Un hombre de 55 años fue detenido e imputado por enseñarle los genitales a dos niñas, de siete y nueve años, mientras les decía palabras obscenas. Además amenazó a la abuela de una de las niñas por radicar la denuncia.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, imputó a Juan Domingo Herrera, «Bacha», como autor de los delitos de exhibiciones obscenas y amenazas en concurso real.
El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde en barrio Obras Sanitarias de esa ciudad, cuando el acusado, llegó a su casa en moto en aparente estado de ebriedad y amenazó con embestir a las dos niñas que se encontraban en la vereda. Les enseñó los genitales mientras les decía palabras obscenas.
Las dos niñas huyeron y avisaron a sus madres, quienes tras contenerlas, radicaron denuncia.
También formalizó una denuncia la abuela de una de las menores, quien señala que cuando el acusado iba a ser detenido, la amenazó diciéndole «ya vas a ver cuando vuelva..». Señala además que es una persona conflictiva.
Este miércoles se dará lugar a los alegatos de las partes en el juicio que se sigue contra José Gustavo Gareca, imputado por el homicidio calificado de Mirna Antonella Eva Di Marzo. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
En la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial se lleva a cabo la audiencia de debate contra José Gustavo Gareca, acusado del homicidio de Mirna Antonella Di Marzo.
El juez Roberto Faustino Lezcano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, recibió este martes la declaración de dos testigos solicitados por la defensa del acusado y dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9, para dar lugar a los alegatos de las partes.
Mirna Antonella Di Marzo fue atacada por Gareca en el mes de octubre de 2018 en la ciudad de General Güemes, a la salida de un local bailable y permaneció internada hasta el mes de enero de 2019, cuando falleció.
Representa al Ministerio Público, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio.
Este martes fue presentado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial. En la presentación que hicieron el Procurador General de la Provincia y la fiscal de Derechos Humanos, participaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, de la Asociación HIJOS y de la Asociación de Pensamiento Penal, además de legisladores y funcionarias.
El procurador general, Abel Cornejo, se refirió al nuevo
canal que puso a disposición el Ministerio Público Fiscal y mediante el cual, cualquier
ciudadana o ciudadano, podrá denunciar abusos policiales en un trámite sencillo
y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.
Cornejo afirmó que las denuncias y posteriores
investigaciones, permitirán combatir los atropellos, torturas, violaciones y vejaciones, a la vez que calificó como “repugnante”
que esos delitos sean cometidos por funcionarios del Estado. Citó al autor
de “La Sociedad Docente”, Avishai
Margalit, quien sostiene que “una sociedad civilizada es aquella cuyas
instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos
ciudadanos no se humillan unos a otros” y aclaró que la política pública
para avanzar contra los abusos, no significa “estar en contra de nadie y sí a favor
de la vida digna y de la plenitud como sociedad, la cual debería poder ser
diversa e igualitaria”.
En el mismo sentido, dijo Cornejo que en Salta debe garantizarse
el derecho a la expresión y que éste se ejerza sin miedo. “La cultura es expresión.
Un artista sin sustento -más que el de su propio talento- y sin posibilidad de
ejercer su arte, es coartado en su libertad”, afirmó el Procurador. Al mismo
tiempo, consideró que “es saludable que la sociedad tenga expresiones de
disconformidad, porque desde la diferencia y la armonía, se forma la
convivencia”. Pidió tener presente
el artículo 14 de la Constitución Nacional
y expresó que no debería existir un avasallamiento del Estado, “porque
eso, a la Argentina, ya le costó muchísimo dolor”.
Entre las posibilidades para mitigar la violencia
institucional, el Ministerio Público Fiscal espera el tratamiento de la Ley de
Creación de Juzgados Contravencionales (con media sanción del Senado) y del proyecto
para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas
Policiales y Penitenciarias. Ambas iniciativas se encuentran en la Cámara de
Diputados de la Provincia.
Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos, Verónica
Simesen de Bielke, destacó la posibilidad de acercar la justicia a la ciudadanía
y evitar la revictimización. Aclaró asimismo, que si bien el modelo de radicación
de denuncias a través de un sitio web se adoptó del existente para denunciar
hechos de microtráfico y robos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia no
tendrá acceso a las denuncias de abuso policial, ya que las personas
denunciadas pertenecerían a esa cartera.
Finalmente, la coordinadora de Informática del MPF, Patricia
Aballay, compartió una simulación del sistema.
Con el procurador y la fiscal, estuvieron la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy; el del INADI en Salta Gustavo Farquharson; la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, Walter Cruz. También asistieron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales; Canela Álvarez, de HIJOS Salta; Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, entre otros.
El homicidio ocurrió en marzo de 2019 en Villa 20 de Junio, cuando dos hombres que intentaban comercializar estupefacientes, fueron atacados y uno de ellos falleció tras recibir un disparo en la nuca. Uno de los imputados es el supuesto comprador y en la causa, hay un menor prófugo, que se encuentra en la lista de los más buscados a nivel nacional.
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio contra Hugo Eduardo Durán, «Paya» como autor del delito de homicidio agravado por la alevosía, por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Exequiel Gustavo Moreno y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso ideal y contra Víctor Hugo Medina. «Mojo», como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Gastón Hernán Alvarado Quispe, y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, todo en concurso ideal.
El otro hombre le acercó un arma a Durán, que se encontraba en la parte de atrás del auto, y éste le disparó de atrás a Moreno, que se encontraba en el asiento del conductor. Luego huyeron con el dinero y la sustancia estupefaciente.
Tras las tareas investigativas se logró identificar a los tres hombres que intervinieron en el hecho, uno de ellos menor de edad al momento de los hechos.
La Procuración General de la Provincia, realizó más de 50 derivaciones de actuaciones por la problemática forestal y de desmontes a Fiscalías de capital y el interior.
La mayoría se originan en remisiones de la autoridad
ambiental provincial, que al detectar infracciones con daños ambientales, pasan
a ser evaluados por el Servicio Medioambiente del CIF. Luego se giran, con las
exigencias de reparación correspondientes, a las Fiscalías Civiles de toda la
provincia, de acuerdo al lugar donde se haya detectado el ilícito ambiental.
Otra parte de las actuaciones en las que se detectan posibles
comisiones de delitos, se remite a las Fiscalías Penales para su investigación.
Por otra parte, existen denuncias civiles, penales y contravencionales radicadas
por particulares, realizadas directamente en las Fiscalías, que están siendo
investigadas por sus titulares.
Concentran la mayor tramitación
ambiental forestal la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Joaquín V.
González; la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Orán; la Fiscalía en
lo Civil, Comercial y Laboral de Tartagal y en menor, medida las dos Fiscalías
en lo Civil y Comercial, del Trabajo y lo Contencioso Administrativo N°1 y 2
del Centro y las dos Fiscalías de Metán N° 1 y 2, por su competencia Civil y
Comercial. A través de la tramitación en dichas fiscalías se busca la
reparación integral conforme los parámetros constitucionales y legales y los criterios técnicos que emite el CIF en sus
dictámenes forenses para cada intervención.
Algunos trámites ya han obtenido un
acuerdo homologado judicialmente mediante un plan de reparación, que incluye los gastos de
planificación técnica profesional, insumos y costos laborales y de ejecución por
parte de los infractores. En otros casos, los Fiscales los llevan a juicio y
exigen la reparación con más las indemnizaciones debidas a la sociedad, dejando
las condenas en fondos públicos ambientales de la Ley 7070 para preservación.
