Un hombre de 47 años permanece detenido luego de ser imputado por hechos de abuso sexual cometidos en perjuicio de dos hermanas menores de edad.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Oscar Fabián Pérez como autor de los delitos de abuso sexual simple y agravado, hechos reiterados desde los 13 a los 16 años ocurridos en el ámbito educativo de la menor en la localidad de La Candelaria y por abuso sexual simple (dos hechos) en perjuicio de otra menor de edaden concurso real.
La denuncia fue radicada por la madre de las menores, quien señala que el acusado es su vecinoen La Candelaria y que en dos oportunidades le realizó señas obscenas a su hija de 10 años y a otra hija adolescente, cuando era alumna suya, la sometía a un trato sexual inadecuado desde que tuvo 13 años y hasta los 16.
Tras la imputación, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que permanezca detenido mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.
Un hombre de 45 años fue imputado por someter a tocamientos a una mujer. El acusado desarrolla actividad espiritual en la comunidad y se trabaja en determinar en forma fehaciente si pertenece a algún culto reconocido.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, imputó a Gustavo Reimundo Ortíz como autor del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una mujer en la ciudad de Cafayate. Tras la imputación, el acusado permanece detenido y desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva.
La víctima denunció que el pasado 20 de febrero concurrió a una cena con una hija menor de edad y que en determinado momento la adolescente se sintió mal. Decidió llevarla a su domicilio con ayuda del acusado y que cuando la acostaron en una habitación, Ortíz la sometió a tocamientos pese a su resistencia.
Señaló que los hechos ocurrieron en presencia de sus hijas menores de edad.
Respecto al acusado, se supo que despliega actividad espiritual con algunos miembros de la comunidad y se dispusieron medidas tendientes a establecer en forma fehaciente si despliega tareas pastorales en algún culto reconocido.
Cristian Iván Juárez Iñigo, de 27 años, fue reportado como desaparecido por sus familiares. Se ausentó de su hogar en barrio La Loma de la ciudad de Salta desde el pasado 23 de febrero. Inicialmente, las actuaciones estaban a cargo del fiscal penal 1, Pablo Paz.
Juárez Iñigo
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gustavo Torres Rubelt, investiga la desaparición de Cristian Iván Juárez Iñigo, quien falta a su hogar desde el pasado 23 de Febrero.
La denuncia fue radicada por su familia y las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Penal 1, bajo la dirección del fiscal Pablo Paz.
La investigación fue derivada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, desde donde se trabaja en dar con el paradero del hombre de 27 años, que responde a las siguientes características fisonómicas: tez morena, contextura física robusta, 1.70 m de estatura, cabello corto color negro y ojos negros.
Un joven de 18 años, hijo del intendente de El Quebrachal, fue imputado por el delito de amenazas en perjuicio de un comunicador social de la localidad de Talavera.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Isaac Rodolfo Rojas como autor del delito de amenazas en perjuicio de Néstor Domingo Pavón.
Según consta en la denuncia, a mediados de diciembre de 2020, el damnificado se encontraba en su negocio, cuando llegó el acusado a bordo de una camioneta y lo amenazó con «matarlo donde lo encuentre«. Relata que incluso sacó un arma blanca de la puerta de la camioneta, por lo que debió refugiarse dentro de su negocio.
Rojas, acompañado de un abogado particular, tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, resolvió el cierre preventivo de las fiscalías penales de Cerrillos y de Violencia Familiar y de Género 2, en virtud de que ambas confirmaron un caso positivo para Covid-19. Se mantiene el trabajo remoto y los fiscales realizarán todos los actos procesales presenciales impostergables.
Cornejo dispuso con carácter preventivo que las y los
funcionarios y todo el personal de la Fiscalía Penal de Cerrillos y de la Fiscalía
Penal de Violencia Familiar y Género Nº 2 del Distrito Judicial Centro,
cumplirán sus funciones desde sus hogares, a partir del lunes 1 de marzo del
corriente año y hasta que el Servicio Médico del Ministerio Público lo
recomiende.
Es que se presentó un caso con resultado positivo para Covid-19
en cada una de las fiscalías y por ello, con carácter de urgente, se dispuso una
serie de medidas restrictivas para ambas dependencias y en resguardo de la
salud pública comprometida.
En consecuencia, los fiscales penales de Cerrillos, Federico
Gabriel Portal; y de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2, Facundo
Ruiz de los Llanos, realizarán todos los actos procesales de carácter
presencial que resulten impostergables para la dependencia.
Se recomendó a todos los agentes alcanzados por la medida
preventiva de aislamiento, que permanezcan en sus domicilios para evitar la
propagación de la enfermedad en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Dos hombres que permanecen detenidos con prisión preventiva, serán llevados a juicio por un hecho de robo ocurrido el pasado 5 de enero, donde entre otros bienes, sustrajeron sustrajeron un implemento médico de vital importancia para un menor de edad que padece hipoacusia bilateral.
El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, requirió juicio para Saúl Oscar Anaquin y Víctor Alejeandro Huaita, imputados como coautores del delito de robo en perjuicio de una familia de Villa Tranquila de esa ciudad.
Como resultado de las tareas desplegadas por la Brigada de Investigaciones de esa ciudad y de la Comisaría 11 y tras realizar rastrillajes y allanamientos, se logró la detención de los dos acusados y la recuperación del maletín.
