María Fernanda Quinteros

Salvador Mazza: policía filmado golpeando a un hombre en un despeje

Un efectivo policial fue imputado por el delito de vejaciones agravadas a partir de un video que se viralizó en las redes sociales, donde se lo observa propinando puntapiés a un hombre que se encuentra en el piso, en el marco de un despeje que se realizó tras una carrera cuadrera que se organizó en inmediaciones del cementerio.

Imagen tomada del video

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al sargento ayudante Arnaldo Ariel Pistán como autor del delito de vejaciones calificadas en perjuicio de un vecino de Salvador Mazza.

La intervención de la Fiscalía se inicia al tomar conocimiento de un video que circuló por las redes sociales, donde se puede apreciar a personal policial golpeando con puntapiés a un hombre en esa localidad, que se encuentra tendido en la calle.

De las tareas investigativas desplegadas, se supo que ocurrió el pasado domingo 11 de octubre por la tarde, cuando personal policial se hizo presente en inmediaciones del cementerio local, para suspender carreras cuadreras que se organizaron en forma clandestina y de las que participaban alrededor de 500 personas.

El evento quedó suspendido y cuando se inició el despeje de los participantes y se comenzó a labrar las actas contravencionales, algunos de los participantes rodearon en forma hostil al personal policial y hubo algunos incidentes.

El soporte fílmico fue enviado al Cuerpo de Investigaciones Fiscales para su análisis y en el informe se consigna que la persona que se observa en las imágenes como aquella que arroja al suelo a la víctima y arremete contra su integridad física es el sargento ayudante Arnaldo Ariel Pistán.

Simesen de Bielke considera en la imputación, que el efectivo policial, desempeñando un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió utilizando violencia en contra de la integridad física de damnificado, por lo que se inició la investigación.

Cachi: condenado por disparar en el rostro a un hombre

Juan Carlos Olguín deberá cumplir tres años de prisión efectiva por lesionar gravemente en el rosro a Dalmiro López. Ocurrió en el mes de octubre de 2019, cuando le disparó a un albañil que trabajaba en el terreno de su exesposa.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representó al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, en la audiencia de juicio abreviado contra Juan Carlos Olguin, imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de Dalmiro Eduardo López.

El hecho juzgado ocurrió en Cachi, el 23 de octubre de 2019 por la tarde, cuando un hombre disparó en el rostro a un albañil que trabajaba en un terreno de su ex esposa. Luego regresó a su vivienda y le prendió fuego, produciéndose daños totales.

El juez Guillermo Pereyra, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos que se le imputan, le impuso una pena de tres años de prisión efectiva.

A prisión por abusar de una sobrina menor de edad

Un hombre fue condenado por someter a tocamientos inadecuados a una menor de edad que padece una discapacidad intelectual. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad.

El imputado es tío de la menor víctima y aprovechando una visita, vulneró su integridad sexual, sometiéndola a tocamientos con contenido sexual.

La jueza Gabriela Romero Nayar, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de tres años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Proponen una Mesa de Concertación para resolver conflictos de tierras

La diputada nacional Lía Verónica Caliva y el procurador general, Abel Cornejo, coincidieron en la necesidad de conformar una Mesa de Concertación junto a los distintos poderes del Estado, que permita aportar y definir soluciones a problemáticas urgentes que tiene la provincia. Lo hicieron al reunirse virtualmente para intercambiar información sobre políticas públicas referidas a la ocupación de tierras, el déficit habitacional, la violencia institucional y de género, y  cuyos aspectos penales confluyen en el Ministerio Público Fiscal.

Durante el encuentro, Caliva expuso ante Cornejo distintos planteos que hicieron llegar organizaciones y ciudadanas y ciudadanos particulares al Congreso, vinculadas  especialmente con conflictos por tierras y asentamientos conformados en capital y el interior provincial (Rivadavia, San Martín, Orán y Cafayate). Destacó la necesidad de seguir evitando desalojos y la represión de las familias asentadas, a través de la mediación que mantiene el Ministerio Público Fiscal en los asentamientos de la zona sur de la capital y de Colonia Santa Rosa, entre otros. También se refirió al fallo de la Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades y otros conflictos que involucran a poblaciones wichí, ava guaraní y diaguitas; las familias que se sumaron al cordón de pobreza profundizada por la pandemia y el estallido social que podría generar que el Estado no se anticipe y contenga la emergencia social antes de que pierda vigencia la prohibición de desalojos de alquileres.

Por su parte, Cornejo destacó la importancia del diálogo y de garantizar la paz, igualdad y equidad entre los distintos sectores en el marco de la emergencia sanitaria y social vigente, a la vez que precisó que desde el inicio del asentamiento en San Calixto, se produjeron más de veinte audiencias de mediación a través de una comprometida tarea de los mediadores del MPF y ante una situación que se fue tensando debido a la rotación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

El Procurador propuso que ante el déficit de más de 100 mil viviendas y en el marco de la Mesa de Concertación (que podrían integrar el poder ejecutivo nacional, provincial y los municipales, el poder legislativo nacional y provincial; poder judicial, el MPF y organizaciones intermedias); se analice como vía de solución que se avance en un relevamiento integral de tierras fiscales disponibles y déficit habitacional; y que entonces, se permuten tierras productivas de propiedad del Estado, por tierras privadas donde podrían ejecutarse loteos sociales. “Hay propietarios de tierras con servicios y que podrían recibir a cambio de ellas, tierras destinadas a la explotación agroforestal. De esa forma, se lograría una compensación de propiedades, tal como lo establece la Doctrina de Expropiaciones Justas”, señaló el funcionario.

