Un hombre de 38 años fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión por un hecho ocurrido en la localidad de San Agustín en junio de 2019. Le disparó a un joven de 21 años con el que había tenido una pelea previamente en un karaoke.
El hecho ocurrió en junio de 2019 en la localidad de San Agustín, allí el acusado y la víctima mantuvieron una disputa a la salida de un karaoke, que luego se trasladó a la vivienda del acusado, quien ingresó a su casa y salió con un arma calibre 22 y disparó contra la víctima.
Paredes fue trasladado al
hospital de La Merced, donde fue asistido por una lesión de arma blanca en la
región abdominal y luego trasladado al hospital San Bernardo para una mejor
atención.
El juez José Luis Riera le impuso a Ontiveros la pena de siete años y dos meses de prisión efectiva y en el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó este miércoles junto a los secretarios de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez y de Seguridad, Benjamín Cruz, de la reunión de las comisiones de Legislación General y Justicia del Senado de la Provincia. Junto a diputados, analizaron los proyectos de creación de Juzgados Contravencionales, que serán tratados próximamente por la Legislatura.
El Procurador respondió a consultas de los legisladores, quienes analizan los proyectos de autoría de los legisladores Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo y Javier Diez Villa, y afirmó que “hoy, el derecho contravencional está muerto en Salta: los expedientes están dormidos, según la última estadística de la Corte de Justicia, el 83,8 % de las causas contravencionales prescribieron y además, hay numerosos bienes sin rematar”. Cornejo explicó que la falta de funcionamiento de la justicia contravencional, también genera un impacto económico porque los bienes incautados se deterioran, se deben mantener (cuando se trata de ganado, especialmente) y no se procede a su remate, lo que permitiría generar recursos destinados al funcionamiento del sistema.
En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Benjamín Cruz,
sostuvo que “la provincia pierde plata, porque aunque el fin de las
contravenciones no es recaudatorio y sí de prevención, los fondos generados por
remates y multas posibilitarían que los juzgados contravencionales sean “autofinanciables”, además de tener como destino el equipamiento de la Policía de la Provincia, que
actuará como instructora de las causas contravencionales. Justamente, Cornejo
precisó que el control de legalidad sobre la instrucción hecha por la fuerza
de Seguridad, lo ejercerán los jueces contravencionales. A su vez, recordó
que la normativa vigente permite que el Consejo de la Magistratura elija jueces
subrogantes hasta que se cubran las vacantes en forma definitiva, lo que aceleraría
la puesta en marcha de los Juzgados Contravencionales. Y sugirió revisar los artículos
141 al 149 y 166 al 190 del Código, para que el cuerpo normativo sea eficaz en
su aplicación.
En tanto, Cruz aportó que la justicia contravencional
permitirá supervisar posibles malos procederes o abusos policiales y prevenir
el delito, porque “la mayoría de contravenciones que inician como tales,
pueden terminar en la comisión de delitos”, al tiempo que puso como ejemplo que
“hay fiestas denunciadas por ruidos molestos, que terminan con enfrentamientos
y apuñalamientos”.
El secretario de Justicia, Diego Pérez enfatizó que en
base a las problemáticas expuestas, es que se solicita inmediatez en el
funcionamiento de los juzgados, con expectativas de aplicación de la nueva
normativa en el corto, mediano y largo plazo y con el objetivo principal de propender
a una convivencia pacífica.
Durante el encuentro, estuvieron los presidentes de las
comisiones de Legislación General, Dani Nolasco y de Justicia, Jorge Soto, los
senadores Mashur Lapad, Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo, Marcelo García, Manuel Pailler, Javier Mónico, Esteban D’ Andrea, Carlos Rosso, Sergio Ramos
y Sergio Saldaño. También participaron el presidente de la Comisión de Justicia
de la Cámara de Diputados, Gonzalo Caro Dávalos y el diputado Javier Diez Villa,
además del secretario legislativo del Senado, Luis Guillermo López Mirau.
Un informe realizado por la Unidad Especial de Investigación del Ministerio Público sobre el análisis de comunicaciones telefónicas y de cámaras de seguridad, revela que María Leonor Gine se encontraba con vida cuando llegaron los tres imputados al departamento esa madrugada.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, informó que recibió un informe que realizó la Unidad Especial de Investigación del Ministerio Público sobre las comunicaciones telefónicas que se efectuaron el día del homicidio de María Leonor Gine en la vivienda y de cámaras de seguridad.
