Raúl Maximiliano Garnica y Franco Leonel Corpus, fueron recapturados en las últimas horas tras haberse fugado de la Comisaría 31 la noche del pasado jueves.
Tras un importante operativo policial, los evadidos fueron recapturados la mañana de este sábado en inmediaciones de barrio El Guaypo, en el domicilio de un familiar y serán imputados en las próximas horas por el delito de evasión.
Rodríguez López aclaró que la Fiscalía continúa con las actuaciones por la evasión.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a Gustavo Orlando Orozco por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
La audiencia de imputación se realizó este viernes, vía
Zoom, debido a la ausencia del diputado representante de ese departamento,
Gustavo Orozco, en la ciudad de Rosario de la Frontera. Se concretó con la
presencia de su abogado particular. El legislador negó los hechos endilgados y pidió
prestar declaración por escrito.
Según consta en las actuaciones, el legislador habría
expresado que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados
de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.
Además, en la red social Facebook del usuario denominado “Gustavo
Orozco”, habría publicado: “los delincuentes que maten a un policía en el
delito y aquellos que violan…deben ser condenados de manera ejemplar en las
plazas y ejecutarse como corresponde!!!!!!”. A continuación expresó: “Esto es lo
que respondí a los medios salteños cuando preguntaron que pienso de la
inseguridad que últimamente estamos viviendo”.
Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal
entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad, y que
conforme a las diligencias realizadas se pudo establecer que el imputado habría
manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que de acuerdo a la
legislación argentina, constituiría un delito –homicidio-, presentándolo como
un hecho meritorio y digno de aceptación por todos, lo cual podría generar la
falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la
ley.
Consideró el fiscal que el comentario del imputado “podría
generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de
la sociedad civil por el contexto y la relevancia que tendría, en virtud de que se trata de un
funcionario público, elegido por el voto popular”. Y agregó que “se suma a todo
ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se
encuentra inmersa debido a la pandemia”.
El fiscal penal Rodríguez López investiga la evasión de dos detenidos de esa dependencia, ocurrida la noche de este jueves. Personal de una funeraria, colindante con la Comisaría, reportó que vio salir a dos personas encapuchadas corriendo por un patio interno de la empresa.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, investiga la evasión de los detenidos Franco Leonel Corpus y Raúl Maximiliano Garnica.
Personal policial de la Comisaría 31 de esa ciudad, reportó que en la dependencia hay 24 detenidos y que la tarde de este jueves se realizó el recuento sin ninguna novedad y que luego, se recibió el llamado de un empleado de la funeraria, contigua al edificio, que les informaba que vieron salir a dos personas encapuchadas al patio interno de la empresa y salir corriendo por la puerta principal.
Se pudo identificar a los evadidos, como Franco Leonel Corpus y Raúl Maximiliano Garnica, detenidos por el robo a una distribuidora.
Rodríguez López informó que se trabaja en la aprehensión de los fugados y que se dieron las directivas necesarias para el esclarecimiento del hecho.
Una mujer de 25 años y un hombre de 30, fueron detenidos e imputados por dos hechos de robo y uno de hurto, por apoderarse de teléfonos celulares. En uno de los hechos, la acusada, golpeó a una de las víctimas para lograr su cometido.
El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Romina Irene Moreyra y a Fernando Nicolás Vargas Agüero como autores de los delitos de robo (dos hechos) y hurto simple en concurso real.
En el primer hecho denunciado, la pareja, bajo efectos de sustancias prohibidas, le exigió a un vecino que les prestara su celular para llamar un remis y se lo sustrajeron. Cuando solicitó que se lo devolvieran, lo golpearon y amenazaron.
El segundo hecho fue en perjuicio de una vecina de Santa Ana, que caminaba por la vía pública y fue interceptada por la acusada, quien en forma violenta le sustrajo el celular del bolsillo y una suma de dinero. La amenazó, le dio un golpe de puño y huyó en una motocicleta con su pareja.
El tercer hecho ocurrió en perjuicio de un vecino de Villa Soledad, al que la mujer le pidió el celular prestado y cuando lo tuvo en sus manos, corrió junto a su novio y se negó a entregarlo, profiriendo insultos y amenazas.
El grupo investigativo del Sector 3 B, inició una investigación y logró identificar a Moreyra, conocida como «Tormenta», quien practica boxeo y a su pareja, conocido como «Orejón». Ambos poseen antecedentes delictivos y por el consumo problemático de sustancias estupefacientes.
Juan Ignacio De Singlau Naser será juzgado desde el 4 de diciembre de este año como autor del delito de homicidio doblemente calificado de Roberto Ezequiel Farfán. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en un potrero de sembradío, a la vera de la ruta Circunvalación Sur-Este entre la Ruta Provincial 21 y Ruta Nacional Nº 68.
El hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima había salido a correr y no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo reportaron como desaparecido. El día siguiente, en el marco de las tareas de rastrillaje que se realizaban, se encontró sin vida al joven en inmediaciones de la ruta nacional 68 y ruta provincial 21.
El informe de autopsia reveló que falleció por traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por los golpes que De Singlau Nasser le propinó en el cráneo y rostro para luego sustraerle el teléfono celular.