Caliva y Cornejo discutieron sobre otros temas y acordaron trabajar en una agenda conjunta, que de acuerdo a la legisladora “será muy extensa, pero se debe empezar con lo más urgente”. Así, consideró que si en 2021 se discutiera la Reforma Constitucional en Salta, sería la oportunidad de discutir sobre situaciones problemáticas de fondo y sancionar cambios estructurales y sustanciales para terminar con ellas.  

La reunión también contó con la participación del asesor de la legisladora, Nicolás Tauber Sanz.

Ampliarán la imputación contra un médico

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, citó al médico Martín de la Arena para este miércoles 21, a las 10, para ampliar la imputación inicial contra el profesional, quien se encuentra acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El fiscal le imputará mañana el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor.

En el decreto de imputación, Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la posterior imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública -dos hechos en grado de tentativa en concurso real y en el carácter de autor.

Y entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico, porque en su carácter de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.

Flores sumó que de la Arena, en su condición de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.

Es que el Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; de la Arena fue designado en julio de 2010 como director del Centro Regional de Hemoterapia y en abril de 2013, el Ministerio de Salud aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con Empresa HEMOSALTA SRL.

Sucesivamente, en diciembre de 2013 y luego en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.

Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta, surgió que la empresa Hemosalta S.R.L. es prestadora de esa obra social y que desde 2002, su titular es de la Arena. El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta S.R.L. de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia (transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados).

El fiscal de Delitos Económicos Complejos, consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la “administración pública”, y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.

Orán: no declaró el joven acusado del homicidio de un menor

Tiene 18 años y fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de un adolescente de 17 años, al que hirió con un arma blanca en la zona inguinal para robarle un teléfono celular. Se solicitó su prisión preventiva.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, imputó David Alexis López, «Cabezón», como autor del delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Kevin Catriel Flores de 17 años.

El hecho ocurrió la noche del jueves pasado en barrio Caballito de esa ciudad, cuando el menor, junto a otros adolescentes, fue a realizar un mandado y fue interceptado por el acusado, que lo hirió en la zona inguinal con un arma blanca y le sustrajo un celular.

El menor fue hospitalizado y falleció el pasado viernes. Con el aporte de testigos y otras diligencias, se logró identificar y detener al autor del hecho.

Tras conocer la acusación en su contra, López se abstuvo de declarar y la fiscal Carreras solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

A juicio por intentar matar a otro recluso

Ocurrió en mayo de este año en el pabellón A1 de la Unidad Carcelaria 1, cuando el acusado mantenía una gresca con otro interno y lo lesionó con una punta carcelaria en la zona del tórax. La víctima fue asistida rápidamente.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8 para Víctor Alejandro Soto por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Esteban Gabriel Massola.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del 13 de mayo de este año en el pabellón A1 del penal de Villa Las Rosas, cuando ambos hombres iniciaron una gresca y antes que pudieran separarlos, Soto hirió con una punta carcelaria a Massola en el tórax. Fue asistido y derivado al hospital San Bernardo, donde pudo restablecerse.

Las Lajitas: violento detenido por amenazar a su expareja

Un hombre de 33 años, fue detenido e imputado por presentarse en la casa de su expareja y madre de sus cinco hijos y proferir amenazas. Existen medidas de restricción en su contra por hechos anteriores de violencia.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a un hombre de 33 años como autor de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

La denuncia fue radicada en Las Lajitas por la expareja del acusado, quien refiere que tienen cinco hijos en común y que se encuentran separados desde hace ocho meses.

Por hechos de violencia anterior, se dictaron medidas de restricción en contra de expareja y no las cumple. Días atrás, mientras se encontraba en el domicilio familiar, se presentó en estado de ebriedad y desde la vereda comenzó a gritar, profiriendo insultos y amenazas contra su integridad.

Alertado el personal policial, se procedió a su demora y posterior imputación.

Abren sumario disciplinario a una fiscal

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura del sumario disciplinario en contra de la fiscal penal N° 3, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos y designó como Instructora Sumariante a la fiscal penal a cargo de la Fiscalía de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio.

El Procurador consideró que pudo advertirse “prima facie” la falta de los deberes funcionales atinentes a su cargo como titular de la Fiscalía Penal N° 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, en orden a la violación de los deberes que surgen de la normativa constitucional referidas a la actuación del Ministerio Público Fiscal, las leyes que regulan la actuación fiscal y las resoluciones de la Procuración General. Y consideró que todo ello justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de la presente instancia disciplinaria.

