Un hombre de 42 años fue condenado a la pena de 14 años de prisión efectiva por hechos de abuso sexual en perjuicio de la hija menor de quien fuera su pareja, desde que esta tenía seis años y hasta que cumplió doce años. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y abuso sexual simple agravado por la convivencia en concurso real en perjuicio de la hija menor de edad de quien fuera su pareja.
La denuncia fue radicada por la madre de la menor, al tomar conocimiento de que su pareja había cometido actos de abuso sexual en perjuicio de su hija desde que esta tenía seis años y hasta que cumplió doce años.
El juez Sebastián Fucho, le impuso la pena de catorce años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Enrique René Frey fue condenado por los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento y alevosía, y tentativa de homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento y alevosía en concurso real. Deberá recibir tratamiento psicológico y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
En el mismo fallose ordena que el condenado reciba tratamiento psicológico ydispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representó al Ministerio Público en la audiencia de debate por este hecho ocurrido la mañana del 14 de enero de este año en unacasilla ubicada en cercanías del basural camino a la cárcel de General Güemes.
Este martes se produjo la imputación de hombre que fue detenido en el marco de la investigación que lleva adelante por el abuso sexual perpetrado en perjuicio de un adulto mayor con capacidad jurídica restringida. El hecho se conoció a través de un video que filmaron los acusados y que hicieron viral a través de redes sociales. Ya hay seis personas detenidas previamente por el hecho.
El nuevo detenido fue imputado este martes como coautor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el número de participantes y se solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías interviniente.
Cabe recordar que uno de los detenidos previamente permanece en aislamiento por la situación sanitaria existente y será imputado cuando su condición de salud así lo permita.
Un hombre de 36 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado viernes, cuando en presencia de sus cuatro hijos menores de edad, golpeó e insultó a su expareja y luego, tomó un arma de fuego y oprimió la cola del disparador varias veces, mientras le decía «hay una bala para vos».
La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Héctor Jesús Martínez como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego en perjuicio de una mujer de 31 años, con quien mantuvo una relación de pareja y tiene cuatro hijos menores en común.
Según denuncia la víctima, el pasado viernes, concurrió con sus hijos a la casa de su expareja para buscar unas prendas y cuando surgió una discusión entre ellos, el acusado comenzó a golpearla, la insultó y luego la escupió.
Tomó un arma de fuego de un placard y en presencia de sus cuatro hijos, oprimía la cola del disparador en su cuerpo, mientras le decía que «hay una bala para vos».
La mujer señala que siempre fue violento en el trato pero que nunca lo había denunciado por temor.
Desde la Fiscalía, luego de la audiencia de imputación, se solicitó que se mantenga la detención del acusado, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas por la fiscal.
La madrugada del pasado domingo se produjo la muerte de un hombre de 32 años, luego de recibir una herida de arma blanca en el contexto de una discusión. El autor del hecho se encuentra identificado y permanece prófugo.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga el homicidio de Matías Ezequiel Macías, ocurrido la madrugada del domingo en Aguaray.
Según pudo conocerse, la víctima mantuvo una discusión con otro hombre y en la gresca, recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte.
Del relevamiento de testigos, se pudo identificar al autor del hecho, quien se encuentra prófugo.
Cabot dispuso las medidas investigativas necesarias para lograr el esclarecimiento del hecho y la aprehensión del autor del homicidio.
Resta declarar un último testigo citado por la defensa de la mujer y este martes se producirán los alegatos de las partes. El Tribunal fijó el miércoles 4 para que se produzcan las réplicas y dar a conocer el veredicto.
Ángela Beatriz Saravia está siendo juzgada por el Tribunal de la Sala VII de Juicio por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja en perjuicio de Luis Leonardo López, ocurrido el 17 de diciembre de 2018 en la calle Samuel Quevedo al 2600.
Este lunes se recibió la declaración de testigos citados por la defensa y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, donde se prevé que declare una psicóloga propuesta por la defensa y que luego de incorporar la prueba, se produzcan los alegatos de las partes.
Los jueces establecieron que de producirse réplicas, se llevarán a cabo este miércoles 4 y luego darán a conocer el veredicto.
Un hombre que estaba a cargo del cuidado de un adulto mayor, fue condenado por abusar sexualmente de una menor que frecuentaba el domicilio donde éste prestaba servicios. Los hechos se develaron en el ámbito escolar de la víctima y fueron denunciados por su padre.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un hombre acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en perjuicio de una menor de edad.
La denuncia fue radicada por el padre de la víctima en 2019, al tomar conocimiento a través del ámbito escolar de la menor de los hechos de abuso sexual de los que había sido víctima por parte de un hombre que se desempeñaba como cuidador de un adulto mayor al que frecuentaban.
