María Fernanda Quinteros

Condenado por hechos de abuso contra su pareja y su hija

Un hombre de 63 años fue condenado en juicio abreviado por hechos de abuso sexual en perjuicio de su pareja y de su hija, los que se dieron en un contexto de violencia familiar. La pena se unificó con una anterior y deberá cumplir 15 años de prisión. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 63 años, acusado de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo continuado y coacción en perjuicio de su hija y abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de su pareja.

El juez Francisco Mascarello, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de ocho años de prisión efectiva y revocó la condicionalidad de una pena anterior por hechos de violencia familiar y fijo una pena única de 15 años de prisión efectiva. En el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Vaqueros: cuatro detenidos por una tentativa de homicidio

Un  menor y tres mayores se encuentran detenidos por un hecho ocurrido el pasado fin de semana en la localidad, cuando un hombre de 26 años resultó herido con un arma blanca en el contexto de una pelea. El menor está acusado como autor y los mayores como partícipes secundarios.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a un menor de 16 años como autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Facundo Martín Vera. A Matías Emanuel Flores, Pablo Gastón Tolaba y Pablo Angel Javier Sumbay como partícipes secundarios del mismo delito.

Ocurrió el pasado fin de semana en la intersección de calles San Martín y Los Tarcos de Vaqueros, cuando dos grupos de personas iniciaron una gresca. En ese marco, el menor de edad hirió con un arma blanca en la clavícula a la víctima y para ello, contó con la participación de los otros acusados, según pudo comprobarse a través de los testimonios recogidos.

Los cuatro detenidos, tras su imputación, prestaron declaración y con sus dichos, trataron de desvincularse del hecho.

Mathieu Martin: el lunes inicia el juicio contra los hermanos Cuevas

Tras una modificación dispuesta por el Tribunal de la Sala VI de Juicio, el próximo lunes 9 de noviembre comenzará el juicio por el homicidio del turista francés, desaparecido en Iruya en agosto de 2018. Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero representarán al Ministerio Público en la audiencia de debate que prevé extenderse hasta el 24 de noviembre.

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, representarán al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra los hermanos Froilán y Juan Cuevas, imputados como coautores del delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Pierre Martin.

El Tribunal será colegiado y se dispuso que la audiencia se desarrolle los días 9, 10.  11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 24 de noviembre por la mañana.

Irá a prisión por abusar de su hija

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad. Los hechos fueron descubiertos por las hermanas mayores de la niña. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Imagen ilustrativa

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de su hija menor de edad.

El hecho fue denunciado por las hermanas mayores de edad de la niña, al tomar conocimiento de situaciones en la que la menor sufría actos de abuso sexual de distinto contenido de parte de su padre, con el que convivía debido al fallecimiento de su madre.

El juez Federico Armiñana, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Detenido e imputado por matar a su hermano

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Luciano Esteban Olivera, de 52 años, por el delito de homicidio simple, en perjuicio de su hermano, Cristian Ismael Olivera, de 34.

El hecho ocurrió el domingo último en finca El Algarrobal, ubicada a unos tres kilómetros de la zona urbana de Joaquín V. González, donde los hermanos se encontraban junto a distintos familiares y amigos para festejar el cumpleaños de Cristian Ismael Olivera.

Según las declaraciones testimoniales obtenidas, los presentes almorzaron y luego empezaron a ingerir bebidas alcohólicas, hasta las 20 aproximadamente, cuando Cristian decidió retirarse después de discutir con su hermano Luciano. El último se dirigió hasta su domicilio, ubicado en el mismo predio de finca El Algarrobal, buscó un arma “hechiza” de 20 centímetros de largo y volvió al camino, donde atacó a su hermano menor.

Según la autopsia, el hombre falleció como consecuencia de un shock hipovolémico causado por herida de arma blanca.

El acusado no se resistió a la detención y fue imputado el lunes pasado.

Investigan posible comisión de delitos contra el ambiente y la salud pública en el cementerio de Cerrillos

La fiscal interina de Impugnación, Ana Salinas Odorisio, se pronunció a favor de continuar la investigación penal en torno a la situación de la ampliación del cementerio de Cerrillos, sus condiciones, circunstancias y detalles del enterramiento de difuntos por COVID-19, ante la posible ocurrencia de delitos contra el medio ambiente y la salud pública.

