María Fernanda Quinteros

Córdoba: «El desprecio por la vida tiene que tener castigo”

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, analizó junto al referente de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad, Raúl Córdoba, el proyecto de Ley “Tahiel”, que crea las figuras penales de Homicidio Vial y Lesiones Viales. Coincidieron en la necesidad de que los jueces cuenten con una normativa que permita sancionar a quien “sabía que iba a matar, pero no hizo para nada cambiar su actitud”, afirmó Córdoba.

Imagen ilustrativa

El proyecto, presentado el martes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación con la presencia del presidente del cuerpo, Sergio Massa, el ministro de Transporte, Mario Meoni, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y familiares de Tahiel Contreras, el niño de 6 años que falleció tras ser atropellado por un automóvil que corría una picada en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere; determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales, tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Asimismo, con los nuevos montos de las penas para el “Homicidio Vehicular” y las “Lesiones Vehiculares”, el delincuente vial quedará preso desde el momento cero de la investigación. Además, se fijará la pena de inhabilitación absoluta para volver a conducir.

La iniciativa crea la figura de «homicidio vial» en el que proponen agravar las penas en el caso de fallecimiento a causa de una corrida o picada de autos, con el objeto de que no puedan ser excarcelables.

“Necesitamos que se discutan leyes que establezcan equilibrios entre víctimas e imputados; y a la vez, los jueces necesitan que una normativa fehaciente y explícitamente, castigue a la persona que sabía que iba a matar, pero no hizo para nada cambiar su actitud”, explicó Córdoba, al referir que los agravantes (por consumo alcohol y estupefacientes, exceso de velocidad, circulación en contramano o con semáforo en rojo, por ejemplo) ya existen, así como las denominadas “picadas ilegales” tipificadas en el artículo 193 bis, que fueron receptadas como un delito de peligro y contra la Seguridad del Tránsito.

Sin embargo, todavía no fue incluido el concepto de “desprecio por la vida”, porque como cita el proyecto de Ley Tahiel: “Frente a la carencia aludida, optamos por generar nuevas tipicidades ancladas en los delitos “contra la vida” y las “lesiones” cuyo bien jurídico tutelado es la integridad física. Ahora resultará claro que tomar parte en una prueba ilegal de velocidad o destreza con vehículos automotores en la que se desprecie la vida (como conductor, organizador, promotor y/o facilitador), será un obrar equiparable a la conducta dolosa”.

En ese sentido, el Procurador expresó que “el desprecio por la vida, merece un mayor grado de reproche que, sin lugar a dudas, debe ser superior al de la conducta imprudente”, a la vez que destacó la necesidad de que los legisladores nacionales se comprometan con el tratamiento de leyes que agraven delitos que se siguen cometiendo por negligencia y no por accidente.

Antillas: murió apuñalado tras una gresca

Un hombre de 21 años falleció este fin de semana tras ser lesionado con un arma blanca en el marco de una pelea. Un joven de 19 años fue detenido por el hecho y será imputado este martes como el autor del homicidio.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, investiga el homicidio de un hombre de 21 años, ocurrido la madrugada del domingo en la localidad de Antillas.

Según consta en las actuaciones, personal policial fue alertado de la presencia de una persona sin vida en inmediaciones de la cisterna del paraje San Lorenzo y al llegar, familiares de Gastón Iván Molina, le dijeron que éste había mantenido una gresca previamente con otras personas y que resultó herido.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, se logró la detención de un joven de 19 años como autor del hecho y desde su domicilio se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre los que se cuenta un cuchillo, que habría sido el empleado para la agresión.

Rodríguez López, señaló que la audiencia de imputación se concretará este martes en la sede fiscal.

Irán a juicio los policías que pararon a un camionero en la ruta, lo patearon y le quebraron la nariz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al sargento ayudante Julio César Carrizo, de 43 años y al agente ayudante Israel José Escalante, de 25; ambos con revista en la División Caminera, acusados del delito de vejaciones calificadas con lesiones leves.

Del requerimiento surgió que el miércoles 26 de septiembre de 2018, cerca de las 8:15, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1608, cometieron un exceso en sus funciones, sobre la ruta provincial 36, kilómetro 4, donde acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien le causaron una quebradura con desviación del tabique nasal y numerosas excoriaciones y contusiones, que fueron corroboradas por exámenes médicos.

