El fiscal penal de Unicroh, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Víctor Antonio Vázquez, acusado de los delitos de coacción con arma de fuego y portación de arma de guerra de uso condicional, todo en concurso real.
Del decreto de imputación se desprende que a las 2.30 del pasado lunes 29 de junio, el acusado, de 28 años, compró productos en el drugstore “San Santiago”, ubicado en calle Mitre al 1200. El imputado regresó al mismo local comercial a las 4.20 para comprar cigarrillos y cerveza, por los que abonó con dos billetes de $200 la compra que alcanzó la suma de $300 y recibió $100 de vuelto por parte del encargado.
Tras esto, el imputado pidió una bolsa plástica y la entrega del vuelto, a lo que el damnificado respondió que ya se lo había entregado.
Fue entonces que el acusado se molestó y mostró un arma de fuego, para insistir con la entrega del vuelto.
Ante la negativa del damnificado, el acusado realizó una detonación del arma de fuego en la puerta del drugstore y luego escapó.
Personal policial tomó conocimiento que a las 8:40 del mismo día, una persona en estado de ebriedad fue detenida por particulares en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y Zuviría, quien portaba un arma de fuego calibre 38.
De tareas investigativas se determinó que el demorado era la misma persona que efectuó el disparo en el drugstore.
Por la naturaleza del hecho, el fiscal Rivero solicitó que se realicen estudios psiquiátricos al acusado para determinar su peligrosidad.
Rocío Noelia Sarapura declaró en el juicio que se sigue contra Pablo Gabriel Yáñez y pese a las dificultades que experimenta para expresarse por las graves secuelas que sufre tras el hecho, ratificó que eran pareja desde hacía seis meses, que existieron hechos de violencia previos y que incluso en forma reciente, fue amenazada por el acusado.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio unipersonal contra Pablo Gabriel Yañez de 33 años, imputado por el delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Rocío Noelia Sarapura.
Tras la lectura del requerimiento a juicio, Yáñez decidió no prestar declaración y se dio paso al testimonio de la víctima, quien se encuentra seriamente afectada en su salud tras el hecho. El fiscal Ramos Ossorio solicitó que lo haga sin la presencia del acusado.
Rocío Noelia Sarapura no puede expresarse claramente porque sufrió daños en sus cuerdas vocales y con mucha dificultad ratificó ante la jueza Carolina Sanguedolce que mantenía una relación con el acusado desde hacía aproximadamente seis meses y que a partir del tercer mes, éste comenzó a golpearla e insultarla por supuestos celos.
Expresó que en ese momento se encontraba muy vulnerable ya que padecía adicción al alcohol y realizaba tratamiento de rehabilitación.
Relató que el día de los hechos se dirigió al Cementerio de la Santa Cruz y se encontró con el acusado en la puerta, quien se puso violento y la hizo ingresar casi por la fuerza. Una vez adentro, comenzaron a discutir porque ella le manifestó que quería ponerle fin a la relación y éste la golpeó en el rostro y cuando se encontraba en el piso, la roció con alcohol que tenía en una botella entre sus pertenencias y le prendió fuego con un encendedor.
Ella comenzó a gritar y por sus propios medios se acercó a un piletón y comenzó a mojarsepara aliviar el dolor de las quemaduras, que se encontraban concentradas de la cintura para abajo, ya que pudo cubrir su rostro con las manos.
Respecto a su estado de salud actual, dijo que recibe tratamiento psicológico, neurológico y fonoaudiológico ya que presenta daños de carácter permanente en su salud.
Incluso dijo que no duerme bien y que teme por su integridad y la de sus hijos porque tiempo atrás recibió una llamada del acusado pidiéndole que diga que se quemó sola porque si no, les causaría daños.
Luego fue el turno de la madre de la víctima y una hermana, quienes se refirieron a cómo se enteraron del hecho, de lo que conocían sobre la relación que Rocío tenía con Yáñez y en cómo es su vida actualmente con las secuelas que experimenta tras el ataque. También declaró un efectivo policial que intervino en el hecho.
Para este jueves se encuentran citados cinco testigos, entre los que se cuenta un efectivo policial, tres empleados de la necrópolis y la expareja de la víctima.