La jueza Gabriela Romero Nayar le impuso una pena de siete años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Enrique René Frey de 62 años, es juzgado por el homicidio calificado de César Pérez Oviedo y por la tentativa de homicidio calificado de Raúl Ismael Sajama. El acusado es de nacionalidad chilena y tiene antecedentes por homicidio y robos reiterados.
Según consta en el legajo de investigación, César Pérez Oviedo alias “El Chaqueño” de 43 años y Raúl Ismael Sajama alias “Mono” de 24 años, fueron lesionados con un arma blanca por Frey durante la mañana del 14 de enero de este año, mientras aun dormían en una casilla ubicada en cercanías del basural camino a la cárcel de General Güemes.
Un testigo menor de edad expresó que “El Cordobés” atacó a Pérez Oviedo y a Sajama mientras dormitaban y que luego se retiró del lugar.
Por las heridas, César Pérez Oviedo murió en el hospital Joaquín Castellanos, mientras Raúl Ismael Sajama debió ser internado hasta su recuperación.
Al momento de su detención, el imputado no contaba con documentación que acreditara su identidad, por lo que se realizó a través de sus huellas dactilares y se pudo verificar que usaba al menos tres nombres y era conocido por dos alias, “el chileno” y “el cordobés”. Tiene 62 años, es de nacionalidad chilena, se encontraba indocumentado y tiene antecedentes por robos reiterados y homicidio.
Juan David Benítez fue condenado por el homicidio calificado de Adriana Carina Ruiz, ocurrido en noviembre de 2019 en una finca, ubicada al Norte de Tartagal. El cuerpo fue encontrado semienterrado en lo que aparentaba ser un pozo ciego. La autopsia reveló que fue golpeada y murió por asfixia por sofocación.
El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en una finca ubicada al Norte de Tartagal, donde el acusado se desempeñaba como encargado. Según determinó la autopsia, golpeó a la víctima, la sofocó y semienterró el cuerpo en lo aparentaba ser un pozo ciego
El juez Anastasio Vázquez Sgardelis, luego de los alegatos, hizo lugar al pedido del fiscal Cabot y le impuso la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la diputada nacional Verónica Caliva y el coordinador provincial de Corriente Clasista Combativa UTEP, Oscar Monzón, con quienes avanzó en los aspectos principales que deberían abordarse en el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Mientras tanto, se mantienen distintas mediaciones penales en la capital y el interior provincial.
Durante el encuentro en el que los presentes abordaron la situación
de las diferentes mediaciones abiertas por el Ministerio Público Fiscal, la
diputada Caliva, -quien es secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano
de la Cámara de Diputados de la Nación-, adelantó que para abordar conflictos
de tierras vinculados con comunidades originarias, la Mesa de Concertación podrá
contar con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María
Magdalena Odarda y otras funcionarias y funcionarios nacionales, además de
legisladores y funcionarios provinciales y organizaciones intermedias dedicadas
a las necesidades habitacionales de la población.
Agregó que el Registro Nacional de Barrios Populares, que
reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina y que actualmente
está compuesto por 4.416 barrios de todo el país, dispone de fondos para la
integración socio-urbana de los barrios. Vale recordar que la Ley 27.453 declaró
de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles comprendidos en el
registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años
y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. “Esa
sería la segunda etapa, que permitiría que las familias vivan en forma regular,
después de acceder a su lote”, precisó la legisladora.
Por su parte, el dirigente Oscar Monzón destacó como antecedente
de resolución de conflictos, la alcanzada en agosto pasado en Urundel
(departamento Orán) a través de una Mesa de Diálogo integrada por el intendente
de ese municipio, Víctor Caraita, las familias sin vivienda y el empresario Fernando
Noceti; quien donó cuatro hectáreas para que dichas familias puedan ocuparlas
en forma regular. “Ese modelo, en el que se involucren las partes afectadas
para llegar a una solución y evitar la judicialización, es el que debería prevalecer
para la solución de numerosos problemas generados por el déficit habitacional”,
enfatizó Monzón.
Caliva consideró que el encuentro en el Ministerio Público
Fiscal “fue para fortalecer el trabajo que se lleva adelante desde acá, porque
quienes venimos desde los sectores populares y trabajamos en la incorporación
de los derechos de los ciudadanos de esos sectores, tenemos muchas expectativas
y apostamos al camino del diálogo para la resolución de temas estructurales; y
en ello coincidimos con el Procurador”, señaló.
En tanto, Cornejo destacó la decisión de la fiscal penal
de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quien convocó a una
mediación penal para el 20 de noviembre próximo, día en el que el
propietario de tierras ocupadas por unas 300 familias, acordaría con ellas la
venta de los lotes que ocupan en forma irregular. Entonces, el propietario y
denunciante, dejaría sin efecto la denuncia en contra de ellas.
Cornejo consideró que se trata de “un imperativo ético” la conformación de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional
para abordar dicha emergencia desde todos los sectores involucrados en la temática
y que los resultados se conviertan en políticas públicas y no en respuestas
esporádicas a problemáticas de antigua data.
