María Fernanda Quinteros

Investigan si hubo delito en el desmantelamiento de una casona histórica

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, interviene en la investigación originada a partir de la posible demolición de una casa histórica ubicada en calle Caseros 1401, esquina Lamadrid, de la capital salteña. Ordenó distintas medidas y el caso pasó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por la temática.

La Fiscalía penal inició la averiguación preliminar, de oficio, y en virtud de las distintas publicaciones en medios de comunicación referidas a la posible demolición de la casona histórica ubicada en el macrocentro de la ciudad.

Entre las medidas ordenadas, tendientes a valorar la existencia de un hecho delictivo, la fiscal Buabse libró distintos oficios a la Municipalidad de Salta, Área de Desarrollo Urbano, de Fiscalización de Obras y de Edificios Históricos. Otro oficio fue dirigido a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, para que remita a la Fiscalía el informe de dominio del inmueble en cuestión, con todos sus antecedentes registrales.

Por otra parte, ordenó una inspección ocular a cargo del personal de Criminalística del CIF.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas, el inmueble, de arquitectura neocolonial y donado oportunamente a la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, no se encuentra catalogado como bien patrimonial contextual, arquitectónico ni monumental en el Registro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta.

La Ley 7418, de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta establece que la CoPAUPS define el otorgamiento de cualquiera de esas categorías a los inmuebles correspondientes y que debe velar por su protección.

Imputan a los homicidas y a un amigo que entregó al remisero de Salvador Mazza

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados  contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, imputó a Guillermo Hugo Díaz, de 44 años, y a un menor de edad, de 17, por la comisión de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Rubén Vedia, de 42 años; y por la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de su hijo, ambos hechos en concurso real y en grado de coautores. El tercer imputado será el femicida de la menor María Liz Flores, Víctor Hugo Serrano, alias «Brasil», quien también participó en este crimen.

Díaz y el menor fueron detenidos el fin de semana e imputados este lunes y se abstuvieron de declarar. Según consta en las actuaciones, al menor se le atribuye ser uno de los autores materiales, mientras que Guillermo Hugo Díaz, quien era amigo de la víctima, tuvo a su cargo llamarlo para asegurarse de que estuviera en su domicilio al momento del hecho.

El tercer imputado por ser autor material del homicidio, será Víctor Hugo Serrano, alias «Brasil» (quien se encuentra imputado por el femicidio de la menor de Salvador Mazza, María Liz Flores). Sobre él, el fiscal Cabot pidió al Juzgado de Garantías interviniente que se ordene su detención también en esta causa. Serrano será imputado durante el transcurso de la mañana.

Los hechos se registraron la noche del 17 de octubre último, en Salvador Mazza, sobre las vías del Ferrocarril y al lado del asentamiento “Evita”, cuando Rubén Vedia y su hijo, menor de edad, se encontraban dentro del vehículo Fiat Siena y detrás de su vivienda, listos para salir.

Entonces, fueron interceptados por Víctor Hugo Serrano y el menor imputado. Ambos se trasladaban en moto y dispararon con un arma de fuego calibre 40. Mataron a Rubén Vedia e hirieron en el tórax y el brazo derecho al hijo menor de la víctima fatal. El hecho se perpetró de manera previamente concertada y coordinada entre los dos autores materiales y Guillermo Hugo Díaz, quien aprovechó su amistad con la víctima y lo llamó, para asegurarse de que se encontrara en su casa a las 21:30, horario en el que se consumó el crimen.

La titular de OPRIV recibió a familias de víctimas de siniestros viales

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibió este lunes a familiares de víctimas de siniestros viales, quienes integran la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. Les informó sobre las medidas que viene adoptando la OPRIV y la proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo. Se creará una Fiscalía especializada y habrá una aplicación para denunciar.

Durante el encuentro, en el que participaron Raúl Córdoba, Marcela López y Omar Valdez, Poma anunció que será enviado un proyecto de Ley al Poder Legislativo de la Provincia, con el fin de crear la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales, en el ámbito de la Procuración General de la Provincia. Otra de las medidas informadas, fue la implementación de una aplicación que permitirá radicar denuncias por esa vía, sobre delitos viales y contra la seguridad vial (tales como la realización de “picadas”).  

La funcionaria destacó los aportes que los referentes de la Comisión de Familiares de Victimas contra la Impunidad vienen realizando al Ministerio Público Fiscal, a través de distintos encuentros que mantuvieron con el procurador general, Abel Cornejo y celebró que la experiencia, trayectoria y conocimiento de las organizaciones intermedias, se canalicen para articular con el MPF las mejoras de un sistema de seguridad vial que incluya la prevención, investigación y sanción de delitos viales.