La audiencia estaba fijada para fines de agosto
y por la situación sanitaria existente, debió ser reprogramada para el próximo
4 de diciembre.
Un hombre de 26 años fue detenido e imputado por lesionar a su expareja. La interceptó en la vía pública, la agredió físicamente y luego la llevó forzada a su casa, donde intentó ahorcarla.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Juan José Durán como autorde los delitos de lesiones doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación de pareja, mediando convivencia y por un hombre a una mujer, mediando violencia de género y coacción en concurso real.
La víctima vivió en concubinato con el acusado durante siete años, tienen dos hijos menores en común y se encuentran separados hace cinco meses por hechos de violencia.
Denunció que caminaba hacia su vivienda, cuando su expareja la interceptó en la vía pública, la arrastro hacia las vías del ferrocarril y le arrancó la ropa. Lesionó su tobillo con una piedra y le quemó uno de los brazos con un cigarrillo.
Luego la llevo por la fuerza a su vivienda y allí continuó con las agresiones físicas e intentó ahorcarla. La madre del acusado intervino para impedir que continuara con su ataque.
El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. El órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.
El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de
la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio
de complementariedad destinado a la
capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos.
La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido,
Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a
capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de
campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría
convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza
cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda
pública.
El Pte. de la AGPS, Gustavo Ferraris, con el procurador Cornejo
Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría
tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación
del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones
atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial
al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar
como sustentadora y proveedora de pruebas.
El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de
mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha,
la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la
Administración Pública, sea ágil y concreta.
Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la
Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las
cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar
la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones
formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en
tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El
desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o
directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados
municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.
La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y
de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los
programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la
provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.
La Sala III del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a los recursos de casación presentados por la Fiscalía y la querella y modificó la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez. Le impuso la pena máxima que fija el Código Penal. En setiembre de 2016 fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio simple de María Julia Aranda Mansilla.
Fue condenado el 19 de setiembre de 2016por el juez Federico Armiñana Dohorman de la Sala I del Tribunal de Juicio a la pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.
Tanto el fiscal penal Pablo Paz, como el abogado querellante, interpusieron recursos de casación y los jueces Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvieron casar la sentencia y modificar la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez, «Angelito» por el delito de homicidio criminis causa y le impusieron la pena de prisión perpetua.
Un hombre de 28 años, fue detenido e imputado por lesionar y amenazar a su pareja cuando se encontraba en estado de ebriedad. La damnificada dijo que no es la primera vez que su pareja la agrede verbal y físicamente pero que no realizó denuncias por temor.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Abraham Luna como autor del delito de lesiones doblemente agravadas por tratarse de una persona con quien mantiene una relación de pareja y por ser un hecho cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género y amenazas en concurso real.
La mujer denunció que vive junto a su pareja hace cuatro años aproximadamente y tienen dos hijas menores en común. El pasado 19 de noviembre, el acusado comenzó a agredirla verbalmente y a amenazarla sin motivo alguno mientras ingería bebidas alcohólicas.
Cuando ella amamantaba a una de sus hijas, comenzó a exigirle que atendiera el negocioy ante su negativa, Luna se ofuscó y la golpeó en el rostro con la menor en brazos, provocándole lesiones en el rostro. Una vecina intervino y retiró a la damnificada del lugar.
Cuatro mujeres con antecedentes de delitos contra la propiedad, fueron imputadas por diversos hechos cometidos en la zona Sur de la ciudad de Salta, donde en forma organizada, cometían ilícitos bajo la modalidad de mecheras. También se imputó al responsable de un taxi que usaban las acusadas para retirarse raudamente de los negocios.
Imagen ilustrativa
El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Carla Gisela del Milagro Miranda, Romina Antonela Luna y a Priscila Abigail Flores, como coautoras del delito de hurto simple (tres hechos) en concurso real con el delito de tentativa de hurto.
María Angélica Aparicio y René Ricardo Rodas fueron imputados como coautores del delito de tentativa de hurto simple.
Investigadores del Sector 3 B, realizaron una minuciosa investigación a partir de al menos cuatro denuncias radicadas por comerciantes de la zona Sur de la ciudad de Salta, donde señalan en forma coincidente que tienen comercios dedicados a la venta de indumentaria y/o perfumería, que detectaron sustracciones de prendas o productos por parte de mujeres que se presentaban en grupo y en compañía de menores y que usaban maniobras de distracción para cometer los ilícitos.
Durante la investigación, entre otras medidas, se analizaron cámaras de seguridad de los negocios damnificados y de vecinos que aportaron datos, permitiendo identificar a las acusadas, quienes tienen numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad.
En uno de los hechos, donde intentaron sustraer prendas de vestir y debieron huir sin lograr su cometido, se logró identificar María Angélica Aparicio como una cuarta acompañante de las acusadas y se pudo individualizar al taxi que usaron para huir, que era conducido por Rodas.
En la acusación, el fiscal considera que se trata de una banda criminal organizada que se dedica a cometer ilícitos bajo la modalidad «mecheras» en diferentes comercios, realizando las mismas un estudio previo de los lugares, optando por sustraer prendas de vestir o elementos de perfumería en locales con poca seguridad.