Este jueves se llevará a cabo la jornada de alegatos en el juicio que se sigue en la ciudad de Orán a los integrantes de la banda de “sicarios” por un homicidio y una tentativa de homicidio. Son siete imputados y se espera que sea una larga jornada. Sólo declaró ante el Tribunal uno de los imputados.
Las fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Mónica Viazzi, representan al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Ricardo Raúl Rojas, José Martín Castillo, Alejandra Beatriz Núñez, Norberto Roque Mendoza, Matías Francisco Sarmiento, Enzo Javier Quiroga y Daniela Fernanda Liborio.
Este miércoles, los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, dieron lugar a que se reproduzcan los últimos audios incorporados a la causa y se concedió a los acusados la posibilidad de declarar. José Martín Castillo fue el único que decidió hacerlo y en sus dichos, negó conocer a los otros imputados y trató de desvincularse de la acusación en su contra.
Luego se procedió a incorporar la prueba producida y se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, jornada en la que se producirán los alegatos de las partes.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, concurrió a la Cámara de Diputados de Salta, donde brindó informes y respondió consultas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de otras comisiones. Cornejo presentó un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, e informó que a partir de la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, se inició un sumario administrativo al Fiscal Titular de la dependencia.
Convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
baja provincial, el Procurador General presentó el proyecto de Reforma de Ley
N°7839/14 de “Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en
Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó
originalmente, en 2004, cuando fue creada.
Brindó información sobre la actuación
de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la cual se realizó una exhaustiva
auditoría, que dio como resultado que, de un total de 2065 causas ingresadas
a dicha Fiscalía durante todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (es decir, menos del
5% de las causas ingresadas). De las 2065 causas ingresadas a la Fiscalía, 173
fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376
causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el
archivo, 735 causas fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en
trámite, sin resolución a la fecha. La auditoría se enmarcó en la decisión del
Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien dispuso la realización
de los controles sobre las 64 fiscalías dependientes del Ministerio Público
Fiscal.
Ante las irregularidades
detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular,
Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el
inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio.
En otro tramo de la reunión, Cornejo
informó a los legisladores sobre la conformación de distintas unidades
especiales destinadas a investigar denuncias contra efectivos de la Policía de
la Provincia por distintas actuaciones posiblemente irregulares, maltrato, apremios,
vejaciones y otros hechos, además de las investigaciones contra policías que se
tramitan en la Unidad de Graves Atentados, por las muertes de Ramón Matías
Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y
Cristian Gallardo, entre otros.
Decreto 255/20
El Procurador también respondió
a consultas de los legisladores sobre el DNU 255/20, que otorgó más facultades
a las fuerzas policiales; prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien
«injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las
funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19» y que establece que: «El
Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la
infracción establecida en el presente». El decreto quedó vigente con fuerza
de ley y fue publicado el 30 de junio en el Boletín Oficial. En ese sentido, Cornejo
insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, porque
otorgar nuevas competencias a la fuerza de seguridad, constituye un avance
sobre lo ya legislado y normado.
En otro sentido, destacó que
la formación de investigadores civiles que egresarán del Cuerpo Especializado
de Investigadores del MPF, permitirá fortalecer las investigaciones fiscales con el aporte de profesionales informáticos, licenciados en seguridad,
abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología,
trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración
de empresas.
Recibieron al Procurador, los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Suárez (presidenta), Francisco
Fabio Rodríguez (vicepresidente), María Silvia Varg, Mario Moreno, Adrián
Valenzuela, Manuel Santiago Godoy y Claudio del Plá. Por la comisión de
Justicia estuvieron los diputados Gonzalo Caro Dávalos (presidente), Franco
Hernández Berni (secretario), Javier Diez Villa y Sebastián Otero. Se sumaron
al encuentro las diputadas Socorro Villamayor, Cristina Fiore, Alejandra
Navarro, Mónica Juárez, Emilia Figueroa, Laura Cartuccia y los diputados Carlos
Zapata, Jesús Ramón Villa y Pedro Sández. También asistieron el secretario legislativo,
Raúl Romeo Medina y el prosecretario, Pedro Mellado.