De las distintas medidas probatorias obtenidas hasta el momento, se había logrado precisar los movimientos de los acusados con horarios y con nuevo este análisis, Salinas Odorisio explicó que se determina que la víctima se encontraba con vida alrededor de la 1 de esa madrugada, cuando llegaron los tres acusados al departamento de calle Belgrano, lo que coincide con la data de muerte que determina el informe de autopsia
Los resultados
fueron notificados oportunamente a los abogados defensores de los tres
imputados.
Josué Aníbal Cata fue condenado en juicio abreviado por el homicidio de Juan Leonardo Díaz, ocurrido en junio de 2018 en la intersección de las calles Güemes Norte y Monseñor Diego Pedraza de esa ciudad. José Elías Fabián fue sobreseído.
El hecho ocurrió en junio de 2018 en la intersección de calles Güemes Norte y Monseñor Diego Pedraza de esa ciudad, cuando la víctima caminaba con un amigo y se encontró con el imputado y un grupo de personas que lo acompañaban, quienes los provocaban y los incitaban a pelear. Ante la negativa de Juan Leonardo Díaz, “Chino” Cata se abalanzó sobre él, le asestó una puñalada en el sector izquierdo del pecho y huyó. Luego fue detenido e imputado.
La jueza Paola Marocco, luego de recibir la confesión de Cata, le impuso la pena de 10 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
José Fabián Elías fue sobreseído de la acusación en su contra.
Un hombre de 49 años se encuentra detenido y será imputado por el homicidio calificado de su pareja y madre de sus cuatro hijos. La noche de este martes, se presentó en una dependencia policial y confesó el hecho.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ramiro Ramos Ossorio, investiga el homicidio calificado de una mujer de 37 años, ocurrido la noche de este martes en una vivienda de calle Tucumán de barrio Río Grande en la localidad de El Bordo.
La pareja de la mujer se presentó en una dependencia policial y confesó haberla matado, por lo que quedó detenido.
Ramos Ossorio dispuso el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar y de la Brigada de Investigaciones de General Güemes. En las próximas horas se realizará la audiencia de imputación.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó el proyecto “Justicia Ágil” a las autoridades de los tres poderes del Estado y de organizaciones intermedias. La plataforma permitirá implementar el expediente electrónico en la justicia provincial; mejorar la eficiencia en los procesos judiciales y reducir costos, entre otras ventajas. Como lo establece la Ley N° 7.850, el sistema tiene misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel.
Cornejo destacó la posibilidad de
avanzar en la implementación del proyecto del expediente electrónico, porque
principalmente, garantizará la transparencia y posibilidad de que cualquier
ciudadano o ciudadano interesado, -a través de sus representantes-, accedan a
las actuaciones, peticiones y resoluciones, contenidos en los trámites
digitalizados. El sistema no se limita a un software de seguimiento de
expedientes como utilizan distintas jurisdicciones del país: el Expediente
Electrónico propuesto por el MPF, implica digitalizar todo el procedimiento
judicial y dejar de lado el soporte papel, a través del uso de la firma electrónica,
documentos electrónicos, notificación electrónica, domicilio electrónico y audiencias
virtuales, con la misma eficacia jurídica
y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico, según
lo establece la Ley N° 7.850.
Las claras ventajas del sistema
propuesto, son la celeridad y economía del trámite judicial, además del obvio
cuidado del ambiente por la despapelización; el descongestionamiento de
tribunales, la transparencia del procedimiento, la simplificación de circuitos
y procesos judiciales, la optimización de los espacios de trabajo, el entorno
de trabajo más limpio y agradable, más el acercamiento de las tecnologías a la
comunidad.
Actualmente las justicias
provinciales con plataformas de expediente electrónico son Córdoba, Mendoza y
Buenos Aires. Salta adhirió a la Ley Nacional 26.685, de Expediente Electrónico,
en 2014 y la propuesta del Ministerio Público Fiscal, propone el desarrollo e
implementación de la plataforma para la creación y manejo de expedientes
electrónicos, con asistencia y capacitación continua para todos los operadores
judiciales. Es que es de fácil aprendizaje para todos agentes del sistema,
desde magistradas, magistrados, agentes, abogadas y abogados, peritos y
litigantes en general. Por supuesto, será fundamental la articulación entre los
distintos actores de la actividad judicial, tales como el Colegio de
Magistrados y Funcionarios, el Colegio de Abogados y otros.
La seguridad, integridad,
confidencialidad, autenticidad y conservación del expediente electrónico, están
garantizadas. El proyecto de digitalización del proceso judicial suma las posibilidades
de generar aplicaciones móviles y sitio web para ciudadanos y abogados; plataforma
(o software) para jueces, magistrados, secretarios y administrativos;
A la presentación asistieron la presidenta del Colegio del Ministerio Público, la asesora general Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas; el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Provincia, Diego Pérez; el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, Pedro Burgos; el presidente del Colegio de de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo; la senadora provincial, Silvina Abilés y el secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, Oscar Lafuente, además del equipo de especialistas que desarrollaron la plataforma que propone utilizar el Ministerio Público Fiscal.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este martes a María Celeste García Pisacic como fiscal penal de primera instancia del Distrito Judicial del Sur, circunscripción Anta.