Según consta en las actuaciones, el 9 de octubre pasado la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 3 recibió un oficio del comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, coronel mayor Mariano Castelli, quien solicitó información sobre el estado procesal de la causa que tramita esa fiscalía, en la que un oficial se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de su hijo. Lo requerido fue a los fines de mantener actualizada la situación del imputado ante la fuerza y la eventual asignación de destinos y tareas a su personal. Castelli mencionó también el tiempo transcurrido desde la radicación de la denuncia en contra del oficial en cuestión, de casi 1 año y 8 meses, y la necesidad de contar con una definición de su situación procesal.

El 14 de octubre, la Procuración General solicitó a la Fiscalía interviniente la remisión de las actuaciones, de las cuales surgieron que  el 7 de febrero de 2019 la cónyuge del imputado radicó denuncia penal en contra de su pareja, por supuesto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo menor, de 3 años. El hombre fue imputado al día siguiente, el 8 de febrero, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de 2° Nominación, el mantenimiento de detención del imputado.

El 19 de febrero, la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado; el 22 su defensa técnica instó su sobreseimiento y fue rechazado. Pero el 27 de marzo, cuando la defensa requirió la libertad o el arresto domiciliario del acusado, el Juzgado de Garantías, le concedió el beneficio del arresto domiciliario y su incorporación al sistema U.A.D.M.E.

Luego, la nueva defensa técnica del imputado instó la aplicación de medidas sustitutivas, a lo cual se opuso la Fiscalía. El beneficio de medidas sustitutivas fue otorgado al militar el 20 de mayo y la Fiscal, consintió esa decisión judicial.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2019, la denunciante volvió a presentarse ante la Fiscalía, donde manifestó que sus otros dos hijos menores, de 10 y 12 años, habrían sido abusados también por su padre. Ante los nuevos hechos denunciados y las diligencias probatorias realizadas con posterioridad, la Fiscal no arbitró medida procesal alguna.

En virtud de ello y de conformidad con el Reglamento General del Ministerio Público,  es que el Procurador dispuso la apertura del sumario disciplinario, para corroborar la posible responsabilidad de la fiscal Cecilia Flores Toranzos en los hechos descriptos.

El MPF abre las charlas públicas del Área Académica de la Fundación Cintia Fernández

El Área Académica de la Fundación Cintia Fernández, inaugurada en septiembre pasado, iniciará el próximo jueves 22 de octubre su ciclo de capacitaciones abiertas al público, con la charla magistral de la Directora del SAVIC, Matilde Alonso.

La directora del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal, Matilde Alonso ofrecerá una charla magistral sobre “Nuevos espacios de reflexión y acciones institucionales en materia de género y violencias”, el jueves 22, a las 20, por Zoom.

El área académica de la Fundación, dirigida por la abogada Gabriela Rodríguez, cuenta con la colaboración de abogadas y abogados, psicólogas, asistentes sociales y peritos en criminalística del equipo de profesionales de la ONG y ofrecerá sus actividades semanalmente. Alonso, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y la directora académica de la ONG, Gabriela Rodríguez son integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF.

Las primeras charlas ofrecidas por el Área Académica fueron dictadas por distintos profesionales y estuvieron destinadas a integrantes de la Comisión de Víctimas de Familiares contra la Impunidad, para interiorizarles sobre inicios de los procesos penales y civiles, Ley de Víctimas y otros aspectos necesarios en la tramitación de causas.

“Esta será la primera charla magistral abierta al público, que nos permitirá iniciar un camino de capacitación a la sociedad, que muchas veces carece de información precisa sobre normativas y temas acuciantes y profundizados durante la pandemia”, explicó Ana Fernández. La capacitación interna y externa está contemplada en el Estatuto de la Fundación, comprometida con la lucha a favor de los Derechos Humanos.

  • Para mayor información, contactarse al teléfono 3874651842 o al correo areaacademicafcf@gmail.com
  • En redes sociales: Facebook: Área Académica Fundación Cintia Fernández e Instagram: area.academica.fcf

Sobre Matilde Alonso

La especialista en Políticas Públicas en Niñez, Adolescencia y Familia y docente universitaria, dirige el Servicio de Asistencia a la Víctima – S.A.Vic., que atiende, asesora a las víctimas de delito y les suministra la información para ser asistidas como tales por los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales pertinentes. Brinda asistencia y tratamiento inmediato e integral a la víctima, tanto en su persona como en sus derechos, evaluando el daño sufrido, incluido el daño social; la orienta y deriva hacia los centros especializados de atención, sean públicos o de organismos no gubernamentales; procura la cooperación nacional para la realización de programas de atención a la víctima, desarrolla acciones de divulgación sobre los derechos de las víctimas dirigidas a la ciudadanía en general y organismos estatales y promueve y realiza investigaciones y estudios que permitan una más precisa comprensión de los elementos que componen el daño sufrido y permitan su cabal ponderación y asistencia. También vela por el cumplimiento de los derechos y de las garantías que se establecen para la víctima y testigos.