Pablo Gabriel Yañez será juzgado desde este miércoles por un hecho ocurrido en enero de 2019 en el Cementerio de la Santa Cruz, cuando intentó quitarle la vida a su pareja prendiéndole fuego, causándole un grave daño a su salud.
La audiencia estará a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce y son numerosos los testigos citados por las partes para prestar declaración.
El 25 de enero de 2019, el hecho fue reportado por ocasionales transeúntes, quienes alertaron de la presencia de una mujer con quemaduras en el interior del cementerio.
El servicio de vigilancia privada que presta servicios en la necrópolis, dio aviso al Sistema de Emergencias 911 y al llegar el personal policial, se encontró a la mujer en una pileta ubicada en el predio, intentando aliviarse.
Presentaba quemaduras en los miembros inferiores, en la zona abdominal, en los miembros superiores y parte del rostro, mientras que su pareja tenía quemaduras en las manos.
Ambos fueron asistidos y trasladados al hospital San Bernardo, donde la víctima permaneció internada con riesgo de vida, debido a las graves lesiones que sufrió.
El personal policial interviniente inició tareas investigativas y pudo recoger importantes testimonios, sobre todo de personal del cementerio, quienes refirieron haber visto ingresar a la pareja y notar un comportamiento extraño de la mujer. Ya en el interior otros empleados y visitantes indicaron que vieron a la pareja discutir mientras el acusado tenía una vela en la mano.
La hipótesis fiscal es que encontrándose la pareja en el interior del cementerio y previo desplegar diversos actos de violencia en contra de la integridad corporal de la mujer, incluso mantener una discusión, Yañez le arrojó algún tipo de líquido inflamable al cuerpo de su pareja y al tomar contacto con la vela, provocó que esta se quemara, lo cual queda acreditado por los testimonios recabados y por las heridas constatadas por el personal médico.
Surge de la investigación que la mujer se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad ya que padece adicciones, eran frecuentes sus desapariciones y había iniciado una relación sentimental con el acusado seis meses antes del hecho.
Desde este miércoles se juzgará a un hombre de 45 años por el delito de homicidio simple por un hecho donde, tras cruzar un semáforo en rojo, embistió a una motocicleta y provocó la muerte de su conductor.
La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se desarrolle los días 1, 2, 3 y 6 de julio.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Tavella y calle Río Caraparí, cuando la víctima, identificada como Ignacio Marcelino Mamaní, conducía una motocicleta por calle Río Caraparí con sentido Este – Oeste y se detuvo ante el semáforo en rojo. Cuando se puso en verde, al intentar cruzar la intersección con la colectora Este de la avenida Tavella, fue impactado por el frente de una camioneta Ford Ranger conducida por Guantay que cruzó la avenida Tavella con el semáforo en rojo.
Mamaní fue asistido y falleció con diagnóstico de paro cardiorespiratorio por traumatismo de tórax y de abdomen. En la investigación fue fundamental el testimonio de una mujer que también circulaba en moto y cruzó antes que la víctima, quien dio detalles de lo sucedido. También se contó el aporte de una cámara de seguridad privada donde se visualiza cuando la camioneta pasa el semáforo en rojo e impacta en el lateral derecho de la moto de Mamaní.
La pericia accidentológica realizada señala que no hubo maniobra evasiva, de frenado o esquive por parte de la camioneta y que la prioridad de paso era de la motocicleta que circulaba bajo el principio de confianza al ser habilitado por la luz verde del semáforo. Por todo esto, el fiscal evaluó como dolosa la conducta de Guantay, quien en forma deliberada y voluntaria decidió continuar la marcha pese a que el semáforo en rojo se lo prohibía.
Con la reproducción de los audios de las escuchas realizadas durante la investigación, el Tribunal pasó el lunes a un cuarto intermedio hasta este miércoles, para dar lugar a la declaración de los siete acusados y los alegatos se producirían el próximo jueves.
Las fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Mónica Viazzi, representan al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Ricardo Raúl Rojas, José Martín Castillo, Alejandra Beatriz Núñez, Norberto Roque Mendoza, Matías Francisco Sarmiento, Enzo Javier Quiroga y Daniela Fernanda Liborio.