Por su parte, Córdoba, López y Valdez, -quienes asistieron en representación de unas 50 víctimas que integran la Comisión-, insistieron en la necesidad de que los organismos de los tres poderes del Estado, otorguen el lugar que merece la siniestralidad vial y que en consecuencia, se capacite y eduque, además de que se realicen investigaciones penales “sin dejar cabos sueltos” y que las condenas, sean ejemplificadoras. Todo ello, con el fin de disminuir el índice de siniestralidad en Salta.

Valdez, López y Córdoba

López consideró que así como existe una perspectiva de género, reclamada por distintos sectores para organismos, se  adopte una “perspectiva de la siniestralidad”, para formar desde la infancia. Y en consecuencia, que se declare la Jornada Provincial de Educación Vial el 10 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Seguridad Vial. A dicha Jornada, podrían adherir los poderes ejecutivos y legislativos municipales y el Poder Judicial y MPF, con el objetivo de concientizar sobre la prevención y consecuencias de los delitos viales.

Caso Dantur: IFE, cheques, motos robadas, venta de armas y charlas con políticos e imputados, en el teléfono personal

Peritos del Gabinete de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizaron el análisis integral del informe de extracción UFED sobre los teléfonos secuestrados al auxiliar fiscal Sergio Dantur en agosto último. De la pericia surgió un informe de 8182 páginas. Del resumen, de 300 páginas, se sustrajeron distintos elementos de interés para profundizar en el análisis.

El análisis se realizó ocho días después de la inspección y extracción física y lógica de los dos teléfonos celulares secuestrados en la causa por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Sergio Ariel Dantur, ante los fiscales penales Pablo Rivero y Ana Salinas Odorisio, el juez de Garantías en Feria de Metán, Mario Dilascio, el imputado Dantur y su abogado defensor.

Los teléfonos analizados fueron: el oficial, -otorgado por el Ministerio Público Fiscal- y el personal. Vale recordar que de este último surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular.

Algunos de los elementos hallados, que deben ser profundizados:

Utilización de los equipos: se estableció que el teléfono de la línea oficial (del Ministerio Público Oficial), era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, que recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la menor al número de línea utilizado por Dantur.

Búsqueda IFE: Dantur realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Buscó y consultó a partir de terminaciones de DNI.

Intercambio de cheques: existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambia cheques de manera frecuente. En una conversación, un hombre le dice que no le quieren recibir el cheque porque está “muy largo”. En otra, el auxiliar fiscal manifiesta que estaba viendo si el cheque era bueno o no, que faltaba endosarlo pero no había problemas. Dice a otro hombre que luego se lo llevaría.

Comunicaciones con un acusado de venta de motocicletas robadas: Dantur se comunica con un hombre al que después del apodo, le suma “Jujuy” y hace referencia a que se encuentra esperando el embarque y que ya tiene un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que se trataría de una persona que estuvo detenida en la ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”. 

Búsqueda y posible venta de armas: Dantur posee registro de búsqueda de armas de distintos calibres. Además, recibe un mensaje de alguien que le pregunta si tiene un arma para vender. A través de un audio, Dantur dice a otro hombre que le interesa comprar un arma, que quiere una 45” o una Ballester Molina, también un Fusil o Subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser. 

Comunicaciones con personas del ambiente político: Dantur mantiene fluida comunicación con distintos dirigentes políticos  y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado videos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.

Conversaciones con el imputado Mamaní: el 28 de junio de 2020, Dantur dice al policía Walter Mamaní que deja el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pida las llaves, que ingrese y se quede tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”. El 6 de julio pasado, Mamaní mandó un mensaje a Dantur con un archivo adjunto y le dice que le envía el “Recurso”, para que lea. Le dice que es para presentar en las actuaciones administrativas contra el Comisario.

Vale recordar que la jueza interina de Garantías 1º del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta,  Patricia Rahmer, hizo lugar el 30 de diciembre a la medida solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Pablo Rivero y Diego Nicolás Rodríguez López y ordenó la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur. También habilitó la feria judicial de enero del Juzgado, a los efectos de continuar la investigación

La decisión fue adoptada en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos. La medida ordenada y autorizada por la magistrada, tuvo como objetivo determinar si la línea oficial proporcionada por el imputado fue funcional para el desempeño del cargo público asignado y si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal, perjudicó el normal y correcto desempeño de dicha función.

