicidad, fueron depositadas en silo bolsas.

En las actuaciones consta que un auxiliar administrativo de la dependencia aportó que durante 2018 y 2019, la responsable del área era Mercedes González Tula y que el 9 de diciembre de 2019, un día antes del cambio de gobierno, la mujer se presentó en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social acompañada por unos hombres y con dos carros tirados por caballos, que la ayudaron a llevarse mobiliario y documentación y le encargó unas cajas apiladas en un baño, que luego las pasaría a buscar. También se constató que ese día intentó llevarse un equipo de aire acondicionado pero se lo impidió un empleado.

El administrativo señala también que el 30 de enero de este año, se presentó en la dependencia un empleado municipal en nombre de González Tula a retirar algunos elementos del baño y quería llevarse tres máquinas pulverizadoras nuevas y una caja con 600 bolsas de consorcio y al revisar los remitos para hacer la entrega, descubrió que estos elementos estaban destinados al hospital del Carmen, desconociendo el motivo por el que se encontraban en ese lugar.

Del informe brindado por la Municipalidad de Metán, se confirmó que Mercedes González Tula cumplía funciones como Secretaria de Relaciones con el ciudadano y Derechos Humanos y era la única responsable del Plan Manual de Manejo Estacional para el control del mosquito vector del Dengue.

En la acusación, el fiscal considera que la acusada habría omitido cumplir los deberes que se encontraban a su cargo, evitando tomar las medidas correspondientes para la aplicación efectiva de los químicos adecuados para la prevención y propagación del Dengue en tiempo y forma. Asimismo habría tratado de apoderarse ilegítimamente de un elemento perteneciente al municipio (aire acondicionado), llevando consigo un técnico y/o profesional para su extracción, siendo impedida dicha conducta por una circunstancia ajena a su voluntad.

González Tula se presentó a la audiencia de imputación acompañada de un abogado particular y en la declaración, dio su versión de los hechos, negando las acusaciones en su contra.

Sorprendido robando en la Escuela Agrícola

Un joven de 20 años fue descubierto en el interior de una de las edificaciones de la institución, tratando de sustraer algunos elementos, previo paso por otros sectores, desde donde tomó herramientas y grifería. Intentó escapar pero fue demorado por personal del establecimiento que se encontraba en el lugar.

El fiscal penal 3, Pablo Paz, imputó a Nahuel Jesús Castro como autor del delito de robo calificado por efracción en perjuicio de una institución escolar ubicada en la zona Sur de la ciudad de Salta.

Según consta en las actuaciones, el pasado martes por la tarde, el acusado ingresó al predio de la Escuela Agrícola y previo destruir los zócalos de vidrio de la puerta de acceso al sector industrial, sustrajo herramientas y grifería.

Fue sorprendido por un empleado de la institución dentro de una habitación acomodando herramientas que planeaba llevarse y al sentirse descubierto, intentó huir y fue alcanzado por trabajadores del establecimiento y retenido hasta que llegó personal policial.

Al ser detenido el acusado en flagrancia, se sometió el caso a proceso sumarísimo.

Es fundamental la colaboración ciudadana para encontrar a Franco David Cuéllar

Son incesantes las tareas que se despliegan bajo la dirección del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, en procura de dar con el paradero del joven estudiante que se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de mayo. Las acciones se enfocan en la zona donde fue localizado por última vez mediante su celular y cámaras de seguridad.

Investigadores de la Policía de la Provincia, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, personal especializado del Grupo de Búsqueda y Rescate Salta y del Servicio Penitenciario Provincial con sus canes, realizan diferentes tareas en el área donde se localizó por última vez a Franco David Cuellar mediante su teléfono celular y el registro de cámaras de seguridad.

La búsqueda puerta a puerta, los rastrillajes en zonas descampadas, el empleo de canes especializados en las búsqueda de rastros varios y rastros humanos, el uso de drones y otros recursos brindados por el Ministerio de Seguridad, son empleados en la búsqueda del joven estudiante en barrio Ceferino, inmediaciones al río Arenales y zonas aledañas.

Torres Rubelt solicitó la colaboración de toda la población para su localización. Quien pueda aportar datos sobre su paradero, debe comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más próxima.