En los casos en los que se
evidencian incumplimientos a las órdenes de la Secretaría Ambiental, del Comité
de Emergencia, o cuando se trata de actividades que causan daños o estragos,
directamente son tramitados por las áreas penales, como oportunamente lo
hicieron y hacen las Fiscalías N° 1, 3 y 4 de Capital; la de Rosario de la
Frontera; de Joaquín V. González; las N° 1 y 3 de Orán; de Pichanal; de
Tartagal; de Embarcación; de Salvador Mazza; de Metán y de Cafayate.
En estos últimos procesos, también el CIF elabora
planes de reparación para ser requeridos al Juez y de esa forma, imponer a los
infractores la restitución del bosque nativo.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7, para que deje sin efecto el beneficio del arresto domiciliario con caución personal que concedió a favor de Maximiliano Yazlle Armata, imputado como autor presuntamente responsable del homicidio de Néstor Borja. Solicitó que siga detenido en establecimiento carcelario y le advirtió a la Jueza que no tiene facultades para modificar la calificación legal imputada por el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Salinas Odorisio apeló la resolución de la
magistrada, quien otorgó el arresto domiciliario al imputado, pero además
cambió la calificación de homicidio simple a homicidio preterintencional. Salinas
Odorisio indicó en su apelación que “ni el Fiscal puede juzgar ni el Juez
puede acusar; es decir que en la
persecución penal no se puede obligar al Fiscal a pronunciarse de cierto modo
cuando la Constitución Provincial proclama la independencia de los funcionarios”, y asigna esa tarea al Ministerio Público Fiscal.
El imputado debe estar detenido en establecimiento
carcelario
En el mismo recurso de apelación, la fiscal de Graves Atentados contra las Personas cuestionó que la jueza de Garantías 7 haga lugar al pedido de la defensa del imputado, al ordenar que el arresto domiciliario se lleve a cabo en un domicilio distinto al propuesto y sugerir que se ofrezca una cautela personal de una persona ajena al núcleo familiar. La Fiscal advirtió el evidente el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la averiguación en el caso y mencionó que al otorgar la domiciliaria, la propia jueza reconoció que “ya se evidenció que los progenitores trataron de entorpecer el curso de la investigación”.
Los hechos
El 24 de julio pasado, a las 19:30, personal policial fue a verificar
la situación de “una persona que cayó desde su propia altura”, en Avda. San Martín
N° 815. Borja seguía consciente, pero emanaba gran cantidad de sangre de la
cabeza. Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció tres días
después como consecuencia de un paro cardiorespiratorio producto de Traumatismo
Encéfalocraneano Grave.
De la filmación del Centro de Video Vigilancia, surgió que
el 24 a las 19:27, “existió un deliberado ataque por parte del imputado, de 26
años, hacia el anciano, de 80, a quien le propinó no un simple empujón sino un
fuerte golpe de puntapié en el tórax con ánimo de causarle daño”. Agrega el
informe que fue “a punto tal de tirarlo y producirle a nivel de esternón en su
tercio medio un infiltrado hemático observable al examen interno (lugar del
golpe), en región de cráneo se observa hematoma epidural, congestión a nivel
cerebral, hematoma subdural con fractura lineal de cráneo occipital y temporal
incluyendo peñasco, al examen externo en cabeza restos hemáticos en oreja
derecha (otorragia), según la autopsia realizada además” y suma que el imputado
“no le prestó auxilio”.
A los informes médicos, la fiscal sumó declaraciones de testigos del hecho.
Una denuncia anónima dio a conocer que los hermanos Saldaño comercializaban estupefacientes en su vivienda de barrio 9 de Julio y que también lo hacían bajo la modalidad delivery en una motocicleta. Tras la investigación realizada, se efectuó un allanamiento en su domicilio donde se secuestró elementos de interés para la causa.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, imputó a David Guillermo Saldaño de 22 años y a su hermano, Ricardo Emanuel Saldaño de 24 años, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
La investigación se inició a partir de la denuncia anónima de un vecino de barrio 9 de Julio de esa ciudad, quien informó que en calle 9 de Julio al 900, había dos hermanos que comercializaban sustancias estupefacientes en su vivienda y que también la repartían en una motocicleta en otros barrios.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de los acusados.