García Pisacic fue designada por el decreto del Poder Ejecutivo 432/20 como fiscal de Primera instancia con actuación ante el Juzgado de Joaquín V. González del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta.
El acto de juramento se desarrolló este martes en el salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes.
Ismael Federico Soto fue condenado en juicio abreviado por el homicidio de su hermano, ocurrido en el mes de enero de este año en el marco de una pelea. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió el pasado 11 de enero en barrio La Rivera, donde los dos hermanos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y tras mantener una discusión y pelea, uno de ellos fue herido mortalmente con un arma blanca.
La jueza Mónica Mukdsi, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Un hombre de 19 años fue imputado este lunes como el autor del homicidio de Enrique Martín Sánchez de 17 años. Quedó establecido que ambos participaban de una reunión con ingesta alcohólica junto a otras personas y alrededor de las 5 del pasado domingo, surgió una disputa entre ambos y como resultado, el acusado le provocó una herida punzo cortante en la yugular.
El hecho ocurrió el pasado domingo por la madrugada en barrio Mataderos de la ciudad de Orán, donde se realizó una reunión con ingesta alcohólica de al menos doce personas en una vivienda.
El acusado y la víctima participaban de la misma y cerca de las 5, surgió una disputa entre ellos y como resultado, el menor recibió una herida punzo cortante en la yugular y falleció antes de poder asistido en el hospital local.
El acusado, quien ya había sido identificado, se presentó en una dependencia policial, donde quedó aprehendido.
Este lunes, luego de realizar el control de legalidad en el Juzgado de Garantías en turno, fue imputado y se solicitó desde la Fiscalía, que se mantenga su detención.
El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, a la senadora Silvina Abilés y los diputados Socorro Villamayor, Gonzalo Caro Dávalos y Javier Diez Villa. Intercambiaron distintos aportes sobre los ejes del proyecto de ley de creación de cinco juzgados contravencionales, que ya tiene estado parlamentario.
La propuesta de creación de los cincos juzgados contravencionales,
de los cuales dos funcionarán en el Distrito Centro y los restantes en distritos
del interior, tiene estado parlamentario a través de un proyecto de ley de autoría
de la senadora provincial, Silvina Abilés. Sería tratado este jueves por la
Cámara de Senadores de la Provincia, y la semana próxima, por la Cámara de
Diputados. Así lo adelantó el secretario de Justicia y Métodos Participativos
de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, quien explicará otros detalles de la
iniciativa este miércoles, en la Cámara
Alta y junto al secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz.
“La mayoría de la ciudadanía estima que el Código Contravencional se limita a la aplicación de multas, pero en realidad, su espíritu va mucho más allá; es el de generar conductas sociales que tiendan a una convivencia pacífica”, afirmó Pérez al ratificar la necesidad de cambiar paradigmas en el tratamiento de las contravenciones.
En tanto, el diputado Javier Diez Villa precisó que la función
de los jueces contravencionales, no se limitará solamente a las sanciones, ya
que tendrán una participación activa y de control sobre la instrucción, que estará
en manos de la Policía de la Provincia. “Se resolverán de esta forma, las
controversias generadas por el otorgamiento de potestades a la Jefatura de Policía”, afirmó el legislador.
Las contravenciones son los delitos de menor cuantía o faltas, lo que las diferencia de los delitos. El Código Contravencional es eminentemente preventivo. Desde 2016 fiscales del Ministerio Público y los jueces de Garantías intervienen en las actuaciones por contravenciones, a partir de la vigencia de la Ley 7914 que modificó el Código Contravencional de la Provincia de Salta, sancionado por Ley 7135 y que estableció la competencia material y territorial de las Fiscalías Penales no especializadas de los distintos Distritos Judiciales.
En 2011, el procurador Cornejo fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. Vale recordar que la ley 7145 prevé la creación e instalación de los juzgados específicos en materia contravencional y hasta que ello ocurriera, la ley 7154 dejó al Jefe de Policía o su reemplazante legal la competencia.
El proyecto remitido por la Corte de Justicia propiciaba la
creación de cinco juzgados contravencionales tomando como base y fundamento las
propias previsiones del artículo 135 del Código Contravencional e iba a dotar de
competencia en la materia a dos juzgados del interior, con el fin de garantizar
cobertura a toda la provincia con juzgados de competencia específica.