La fiscal Salinas Odorisio entendió que fue prematura la decisión del fiscal de Cerrillos, de archivar las actuaciones relativas a la ampliación de la necrópolis en cuestión  y que en cambio, la investigación debe proseguir.

Todo ello, atento a lo relatado por testigos, las constancias de la causa y los hechos definidos por el fiscal Gabriel Portal, quien deberá completar la averiguación preliminar respecto a las denuncias hechas por vecinos sobre las condiciones ambientales en las que se encuentra emplazado el cementerio de la ciudad de Cerrillos, la ampliación realizada recientemente y las condiciones, circunstancia y detalles del enterramiento de difuntos por COVID 19, ante la posible ocurrencia de delitos contra el medio ambiente.

Es que de acuerdo a los deberes que otorga la Constitución Provincial al Ministerio Público en su art. 166, está el de accionar en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos, teniendo la obligación las Fiscalía Penales y Civiles de actuar ambientalmente en el marco judicial (art. 45, Ley N° 7328).

Dijo también la fiscal, que debe incorporarse el resultado de los informes solicitados por el fiscal de Cerrillos al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y especialmente, para verificar si se practicó previa y debidamente a la realización de la obra de ampliación del cementerio de la Municipalidad de San José de Cerrillos, el correspondiente estudio de impacto ambiental, cuál fue su contenido y si fue aprobado por los organismos municipales y provinciales pertinentes. Ello permitirá definir si existió una afectación al medio ambiente y la salud pública.

Además, la inspección ocular que realizará el Área de Ambiente del Servicio de Ingeniería Química del CIF, deberá evaluar la situación ambiental y social del actual emplazamiento del cementerio, la viabilidad de su ampliación y la situación de las viviendas adyacentes. También pidió que se requieran los estudios de impacto ambiental en caso de que existan, y si no estuvieran, que se soliciten a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, para establecer la viabilidad de la subsistencia actual del cementerio en la zona en la que se encuentra y la pertinencia de su reciente ampliación. En ese caso, la Secretaría deberá expedirse sobre las posibles medidas de resguardo al ambiente y la salubridad pública.

En su dictamen, la fiscal Salinas Odorisio también sostuvo que corresponde requerir al Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Salta, que indique la normativa, protocolos y/o regulación vigente para el manejo, traslado de cuerpos y entierros en situación de pandemia con enfermedad virósica COVID 19; al tiempo que consideró pertinente recabar datos en la Municipalidad de San José de Cerrillos,  para que las personas que trabajaron en la obra expongan sobre las condiciones de bioseguridad bajo las que cumplieron el trabajo encomendado. Esto es, si les brindaron elementos de protección, cómo efectuaron el entierro de los cuerpos, si estos estaban en féretros, o bolsas y cómo fueron transportados, entre otros aspectos. La comuna también deberá informar si se efectuaron entierros en la ampliación y otros datos sobre el tema.

Salinas Odorisio remitió copia del dictamen a la Secretaría de Derechos Humanos con competencia en Medio Ambiente de la Procuración General de la Provincia, a los fines de su conocimiento y eventual intervención.

Ángela Beatriz Saravia fue absuelta

La mujer, imputada por el homicidio de su pareja, fue absuelta por el Tribunal de la Sala VII por el beneficio de la duda y se ordenó que cesen de inmediato las medidas restrictivas impuestas a Saravia por el Juzgado de Garantías 1.

Este miércoles, pasado el mediodía, el Tribunal de la Sala VII de Juicio, integrado por los jueces María Livia Carabajal, Paola Marocco y Francisco Mascarello, dieron a conocer el veredicto donde absuelven a Ángela Beatriz Saravia del delito de homicidio agravado por la relación de pareja en perjuicio de Luis Leonardo López por el beneficio de la duda.

En los alegatos, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó se le aplique una pena de nueve años de prisión por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja con circunstancias extraordinarias de atenuación. En tanto, los defensores solicitaron su absolución por legítima defensa.

Imputaron al exintendente de Aguaray por malversación de caudales e incumplimiento de los deberes

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón imputó al exjefe comunal de Aguaray, Jorge Enrique Prado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. La audiencia de imputación se celebró este miércoles en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial. Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó el fiscal Cazón.

El fiscal penal inició de oficio la investigación penal, a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor del Departamento Ejecutivo del Municipio de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente Jorge Enrique Prado.