En el lugar se logró la aprehensión de los dos sospechosos. Uno de ellos llevaba envoltorios con marihuana en una de sus medias y tras la requisa en el domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente y otros elementos de interés para la causa.
El juicio contra José Gustavo Gareca por el homicidio calificado de Mirna Antonella Eva Di Marzo llega a su fín. Este martes se recibirá la declaración mediante videoconferencia de dos testigos solicitados por la defensa del acusado y los alegatos de las partes, se desarrollarán este miércoles.
Durante la jornada del lunes, en la Sala de Grandes Juicios, el juez Roberto Faustino Lezcano recibió el testimonio de seis testigos, entre ellos efectivos policiales y peritos que intervinieron en la investigación.
Este martes prestarán declaración mediante videoconferencia, dos testigos solicitados por el abogado defensor del acusado y se fijó el día miércoles 12 para la jornada de alegatos.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso con carácter preventivo que desde este lunes y hasta el 16 de agosto próximo, el Fiscal y todo el personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, cumplan sus funciones desde sus hogares. La atención al público quedó totalmente restringida y se mantiene la modalidad de teletrabajo y guardias telefónicas las 24 horas.
La decisión fue adoptada debido a que personal administrativo de la UDEC (Unidad de Delitos Económicos y Complejos), presentaría síntomas compatibles con COVID-19. Aunque está pendiente la confirmación del estudio realizado este domingo, correspondió disponer -con carácter de urgente-, las medidas restrictivas en esa dependencia y en resguardo de la salud pública comprometida.
La Resolución 1063 también precisa que el fiscal penal
Leandro Flores será reemplazado por el fiscal penal Santiago José López Soto en
todos los actos procesales presenciales e impostergables de la dependencia.
Es que en este ámbito excepcional de emergencia sanitaria,
corresponde extremar las medidas preventivas a adoptar en caso de que en una
dependencia del Ministerio Público Fiscal se detecte un caso sospechoso o se
confirme el diagnóstico de Covid-19 respecto del personal o sus contactos
estrechos.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó que desde este lunes y hasta el domingo 16 de agosto próximo, la atención al público en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal, quede totalmente restringida. Fiscales y equipos cumplen sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, con prioridad de uso del sistema informático y guardias telefónicas las 24 horas.
La nueva restricción se adoptó en resguardo del interés
público comprometido y para acompañar las definidas por el Departamento Ejecutivo
Municipal de Tartagal y la Resolución N° 44/2020 del COE provincial referida a los
Departamento de Orán y San Martín. El Ministerio Público Fiscal también consideró
la decisión de la Corte de Justicia de Salta, que informó que a partir de este
lunes, la administración de justicia en los Distritos Judiciales de Tartagal y
Orán, será excepcional y que el período se considera inhábil.
Sin embargo, como vino ocurriendo desde el inicio del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y cada vez que fue necesario, fiscales,
funcionarias y funcionarios y todo el personal dependiente del Ministerio
Público Fiscal de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal, cumplen sus
funciones desde sus hogares y con guardias telefónicas las 24 horas. Cuando las
necesidades de servicio por trámites procesales impostergables así lo requieren,
concurren a las oficinas.
Por supuesto, hay restricción total para la atención al
público, en adhesión a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por
el gobierno municipal y provincial. Sigue vigente el sistema de Escritos
Web y por otra parte, quien lo requiera puede recurrir a las dependencias de la
Policía de la Provincia, que funciona como nexo con las fiscalías
correspondientes
La adoptada en esta ocasión, es una nueva medida de la Procuración
General tendiente a preservar la salud de su personal y la comunidad, con el
fin de evitar el riesgo de propagación del nuevo Covid-19 y a la vez, asegurar la
prestación del servicio de justicia.