Durante la jornada del pasado lunes, el tribunal integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, hizo lugar a la reproducción de la totalidad de los audios incorporados como prueba en la causa y se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles 1 de julio para dar la posibilidad a los acusados para que presten declaración o se abstengan de hacerlo.
Se fijó el jueves 2 de julio como el día para que se lleven adelante los alegatos de las partes.
La reunión social se organizó en una finca durante el domingo del día del padre. Se infraccionó a los concurrentes por no contar con permiso de circulación, barbijo y muchos de ellos por conducir alcoholizados. Dos de los organizadores fueron detenidos e imputados por violar las medidas sanitarias que prohíben este tipo de eventos. Se secuestraron vehículos, vajilla y otros elementos de interés.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, informó que imputó el pasado viernes a José Alfredo Troichuquey este lunes a Adolfo Marinaro Rodó como coautores del delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
En el decreto de imputación se relata que la madrugada del lunes 22 de junio, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje en un sector rural conocido como finca La Soñada, tomó conocimiento de una reunión social que se desarrollaba en el lugar y de la que participaban más de 100 personas.
Los efectivos realizaron tareas de vigilancia y detectaron gran cantidad de vehículos que ingresaban a la finca por ruta provincial 25 y se escuchaba música a alto volumen.
Alrededor de las seis de la mañana, con la colaboración de personal de Seguridad Vial, se logró interceptar nueve vehículos, entre autos y camionetas, que se retiraban del lugar y se detectó que sus ocupantes no usaban barbijo, no tenían permiso de circulación y algunos se encontraban bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron demorados e infraccionados.
Con los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento en la propiedad donde se realizaba la fiesta y se secuestraron elementos de ornamentación, vajilla, bebidas alcohólicas, freezers y otros de interés para la causa a fin de poder establecer la existencia del evento social a gran escala.
Marinaro Rodó es el propietario del lugar donde se organizó la reunión y Troinchuque, «Xuxa», se desempeña en el rubro gastronómico y ambos están sindicados como los organizadores de una fiesta a gran escala, violando las normas sanitarias vigentes en el contexto de pandemia.
Un hombre fue condenado en juicio abreviado por actos de abuso sexual continuados en perjuicio de su medio hermano desde que tenía seis años hasta aproximadamente los dieciséis. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y continuado en concurso ideal con corrupción de menores agravadoen perjuicio de su medio hermano.
El acusado fue denunciado al tomarse conocimiento que abusó sexualmente de su medio hermano desde los seis años de edad hasta aproximadamente los dieciséis.
El juez Marcelo Rubio, luego de recibir la confesión del acusado y el reconocimiento de los hechos, le impuso la pena de once años de prisión efectiva y en el mismo fallo, se dispuso se dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
La Fiscalía Penal de J.V. González investiga con la colaboración de la División de Policía Rural, una denuncia radicada por un hombre que señala que una yegua que sería de su propiedad, fue ultimada con un arma de fuego durante el mes de mayo.
La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, informó que la delegación fiscal de Las Lajitas inició una averiguación preliminar por una denuncia realizada por Sebastián Vicente Palacios, en la que señala que una yegua que sería de su propiedad, fue ultimada en el mes de mayo, por un disparo y apunta como posibles sospechosos a los integrantes masculinos de una familia.
Zigarán explicó que apenas se radicó la denuncia, se dispusieron diversas actuaciones, tales como la participación de la Policía Rural, el Equipo técnico y científico de Criminalística de J.V. González y la intervención del veterinario que se desempeña en el matadero municipal para realizar la necropsia.
Constituidos los efectivos en el lugar, encontraron un animal sin vida que no poseía marca y cuya propiedad el denunciante no pudo acreditar y no se encontró ningún indicio relacionado a la averiguación preliminar.
La necropsia señala que el equino falleció por una hemorragia masiva interna debido a una perforación de un proyectil de arma de fuego, pero no se ha podido determinar de que tipo de arma se trata porque no se pudo extraer el proyectil.
La fiscal explicó que se trata de la única denuncia radicada en la jurisdicción por la muerte violenta de un animal y que las tareas investigativas continúan con la colaboración de la Policía Rural. Hizo énfasis además en que se trata de una zona rural totalmente despoblada, donde no se pudo contar con la colaboración de posibles testigos.
