María Fernanda Quinteros

En el marco de la discusión sobre el abordaje de conflictos con la tierra, el procurador general Abel Cornejo, recibió a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, María José Castillo. La funcionaria propuso que la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, elabore un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, Castillo y Cornejo intercambiaron información sobre leyes nacionales y provinciales referidas a la problemática, las necesarias capacitaciones sobre la temática, destinadas a fiscales y mediadores, y el canal de generación de políticas públicas a través de la Mesa, que atenderá conflictos urbanos, campesinos y con comunidades originarias.

“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación  de todas las instituciones que tienen pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para poder, realmente, tener un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo, al tiempo que señaló que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.

Castillo explicó que, en definitiva, ello implicará el cumplimiento de la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y de la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

Consideró que ambas leyes pusieron sobre la mesa la situación de emergencia en materia de propiedad y posesión, tanto de pueblos indígenas como criollos y que la cartera nacional que representa, sostiene que “es a partir del diálogo y del encuentro con las instituciones, los pueblos, comunidades y posibles titulares registrales en conflicto, que deben generarse los acuerdos”.

Y agregó que el plexo normativo nacional y provincial, referido a desalojos, tiene un marco internacional que implica la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio 169; porque se relacionan con los derechos a la identidad cultural; al territorio y a la consulta previa, libre e informada; entre otros. Por caso, en Salta rige la ley que prohíbe el desalojo a familias campesinas y establece un ordenamiento territorial. Sin embargo, afirmó Castillo “esas leyes se desconocen o tergiversan”, lo cual invita a generar ámbitos de capacitación y profundización de los derechos, para luego elaborar un Protocolo de actuación que evite los desalojos, ya que muchas veces “constituyen violaciones de los derechos”, finalizó la funcionaria nacional.