Orán: Un hombre mató a otro con un machete

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán, investiga el homicidio de José Galarza, de 26 años, quien fue atacado con un machete este domingo. El supuesto homicida se entregó en la Comisaría con el arma que habría utilizado para ultimar al joven.

El hecho ocurrió en el predio de una escuela ubicada en barrio 9 de Julio, de la norteña ciudad, donde José Galarza murió tras ser atacado por otro joven.

Cuando se buscaba al sospechoso, éste se presentó en forma voluntaria en la Comisaría local, con el machete que habría utilizado para cometer el crimen. El hombre será imputado este lunes.

En tanto, el cuerpo fue derivado al Servicio de Tanatología Forense de Orán, donde después de cumplidos los protocolos sanitarios vigentes por Covid-19, se llevará adelanta la autopsia.

De acuerdo a los primeros informes, el homicidio ocurrió en el predio de la escuela cuyo cerco perimetral fue violentado y donde habitualmente ingresarían personas a consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

Detuvieron a un prófugo por el femicidio de Agustina Nieto

Este miércoles fue detenido un hombre que estaba prófugo y sobre quien pesaba un pedido de detención, por su posible participación en el femicidio de Agustina Fernanda Nieto, ocurrido en 2018. La fiscal de UFEM, Mónica Poma, pidió que se le realicen pericias psiquiátricas, para verificar si se trata de una persona imputable. También solicitó la prisión preventiva del sujeto, mayor de edad, al Juzgado de Garantías interviniente.

Vale recordar que el 30 diciembre último, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio requirió en forma parcial, el juicio para Joaquín Octavio Viñabal, acusado del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el femicidio de Agustina Fernanda Nieto.

Viñabal fue señalado por los testimonios como la última persona que estuvo junto a la víctima y se detectaron contradicciones en su declaración respecto a los elementos probatorios recolectados.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en una vivienda abandonada de barrio San Benito de la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde la joven fue encontrada muerta. La autopsia reveló que su deceso se produjo por asfixia mecánica por sofocación.

El requerimiento a juicio se hizo en forma parcial, porque la investigación apuntó a que VIñabal, en compañía de otra(s) persona(s) con la(s) cual(es) se encontraba reunido, y aprovechando el resguardo que le permitían las condiciones del lugar, habría suprimido la vida de la víctima, oprimiéndole el cuello y sofocándola hasta provocar su deceso.

Imputarán a una funcionaria implicada en la depredación del dique Cabra Corral

La Fiscalía Penal de Cerrillos investiga la actividad de redeadores en el embalse de Dique Cabra Corral e imputará a una funcionaria provincial por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

La intervención del fiscal penal Gabriel Portal, se produjo a partir del inicio de la Averiguación por parte de la Fiscalía Penal Delegación El Carril-Coronel Moldes, que comenzó a investigar a partir de la noticia criminis del diario El Tribuno, cuya publicación titulada «Depredación en el Cabra: un negocio de $80 millones», reveló que alrededor de 168 toneladas de pejerreyes son extraídos de forma ilegal del Dique Cabra Corral a lo largo del año y por parte de depredadores. Allí surgió que hace unos años se nombró a una Inspectora de Ambiente para controlar la pesca furtiva, pero resultó que la funcionaria fue descubierta en varias ocasiones depredando en el dique y entre sus antecedentes policiales, surgieron amenazas y resistencia a la autoridad.

El decreto de citación a la audiencia de imputación, -la que se concretará el 4 de febrero próximo-, precisa que la causante, de 49 años, habría dado muestras de que llevaría una conducta contraria a sus funciones y que se le puede atribuir -prima facie-, la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

Es que durante la investigación surgió que la mujer no solamente vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes, sino que incurrió en una extralimitación en el marco de sus funciones porque se advirtió una connivencia inusual que le permitió direccionar operativos, investigaciones y contravenciones discrecionales.

Para llegar a la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre las que se destaca la de un efectivo policial que confirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de “beneficiar a ciertos grupos de redeadores y que incluso el hijo de la mujer, redeaba”.

De acuerdo a las pruebas incorporadas, la mujer que será imputada es técnica administrativa del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Producción.

Embarcación: Advierten sobre aumento de hechos de violencia de hijos a padres

La Fiscalía Penal de Embarcación interviene en más de 20 causas de violencia intrafamiliar. Muchas de las denuncias fueron registradas en época de fiestas de fin de año, entre la última semana de 2020 y la primera de enero. La mayoría de los casos involucran a jóvenes con problemáticas de consumo.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, interviene en 23 casos de violencia familiar, de los cuales 10 cuentan con personas detenidas, por hechos denunciados entre la Navidad de 2020 y la primera semana de enero de 2021. Es que a todas las denuncias radicadas previamente por madres o padres en contra de sus hijos, por los delitos de amenazas o lesiones, se agravaron con la comisión del delito de desobediencia judicial. En esos casos, tenían consulta anterior con medidas de conducta dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar interviniente y que fueron desacatadas.   