La intervención de la fiscalía se produjo tras la denuncia radicada por la propia víctima en la Oficina de Orientación y Denuncia, en la que detalló que en el día y horario señalados, conducía su camión Chevrolet para transportar áridos, por la ruta provincial 36, en dirección a Rosario Lerma.

En el lugar, el patrullero con dos policías que circulaba por detrás, lo sobrepasó y uno de ellos, le hizo señas para que se detuviera en la banquina. Allí le pidieron que exhibiera la documentación necesaria para el transporte, las balizas y el matafuego.

Luego, uno de los policías informó al conductor que le labraría una infracción por trasportar la carga sin estar cubierta con la lona protectora, a lo que el denunciante respondió que por favor, no le hiciera la multa y que solo quedara en un llamado de atención.

Tras esto, el conductor descendió del vehículo a colocar la lona, mientras el policía continuó labrando el acta.

Minutos después, pasó otro camión con áridos en sentido contrario, que fue detenido por el otro policía. Al observar que este dejaba al otro conductor continuar la marcha, a pesar de la falta de lona protectora, el denunciante preguntó por qué solo lo multaban a él y no al conductor del segundo camión.

En ese momento, el policía que dejó continuar al otro vehículo, se acercó a la víctima y tras un intercambio de palabras, golpeó al denunciante en el rostro.

En su relato, el denunciante sostuvo que intentó atinar una patada y que ambos policías lo arrojaron al suelo, donde lo golpearon, patearon y cortaron la respiración con una llave.

Durante el episodio, llegó otro móvil policial de la Comisaría de Campo Quijano, con una mujer policía que les dijo a los agresores que pararan la golpiza.

Entre los elementos obtenidos en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia del damnificado y las declaraciones de testigos; además de los certificados médicos; el informe de relevancia, la copia del libro de guardia y la copia de la filmación, entre otros, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

Imputado por un homicidio en el parque San Martín

Tras un minucioso análisis de cámaras de video vigilancia, se identificó al hombre que lesionó mortalmente con un arma blanca a otro en inmediaciones del Museo de Ciencias Naturales en el mes de setiembre. Fue imputado este domingo por el delito de homicidio calificado.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Miguel Alejandro Villagrán, «cara quemada», como autor del delito de homicidio calificado criminis causae en perjuicio de Héctor Ariel Paz.

El hecho ocurrió el pasado 18 de setiembre por la madrugada en las inmediaciones de calles Mendoza y Lavalle de la ciudad de Salta, cuando la víctima deambulaba por la zona y fue llevada con engaños a la parte posterior del Museo de Ciencias Naturales. Allí lo hirió con un arma blanca en la zona torácica y lo despojó de sus pertenencias. Luego se dio a la fuga, dejándolo sin auxilio.

Ocasionales transeúntes alertaron al Sistema de Emergencias 911 de la presencia del hombre herido y pese a la asistencia recibida, falleció luego en el hospital San Bernardo.

Según consta en la investigación, la propia víctima pudo indicar que lo agredieron para robarle.

El informe preliminar de autopsia reveló que recibió cuatro heridas de arma blanca en la zona torácica, que le provocaron la muerte por shock hipovolémico.

Torres Rubelt destacó el trabajo desplegado por el personal de la Unidad de Homicidios del CIF, dependiente del Departamento de Investigaciones, quienes tuvieron a su cargo la identificación del acusado mediante el análisis de cámaras de video vigilancia y otras tareas investigativas.

Condenan a cinco jóvenes que tenían en vilo a un barrio

Tres hombres y dos mujeres fueron condenados por distintos hechos cometidos en perjuicio de vecinos de barrio Los Olivos de General Güemes. Uno de ellos cumplirá condena efectiva y los otros deberán cumplir reglas de conducta para evitar que se revoque la condicionalidad de la pena recibida.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 8 del Distrito Judicial del Centro, en la audiencia de debate contra cinco jóvenes que integran un grupo conflictivo en esa ciudad y que entre los meses de julio y agosto, desplegaron distintos actos delictivos en perjuicio de vecinos de barrio Los Olivos.

La jueza Claudia Puertas condenó a Alejo Gerardo Cuevas de 19 años a la pena de un año y nueve meses de prisión de ejecución efectiva como autor de los delitos de violación de domicilio (tres hechos), daños, hurto simple, amenazas con armas (dos hechos), amenazas y desobediencia judicial. Se revocó la condicionalidad de una condena anterior y se unificó en la pena única de dos años y un mes de prisión efectiva.