La directora de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV), Clelia Poma, recibió esta semana al presidente de la ONG “Salvemos Vidas”, Carlos Sauma; la asesora legal, Paula Zurita y la periodista Laura Salado, quienes le entregaron el Estudio de Movilidad en épocas de pandemia. La ONG también propone la elaboración conjunta del Registro de Conductores Inhabilitados Judicialmente.
Durante el encuentro, los presentes avanzaron acerca de la forma de implementación de un Registro Público de Conductores Inhabilitados y otros temas vinculados con la prevención y seguridad vial. Además, la Fundación se explayó sobre los cambios de hábito de conducción durante la pandemia, los cuales fueron analizados por profesionales del transporte, la arquitectura, los derechos humanos, de la comunicación y periodismo, la psicología y la antropología. El estudio provincial se hizo mediante la estratificación por departamentos y se tabularon datos por regiones, para también entregar ese estudio a las comunas que así lo requieran.
Poma celebró
la existencia de organizaciones intermedias que aporten información científica y
actualizada en materia vial y que además, se comprometan activamente en la
seguridad de peatones, ciclistas,
motociclistas y conductores de otros vehículos automotores. Confirmó que
seguirá en contacto con todos los actores sociales involucrados en la temática.
Zurita destacó
la creación de la OPRIV y el anuncio de la creación de una Fiscalía Penal en
Delitos Viales, porque “era necesaria la especialización en delitos viales, que
es la materia que nos ocupa a ambas partes: ONG´S, fundaciones, familiares de
víctimas de siniestros viales y ahora a la OPRIV”, sostuvo.
Integrantes de Salvemos Vidas
La asesora legal también enfatizó el
trabajo que se llevará adelante para concretar el Registro de Conductores Inhabilitados
Judicialmente, porque dicho sistema, de control conjunto entre sociedad y
organismos públicos sobre conductores inhabilitados por sentencia judicial firme,
permitirá acceder rápidamente a la información. Estimó que lo mejor, sería que
el trámite fuera inmediato y eficaz, a través del número de DNI, tal como se
accede al público Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Y consideró que el
cumplimiento efectivo de las condenas, es el verdadero efecto disuasorio para
la sociedad, porque “aquel que comete un delito en un siniestro vial, cumplirá por
lo menos, la condena accesoria, ya que la principal suele ser de ejecución
condicional y no se convierte en efectiva, salvo casos graves.”
Por su parte, el presidente de “Salvemos Vidas”
hizo hincapié en la falta de conciencia y la impudencia como factores que
originan los siniestros viales en Salta, tales como la ingesta de alcohol, que
sigue originando numerosos casos y especialmente, los fines de semana. Sauma lamentó que siga existiendo tanta imprudencia en la conducción, a pesar de
existir multas abultadas.
La fundación viene trabajando hace más de
diez años en generar conciencia vial y en concientizar desde los niños hasta
los adultos respecto a la importancia de la seguridad vial.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio, Ramón Haddad, condenó a un hombre de 41 años, a la pena de 26 años y seis meses de prisión efectiva, por ser autor voluntario y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, en perjuicio de tres de sus hijas, por varios hechos ocurridos en la ciudad de Joaquín V. González, del departamento Anta.
Para tomar tal decisión, el Tribunal hizo lugar al pedido de
la fiscal García Pisacic e impuso al condenado la inhabilitación absoluta por
el tiempo de la condena, además de ordenar la continuación de la detención en
la Unidad Carcelaria 2, de Metán y que el condenado inicie tratamiento
psicológico y sea examinado por un médico psiquiatra del hospital El Carmen.
En el mismo fallo, el Tribunal resolvió unificar una pena impuesta
previamente, por abuso sexual simple.
Una vez firme la sentencia, se procederá a la extracción de
material genético del condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular
del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su
posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del
Dato Único de Identificación Genética (DUIG). Además, el Servicio Médico
Forense, realizará el informe físico para su identificación integral y se
tomará la fotografía actualizada del condenado y la impresión del juego de
huellas dactilares.
La intervención de la Fiscalía Penal comenzó en marzo de
2018, cuando una hermana del condenado y tía de las víctimas, lo denunció. El hombre
convivía con su pareja, madre de las cinco menores. Durante la investigación,
se pudo comprobar a través de los exámenes médicos correspondientes, que sometió
sexualmente, con acceso carnal y en distintas oportunidades, a las hijas de 17,
14 y 9 años.
Se requirió juicio para un hombre de 26 años, imputado por tres hechos de abuso sexual simple. A bordo de su motocicleta de gran cilindrada, sometió a tocamientos a mujeres que circulaban a pie y luego huía.
Imagen ilustrativa
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio para Bonifacio Vicente Ramos como autor de tres hechos de abuso sexual simple en perjuicio de mujeres de esa ciudad.
La denuncia fue realizada por la víctima al cumplir la mayoría de edad. El acusado deberá cumplir 6 años de prisión efectiva y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple en perjuicio de un menor de edad.
La denuncia fue realizada por la víctima al cumplir 18 años, donde relata hechos de abuso sexual que sufrió de parte de quien era pareja de su madre cuando era menor de edad.
Luego de recibir la confesión del acusado, el juez Pablo Farah,le impuso la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispusoque se le extraiga al condenado, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