Por otra parte, durante el mismo período, se iniciaron otras 13 causas con intervención de la Fiscalía Penal de Embarcación, con dictado de medidas de conducta por parte del Juzgado de Violencia. En esos casos no hubo detenciones ya que las personas imputadas vienen respetando las medidas de conducta impuestas para mantener la condicionalidad de la pena.

La fiscal Gabriela Souto advirtió que la violencia doméstica puede adoptar distintas formas, entre ellas, el abuso emocional o físico, el hostigamiento y las amenazas. “Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control y las personas abusadoras eligen palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes hacia sus madres o padres”, antes los cuales hay que estar alertas, precisó la fiscal. Y agregó que la mayoría de los hechos abordados por la Fiscalía, se originaron en la preocupante situación sociosanitaria de aumento de adicciones al alcohol y sustancias estupefacientes, cuando hijas o hijos piden dinero a sus padres para adquirirlos y se les niega.

Investigan si una mujer perdió el embarazo por la agresión de su pareja

El fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, investiga un caso en el que una mujer habría perdido su embarazo como consecuencia de la agresión física de su pareja. Ambos tienen 18 años.

Los hechos ocurrieron en Embarcación, donde el sábado último una pareja fue demorada, a raíz de una pelea que protagonizaban en la vía pública. Esa noche, la mujer, quien se encontraba embarazada, desistió de denunciar a su pareja y ambos fueron liberados.

Sin embargo, el lunes 18, la madre de la mujer radicó una denuncia por violencia en perjuicio de su hija y afirmó que perdió el embarazo a raíz de los golpes propinados por el sujeto, el domingo pasado.

Profesionales médicos del hospital zonal confirmaron a la Fiscalía de Embarcación la intervención quirúrgica realizada sobre la mujer, ocasionada por la muerte fetal. Ahora, los profesionales del CIF, deberán confirmar o descartar si la interrupción del embarazo se produjo producto de la agresión.

Según la denuncia de la madre de la víctima, el hombre le habría gritado que “su hija no iba a tener el bebé”.

Tentativa de femicidio: Quiso robar a su pareja, intentó matarla y escapó de la ciudad

La fiscal de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, imputó a un hombre de 30 años, por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en grado de tentativa y en perjuicio de su pareja, de 38.

Según consta en las actuaciones, el hombre, quien mantenía una relación con la víctima desde hace cuatro años y convivía con ella desde septiembre pasado en el domicilio familiar de la mujer; intentó matarla cuando la atacó en el cuello con un cuchillo sierrita. También le produjo heridas en el cuero cabelludo al morderla y distintas lesiones en las manos, cuando la mujer intentó defenderse.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del lunes, después de que el imputado intentara sacar dinero de la cartera de la víctima, para salir con sus primos a beber. La mujer simuló llamar al Sistema de Emergencias 911 y entonces, fue atacada por su pareja, en un pasillo de la vivienda  de un barrio de la zona sur de Salta, capital. La víctima fue socorrida por su hermana, el padre y una sobrina de 11 años, quienes ayudaron a que el acusado la soltara. Su madre la trasladó al hospital San Bernardo, donde se confirmó la presencia de lesiones físicas inferidas por un elemento provisto de punta y filo, en la región de la rama horizontal, maxilar interior, lateral derecho y de 15 cm. de longitud.  También presenta cortes en las manos y herida excoriativa producida por traumatismo por mordida. Del domicilio se secuestró el cuchillo tipo sierrita y una remera con sangre.

En el decreto de imputación, la fiscal Poma destacó que al lesionarla en el cuello, una zona vital, el acusado mostró “un total desprecio por el bien jurídico de la integridad física y de la vida de la damnificada”. Y agregó que “dada la relación de pareja que mantuvieron durante cuatro años, encontrándose en ese momento conviviendo, y que el imputado ejerció un aberrante acto de violencia de género, en un contexto de dominación y abuso de poder, conforme los parámetros expuestos en la CEDAW y la Convención de Belem do Pará”, se constituye en un indudable caso de tentativa de femicidio con los agravantes previstos en el Art. 80 inc. 1 y 11 del C.P. (en función del 42 del C.P.).

El sujeto fue detenido en General Güemes, ciudad a la que se dirigió para resguardarse la casa de una prima.