Miguel Nazario Torres de 35 años, fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional como autor de los delitos de violación de domicilio, daños, hurto simple, amenazas con armas y desobediencia judicial y se revocó la condicionalidad de una pena anterior, unificándose en la pena única de tres años de prisión de ejecución condicional.

A Daniela Tamara Tito de 22 años, se le impuso una pena de un año y ocho meses de prisión condicional como autora de los delitos de violación de domicilio (tres hechos), amenazas con armas (dos hechos), daños, hurto simple, amenazas (tres hechos) y desobediencia judicial (siete hechos).

Marcos Antonio Cuevas de 25 años, fue condenado a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional como autor de los delitos de violación de domicilio (dos hechos), daños, hurto simple, amenazas con armas y desobediencia judicial (ocho hechos).

Finalmente, Noelia del Milagro Cuevas de 20 años, recibió una condena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de violación de domicilio, daños, hurto simple, amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial.

En el mismo fallo, se fijaron reglas de conducta para los cuatro condenados con penas condicionales, las cuales deberán cumplir por el término de tres años. Se ordenó incluso consigna policial para una de las víctimas.

Cerrillos: se avanza en la identificación de la mujer calcinada

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de la investigación, informó que se tomaron muestras a un familiar directo de la mujer fallecida para realizar el cotejo genético que permitirá su identificación fehaciente. Señaló que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias recogidas para el esclarecimiento del hecho.

En el marco de la investigación que lleva adelante por el hallazgo de un cuerpo calcinado en inmediaciones del barrio Congreso Nacional de Cerrillos, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, informó que este jueves se presentó un familiar directo de la mujer fallecida y el Servicio de Biología Molecular del CIF, le tomó muestras para la realización de un cotejo genético que permitirá su identificación fehaciente.

Respecto al avance de la causa, el fiscal señaló que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias logradas y en el esclarecimiento del hecho.

Destacó que, de las primeras tareas investigativas realizadas, se pudo saber que la mujer salió el pasado jueves desde su domicilio portando un bidón con combustible y un encendedor y a través de las cámaras de video vigilancia analizadas, se puede apreciar cuando se desplaza sin compañía y llevando una bolsa, hacia la zona donde después fue encontrado el cuerpo.

Ramos Ossorio explicó que espera los resultados de los estudios complementarios de la autopsia, que le permitirán determinar si el fuego causó la muerte o si actuó cuando ya se encontraba sin vida.

Rosario de la Frontera: condenadas por vender estupefacientes

Dos mujeres fueron condenadas por comercializar estupefacientes en la ciudad termal. La investigación se inició a partir de denuncia realizadas por vecinos. La pena se cumplirá en forma domiciliaria con custodia policial. Un hombre de 28 años fue sobreseído.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, en la audiencia de juicio abreviado contra Teresa del Carmen Zenardo de 20 años, Fernanda Isabel Zenardo de 29 años y Néstor Fabián Valdez, de 28 años, imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

La investigación inició a partir de la denuncia y datos aportados por un vecino del barrio Santa Ana de Rosario de la Frontera, conocido como la zona del “Bajo”, quien, en junio de 2019, dio a conocer sobre la actividad ilícita que desplegaban los imputados.

De las tareas desplegadas por personal de la Sección de Drogas Peligrosas Rosario de la Frontera, se pudo identificar a los sospechosos y se reunieron los elementos de convicción necesarios para que el fiscal solicite orden de allanamiento y detención para los domicilios investigados.

Como resultado de los procedimientos se logró la detención de los tres investigados y se logró el secuestro de importante cantidad de sustancia estupefaciente, teléfonos celulares, dinero y otros elementos de interés para la causa.

El juez Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión de las dos acusadas y la aceptación de los hechos endilgados, les impuso la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de prisión domiciliaria por tener a cargo hijos menores de edad. Néstor Fabián Valdez, fue sobreseído.

Embistió una moto donde viajaban dos policías

Una mujer de 63 años fue detenida e imputada tras provocar un siniestro vial en General Pizarro, sobre ruta provincial 5. Embistió con su camioneta a una motocicleta donde viajaban dos efectivos policiales en servicio. Una mujer policía falleció en el lugar y su acompañante se encuentra hospitalizado en la ciudad de Salta.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Mary Elizabeth Carey Wilson como autora de los delitos de homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de Silvana Inés Arteaga en concurso ideal con lesiones graves culposas en accidente de tránsito en perjuicio Hugo Alberto Talló.