Para ello, tuvo en cuenta distintas publicaciones hechas en medios de comunicación, entre las que se precisa que a través de un informe dado a conocer por el interventor del municipio de Aguaray, Adrián Zigarán, el exjefe comunal, Jorge Enrique Prado “recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban  los 7.900.000. Diez meses más tarde y al ser intervenido,  el déficit es de 19 millones de pesos sin que aún se haya determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que tendrán vencimiento en los próximos meses”.

Y agregan las publicaciones que motivaron la actuación noticia criminis del fiscal, que “por el momento solo se tiene certezas de que el exintendente de Aguaray se fue dejando una deuda de unos 5 millones de pesos con los 300 planilleros y que corresponden a los meses de agosto y setiembre, a los que se suma ya el mes de noviembre con lo que el municipio deberá conseguir en forma más que urgente unos 7 millones y medio de pesos”.

Zigarán también reveló sobre gastos de combustible que “no se puede gastar más de $240.000 pesos por mes; pero la gestión anterior nos arroja que en 10 meses  gastaron 4 millones de pesos en  combustibles. Pero eso corresponde solo al pago con cheques y todavía no sabemos si no se han hecho transferencia bancarias  por ese mismo concepto”. Prado también habría dejado deudas salariales con personal de planta permanente; personas contratadas y concejales del municipio. 

Entre algunos datos contemplados en la investigación, consta que “más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por: un descubierto bancario (cubierto con adelanto de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores entregados con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.

Caso Gimena Bernasar: agravan la acusación contra dos imputados y los detienen

Pablo Maximiliano Nieva y Ruth Alejandra Loaiza, se encontraban acusados por el delito de falso testimonio en la investigación que se lleva adelante por el homicidio de la mujer de 24 años, ocurrido en junio de 2019. A partir de nuevos elementos probatorios, Nieva fue imputado como partícipe necesario y su pareja como partícipe secundario.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Pablo Maximiliano Nieva como autor del delito de partícipe necesario del delito de homicidio doblemente calificado de Gimena Sofía Bernasar y a Ruth Alejandra Loaiza como partícipe secundario del mismo delito.

Cabe recordar que ambos se encontraban ya imputados por el delito de falso testimonio y a partir del análisis de distintos elementos probatorios, tales como el análisis de telefonía que permiten ubicar al principal acusado, José Humberto Nieva y a Pablo Maximiliano Nieva en cercanías del lugar del homicidio, la Unidad Especial de Investigadores del CIF profundizó las diligencias.

En el caso de Pablo Maximiliano Nieva, el fiscal fundamenta la ampliación de la acusación al considerar que, sin su aporte, el ilícito no se habría cometido. Éste no solo le facilitó los medios y recursos disponibles para que José Humberto Nieva ejecute la acción homicida, sino que se ocupó de articular una “defensa común” tendiente a ubicar a su primo geográficamente fuera del lugar de los hechos, exorbitando la figura de un encubridor.

En el caso de Ruth Alejandra Loaiza, se entiende que tomó conocimiento del hecho por parte de su pareja y colaboró de manera secundaria con José Humberto Nieva al realizar acciones tendientes a entorpecer la investigación en todo momento, aportando datos que hacían creer que se habría tratado de un suicidio y no un homicidio, con la única finalidad de desviar la investigación. También habría cometido maniobras obstructivas en el lugar del hecho, tales como la manipulación de las llaves de la habitación y un teléfono celular.

José Humberto Nieva se encuentra detenido desde el mes de diciembre y Pablo Maximiliano Nieva y Ruth Alejandra Loaiza fueron detenidos en las últimas horas. Ambos, tras conocer la acusación en su contra, se abstuvieron de declarar.

Luis Burela: violó las restricciones y amenazó a su pareja

Un hombre de 46 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido en Misión Enacore, donde el acusado, en estado de ebriedad, se presentó en la vivienda de su expareja, de la cual se encuentra excluido por hechos de violencia previos, y le profirió amenazas.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a un hombre de 46 años por los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

En la denuncia, su expareja señala que el acusado tiene antecedentes de violencia familiar y se encuentra excluido del hogar y que se presentó en su domicilio en estado de ebriedad y comenzó a proferirle insultos y amenazas.

En el relevamiento de testigos, los vecinos señalan que son habituales los hechos de violencia en el grupo familiar y que el acusado cuando se encuentra ebrio, se vuelve una persona agresiva.

Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del acusado.