El siniestro se produjo este miércoles por la tarde en General Pizarro, sobre ruta provincial 5, cuando los efectivos cumplían tareas en un puesto de control y se dirigieron en una motocicleta en sentido Sur – Norte a verificar la presencia sospechosa de un vehículo en las inmediaciones.

Minutos más tarde, dos personas que viajaban en un remis, reportaron un siniestro vial en las proximidades y al verificar, se encontró a Arteaga sin vida y a Talló herido de gravedad a la vera de la ruta.

El siniestro se produjo entre una camioneta guiada por una ciudadana inglesa que vive en esta provincia y el motovehiculo en circunstancias que se tratan de establecer.

La fiscal García Pisacic solicitó al Juzgado de Garantías en turno, la detención de la conductora del rodado de mayor porte, la realización de pruebas de alcoholemia y el secuestro de los vehículos, mientras se cumplen las diversas medidas solicitadas para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Plasma: Imputaron a la directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores imputó a la médica Betina Andrea Saracino, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora. La funcionaria concurrió a la audiencia acompañada de un abogado particular y presentó su declaración por escrito.

Para avanzar en la imputación, el fiscal tuvo en cuenta que en su carácter de Directora del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (Según Decreto Nº 998/08), sino que, además, habría intervenido simultáneamente como Directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta, -entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario-, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público (CRH) para la ejecución del servicio.      

En el decreto de imputación, consta que en el marco de la investigación iniciada de oficio como “Noticia Criminis”, se requirió informe al Centro de Hemoterapia Regional; a la Clínica Virgen de Urkupiña; al Ministerio de Salud (copia del convenio celebrado con empresa Servicio de Medicina Transfusional; copia del Expediente de dicha empresa, constitución y sus posteriores modificaciones y al Instituto Provincial de Salud de Salta.       

El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; el 8 de enero pasado se designó a Betina Andrea Saracino como Directora, por medio de memorándum Nº 02/2020; y el 1 agosto último, fue designada como Directora del Centro Regional de Hemoterapia (decisión administrativa 948/20). En su perfil de LINKEDIN, figura como Directora Médica de “Medicina Transfusional Salta”, desde agosto de 1988 hasta la actualidad. Los informes técnicos confirmaron que la empresa funciona en el establecimiento de CENESA, donde se confirmó  la responsable es Saracino.

Otro informe del Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, el Centro Regional de Hemoterapia envió 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al “Servicio De Medicina Transfusional Salta”.      

Para imputarla, Flores consideró que “se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada”.

Engañó a sus abuelos para obtener derechos sobre una propiedad

La mujer de 35 años, restableció contacto con sus abuelos después de muchos años y aprovechándose de su edad avanzada y de la confianza lograda, los hizo firmar en forma engañosa, un documento donde le donaban sus derechos y acciones hereditarias sobre un inmueble. Será llevada a juicio junto a la escribana que intervino en la operación.

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El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Centro para una mujer de 35 años y una escribana pública, como coautoras de los delitos de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica en concurso ideal.

La denuncia fue radicada en el mes de julio de 2019 por un adulto mayor en contra de su nieta. Allí señaló que hacía aproximadamente 14 años que no mantenía contacto con la mujer y que esta se hizo presente en noviembre de 2018 de manera sorpresiva y comenzó a frecuentarlos.

Les prodigaba atenciones y cuidados a él y su esposa, ganándose su confianza y en mayo de 2019, bajo la excusa de obtener un poder que le permitiría realizar trámites en su nombre, llevó a una escribana a su abuelo, donde le hizo firmar en forma engañosa, una cesión y donación de una parte indivisa del inmueble donde residía la pareja de ancianos.

Intentaron que la escribana que intervino dejara sin efecto lo actuado y ésta les dijo que era imposible.

En el requerimiento a juicio, el fiscal Flores señala que se avizora en el accionar de las dos imputadas, maniobras engañosas desplegadas a fin de ganarse la confianza del damnificado y su esposa, y así obtener la donación y cesión del 20% de la propiedad de su inmueble, lo que se logró con la participación de la escribana, quien no solo no le explicó al damnificado los alcances y efectos jurídicos del contrato celebrado, sino también no le leyó el instrumento en cuestión ni le entregó copia de este.

Cuando el anciano le requirió a la escribana que se dejara sin efecto el acto jurídico, ésta lo engañó nuevamente con promesas con el objetivo de ganar tiempo para consolidar la maniobra defraudatoria e ingresar el trámite correspondiente ante el organismo registral.